Así lo anunció este lunes el ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi. Según la Fiscalía, de las 80 mil personas que se encuentran registradas como víctimas de Justicia y Paz en todo el país, 315 están siendo amenazadas; por ello, reciben protección especial de las autoridades. La mayoría de los amenazados se ubican en 64 municipios de 12 departamentos.

Bogotá, 1 oct (SP). El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, anunció este lunes, primero de octubre, la destinación de 13 mil millones de pesos del Presupuesto Nacional para el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, creado mediante el Decreto 3570 del 18 de septiembre pasado.

El ministro Holguín dijo que el objetivo del Programa es el de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de amenaza o riesgo, como consecuencia directa de su participación, en calidad de víctima o de testigo, en el proceso de Justicia y Paz.

Según la Fiscalía General de la Nación, de las 80 mil personas que se encuentran registradas como víctimas de Justicia y Paz en todo el país, 315 están siendo amenazadas. Por ello, reciben protección especial de las autoridades.

La mayoría de los amenazados -de acuerdo con la Fiscalía- se ubican en 64 municipios de 12 departamentos, entre los cuales están Córdoba, Magdalena, Sucre, César y Casanare.

El titular de la cartera de Gobierno agregó que la competencia para la adopción de medidas de protección recae en 3 entidades: Policía Nacional, con asistencia inicial durante 15 días; Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos con autoprotección blanda y esquemas móviles, y Fiscalía, con la Oficina de Reubicación.

La Dirección Ejecutiva del Programa de Protección a Víctimas y Testigos estará a cargo del Ministerio de Interior y Justicia, a través de su Dirección de Derechos Humanos. Un comité técnico se encargará de evaluar y calificar la situación de riesgo o amenaza de las víctimas y testigos, reportados por las entidades encargadas de la aplicación de la Ley.

El Subcomité de Protección de Testigos y Víctimas elaborará y actualizará un mapa de riesgo cada dos meses, con el propósito de ajustar la priorización de los municipios para la atención preventiva. Así mismo, el Gobierno garantizará los recursos financieros y administrativos necesarios para la actualización, seguimiento, evaluación, verificación y monitoreo del mapa de riesgo.

En cuanto a los dispositivos de protección, estos están dirigidos a los municipios priorizados en el mapa de riesgo, los cuales serán atendidos por la Policía Nacional.

El Ministro del Interior y de Justicia se refirió a este programa al término del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, que reúne entidades como Fiscalía, Policía Nacional, DAS, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial de Derechos Humanos, entre otras.