TEXTO DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO

Estrasburgo, Francia, feb 10 (SNE).- A continuación enviamos el discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez ante la plenaria del Parlamento Europeo.

“ Muchos, entre quienes visitan a Colombia, suelen exclamar que es un país maravilloso, en franco contraste con la imagen de analistas y noticias.

Otros expresan que es un Estado ilegítimo, autoritario y elitista.

Con el fortalecimiento del Estado, nuestra democracia pluralista ha hecho el tránsito de las garantías formales y retóricas a las efectivas y reales.

El referendo propuesto por el Gobierno y votado el 25 de octubre pasado fue discutido y aprobado por el Congreso, modificado su texto por la oposición, examinado y reducido por la Corte Constitucional. Abstencionistas y opositores dispusieron de todos los espacios para la expresión de sus tesis. Nadie pudo quejarse de cercenamiento de libertades o de hostilidad gubernamental.

Al día siguiente, el pueblo eligió 30 gobernadores entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398 diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos; de 6.105 listas con 56.590 candidatos se eligieron cerca de 11.000 concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos se eligieron las juntas administradoras locales. El número de candidatos se duplicó en relación con certámenes anteriores.

En varias ciudades y departamentos triunfaron candidatos de grupos alternativos a los partidos tradicionales, de organizaciones derivadas de antiguas guerrillas, de agrupaciones llámense de izquierda o de oposición. En la campaña que ellos adelantaron, la preocupación fundamental del Gobierno fue rodearlos de plenitud de garantías. Y ahora que están elegidos, la decisión del Gobierno es trabajar con ellos, dentro de la Constitución, sin considerar el origen político de su elección, con transparencia, y por sobre todo, con el designio patriótico de unir a Colombia dentro de la diversidad.

Alcaldes y gobernadores de elección popular han sido víctimas de presiones y asesinatos de terroristas. Al inicio de este Gobierno 416 alcaldes estaban amenazados por la guerrilla y 216 no podían atender sus responsabilidades en el territorio de su jurisdicción. La tarea adelantada en seguridad ha permitido que solamente en 14 localidades subsista el problema.

Colombia discutió durante más de un siglo la elección popular de alcaldes, como paso esencial de ampliación democrática. La guerrilla terrorista la demandaba como condición de paz. Fue aprobada en los años 80. Pero he aquí las paradojas del terrorismo: es el verdugo que asesina la democracia local que reclamó.

Nuestro Estado es de instituciones que mutuamente se controlan y de amplia participación de opinión pública, lo cual somete a los ciudadanos al imperio de la ley y no al capricho del Gobernante autoritario.

El concepto de seguridad del Gobierno que presido es democrático, para proteger a todos los ciudadanos por encima de sus ideas, su situación económica, su condición de empresarios o trabajadores, su afinidad o desacuerdo con el Gobierno.

Enfrentar 30.000 terroristas no es tarea fácil.

Somos conscientes que tenemos el reto de superar el desafío terrorista con transparencia, como presupuesto para construir la unidad nacional y dar sostenibilidad a la seguridad democrática, que busca restaurar la ley y el orden.

Mientras el terrorismo es el gran violador de Derechos Humanos, el Estado y la fuerza pública los acatan con devoción. El año pasado fueron capacitados en Derechos Humanos 76.864 integrantes de las fuerzas institucionales. En el año 2002 la Defensoría del Pueblo recibió 231 denuncias contra la fuerza pública por abusos en Derecho Internacional Humanitario. El número se redujo a 160 en 2003.

Los órganos de control, la justicia y el Gobierno, compartimos la determinación de sancionar con severidad cualquier violación comprobada a los Derechos Humanos.

Colombia agradece y exalta el valor de sus soldados y policías. Su sacrificio para darnos tranquilidad ha sido inmenso: desde agosto de 2003, solamente por minas antipersonales han sido asesinados 277 soldados y 854 han resultado heridos, muchos de ellos definitivamente mutilados.

Nuestro País está abierto a la vigilancia de la comunidad internacional. Contamos con la presencia, reclamada por nosotros, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sus recomendaciones se reciben con respeto. Cuando no son atendibles a juicio del Gobierno, se discute con franqueza.

Reconozco el espacio de las ONGs de Derechos Humanos, valoro la tarea de muchas, sin perjuicio de expresar mis desacuerdos en relación a informes que no correspondan a los hechos.

En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, con más de 400.000 de selva, ha faltado por años la presencia del Estado, suplida por las organizaciones terroristas. Nos hemos propuesto ampliar la capacidad institucional de protección a la ciudadanía.

De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de policía. Hoy está en todos, aunque no descansaremos hasta cuando el último de los cascos urbanos esté protegido. En 450 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina, denominados de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en la localidad donde residen. Los resultados son buenos, y grande la esperanza de contar con ellos, después de su período activo en la fuerza pública, como líderes en el respeto a la ley, y por siempre.

Entre 2002 y 2003, los homicidios se redujeron en un 20%, los secuestros en 26%, las masacres en un 33%, los ataques a la población en un 84%. En enero de 2004 se presentaron 51 secuestros frente a 186 en enero de 2003, y los homicidios se redujeron en otro 17%.

El asesinato de maestros, sindicalistas y periodistas ha disminuido y, por fortuna, los asesinos de varios de los casos ya están en las cárceles, como consecuencia de nuestra determinación de derrotar la impunidad. Reafirmo nuestro afán y compromiso de proteger con especial énfasis a maestros, sindicalistas y periodistas, porque ninguna democracia puede permitir que los asesinen.

Las muertes violentas de indígenas, de cooperadores indigenistas y de ambientalistas, perseguidos cruelmente por los grupos terroristas, han disminuido por la presencia del Estado en sus territorios ancestrales.

El desplazamiento interno es una de nuestras grandes tragedias derivada del terrorismo. En el último año disminuyó en un 53% y 11.140 familias han retornado a sus sitios de origen.

Si bien hemos avanzado, la tarea apenas empieza. ¿Qué país puede conformarse con 2.200 secuestros en un año? Sólo cantaremos victoria cuando las masacres y actos de terror estén erradicados del todo, porque cada uno que sucede trae dolor a la Nación entera, como el carro bomba que explotó la FARC en el Club El Nogal, hace precisamente un año, donde murieron 33 personas y fueron heridas 173; o el campesino de La Unión Peneya, que fue quemado vivo por los guerrilleros terroristas porque se negó a abandonar su casa y a irse a engrosar el número de los desplazados; o la mujer campesina de Tibú, que perdió su pierna por una mina explosiva cuando caminaba con su hija de 5 años.

La Reforma Constitucional que introduce normas antiterroristas fue aprobada por el Congreso en medio del debate nacional e internacional. Las competencias concedidas a la Fuerza Pública para capturar, interceptar y allanar en casos de terrorismo, quedaron sometidas a la aprobación posterior de una ley estatutaria. También a otras garantías como la obligación de entregar el caso a la justicia en las siguientes 36 horas, el informe inmediato a la Procuraduría y el control periódico del Congreso.

La norma es menos fuerte que las existentes en muchas democracias occidentales.

Creo que el mundo debe revisar el concepto de presumir que este tipo de facultades entregadas a los gobiernos ponen en riesgo los Derechos Humanos, pues estos, los Derechos Humanos, requieren idéntica y plena observancia tanto por la justicia como por el ejecutivo.

Califico de terroristas a los grupos violentos por la naturaleza de sus acciones, el contexto democrático de Colombia, la legislación internacional comparada, la fuente de sus recursos y el resultado de su actividad.

A quien coloca minas antipersonales, asesina niños, se solaza de su propia crueldad, procede con alevosía y sevicia, solamente se puede denominar terrorista.

A quien actúa en contra de la democracia, a través de la acción violenta, en medio de la determinación colombiana de dar garantías a todas las expresiones del pensamiento político, solamente se puede denominar terrorista.

A quien por razones ideológicas o de diversa índole proceda o amenace con violencia, la legislación de muchos países lo define como terrorista. De igual modo, a quien así procede en Colombia, solamente se puede denominar terrorista.

A quien financia la violencia con drogas ilícitas y secuestros, con destrucción de la dignidad del pueblo, de su libertad y de su ecología, solamente se puede denominar terrorista.

A quien invoca la pobreza y la desigualdad para justificar la violencia y provoca más pobreza y más desigualdad con el ejercicio de la violencia, solamente se puede denominar terrorista.

No me opongo a la solución negociada, pero sin mezclarla con el terrorismo. Con cese de hostilidades como requisito, no obstante que el desarme y la desmovilización demanden extensos plazos.

Colombia ha tenido una generosa tradición de solución negociada con grupos violentos. Mi antecesor, el Presidente Andrés Pastrana, hizo una apuesta inmensa para negociar con la FARC. La buena fe y el patriotismo de aquel mandatario fueron cobardemente estafados por la FARC, que crecieron su imperio criminal mientras la Nación esperaba y abrigaba el acuerdo de paz.

He asignado prioridad a la seguridad democrática porque creo que ella hará entender a los violentos la necesidad de negociar con seriedad, so pena de recibir la derrota total por parte de las instituciones.

Sin embargo, se han hecho esfuerzos para iniciar negociaciones con los violentos.

Con la ayuda de la Iglesia Católica, de Cuba, con la intervención del grupo de Países Amigos y de la Comisión Facilitadora, hemos buscado el diálogo con el ELN. Hasta ahora sin resultados a pesar de nuestra disposición. Temen dar cualquier paso a favor de la paz sin permiso de la FARC.

Recibí un proceso de mediación de la Iglesia Católica con las autodefensas ilegales y decidí continuarlo. Acepté que el Comisionado de Paz iniciara el diálogo cuando estas organizaciones anunciaron el cese de hostilidades. Es hora de perfeccionar y vigilar el cese de hostilidades, para lo cual es de la mayor utilidad el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, que debe conducir a una rápida concentración de los integrantes de estos grupos que tengan sincera voluntad de paz.

Se atenta por igual contra el ordenamiento jurídico cuando se ataca violentamente al Estado y a la sociedad, como cuando se aparenta querer defenderlos con apelación a la violencia y a grupos de justicia privada.

Requerimos recuperar el principio de la protección institucional exclusiva de los ciudadanos. A este propósito contribuye la desmovilización de las autodefensas.

La acción militar del Gobierno ha sido implacable contra los sectores de autodefensa que no han respetado el cese de hostilidades. Así lo acredita el número de dados de baja que aumento en un 85% en año 2003 con respecto al 2002 y el número de capturados que aumentó en un 135% en el mismo periodo.

El Proyecto de Ley de alternatividad penal, que se discute ampliamente, busca facilitar acuerdos de paz, sin impunidad, en armonía con la justicia. Aunque su trámite coincide con el proceso que se adelanta con las autodefensas, se necesita mayormente para la guerrilla, que es superior en integrantes y registra la mayor cantidad de desmovilizados en el curso del actual Gobierno.

En esa ley debemos mirar el pasado y anticipar el futuro. Los indultos del pasado a delitos atroces hoy son inaceptables y también lo sería que mañana se modifique la ley que aprobemos, en función de la predisposición política hacia otros actores de terror que quieran negociar.

En el período de Gobierno se han desmovilizado casi 4.500 integrantes de grupos violentos, 68% de ellos miembros de la guerrilla de la FARC. Han sido acogidos con toda generosidad y el Estado realiza ingentes esfuerzos para ayudar a su reinserción a la sociedad. Este número supera lo logrado en procesos de paz de las últimas décadas.

La FARC tiene más de 1.000 secuestrados en su poder, entre ellos congresistas, integrantes de la Fuerza Pública y la ex-candidata presidencial Ingrid Betancur, quien es ciudadana colombiana y francesa. Comprendo el dolor de sus familias y el interés internacional en un acuerdo humanitario. Inicialmente lo condicioné al cese de hostilidades y a la iniciación del diálogo. Mis conversaciones con la Iglesia, el Gobierno Francés, el Secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, y los familiares de las víctimas, me llevaron a aceptar la búsqueda del acuerdo sobre la base de una negociación realizada a través de Naciones Unidas, la liberación de todos los secuestrados, y el compromiso de los guerrilleros terroristas que salgan de las cárceles de no volver a delinquir, con garantías eficaces, como podría ser su residencia en un país que tutele el acuerdo.

Sin la garantía efectiva de que no volverán a delinquir el Gobierno no puede liberar guerrilleros terroristas. Lo contrario sería maltratar el sacrificio de la Fuerza Pública, desmotivar su acción y marchitar el espíritu popular de respetar la ley. Sería abrir la puerta de una extorsión recurrente al Estado y a la sociedad.

Debemos tener en cuenta que los unos son ciudadanos de bien secuestrados por el terrorismo y los otros son terroristas que están en las cárceles. Debemos tener en cuenta que una cosa es la guerra y otra el terrorismo. En la guerra hay contendientes a quienes se reconoce legitimidad para efecto de acuerdos humanitarios, en cambio en el terrorismo hay un verdugo y una víctima que es la sociedad, cuyos derechos y virtudes debemos proteger con la fuerza de las armas institucionales.

Por eso la autoridad no puede renunciar al rescate de los secuestrados, a pesar de la crueldad del verdugo, demostrada en el asesinato de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria Correa, Doris Gil, Helmut Bickenback, Chikao Muramatsu, y un gran número de integrantes de la Fuerza Pública. Asesinato de ciudadanos indefensos cometido por la FARC cuando presumió la presencia de la autoridad en la vecindad del cautiverio.

Ninguna negociación puede fortalecer al verdugo.

Colombia es una democracia social. El 63% del presupuesto de la Nación, excluido el servicio de deuda, se destina a protección social, educación y salud, directamente y a través de la descentralización.

El terrorismo ha agravado la pobreza. La construcción de paz requiere que superemos esa pobreza. El Gobierno trabaja un plan denominado Las 7 Herramientas de Equidad, que son: la revolución educativa, la protección social, el impulso a la economía solidaria, el manejo social del campo, el manejo social de los servicios públicos, el país de propietarios y la calidad de vida urbana.

La cobertura de educación básica y media alcanzó el 86,3%; el servicio estatal de educación técnica logrará su meta de pasar en el cuatrienio de 1.070.000 estudiantes por año a 4.000.000; los diferentes programas de nutrición infantil favorecen a 5.000.000 de niños; el crédito para pequeñas empresas creció en el último año en un 57%.

Tenemos muchos problemas sociales pero nos acompaña toda la decisión de superarlos.

La economía creció el último año entre el 3.7% y el 4%, cuando se esperaba el 2%. En el último año las tasas de desempleo descendieron 3 puntos y ese flagelo del desempleo se ubicó en el 12,3%.

En Colombia la desigualdad no se debe a la empresa privada sino a la falta de empresa privada. La empresa privada organizada tiene altas cargas para contribuir a la solidaridad con sus trabajadores y el resto de la población. Nuestros empleadores pagan la mayor parte de las obligaciones para fiscales, y las últimas reformas tributarias han aumentado sus impuestos.

El terrorismo ha frenado la expansión de la empresa privada y esto ha aumentado la informalidad con miseria.

Impulsamos con entusiasmo las empresas de trabajadores, las cooperativas y la participación de usuarios y trabajadores en la prestación de servicios públicos. Creemos en el capitalismo social.

Para combatir los focos de concentración de propiedad rural en cabeza del narcotráfico y del terrorismo vinculado, aprobamos una ley para agilizar los trámites de extinción de dominio. En el último año pasamos de 5 sentencias en firme a 61.

La Unión Europea nos ha prestado un valiosísimo apoyo que quiero agradecer a ustedes. La Declaración de Londres nos compromete profundamente. Ha sido una gran fuente de compromiso democrático, un gran marco de apoyo europeo. La financiación de los Laboratorios de Paz es bienvenida por la comunidad.

Necesitamos más cooperación para derrotar la droga. Sin droga no habría terrorismo. No es la hora de recriminar a unos porque la producen y a otros porque la consumen. El problema es de tal magnitud que todo país permisivo termina siendo productor, traficante y consumidor. Es la hora de derrotar la droga. Nuestros campesinos que la cultivan se sienten engañados por los terroristas y afectados en su dignidad. Ellos añoran alternativas. Ya tenemos 20.000 familias guardabosques para cuidar las áreas libres de coca y supervisar la recuperación de la selva. Cada una recibe alrededor de 2.000 dólares al año. Necesitamos llegar a 50.000 familias.

Los jóvenes europeos deben saber que la droga ha destruido 1.700.000 hectáreas de selva tropical en Colombia, justamente en el acceso a la cuenca amazónica, seriamente amenazada por este flagelo.

En la Comunidad Andina nos preocupa que la Unión Europea no tome la decisión de negociar un tratado de libre comercio con nuestros países, cuando lo ha perfeccionado con México y Chile y se propone adelantarlo con MERCOSUR. Las imperfecciones de la integración andina que se alegan para no negociar ese tratado se superarían a partir de las obligaciones que imponga el acuerdo con la Unión Europea.

Agradecemos la extensión del Sistema General de Preferencias y solicitamos respetuosamente que se mantenga hasta que sea sustituido por un acuerdo permanente.

Acudo a este Parlamento con profundo respeto, con gratitud por el interés prestado y la ayuda permanente a Colombia. Soy consciente que las soluciones que mi Gobierno busca para la compleja problemática de mi Patria, desatan controversia.

Reitero mi fe en la deliberación creadora. Construye más la deliberación que la ausencia. Construye más el debate que el retiro. Construye más la controversia constructiva que el abandono de las curules. Ustedes saben de mi intransigencia frente al terrorismo.

Mi generación no ha vivido un día de paz. La Patria que queremos para nuestros hijos y quienes habrán de venir es una Patria de paz y equidad. Ruego a ustedes, distinguidos parlamentarios de Europa recibir la reiteración de mi profundo amor por la democracia”.