Entre ellas, la expedición de un decreto que determine un plazo para que comparezcan ante los fiscales de Justicia y Paz todos los postulados que aún no hancomparecido, y la posibilidad de establecer un programa administrativo de reparación integral y universal a las víctimas.

Bogotá, 22 oct (SP). Tras presentar un balance positivo de los avances en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, con cifras consolidadas de desmovilizados, armamento entregado, costos de la desmovilización y víctimas, entre otros datos, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anunciaron este lunes 22 de octubre que el Gobierno Nacional estudia las siguientes medidas para agilizar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz:

1. La expedición de un decreto que determine un plazo para que comparezcan ante los fiscales de Justicia y Paz todos los postulados que aún no hancomparecido, al final del cual quienes no lo hagan perderán el derecho a someterse a la Ley 975 y quedarán bajo la legislación ordinaria.

2. La posibilidad procesal de realizar juicios que incluyan a todos los miembros de un bloque o frente, o por hechos a los que comparezcan grupos de victimarios y no sólo individuos, privilegiando en todo caso los juicios contra los principales cabecillas, tal como ha recomendado recientemente el Fiscal de la Corte Penal Internacional durante su visita a Colombia.

3. La posibilidad de establecer un programa administrativo de reparación integral y universal, a través del cual las víctimas puedan recibir del Estado, como ha ocurrido recientemente en Chile, Perú y Guatemala, resarcimientos a través de la oferta de programas sociales del Estado y de reparaciones económicas.

Naturalmente, tal reparación administrativa se establecerá sin perjuicio de los derechos de las víctimas a obtener del victimario la reparación judicial y sin perjuicio de la obligación de los victimarios de entregar los bienes lícitos e ilícitos que posean a efecto de reparar con ellos a las víctimas.

Estas opciones serán objeto de consulta por parte del Ministro del Interior y de Justicia con los organismos del Estado competentes, incluidas las Altas Cortes y el Ministerio de Hacienda, con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y con los organismos Internacionales de Derechos Humanos correspondientes, con el propósito de intentar ponerlos en ejecución y expedir las normas necesarias antes de finalizar el presente año.