El 10 por ciento restante tienen como origen bandas emergentes. El informe de riesgo electoral fue entregado por la Defensoría el lunes pasado a la Comisión de Seguimiento Electoral y al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas. Estos reportes “han suscitado el mayor interés de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Pública”, enfatizó el Defensor.

Bogotá, 27 oct (SP). El defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, llamó la atención sobre la injerencia de grupos armados ilegales en los comicios en el suroccidente del país y dijo que el 90 por ciento de las amenazas contra algunos aspirantes a concejos, asambleas, alcaldías o gobernaciones en esta región provienen de las Farc.

”Hemos presentado las inquietudes que provienen de la zona geográfica conocida en el país como suroccidente colombiano, como quiera que en esta región del país hace una presencia notoria la casi totalidad de los grupos armados ilegales.

“Y estas situaciones derivan -y en eso coincidimos con el Director de la Policía Nacional (general Oscar naranjo)- en que el 90 por ciento de las amenazas contra algunos de los aspirantes a conformar los concejos municipales, las asambleas departamentales o a ser elegidos alcaldes y gobernadores, provienen de frentes y de integrantes de las Farc”.

Así lo denunció este sábado 27 de octubre el Defensor del Pueblo, al intervenir en la Jornada Pedagógica Electoral, que se realiza en la Casa de Nariño y que busca resolver las inquietudes de los ciudadanos sobre los comicios de mañana domingo (28 de octubre).

El funcionario agregó que el 10 por ciento restante de las amenazas contra candidatos en esta zona del país provienen de “estructuras conocidas como bandas emergentes”.

Estas amenazas, dijo Pérez, no comprometen a la totalidad de los municipios y están focalizadas especialmente contra los aspirantes a alcaldías y gobernaciones.

El informe de riesgo electoral fue entregado por la Defensoría el lunes pasado a la Comisión de Seguimiento Electoral y al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas. Estos reportes “han suscitado el mayor interés de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Pública”, enfatizó Volmar Pérez.

Con el fin de recoger las denuncias y prestar asesoría a los candidatos y ciudadanía en general, la Defensoría desplazó 300 funcionarios, organizados en 35 oficinas a lo largo del territorio nacional.