Abril 28

Presidente Uribe invita a avanzar en recuperación de ‘bienes mal habidos’ para reparar a las víctimas

Desde Neiva, en donde lideró un Consejo de Seguridad, el Jefe de Estado invitó a los fiscales del país y la Policía Nacional a agilizar, por vía de extinción de dominio, la recuperación de los bienes pertenecientes a los terroristas con el fin de alimentar el fondo de reparación de víctimas.

Neiva, 28 abr (SP). El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, invitó este lunes a los fiscales del país y la Policía Nacional a avanzar en la recuperación de bienes ilícitos, por vía de extinción de dominio, para reparar a las víctimas del terrorismo.

Así lo expresó el Jefe de Estado durante la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo de Seguridad en Neiva, tras referirse al Decreto mediante el cual se creó el Programa de Reparación Individual, por Vía Administrativa, para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley.

“Mi invitación a los fiscales, a la Policía Nacional, a la Policía Judicial, para que avancemos en la incautación de bienes mal habidos para poder alimentar el fondo de reparación de víctimas del terrorismo”, aseguró el Mandatario.

Así mismo, explicó los alcances del Decreto firmado el pasado 22 de abril y afirmó que la reparación por vía administrativa a las víctimas no debe obstaculizar que se agilice en la recuperación de bienes ilícitos, por vía de extinción de dominio.

“Se espera que con ese trámite administrativo se puedan resolver muchos casos. Inicialmente se ha estimado que esos reclamos pueden costarle al Estado 7 billones (de pesos), cerca de dos puntos del PIB, pero eso no obsta para que agilicemos, especialmente por vía de extinción de dominio, la recuperación de los bienes de los terroristas para poder reparar las víctimas” señaló.

El Jefe de Estado también dijo que este Decreto se firmó después de muchos meses de estudio para que “el Estado, al concurrir a reparar las víctimas, no someta a las víctimas a ese procedimiento de tortura que es la demanda judicial, que puede tomarse muchos años, y no someta al Estado a ese riesgo de condenas que rebasen las posibilidades presupuestales”.

 

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