Bogotá, 15 ago (SNE). “Hemos tenido alguna interrupción en este bello homenaje que el sector privado de Colombia rinde a los soldados y policías de la Patria. Hemos tenido el informe de un terremoto en la escala 7.7, a 160 kilómetros de la ciudad de Lima, en el mar. La ciudad de Lima en este momento está muy incomunicada. No hemos podido hacer contacto con nuestro Embajador.

Las noticias sobre una consecuencia de tsunami son contradictorias. Entonces hemos pedido que, de acuerdo con los planes previstos, se lidere ya, por parte de nuestras Fuerzas y por parte de la Dirección de Prevención de Desastres, la evacuación parcial de la ciudad de Tumaco. Que se pongan en movimiento todos nuestros dispositivos para atender el Pacífico y para acudir al Perú, si fuere del caso ayudar a nuestros compatriotas peruanos.

Los gremios de esta Patria constituyen un factor fundamental de capital social. Podrían estar dedicados solamente a la defensa de sus intereses particulares, pero han asumido la defensa de los intereses generales, por encima de los propios gremiales, desde hace muchísimo rato.

Se ejerce en Colombia por ustedes, apreciados compatriotas afiliados a los gremios, una actividad gremial que da ejemplo en aquello de privilegiar lo público en contra de lo particular y gremial. Por eso nada de lo que ustedes hacen por la Patria nos extraña, pero todo lo admiramos y lo agradecemos.

Nos convocan esta noche a este histórico salón del Hotel Tequendama, a rendir un homenaje a los soldados y policías de la Patria por su tarea heroica. Nos sumamos a ese homenaje y lo agradecemos profundamente.

Podríamos decir que faltando mucho por hacer, se ha mejorado la seguridad. Una notable reducción de los secuestros, no obstante que hay secuestros dolorosos y que todavía no hemos derrotado plenamente el flagelo. Una notable reducción del asesinato. Una notable reducción de las masacres. Una notable reducción de todos los actos terroristas.

Años anteriores en los cuales 104 municipios en un solo año fueron destruidos. Este año no han destruido uno solo. Podríamos decir que no hemos ganado todavía, pero vamos ganando.

Sin embargo, esto tiene un componente: el esfuerzo de todos los colombianos para apoyar a la Fuerza Pública.

Y esto tiene otro componente. Al lado de esas cifras de mejoramiento de la seguridad, están las cifras del sacrificio de los soldados y policías de la Patria. Solamente este año, entre soldados y policías, han sido asesinados 400, asesinados por el terrorismo. En los pabellones de sanidad de los hospitales hay 1.700 compatriotas de la Fuerza Pública severamente afectados, muchos lisiados por las minas antipersona del terrorismo.

Este es un homenaje que ustedes generosamente hacen a los soldados y policías de la Patria, por el mejoramiento de la seguridad, que es el mejoramiento del tejido integral de la Nación. Y es una expresión que ustedes producen esta noche para hacerles sentir la solidaridad por ese inmenso sacrificio, que se ha dado en el dolor de las familias de los asesinados, en el dolor de las personas y de las familias de los mutilados.

Los soldados y policías de la Patria han adelantado una inmensa tarea de seguridad democrática, que marca las diferencias con lo que fuera el recorrido en el continente de la doctrina de la seguridad nacional. Desafíos terroristas menos graves que el enfrentado por Colombia, produjeron en el continente la doctrina de seguridad nacional, que sirvió para apoyar a dictaduras. Aquí los soldados y policías vigilan el buen suceso de la democracia.

Doctrina de la seguridad nacional que sirvió para eliminar el disenso. Aquí, en nombre de la seguridad democrática, los soldados y policías de la patria cuidan la contradicción.

Doctrina de seguridad nacional que se dio para censurar las libertades, la de prensa. Aquí los soldados y policías de la patria, artífices de la seguridad democrática, cuidan las libertades.

Doctrina de la seguridad nacional que se dio para que muchos países del continente cerraran sus puertas a la vigilancia internacional. Aquí los soldados y policías de la patria llevan a cabo la seguridad democrática sometidos no solamente a la vigilancia de una ciudadanía que los acompaña, los quiere y les exige, de unos organismos de control que tienen que cumplir con la Constitución y la Ley, de la severa acción de la justicia, de la crítica de quienes ejercen las libertades, sino también sometidos a una rigurosa vigilancia internacional, producto de lo que podríamos llamar la globalización en procura de los derechos humanos.

Siempre escuchamos que cuando en alguno de los países del continente se emprendía la tarea de derrotar el terrorismo, se cerraban las fronteras, los aeropuertos, y no se expedían visas para que acudiera la comunidad internacional a vigilar. Aquí están abiertas las fronteras, los aeropuertos, y no se exigen visas. El país ha estado inundado de presencia de Ong’s internacionales que, por supuesto, no aplauden los logros, sino que critican, muchas veces en exceso e injustamente. Y nuestra fuerza pública, con estoicismo democrático, ha avanzado en la tarea de restablecer el orden, expuesta a esa rigurosa vigilancia internacional.

En la defensa de esta política, cuyos artífices son los soldados y policías de la patria, hemos venido agitando unas tesis: Colombia no está en guerra. Colombia está enfrentando un desafío terrorista sin par en el continente y en el mundo.

Fueron pocos miles los guerrilleros que se desmovilizaron en El Salvador y menos cantidad los que hicieron la paz en Guatemala. Estaban financiados por Ong’s de Europa Occidental. Tan pronto perdieron la financiación, empezaron a retroceder militarmente, observaron que era imposible el avance con su acción terrorista e hicieron la paz. Aquí hemos tenido 60 mil terroristas, que no dependen de la financiación internacional sino del negocio del narcotráfico.

Cuando se dio el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, aquel Viernes Santo de 1998, se regaba la noticia en el mundo de que eran apenas 118 los terroristas peligrosos del IRA. Aquí 60 mil.

Desde 1923 hasta el proceso de paz de 1998, el terrorismo de aquel país produjo 3.200 asesinatos. Solamente en Medellín en su área metropolitana, en el mismo año 98, hubo alrededor de 5 mil.

Este desafío es el más grande del mundo. Este desafío es el que se ha enfrentado con todo el espíritu democrático. La manera democrática de responder a este desafío, honra a Colombia ante el mundo y honra a cada uno de los soldados y policías de la patria, que los hace merecedores de este sentido homenaje que le rinde el sector privado.

Nosotros hemos dicho que es un desafío terrorista y no una guerra. Finalmente la guerra, en medio de su crueldad, tiene algunos elementos validadores. ¿Qué valida este desafío para decir que es guerra? Nada.

Hagamos algún recorrido. Dijeron los actores terroristas que buscaban profundizar la democracia colombiana. A quienes asistíamos a la universidad pública en los años 70, nos hacían llegar panfletos en los cuales decían que de profundizarse nuestra democracia con la elección de alcaldes y gobernadores, cesaría su acción armada.

Después de un debate de más de 100 años, el país aprobó la reforma constitucional que introdujo la elección popular de alcaldes, y posteriormente en la Constitución del 91 la elección popular de gobernadores y todos los mecanismos de que da cuenta el derecho público moderno en materia de democracia participativa.

¿Cómo respondió el terrorismo? El terrorismo, que la víspera había pedido más democracia como razón para cesar en sus actividades, el terrorismo respondió convirtiéndose en sicario de la democracia, en asesinos de alcaldes elegidos popularmente, en torturador de todas las autoridades en todos los niveles, hasta lo que alcanzamos a vivir: casi 400 alcaldes desalojados de sus municipalidades.

Trataron de justificarse en nombre de la profundización de la democracia, y produjeron como resultado el intento del asesinato de la democracia.

Hablaban –con las tesis marxistas del odio de clases, con la ambición de derrotar la democracia e instaurar la dictadura del proletariado–, de la necesidad de construir una nación de igualdad. Y lo que hicieron fue contribuir al éxodo de 4 millones de colombianos al extranjero y a un desplazamiento interno de 3 millones de colombianos. Contribuir a la desconfianza inversionista, a la fuga de capitales, al empobrecimiento general del país. Los terroristas que hablaron de un proyecto social, fueron los mismos que causaron la desgracia social en nuestra Patria.

Nada los valida para reconocer que hay una guerra. Lo que ha habido es un desafío terrorista, que heroicamente enfrentan nuestros soldados y policías.

¿Por qué terrorismo? Cuando se han presentado en el mundo movimientos insurgentes en contra de dictaduras, la razón de su lucha, el objetivo de derrotar dictaduras, en alguna forma los ha legitimado.

No obstante la crítica a sus medios, el objetivo de defender la democracia ha traído un nivel de legitimación. Por eso se les ha calificado de insurgentes. ¿Aquí por qué se les califica de terroristas? Porque en lugar de buscar derrotar una dictadura, han querido implantar una dictadura. Porque en lugar de defender una democracia, han actuado como sicarios contra esa democracia.

Cuando se observan detenidamente las constituciones europeas de la Posguerra, la jurisprudencia del Common Law de los ingleses, las disposiciones constitucionales de Alemania, de España, se encuentra que se define como terrorismo la acción armada, el uso de la fuerza, o meramente la amenaza de uso de fuerza por razones políticas, sociales, religiosas.

Y al preguntarles a los profesores europeos por qué esa severidad para definir terrorismo, la respuesta es una: porque esas democracias europeas confieren tantas posibilidades al pluralismo, que tienen que ser igualmente severas para evitar la acción violenta.

¿Por qué hemos dicho nosotros que esta acción violenta es terrorismo? Por la misma razón: porque aquí tenemos una democracia profunda, que da todas las posibilidades y que merece que se le defienda, descalificando cualquier acción contra ella, cualquier amenaza de acción contra ella, señalándola como acción terrorista.

Por supuesto, esto no se opone a la negociación. En el momento en que haya buena fe y deseo de negociación, quien primero depone esos señalamientos es el Gobierno para facilitar la negociación.

Cuando nosotros negamos que haya conflicto, no es porque neguemos la gravedad de la situación social, que el país poco a poco va superando, sino porque no podemos darles legitimidad como actores del conflicto a los terroristas que proceden en contra de la democracia. Solamente reconocemos conflicto, a pesar de nuestras convicciones en contra de ello, para facilitar procesos de paz.

Nuestra fuerza pública ha sido profundamente generosa con la paz. Tantas veces cuántas los gobiernos han avanzado hacia procesos de paz, la fuerza pública los ha respetado totalmente.

Nosotros creemos que esos procesos de paz son eficientes cuando nacen de la acción determinante de la fuerza pública. Cuando el terrorismo siente que va camino hacia la derrota, en ese momento acepta, así sea tarde, que tiene que entrar en un proceso de paz serio.

Tenemos que entender los colombianos que finalmente la causa determinante de la paz, es la acción eficaz de la Fuerza Pública. De lo contrario, los llamados de paz son estériles. Los terroristas los toman de acuerdo con la lección que ellos aprendieron bien de Maquiavelo, a través de Marx: cuando tu adversario de clase, el titular del Estado burgués, te ofrezca un ramo de olivos, tómalo como debilidad, conviértelo en un fusil y aprovecha esa debilidad para derrotar ese Estado burgués.

Solamente es seria la voluntad de paz cuando ha sido contundente la acción de la fuerza pública.

Tranquilamente, serenamente, quiero repetir hoy ante mis compatriotas que la paz nace de los soldados y de los policías, así la tenga que negociar el gobierno civil.

¿Por qué entraron en el proceso de paz los paramilitares? No por actos de liberabilidad. Porque este Gobierno llegó con la tesis de combatir a todos los grupos terroristas con eficacia, y advirtió que Colombia iba a recuperar lo que nunca debió haber perdido: el monopolio institucional para combatir la irregularidad.

Desde la hora cero de este Gobierno, se acabó la pasividad frente a esos grupos. Primero fueron 1.700 dados de baja, y eso les fue demostrando la seriedad de la política y les fue señalando un camino, el único que les quedaba: el de buscar la paz para someterse a la ley.

Ese proceso no nació del discurso ni de la liberalidad de quienes actúan contra nuestro ordenamiento jurídico. Nació de la decisión del Gobierno, ejecutada por la fuerza pública, de combatir por igual a todos los actores del crimen.

Hoy hay paramilitares desmovilizados en las calles, en el proceso de reinserción. Los responsables de delitos atroces están en la cárcel. Los fugitivos están siendo perseguidos con toda la determinación por la fuerza pública.

Colombia debe decir hoy que ha dejado de existir el paramilitarismo. Era una acción privada organizada ilegal contra la guerrilla. Si ustedes recorren el país, en ninguna parte de Colombia hoy hay organización distinta a la institucional de los soldados y policías, combatiendo la guerrilla.

Hay guerrillas y hay narcotráfico, pero no hay grupos privados ilegales desafiando el ordenamiento jurídico, organizados con el pretexto de combatir a la guerrilla.

EL ACUERDO HUMANITARIO

El acuerdo humanitario. El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos. En la campaña que nos condujo a la elección de 2002, dijimos a los colombianos que solamente entraríamos a negociar un canje humanitario de iniciarse de nuevo un proceso de paz, a partir de un cese de hostilidades.

Las conversaciones con las familias de los secuestrados, con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Presidente Chirac de Francia, con la Iglesia Católica, nos llevaron a claudicar en esa postura y a aceptar un acuerdo humanitario desvinculado de la posibilidad de un proceso de paz.

Hemos autorizado a todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, que seriamente han pedido al Gobierno el permiso para avanzar en una tarea de facilitación.

Hemos aceptado recomendaciones de los delegados de los tres países de Europa. Hace casi dos años, aceptamos una zona de encuentro en la Cordillera Central vallecaucana. Los terroristas de las Farc inicialmente dijeron que no habían recibido la propuesta y después la negaron.

En dos ocasiones hemos procedido con liberaciones unilaterales. Primero liberamos de la cárcel a 27 integrantes de las Farc, con el compromiso de no regresar a delinquir.

Hace pocos meses (en una tarea que señalo, porque en este Gobierno la política de paz ha sido permanentemente coordinada de manera discreta pero franca con el Ministerio de Defensa y con la Fuerza Pública), hace pocos meses tomamos la decisión de liberar a 150 integrantes de las Farc. Y a pedido el presidente Nicolas Sarkozy de Francia, de liberar a Rodrigo Granda.

El proceso de liberarlos de la cárcel es un proceso complejo porque necesita decisiones judiciales. Cuando el país conoció el 28 de junio la noticia del asesinato de los diputados vallecaucanos, todavía el Gobierno no había concluido el proceso de indultar a los 150 guerrilleros de las Farc. Bien pudimos suspenderlo, pero no lo hicimos. A pesar del dolor, de la irritación por el asesinato de nuestros diputados, continuamos el proceso.

He revisado muy cuidadosamente a lo largo de estos días, apreciados compatriotas, si nos ha faltado voluntad. Y se lo he dicho al Comisionado, al señor Ministro de Defensa, a los Altos Mandos: hagamos lo que debamos hacer, a tiempo. No dejemos que estemos ya en el final del Gobierno, donde aparezca como oportunismo electoral un gesto. Y hemos procurado hacer todos estos gestos. Pero para nada han valido.

Ahora, después de que el DAS entregó a la Fiscalía las pruebas de ese irrefutable crimen cometido por las Farc contra los diputados, hemos venido esperando pacientemente que la Cruz Roja Internacional pueda recuperar los cadáveres.

Hoy se dio otra autorización a la Cruz Roja para ir, acompañada de un ciudadano, al rescate de los cadáveres. Y el Gobierno ha insistido en que una comisión forense internacional, coordinada por la Organización de Estados Americanos, apoye a nuestra Fiscalía para decirle al mundo la verdad de este asesinato.

¡Cómo miente el terrorismo! ¡Tras ladrón, bufón! ¡Tras asesino, mentiroso!
Los asesinaron el 18 de junio, produjeron un comunicado el 23, solamente lo publicaron el 28. Casi dos meses desde el asesinato, y no entregan los cadáveres, tratando de consumar su mentira.

Tenemos dos elementos en los que no podemos ceder: no podemos aceptar la zona de despeje, y no podemos permitir que los guerrilleros que llegaren a salir de la cárcel se reincorporen a las Farc a asesinar y a secuestrar.

¿Por qué no la zona de despeje? El país estuvo despejado varias décadas. Sí, hubo intentos de fortalecer la fuerza pública en la logística, pero no en la moral. En esto sí que es importante considerar esa diferencia. ¿Para qué fortalecerla en la logística si se le debilita en la moral?

Una Fuerza Pública sumisa de la Constitución y del Gobierno civil, muchas veces necesita más una voluntad política de su Gobierno civil como factor de tonificación moral, que logística y presupuesto.

El país estuvo despejado muchas décadas. Y ahora hemos recuperado la presencia de la Fuerza Pública en buena parte del territorio, que no aún en todo el territorio. En todas las regiones de Colombia nos piden más Fuerza Pública y hay una oposición cerrada de la ciudadanía al despeje.

Desde los escritores extranjeros o desde grupos de estudio alejados de la realidad, no es difícil proponer una zona de despeje en Palmira, en Florida o en Pradera, pero no se mide lo que espera una ciudadanía en una región de estas a consecuencia de una zona de despeje.

La zona de despeje, en este momento de la política de seguridad democrática, es simplemente entregarle a la guerrilla un refugio para que eluda la acción de la Fuerza Pública. Es darle a la guerrilla una posibilidad para que se escampe y juegue en el transcurso del tiempo al agotamiento de este Gobierno, en la esperanza que mantienen de que llegue un Gobierno que privilegie la pérdida de tiempo con la guerrilla para que ellos se fortalezcan, sobre la seguridad democrática.

Correrle el riesgo a la seguridad democrática de una zona de despeje sería un inmenso daño. Yo prefiero afrontar debates, apreciados compatriotas, que por el facilismo frente a los debates, causarle males al país.

Prefiero estos tres años que restan de administración, explicar y abundar en razones de por qué no una zona de despeje. Enfrentar el desgaste de esa negativa, que entregar por facilismo una zona de despeje, que es un refugio para que el terrorismo eluda la acción de los soldados y de los policías de la Patria.

El segundo elemento: creo que no es bueno para la moral de la Fuerza Pública, para la confianza de los colombianos (y cuánto agradezco al General Padilla de León cómo la Fuerza Pública ha asimilado la necesidad de integrar la seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social), creo que no es bueno para la confianza en Colombia que salgan unos guerrilleros de las cárceles y se incorporen al secuestro y al asesinato.

¿Recuerdan ustedes a algunos liberados en el pasado? A los pocos días aparecían en las pantallas de televisión nuevamente en uniforme guerrillero, blandiendo fusiles, desafiando a la ciudadanía y a nuestras instituciones.

Yo pienso en los 1.700 soldados y policías de la patria que están en los pabellones de sanidad de los hospitales militares y policivos. ¿Qué pensarán ellos? Creo que su conclusión es diferente en dos casos diferentes.

Un caso es: si ven que sus sicarios salen de la cárcel para una política de reinserción, para no volver a delinquir. Y que salen de la cárcel para facilitar un canje humanitario, para facilitar la liberación de los secuestrados.

La Fuerza Pública colombiana sabe perdonar, pero la Fuerza Pública colombiana, que perdona el sufrimiento físico, lo que no quiere es que se le cause más sufrimiento en su moral.

Es distinta la conclusión del soldado herido, del policía mutilado, si ve que de la cárcel salen unos integrantes de las Farc a reintegrarse al asesinato, a la colocación de minas antipersona y al secuestro.

Compatriotas, pienso que tiene lógica decir: estamos dispuestos a un canje, pero que aquellos que salgan de la cárcel no se reintegren al delito, no se reintegren al asesinato, no se reintegren al secuestro.

Rodrigo Granda le dijo al Comisionado que él no aceptaba renunciar a las Farc, pero también le dijo que él no había estado en el secuestro y en el asesinato y que, por ende, si no había estado en eso, no volvería a eso.

El Gobierno lo liberó, atendiendo la petición de Presidente de Francia y en la buena fe de que realice actividades gestoras de paz y no se reintegre al asesinato, al secuestro. Esos son dos inamovibles.

PROCESO CON EL ELN

El Eln. Creo que hemos hecho esfuerzos. En las primeras semanas de Gobierno, el doctor Luis Carlos Restrepo nos preguntó al entonces Ministro del Interior y de Justicia, el doctor Fernando Londoño Hoyos, y a mí, que cuál sería nuestra política frente a los cabecillas del Eln recluidos en la cárcel de Itagüí, para que usaran o no usaran los equipos de comunicación.

Dijimos: que los usen. Que tengan radios, teléfonos, celulares, Internet. Y si inventan algo mejor, que también dispongan de ello. Fue una primera decisión.

Después liberamos de la cárcel a Francisco Galán, meses antes de cumplir su condena. Levantamos la orden de captura de Antonio García. Levantamos la orden de captura a Pablo Beltrán. Los hemos reconocido como miembros representantes de esa organización, para buscar la paz.

El señor Cuéllar, en la cárcel, por ser el responsable del secuestro de Los Farallones de Cali, ha tenido de parte del Gobierno todas las consideraciones para que pueda acudir a las negociaciones de paz.

Gestionamos con el Gobierno de Venezuela que Antonio García pudiera estar allí. No clandestino, sino con la autorización del Gobierno de Venezuela, previo acuerdo con el Gobierno de Colombia.

Pacientemente hemos avanzado en esas conversaciones. ¿Qué exigimos? Que el proceso tenga cese de hostilidades. Y hay ahí unas diferencias. Para nosotros el cese de hostilidades tiene que ser verificable. Y para que la verificación sea posible, debe haber ubicación.

Ayer decía al Consejo Nacional de Paz que un cese de hostilidades sin ubicación se presta a muchas confusiones. En Norte de Santander, el Eln y las Farc son aliados en el terrorismo. En el sur de Nariño, el Eln y las bandas criminales son aliadas en el narcotráfico. En Arauca, el Eln y las Farc se enfrentan y ambos asesinan.

Pregunto: ¿si no se ubican cómo se sabe quién delinque en esos departamentos? ¿Si no se ubican cómo sabe la Fuerza Pública a quién perseguir y a quién no perseguir? ¿Si no se ubican cómo cumple la Fuerza Pública el deber de reciprocidad en el cese de hostilidades?

Y traía en esa discusión un ejemplo. Cuando en el pasado se adelantaron procesos de paz, esos grupos estaban relativamente solos en esos territorios. Las zonas que dejó el M-19 no las estaba compartiendo con otros grupos guerrilleros. Allá llegaron los otros a llenar el vacío del M-19.

Las zonas que dejó el Epl no las estaba compartiendo con otros grupos guerrilleros. Yo recuerdo Córdoba y Urabá. Allá llegaron las Farc posteriormente, después de la movilización del Epl. Hoy es más exigente la ubicación, porque hoy son zonas que comparten con otros grupos delincuenciales.

Me han preguntado: ¿y cuál sería la exigencia de la zona de ubicación? El Gobierno en amplio en eso. Puede ser una o pueden ser varias. ¿Dónde? Se conviene con el Eln. Puede ser en el país o se le puede pedir a la comunidad internacional, a los gobiernos extranjeros, que nos den hospitalidad en su territorio.

Me han preguntado: bueno, pero el Eln va a decir, como toda fuerza que negocia, que no puede perder su acumulado militar durante la negociación.

El Gobierno ha dicho: la identidad, el censo de los que se ubiquen, el Gobierno renuncia a conocerlo. Eso puede depositarse en las manos de una organización internacional, lo que le daría plenas garantías al Eln.

Vamos a insistir en ese proceso de paz. Cuánto mejor sería para los Altos Mandos, el Ministro de la Defensa y el Presidente de la República ver llegada la paz, que anochecer y amanecer en la tarea de tener que confrontar el terrorismo.

Y hemos pedido que se les dé tratamiento igual. Lo reitero esta noche al Congreso, hoy que el Ministro Holguín ha presentado el nuevo proyecto para hacer los ajustes pertinentes.

Particularmente creo que en las democracias no debe haber delito político. Una democracia amplia como la colombiana, no puede darle atenuantes a la acción violenta contra las instituciones.

Acepto el delito político. No con el criterio del Siglo XIX, cuando se le aceptaba porque se creía que había un fin altruista: el de derrotar al tirano. Lo acepto con el criterio práctico de que es la única manera de poder indultar, cesar la investigación, dar el inhibitorio en procesos de paz.

La consideración del delito político, que niego en mis convicciones por el carácter profundo de la democracia colombiana, es un imperativo-objetivo para poder tramitar procesos de paz.

Lo que hemos pedido es que se les dé el mismo tratamiento a guerrillas y a paramilitares. Creo que no es bueno para el país darles un tratamiento diferente. ¿Acaso les puede decir uno a las víctimas de la tortura, del secuestro, a los familiares de los asesinados, que el delito es más grave porque lo cometió tal grupo o menos grave porque lo ejecutó tal otro grupo?

Todas las circunstancias son igualitas. Ayer les decía a unos integrantes del Consejo de Paz: hombre, no tengamos sesgos ideológicos. No sigamos haciendo estas discriminaciones.

Miren: todos secuestran. Todos están en el narcotráfico. Todos cometen delitos atroces. Y mostramos las evidencias. ¿Cuál es la razón para tratarlos de manera diferente? No la vemos. Por eso nosotros insistimos que se les debe dar el mismo tratamiento, así sea con tipos penales que varíen en la descripción de los elementos constitutivos. Pero el mismo tratamiento general.

ERRADICACIÓN MANUAL

Tengo confianza de que las decisiones que se han tomado con el señor Ministro y los Altos Mandos y que involucran de manera más creciente al Ejército y a la Policía en la erradicación manual de droga, nos permitan mostrar un avance sustancial en la derrota de la droga.

Cuando se negoció el Plan Colombia, no se introdujo la erradicación manual. La introdujo este Gobierno unilateralmente y con recursos del Estado colombiano en 2005. Ese año erradicamos 31.200 hectáreas. El año pasado se erradicaron 43 mil. Confiamos que este año se erradiquen 70 mil y el año entrante 100 mil.

Agradezco a la Fuerza Pública esa nueva tarea que ha asumido, la de la erradicación manual de droga.

SEGURIDAD CIUDADANA

Por supuesto, hay muchas preocupaciones: la seguridad cotidiana. Si bien el robo de vehículos, en un país en el cual ha crecido tanto el parque automotor, ha disminuido.

Ha disminuido año tras año en estos años de la seguridad democrática, cuando ese parque automotor en Colombia crecía en 60 mil vehículos al año, y el año pasado creció en más de 200 mil. Cuando este país vendía 60 mil motos al año, y el año pasado vendió más de 360 mil. Así todo, con ese aumento del parque, ha disminuido el hurto de vehículos, ha disminuido el hurto de personas, ha disminuido el hurto de residencias, ha disminuido el hurto de comercio. Sin embargo, todavía hay ciudades donde esto no ha disminuido. En Bogotá tenemos unas disminuciones y en otros casos no.

El Congreso nos acaba de aprobar una nueva ley, se sancionó en el mes de junio, que avanza en su aplicación y tiene que ayudarnos bastante en uno de los objetivos de estos tres años de Gobierno que nos restan: mejorar la seguridad cotidiana.

LA JUSTICIA

La justicia. El país aprobó el sistema penal acusatorio, la reforma de los códigos. A este Gobierno le correspondió la segunda ronda constitucional del sistema penal acusatorio. Nos dijeron: va a haber una justicia más expedita y menos costosa. Solamente el año pasado tuvimos que hacer lo contrario: agregarle a la evolución del presupuesto a la Fiscalía 80 millones de dólares más, para atender el sistema acusatorio.

Este año se está incorporando otra adición bien importante para el año 2008 de 80 mil millones, para que haya 235 fiscales más y más de mil investigadores adicionales. Estamos haciendo grandes esfuerzos en un país todavía con muchas limitaciones.

Confiamos que estos esfuerzos nos vayan produciendo mejores resultados en contra de la impunidad. pero la gran garantía contra la impunidad la dan los soldados y los policías.

En un país que tenía 35 mil casos de asesinatos al año, no hay justicia que valga, no hay esfuerzo que pueda superar la impunidad.

La tarea de la fuerza pública contra el terrorismo, contra el asesinato, tiene que ayudar en que, a medida que se reduzcan los casos, le facilite la acción eficaz de la justicia.

SINDICATOS

El tema de los sindicatos. Esgrimen algunos en Estados Unidos dos razones para no considerar por ahora la ratificación del TLC en el Congreso norteamericano: el paramilitarismo que hemos desmontado, y que aquí se asesina a trabajadores.

Antes de este Gobierno, hubo años en que asesinaron a 256 integrantes de organizaciones sindicales. Desde la hora cero del Gobierno, nos propusimos darles protección eficaz. Se fue reduciendo año tras año. En el año 2005 se presentaron 25 casos. Quisiéramos cero, pero no se puede demeritar la reducción. En el año 2006 se presentó un recrudecimiento, subió a 60, porque al tradicional enfrentamiento guerrilla–paramilitares, se sumó el enfrentamiento entre las Farc y el Eln, especialmente en Arauca.

Este año han sido asesinados 6 sindicalistas y 13 maestros. El Gobierno ha hecho todo el esfuerzo por apoyar a la justicia en el esclarecimiento. Hasta ahora no hay evidencias en la justicia que comprometan esos asesinatos con las actividades sindicales.

Estamos avanzando en la protección. Este año hay 6 mil colombianos con protección individual. Eso le cuesta al Ministerio del Interior cerca de 80 mil millones. De ellos, cerca de 1.500 son líderes sindicales.

Los esfuerzos en la justicia no son en vano. Ya se han producido 48 sentencias de condena a más de 80 personas, como responsables de asesinatos de sindicalistas.

Pero hay una historia que contarle al mundo. No solamente lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, sino quién los mató.

Celebro la reciente sentencia en los Estados Unidos frente a la Drummond. Ojalá eso se le clarifique al mundo. Porque en Colombia no han sido los empresarios los que han asesinado a trabajadores, ni los trabajadores los que han secuestrado a los empresarios. Ambos delitos los ha cometido el terrorismo.

Las guerrillas marxistas, en los años 60 – 70, introdujeron la combinación de todas las formas de lucha. El odio de clases era su método. La dictadura del proletariado, su objetivo. La combinación de todas las formas de lucha, su accionar. Asesinaban y penetraban el movimiento obrero, sectores del periodismo, de la política. No había contención, por falta de voluntad en los gobiernos.

Vino el paramilitarismo. Fue lo mismo. Compitió en crueldad con la guerrilla y aplicó lo que la guerrilla le había enseñado. ¿Qué ocurrió? Los paramilitares asesinaban a trabajadores, a sindicalistas, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Y la guerrilla asesinaba a sindicalistas acusándolos de ser colaboradores de paramilitares.

Quisiéramos decirle al mundo que ya no hay asesinatos de líderes sindicales. Venimos de 256, todavía se registran casos, pero no se puede demeritar la tendencia. Este año han asesinado a seis.

El país ha tenido una tasa de asesinatos, cuando empezó el Gobierno, de 68 casos por cada 100 mil habitantes. El año pasado 38.

Los afiliados de las organizaciones sindicales son 860 mil y los maestros del Estado 350 mil. Aquí hubo años en que asesinaron a 15 periodistas. Este año, por fortuna, no ha sido asesinado un solo periodista. Y gracias a los soldados y policías de la patria, los periodistas están menos amenazados en las diferentes regiones de Colombia.

Esa amenaza contra el periodismo de Arauca, la semana anterior, cuando fracasó el llamamiento a paro de las Farc, esa amenaza se superó rápidamente gracias a la acción efectiva de los soldados y de los policías.

Vamos a hacer todo el esfuerzo para que el mundo comprenda esta tarea heroica de nuestros soldados y de nuestros policías.

TRANSPARENCIA

El tema de la transparencia. La política de seguridad democrática tiene dos fundamentos para hacerla sostenible en el tiempo, como se requiere: la eficacia y la transparencia.

La regla ha sido que la propia fuerza pública, con el liderazgo del Ministro de Defensa, ha identificado casos de corrupción, ha emprendido la investigación, formulado las denuncias, y los ha publicado. La excepción ha sido que nos hemos enterado por los medios de comunicación.

La consigna del gobierno es que nosotros en el gobierno o en la fuerza pública, investiguemos la corrupción. No permitamos que tenga que ser investigada por entidades ajenas. No esperemos a que llegue el periodismo investigativo a obtener la verdad con ganzúa. Obtengamos esa verdad nosotros mismos, contémosle al país con incurable buena fe, reclamemos nuestros aciertos, pero también reconozcamos nuestras dificultades. Eso ayuda a tener un proceso permanente de mejoramiento, de autocrítica, y eso le da más credibilidad a la fuerza pública.

Celebro lo que hemos escuchado esta noche del doctor Luis Carlos Villegas, porque después de esas oportunas citas del Ministro de Defensa al final del gobierno del presidente Eduardo Santos y de la intervención del presidente Alberto Lleras Camargo sobre los deberes y las características de la fuerza pública colombiana, entre todo lo importante que nos ha dicho el doctor Luis Carlos Villegas, nos dijo: qué temor en aquellos países donde no se debate la corrupción. La dejan debajo del tapete. En la única parte donde se cura es donde se fuerza a que aflore.

Y aquí hay algo bien importante: es la misma fuerza pública la que ha venido empujando para que aflore y se corrija.

Por eso los colombianos en este momento debemos aplaudir los esfuerzos de la fuerza pública, de sus comandantes, del Ministerio, del señor Ministro, para que la Fuerza, al depurarse cada día más, merezca el apoyo del alma, del corazón, de la razón de todos los colombianos.

Al agradecer a ustedes, compatriotas, este homenaje, a nuestros soldados y policías, quiero agradecer también sus generosas contribuciones para apoyarnos: el impuesto a la seguridad democrática de 2002, y el nuevo impuesto aprobado en la reforma tributaria del año pasado.

Cuando se pide cooperación internacional nos preguntan: ¿y el esfuerzo colombiano? Cuando se pide la corresponsabilidad internacional nos preguntan: ¿y el esfuerzo colombiano?

Ahora hay un inmenso esfuerzo que ustedes han hecho, que le sirve a la consolidación de esta política: el imperio de la fuerza pública, en nombre de la Constitución sobre el terrorismo. Y que le sirve al país para exigirle corresponsabilidad y cooperación a la comunidad internacional.

Cuando transita un bus por una carretera, y hay soldados a la vera del camino, mientras los soldados están bajo el calcinante sol del Magdalena, los pasajeros de ese bus están tranquilos. Cuando transita una familia por una carretera, y hay policías a la vera del camino, con fatiga, los niños asoman sus cabezas por las ventanas del vehículo de familia, agitan la bandera de Colombia y saludan a los policías.

Hoy millones de colombianos quieren invertir en Ecopetrol, porque hay confianza en el país, porque hay unos soldados y unos policías de Colombia cuidando la explotación minero-energética más eficazmente.

Hoy se están construyendo 5 mil habitaciones hoteleras en Colombia, por el trabajo abnegado de los soldados y policías de la patria.

Hoy, de cada 100 pesos que se producen en Colombia, se invierten 26, porque hay confianza en los soldados y policías de la patria.

Este homenaje de ustedes, apreciados compatriotas, que lo agradecemos profundamente, a nuestros soldados y policías, es el preludio.

Señores Generales: el esfuerzo de ustedes, de los soldados y policías de Colombia, es la garantía de la felicidad de las nuevas generaciones de compatriotas.

Muchas gracias”.