El informe anual 2007 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos asegura que aunque persisten serios problemas en el país, “el respeto del Gobierno a los Derechos Humanos continuó mejorando, hecho particularmente evidente por los progresos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz”.

Bogotá, 11 mar (SP). El Gobierno de los Estados Unidos aseguró este martes que Colombia mejoró durante el 2007 el respeto a los Derechos Humanos, destacando resultados demostrables como la reducción de masacres y secuestros en el país.

Así lo concluye el informe anual que sobre Derechos Humanos presentó este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que precisa que dichos avances son el resultado de los pasos dados por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe en la búsqueda de la seguridad.

“Los pasos tomados por el Gobierno para mejorar los Derechos Humanos y la situación de seguridad generaron resultados demostrables. Las estadísticas del Gobierno indicaron que durante el año (2007) se redujeron las masacres (en un 34 por ciento) y los secuestros (en un 29 por ciento)”, señala el documento.

En el informe Estados Unidos afirma que “aunque aún persisten serios problemas, el respeto del Gobierno a los Derechos Humanos continuó mejorando, hecho particularmente evidente por los progresos en la implementación de la Ley de Justicia y Paz”.

Igualmente el documento resalta que la Ley de Justicia y Paz ayudó a clarificar más de 3.000 crímenes y permitió la exhumación de 1.196 cadáveres que estaban en fosas comunes.

Así mismo, destacó los resultados de las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación en cuanto a los vínculos entre políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General sobre los vínculos entre los políticos y los grupos paramilitares permitieron implicar a 52 congresistas, 11 gobernadores y 19 alcaldes, quienes la mayoría de ellos se encontraban en la cárcel a finales del año pasado”, señaló el informe.

En el documento, el Gobierno de los Estados Unidos destacó que la desmovilización de las AUC ha llevado a la reducción de muertes y otras violaciones de los derechos humanos, pero que “los paramilitares que se han negado a desmovilizar y los nuevos grupos delictivos continuaron cometiendo numerosos actos ilícitos y abusos relacionados incluyendo asesinatos políticos, desplazamiento forzado, soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos, y asesinatos de trabajadores de derechos humanos, entre otros”.

El Departamento de Estado también aseguró que durante 2007, las Farc y el ELN cometieron violaciones de derechos humanos como asesinatos políticos; asesinatos -fuera de servicio- de miembros de las fuerzas de seguridad pública y los oficiales locales; secuestros y desapariciones forzadas, desplazamientos forzados masivos, reclutamiento generalizado de niños soldados; ataques contra activistas de derechos humanos, y hostigamiento, intimidación, y asesinatos de maestros y sindicalistas, entre otros.

El informe señala que los nuevos grupos ilegales, integrados por miembros de las AUC que se han negado a desmovilizar, miembros de las AUC desmovilizados, pero más tarde abandonaron el proceso de paz, y otros grupos de delincuencia, “siguen siendo objeto de la acción de las fuerzas de seguridad del Gobierno colombiano”.

El documento cita al Programa Presidencial para los Derechos Humanos, el cual informó que, durante los primeros siete primeros meses del año, 65 personas murieron en 15 masacres perpetradas por los grupos armados ilegales, lo que representa una reducción en un 44 por ciento frente al mismo período de 2006.

“Las desapariciones forzadas, muchas de ellas por motivos políticos, se siguen produciendo: el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) reportó 31 víctimas de desaparición forzada durante los seis primeros meses del año, una disminución del 58 por ciento en comparación con 73 víctimas en el mismo período de 2006”, dice el documento.

Indica que aunque la práctica del secuestro tanto para obtener un rescate como por razones políticas continuó disminuyendo, sigue siendo un problema serio: “Según el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, hubo 289 secuestros durante los ocho primeros meses del año, en comparación con 476 en el mismo período de 2006”.

El informe anual del Departamento de Estado asegura que hubo numerosos informes acerca de que la guerrilla asesinó a secuestrados, entre ellos 11 diputados del departamentos de Valle de Cauca, el 18 de junio de 2007.