1. En su interés por lograr la liberación de los secuestrados, el Gobierno de Colombia permitió la intervención del Presidente Hugo Chávez, no obstante el riesgo de dificultades políticas que algunos anticipaban.
2. El Gobierno de Colombia estimó que el Presidente Hugo Chávez podía ser alternativa eficaz para la liberación de los secuestrados, prefiriendo esta opción a negar su intervención, so pretexto de la preocupación política.
3. Los Presidentes han sostenido tres reuniones donde se ha abordado el tema del acuerdo humanitario, todas con testigos. En la reunión entre los Presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en Santiago de Chile, el pasado 9 de noviembre, quedó claro que el Gobierno colombiano no podía permitir una reunión del Presidente Hugo Chávez con Manuel Marulanda, pues para este caso o para una reunión semejante, con otro Jefe de Estado, se necesitaría una zona de despeje. El Presidente Uribe expresó al Presidente Chávez como alternativa, que si previamente las FARC liberaban unos secuestrados, con el compromiso de liberarlos a todos, se podría hacer la reunión del Presidente Chávez con Manuel Marulanda en un sitio de encuentro en Colombia, aún en el Caguán, como lo solicitaba el Presidente Chávez, para iniciar un proceso de paz exitoso. Que el Presidente Uribe estaría dispuesto a concurrir allí posteriormente. Esta propuesta se entregó como “herramienta de negociación” que podía utilizar el Presidente Hugo Chávez para avanzar con las FARC en la liberación de los secuestrados. El Gobierno de Colombia se sorprendió cuando el Presidente Chávez hizo público este tema en París, porque daba por entendido que se trataba de un elemento de negociación para ser manejado con reserva.
4. En la reunión de Santiago de Chile, el Presidente Uribe explicó al Presidente Chávez que en el Gobierno de Colombia toda gestión de paz se consulta con la Fuerza Pública, a fin de no interferir la política de seguridad democrática. El Presidente Uribe explicó al Presidente Chávez que siempre mantiene el buen cuidado para que tales decisiones no afecten la motivación de la Fuerza Pública. El Presidente Chávez respondió que él hablaría con los generales colombianos, incluso con el General Mario Montoya, Comandante del Ejército. El Presidente Uribe dijo que eso no se aceptaba y dio razones. Este tema quedó definido y cerrado.
5. De allí la preocupación del Gobierno colombiano al conocer sobre la conversación telefónica del Presidente Hugo Chávez con el General Mario Montoya, a través de la Senadora Piedad Córdoba. Ese mismo día, la Senadora llamó varias veces al General Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares, con quien no habló. Previamente la Senadora había llamado a un vocero de la Iglesia Católica, a quien le expresó el interés del Presidente Hugo Chávez para que el Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana fuera a Caracas a hablar con él. Según lo ha dicho la misma Senadora, ese día también llamó a periodistas y a varias personalidades del país, todo esto sin conocimiento del Gobierno colombiano.
6. El Gobierno de Colombia, al conocer los hechos, apreció que no fue casual la llamada de la Senadora Piedad Córdoba que desembocó en la conversación telefónica del Presidente Chávez con el General Montoya, que se apartaba de lo hablado en Santiago de Chile y desconocía el conducto institucional colombiano. El Gobierno de Colombia no puede permitir que terceros involucren a militares colombianos en el tema, porque atenta contra nuestras tradiciones democráticas de unidad en las Fuerzas Armadas.
7. El Gobierno de Colombia ha sido totalmente respetuoso de la jerarquía institucional de la República Bolivariana de Venezuela. Los asuntos de orden público que interesan a los dos países, así como la necesidad de la coordinación militar en la frontera estimada por el Gobierno de Colombia, han sido siempre expresados de manera directa por el Presidente Álvaro Uribe al Presidente Hugo Chávez.
8. El 21 de noviembre, en horas del medio día, en intervención pública en la ceremonia de graduación del Curso de Altos Estudios Militares de la Escuela Superior de Guerra, el Presidente Álvaro Uribe había reiterado toda la confianza y el apoyo a la gestión del Presidente Hugo Chávez. Ese mismo día, en horas de la noche, el Presidente conoció de la llamada telefónica por información que recibió del General Freddy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Militares, y del propio General Mario Montoya, Comandante del Ejército Nacional.
9. El Gobierno colombiano ha hecho innumerables esfuerzos por el acuerdo humanitario. Las únicas respuestas de las FARC han sido el asesinato del ex ministro Gilberto Echeverri, del Gobernador Guillermo Gaviria, y los miembros de la Fuerza Pública que los acompañaban en el cautiverio; el asesinato de los once diputados vallecaucanos; la actitud dilatoria frente a la comunidad internacional; la negativa a trabajar una fórmula para la liberación de los secuestrados con los múltiples facilitadores nacionales e internacionales que se han designado.
10. El Gobierno de Colombia muestra su preocupación por la manipulación de pruebas de supervivencia por parte de las FARC, tal como lo dejó claro hoy, en comunicado público, el General Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional.
11. El Gobierno no puede permitir que los terroristas de las FARC continúen con la práctica de “combinar las formas de lucha”, mediante la cual secuestran, asesinan y trafican con droga, mientras posan como actores políticos y se relacionan con sectores de la comunidad nacional e internacional. Esta práctica dañina ha contribuido, entre otros episodios criminales, a los asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica y de líderes sindicales en Colombia.
12. Todo demuestra que las FARC no han estado interesadas en liberar a los secuestrados, ni siquiera en entregar pruebas de supervivencia, sino en hacer política internacional, mientras en Colombia asesinaron en las últimas semanas a 12 candidatos en las elecciones regionales y produjeron un atentado terrorista contra el Gobernador del Cauca, delitos que ningún país tolera.
13. La política de paz en coordinación con la política de seguridad democrática ha mostrado para el país grandes avances en la disminución de la violencia, en la desmovilización de 46.000 miembros de las organizaciones ilegales, y en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
14. El Gobierno colombiano reitera que la política de seguridad democrática no hace parte de supuestas divisiones entre “izquierda” y “derecha”. Al contrario es un valor para garantizar la eficacia del pluralismo. El actual Gobierno, en su afán por derrotar el terrorismo para fortalecer la democracia, ha demostrado que actúa de manera soberana y autónoma, ajeno a presiones de cualquier país.
15. Colombia no puede permitir que los terroristas de las FARC abusen del dolor de los secuestrados y sus familiares, abusen de los buenos oficios internacionales, abusen de la súplica por el Acuerdo Humanitario, todo para debilitar la política de seguridad democrática, que es la única que finalmente eliminará el secuestro y devolverá la paz.
16. El Gobierno colombiano continuará haciendo todos los esfuerzos para la liberación de los secuestrados y espera que las FARC, en lugar de insistir en su torpeza terrorista, entreguen los secuestrados al Presidente Chávez o al Presidente Sarkozy, o a la Cruz Roja Internacional, cuanto antes y de manera unilateral.
17. Es del mayor interés del grupo terrorista de las FARC crear fisuras y antagonismos entre Colombia y Venezuela. No debemos caer en trampas del terrorismo.
18. El Presidente Álvaro Uribe reitera su disposición de mantener un diálogo constructivo con el Presidente Hugo Chávez.
Casa de Nariño
Noviembre 24 de 2007 |
