El Viceministro Guillermo Francisco Reyes instruyó que cuando haya conciliaciones, debe procederse a interponer la acción de repetición para evitar la impunidad. Hizo un llamado a todos los secretarios jurídicos, alcaldes y gobernadores para hacer una evaluación seria de los procesos judiciales que cursan en su contra, diseñando políticas eficaces de defensa judicial y prevención del daño antijurídico.

Bogotá, 14 feb (SP). Examinar y evaluar la situación de la defensa de los intereses jurídicos de la Nación, el número de procesos contra las entidades territoriales, el valor de esos procesos, las debilidades de la defensa y el porcentaje de procesos que el Estado está perdiendo, fue el objetivo de la reunión de los gobernadores y directores jurídicos de los departamentos del país con el Viceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes González.

En el evento, que contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, se analizaron –entre otros aspectos– los relacionados con: deberes y obligaciones de los funcionarios públicos; nuevas disposiciones en materia de contratación administrativa; consecuencias penales y disciplinarias que se generan como consecuencia de la indebida utilización de los recursos públicos; indebida contratación, y omisión y extralimitación de los servidores públicos de todos los órdenes.

Gobernadores a revisar procesos judiciales

El Viceministro de Justicia hizo un llamado a los gobernadores para que conozcan qué procesos se presentan entre entidades del Estado. Les sugirió buscar mecanismos de solución alternativa a los conflictos, particularmente con la utilización de la conciliación.

Advirtió que es política del Gobierno Nacional invitar a aplicar estos mecanismos para evitar pleitos entre entidades públicas.

Instruyó que cuando haya conciliaciones, debe procederse a interponer la acción de repetición para evitar la impunidad.

Procesos donde se crea que son pocas las probabilidades de éxito, deben llevarse a la conciliación y solucionarse mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, en los que el Ministerio ofrece toda su colaboración y acompañamiento.

“Esto no es sólo algo que se debe hacer, sino una obligación para los funcionarios públicos. Y con esta política se lograrán salvaguardar los intereses del Estado, los escasos recursos de las entidades territoriales y una mejor defensa judicial”, dijo Reyes González.

Los gobernadores y secretarios jurídicos expresaron su respaldo a la preocupación manifestada por el Viceministro de Justicia, en relación con el tema de los embargos (decretados por los jueces ya no sólo en departamentos como Chocó y Sucre sino en gran parte del país), de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a educación, salud y alimentación de los niños y menores de edad, los cuales por mandato constitucional y jurisprudencial son inembargables.

Se busca eficiencia en los procesos

El alto funcionario del Ministerio recomendó además prevenir la prolongación innecesaria de procesos donde la probabilidad de éxito es mínima, pero donde abogados externos o que hacen parte de la nómina de la entidad pública, buscan prolongar el proceso con gravísimas consecuencias fiscales y judiciales, a sabiendas del resultado, pero con la intención de mantener contratos de asesoría que sólo atentan contra el erario público.