Popayán, 5 junl (SP). “Hace solamente cuatro años, la idea de las víctimas como portadoras de derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición no existía en la conciencia nacional. Y, apenas comenzaba a despuntar en la conciencia universal.

Hoy, estos derechos de las víctimas han echado raíces sólidas en la agenda pública nacional e internacional y han surgido decenas y decenas de asociaciones de víctimas en todo el país.

Este es uno de los resultados más importantes de la Ley de Justicia y Paz: la visibilización de las víctimas y sus derechos.

Por esta simple razón estamos hoy viviendo un día histórico. Es la primera vez en la historia de Colombia que las víctimas son objeto de políticas de reparación integral.

Para ello tuvimos que ir más allá de la Ley 975 de 2005 (más conocida como la Ley de Justicia y Paz) que proponía una reparación por la vía judicial. Hace más de un año le propusimos al Presidente Uribe que, ante el número desmesurado de víctimas que había en Colombia, debíamos acelerar este proceso mediante una reparación vía administrativa.

Los procesos judiciales, con la plenitud de garantías procesales propias de un estado de derecho, son lentas y hoy solamente contamos con una condena en firme (a alias ‘El Loro’), a pesar de la dedicación y el compromiso de la Fiscalía General de la Nación. Por eso nos alegra que el Presidente Uribe hubiera acogido la idea de la reparación administrativa. Hoy estamos celebrando los frutos de esta decisión.

¿Cuál es la idea de reparación que está impulsando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación?

Nosotros hemos recogido la idea más utilizada a nivel internacional, la cual entiende por reparación una política de reconocimiento y compensación a las víctimas por los daños y los derechos vulnerados. Pero, nuestra perspectiva va más allá. Para la Cnrr una política de reparación integral debe orientarse a apoyar a las víctimas para que puedan reconstruir su proyecto de vida.

Un proyecto de vida que sufrió una ruptura brutal debido a una mina antipersonal, a un delito sexual, a un secuestro, a un reclutamiento forzado, a un homicidio o la desaparición forzada de un familiar cercano.

Nosotros somos concientes que los crímenes atroces generan daños irreparables. Nadie vuelve a ser el mismo después de una experiencia traumática de estas características. Por ello, en alguna medida la reparación es un intento de reparar lo irreparable.

¿Cómo se puede reparar un hijo asesinado? ¿Cómo se puede reparar un daño físico permanente por una mina antipersonal? ¿Puede una mujer superar el trauma de un acceso carnal violento?

Siempre habrá secuelas psicológicas. Sin embargo, muchas víctimas nos han demostrado su capacidad para superar las heridas y reconstruir su proyecto de vida.

Ese es el objetivo de este acto.

No se trata simplemente de entregar una suma de dinero. Ni todo el dinero del mundo puede llenar el vacío que deja un hijo ausente.

Pero, para las víctimas un acto de reconocimiento del daño que grupos criminales les han causado, el reconocimiento de sus derechos vulnerados, el compromiso de las autoridades de que estos actos jamás se volverán a repetir, constituye un alivio para su dolor.

Por eso lo importante hoy no es el reconocimiento monetario por el daño causado. Lo importante es que las autoridades del país, en cabeza del Presidente de la República, les estamos diciendo con el corazón en la mano que sentimos todo dolor que ustedes han sufrido, que nos duele el daño que los grupos criminales les han causado y, ante todo, que a nombre de todos los colombianos que no fuimos capaces de impedir estos actos de barbarie queremos pedirles perdón.

A nombre de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación les pido perdón.