El Gobierno Nacional elabora un documento Conpes que desarrollará la política nacional de cambio climático y en el que se definirán las estrategias integrales a nivel sectorial y territorial de adaptación y mitigación al cambio climático.

Miami, Florida, 4 abr (SP). La Directora Nacional de Planeación, Carolina Rentería, expuso ante la asamblea anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las acciones que ha emprendido Colombia para enfrentar los efectos del cambio climático, a través de una política integral con énfasis sectorial y territorial.

La funcionaria informó que el Gobierno Nacional avanza en la elaboración de un documento Conpes para la política nacional de cambio climático.

El documento definirá las estrategias integrales a nivel sectorial y territorial de adaptación y mitigación al cambio climático y de fortalecimiento de la capacidad nacional para la generación de información e investigación.

Para el desarrollo de estas estrategias, Planeación Nacional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, solicitó una misión especial al BID, para analizar las reformas y programas e identificar el apoyo programático que el organismo multilateral puede brindar.

La misión resaltó la importancia de desarrollar una política de cambio climático y el estudio de sus impactos económicos y sociales en Colombia, bajo la metodología Stern (informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial).

Rentería recordó, además, que en el Plan Nacional de Desarrollo se le da prioridad a la elaboración de la segunda comunicación nacional de cambio climático, que sirve de base para la toma de decisiones en materia de adaptación y mitigación, y presenta los resultados del país en el tema del inventario nacional de gases de efecto invernadero.

En este caso, se destaca la necesidad de fortalecer el portafolio de proyectos nacionales que concursan por el Mecanismo de Desarrollo Limpio y por los mercados voluntarios de carbono, para que al final del cuatrienio el país cuente con opciones de compra de certificados de reducción de emisiones por un valor aproximado de 40 millones de dólares.