El proceso de entrega se hará durante los próximos tres años, a través del Programa de Recuperación de Tierras (Proret), que otorgará asesoría jurídica para la restauración de predios de víctimas de la violencia narcoterrorista.

Bogotá, 6 dic (SP). Con el propósito de apoyar a familias desplazadas que han perdido o se encuentran en riesgo de perder sus derechos sobre predios rurales por causa de la violencia del narcoterrorismo, el Gobierno Nacional restituirá en los próximos tres años 11 mil hectáreas de tierra a esta población.

“El objetivo es ir ampliando paulatinamente el número de casos que se trabajan de manera simultánea, para lograr de esta forma un mayor impacto sobre la problemática. De esta forma, en los próximos tres años se busca recuperar a través del Proret un número mínimo de 11 mil hectáreas”, señaló el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

El funcionario dijo que este Programa apoyará a la población rural víctima de la violencia, a los propietarios, poseedores y a los ocupantes que fueron despojados de sus tierras, otorgándoles asesoría jurídica y respaldando todos los procedimientos necesarios, tanto administrativos como judiciales, para la recuperación de los predios.

Adicional a esto, el Proret tramitará la oferta institucional de otras entidades, públicas y privadas, para los beneficiarios, con el objetivo de contribuir a solucionar otras problemáticas a las que éstos se enfrentan, tales como carencia de vivienda, fuentes estables de ingresos y/o alimentación.

También se busca asegurar que haya protección por parte de la Fuerza Pública durante y después del retorno del núcleo familiar a sus tierras.

Del Proret hacen parte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

¿Cómo funciona?

El equipo del Proret está conformado por un grupo de abogados que ha venido trabajando en seis casos emblemáticos en diferentes departamentos del país.

Ellos se encargan de recopilar la información de cada caso, contactar y asesorar permanentemente a los afectados, coordinar el desplazamiento del personal necesario a los predios y solicitar apoyo a las entidades de las cuales se requiere cooperación de acuerdo con la información obtenida.

Su función también es estudiar los títulos jurídicos, diagnosticar la viabilidad de la recuperación del predio, crear una estrategia jurídica en caso que ello sea posible y poner en conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales cada caso.