En la carta el Gobierno presenta las cifras actualizadas sobre lo que ha sido la desmovilización y el proceso de reintegración a la vida civil de los ex integrantes de grupos armados al margen de la ley.

Bogotá, 17 oct (SP). El Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, envió este miércoles una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que hace algunas precisiones al más reciente informe publicado por el organismo sobre el proceso de reintegración y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

El siguiente es el texto de la carta:

“Señor
FLORENTÍN MELÉNDEZ
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

Respetado Señor Meléndez:

La labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es de gran importancia para el proceso de reintegración de excombatientes en Colombia. Por ello, causan preocupación las imprecisiones que sobre el proceso de reintegración social y económica aparecen en su último ‘Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales’.

Primero, se presenta información desactualizada al estar basado en cifras del 2006, cuando a lo largo de los últimos 10 meses todo ha evolucionado. Con esto se desorienta a la opinión pública colombiana, ya que este es un tema de la coyuntura noticiosa del día a día en Colombia.

Segundo, el informe evidencia desconocimiento de las leyes y normas que rigen el proceso de desmovilización y reintegración. Por ejemplo, pareciera que la CIDH no tuviera claro que al delinquir el participante no sólo pierde los beneficios de la Ley 975 sino que pierde también los beneficios de la Ley 782 y el Decreto 128 al revivirse todos los procesos judiciales que habían sido suspendidos en razón a su desmovilización.

Tercero, hay errores evidentes en algunas cifras planteados en el informe de la CIDH.

Estas fallas metodológicas y de investigación no ayudan al buen suceso del programa. Les reitero que siempre estaré atento a sus solicitudes. A continuación, enumero algunas de las fallas y equivocaciones que encontramos en el informe:

1. Hasta el 30 de septiembre de 2007 se han desmovilizado 45.300 personas en Colombia, 31.671 de manera colectiva durante el proceso de paz con las AUC y 13.679 de manera individual y no los “aproximadamente 30 mil desmovilizados en forma colectiva y los 10 mil desmovilizados en forma individual que presenta el informe” como dice el informe.

2. A la misma fecha, de los 2.338 miembros de las Bandas Criminales Emergentes capturados, 357 eran desmovilizados; y de los 614 dados de baja, 14 estaban en el proceso de reintegración. Esto representa el 15,3% y el 2,3%, respectivamente, lo cual indica que estas bandas no están compuestas ni alimentadas principalmente por la población desmovilizada. El informe de la CIDH dice que hasta el momento tenemos 536 desmovilizados capturados, 236 asesinados o muertos en accidentes y39 heridos. Lo correcto es 1.553 capturados, 737 asesinados o muertos en accidentes y 99 heridos.

3. En la actualidad, hay 12.980 desmovilizados matriculados en programas de educación formal. No 6.000 como asegura el informe.

4. A diferencia de lo indicado en el informe, el programa de auxiliares cívicos tiene una tasa de deserción del 4,6%, una cifra baja. Además, dicho programa no es de “remuneración inmediata” pues le exige al participante, entre otros requisitos, asistir a un diplomado de 300 horas y pasar por un proceso de selección del Fondo de Prevención Vial

5. Actualmente, para acceder a la posibilidad de desarrollar un plan de negocio (antiguo proyecto productivo), se debe cumplir con una serie de estrictos requisitos psicosociales, educativos y de formación para el trabajo, y no solo un número determinado de meses que lleven en el proceso, como asegura el informe.

6. En aras de dar una información veraz y oportuna, sin discrepancias en las cifras, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, como una agencia única de alto nivel encargada de la coordinación de los esfuerzos del Gobierno colombiano en el manejo del tema, está desarrollando una única base de datos que actualmente se encuentra en pruebas piloto y se está implementando actualmente a nivel nacional.

Por si esto fuera poco, el documento no informa acerca de la estrategia de reintegración basada en comunidades que diseñó la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, a partir tanto de lecciones aprendidas en Colombia como de otras experiencias del mundo y que actualmente está en proceso de implementación.

Hasta el momento, esta nueva estrategia nos ha permitido el fortalecimiento del acompañamiento sicosocial, hoy en día contamos con un orientador por cada 120 participantes, adicionalmente, tenemos mayor presencia en las regiones a través de 37 centros de servicio en el territorio nacional, que nos permite ofrecer mayor control y seguimiento de nuestros participantes, y un trabajo enfocado en fortalecer a las comunidades receptoras para facilitar la reintegración de los excombatientes y sus familias.

Aprovecho para resaltar la importancia que representa para nosotros el acompañamiento de la OEA y sus organismos en el proceso de reintegración en Colombia. Por lo tanto, les reitero a los miembros de la CIDH y a todos los funcionarios de la OEA que nuestro equipo está a su disposición para ayudarles a conseguir datos y para aclarar cualquier duda que puedan tener acerca del proceso de reintegración social y económica en Colombia.

Sólo de esta manera, trabajando juntos de manera constructiva, podremos alcanzar la meta que tanto anhelamos: la paz en Colombia.

Cordialmente,

Frank Pearl
Alto Consejero para la Reintegración
Presidencia de la República”.