Diciembre 17

Gestión de activos públicos quedó en manos de Cisa

Gobierno expidió decreto que modifica la estructura de la Central de Inversiones. La entidad se encargará de gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar toda clase de bienes cuyos propietarios sean entidades públicas.

Bogotá, 17 dic (SP). El Gobierno Nacional dejó en manos de la Central de Inversiones S.A. (Cisa), el manejo de la cartera y de los activos inmobiliarios que son propiedad del Estado.

Así quedó establecido con la expedición del decreto 4819 de diciembre de 2007, que modificó la estructura de la entidad y dictó otras disposiciones para su funcionamiento.

La medida se tomó acogiendo una decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que en la sesión del pasado 8 de octubre dio vía libre a la transferencia de la propiedad accionaria de Cisa que estaba en manos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Hasta ahora Cisa presentaba limitaciones legales para el manejo de todos los activos públicos, porque su capital se derivaba de las reservas de la banca pública y del seguro de depósito administrado por el Fogafin, por lo que la ampliación de su objeto a entidades del sector público no financiero estaba condicionada a que el Fondo dejara de ser accionista de la entidad.

Con la expedición del decreto, la Central de Inversiones queda como una sociedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Su objeto será el de gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden.

Además, la junta directiva de Cisa podrá determinar los casos en los cuales la entidad podrá celebrar convenios de cooperación que le permitan prestar servicios de asesoría técnica y profesional a terceros de carácter privado, en el diagnóstico y valoración de activos de similar naturaleza a los gestionados por ella.

 

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