El Ministro del interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, indicó que el tema de exclusión de la Ley de Justicia y Paz depende de los jueces y no del Gobierno. Agregó que se avanzará en los mecanismos para garantizar la presentación de las versiones que en el marco de esta Ley de Justicia y Paz deben rendir los 14 ex jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.

Bogotá, 29 ago (SP). El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, en reunión que lideró el pasado jueves el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, revisó diversos temas, entre ellos la cooperación judicial de Colombia y Estados Unidos, la situación jurídica de los ex jefes paramilitares extraditados a ese país y las actividades de las bandas criminales en varios departamentos.

El Consejo escuchó opiniones sobre la necesidad de avanzar en los mecanismos para garantizar la presentación de las versiones que en el marco de la Ley de Justicia y Paz deben rendir los 14 ex comandantes de las autodefensas, que fueron entregados por Colombia a la justicia estadounidense.

El Vicefiscal Guillermo Mendoza Diago señaló que se debe tratar de conseguir el testimonio de estas personas y definir si ellos van a continuar en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

“Ya ellos declararon en Colombia muchas cosas y han ofrecido declarar más. Creo que los magistrados de la Ley de Justicia y Paz deben definir si los dejan en esa ley o los pasan a la justicia ordinaria”, comentó Mendoza Diago.

Por su parte, el senador Manuel Enriquez Rosero dijo que entiende que hay compromisos muy claros entre los Gobiernos de Estados Unidos y de Colombia para que los extraditados continúen en la presentación de sus versiones.

El Ministro del Interior y de Justicia,  Fabio Valencia Cossio, anunció que el Gobierno va a buscar una nueva conversación con el Embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfiel, para avanzar en este tema.

Valencia Cossio explicó a los integrantes del Consejo que para el Gobierno la extradición es un acto administrativo y que es la Justicia la que debe resolver quién permanece o se desvincula de la Ley de Justicia y Paz. 

Indicó que llevará las inquietudes del Consejo al Presidente Uribe y al alto Gobierno para darle celeridad a la realización de las audiencias con los extraditados.

El magistrado Sigifredo López, Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo que ese organismo ha tenido dificultades para recibir las versiones de los extraditados en casos que investiga y agregó que es difícil exigir a la justicia estadounidense que los extraditables sean puestos a disposición de los investigadores colombianos en el momento en que lo soliciten. No obstante, reconoció que los gobiernos de Colombia y Estados  Unidos han ofrecido toda la colaboración.

“Hemos encontrado problemas procedimentales en Estados unidos que han impedido realizar las diligencias y esto puede afectar los procesos en curso en Colombia”, comentó.

Bandas criminales

El Consejo escuchó informes sobre la 16 Bandas Criminales (Bacrim) que están remplazando a grupos paramilitares desmovilizados y causando zozobra en varias regiones del país.

Evelio Henao,  coordinador del Grupo de Justicia y Paz del Ministerio del Interior, y el general Orlando Páez, de la Policía Nacional, entregaron información  sobre esta clase de organizaciones criminales.

Después del proceso de desmovilización de los grupos de Autodefensas, a partir del año 2003 hasta el 2006, surgen unas organizaciones al margen de la ley denominadas ‘Bandas Criminales’, conformadas, en su mayoría, por personas desmovilizadas y no desmovilizadas, al mando de ex integrantes de grupos paramilitares.

Estos grupos se dedican a actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado, entre otros ilícitos.

Explicaron que los organismos de seguridad del Estado han logrado reducir algunas de las bandas, bajando de 22 a 16 los grupos de esta clase en varias regiones del país.

Desde el 2006, las autoridades han realizado las siguientes acciones:

El Consejo asumió la integración de la acción del Estado para ejecutar la política criminal y en esas condiciones pedirá el apoyo de Planeación Nacional y de expertos en la elaboración de un documento Conpes que le dé sustento al nuevo esquema de la acción contra todas las formas de delincuencia.

El organismo conformó una subcomisión para redactar su reglamento interno.

En la reunión del Consejo de Política Criminal estuvieron, además del Ministro Valencia Cossio, el Viceministro de Justicia, Gilberto Orozco; el Procurador General, Edgardo Maya Villazón; el Vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, y los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, y del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres.