Bogotá, 18 jul (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, presentó este viernes a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, una propuesta con los grandes lineamientos de la Reforma a la Justicia que, previa concertación con la Rama Judicial, llevará al Congreso antes del próximo 15 de agosto.

Al encuentro asistieron los presidentes de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto; de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte; del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, y del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor. También estuvo presente el nuevo Viceministro de Justicia, Édgar Sanabria Melo.

Al término de la reunión, el Ministro Valencia Cossio reveló a la prensa algunos de los detalles de la iniciativa que puso en conocimiento de los magistrados.

Esta fue su declaración:

"El Gobierno ha venido a plantearles a las Cortes una serie de ideas que tenemos para la Reforma a la Justicia y voy a tratar de concretarlas en los elementos básicos.

¿Cuál es el propósito de la reforma? Autonomía e Independencia. Y eso lo queremos para la Rama Judicial y para todas las demás ramas, con el propósito de que cada una cumpla su función de manera autónoma e independiente, dentro del espíritu y dentro de la norma de la Constitución que nos impone a las ramas la colaboración armónica para conseguir los fines del Estado.

Dentro de este marco, la propuesta es esta:

Volver a la cooptación, como elemento fundamental de la independencia y autonomía de la rama. Es decir, que las propias Cortes, una vez se presenten las vacantes, serán ellas las que definan el reemplazo de esa vacante. No va a intervenir ningún otro elemento.

La cooptación se haría en todas las Cortes: Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Habría unos cambios en lo siguiente:

La edad que proponemos para el ingreso a las Cortes es de 45 años y las calidades estarían basadas, fundamentalmente, en experiencia de 20 años en la academia, en la Rama Judicial o en el ejercicio profesional.

Otro cambio fundamental sería que la edad de retiro forzoso sería a los 70 años y que el periodo se aumentaría a 12 años.

Obviamente, para poder lograr esta independencia de los poderes vamos a sustraer a las Cortes de la elección de funcionarios, a excepción del Fiscal, que se elegirá como hoy, de una terna del Presidente de la República y la elección la haría la Corte Suprema de Justicia.

Y en el caso del Consejo Nacional Electoral y del Registrador, el Consejo de Estado haría una lista de elegibles, previo un concurso y, de ahí, el Congreso
elegiría a los magistrados del Consejo Electoral y también, previo un concurso y una lista de elegibles, el Congreso elegiría al Registrador.

En relación con el Procurador, este se elegiría de una terna que presenta el Presidente de la República y que elegiría el Congreso.

En el caso del Procurador, Contralor y Fiscal, también se aumentarían los períodos de estos funcionarios.

Habría otra reforma importante: el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Administrativa, cambiaría su composición y quedaría compuesta por los tres presidentes de las Cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado), un magistrado más elegido por ellos y esta sala elegiría un Gerente General de la Rama.

Es importante agregar que la Carrera Judicial será fortalecida.

Hay dos propuestas adicionales muy importantes:

En relación con el juzgamiento y con la pérdida de investidura de los congresistas y el juzgamiento de los aforados por parte del Congreso, la propuesta nuestra es que, de acuerdo con la reciente sentencia de la Corte Constitucional, de que debe ser distinto el juzgador del investigador, proponemos que en el caso de los parlamentarios, en la parte penal, la primera instancia la haga la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema. Aunque puede haber otra opción y es que la segunda instancia la puede hacer, previa ponencia de la Sala Penal, la definición la haga la plenaria de la Corte.

Y en el caso de la pérdida de investidura de los parlamentarios seria lo mismo: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haría la primera instancia y el Consejo de Estado, en su Sala Plena, haría la segunda instancia.

Para los aforados que son competencia del Congreso, a través de la Comisión de Acusación, la investigación también la haría la Fiscalía en sus más altas instancias y el Congreso cumpliría el resto de su función constitucional.

Las investigaciones, conforme con la sentencia de la Corte Constitucional que exige un ente investigador diferente al del juzgador, las haría la Fiscalía.

Sobre la tutela, el Gobierno deja el asunto en manos de las Cortes, para que ellos mismos nos digan cómo se debe reglamentar.

Básicamente esta es la propuesta que el Gobierno le ha hecho a la Justicia. La Justicia la recibió, la va a analizar y, posteriormente, nos vamos a reunir para recibir los conceptos que sobre ellas tengan las distintas Cortes y el Consejo de la Judicatura.

El Gobierno tiene el propósito de presentar al Congreso de la Republica, antes del 15 de agosto, el proyecto de reforma, una vez se llegue a unos acuerdos básicos con la Justicia".