En
este Gobierno se han desmovilizado 37.800 guerrilleros y paramilitares
163 DESMOVILIZADOS INDIVIDUALES EN MARZO
Bogotá, 3 abr. (SNE).- Durante marzo, 163 miembros de
los grupos armados al margen de la ley abandonaron las armas
y se acogieron voluntaria e individualmente al Programa de Desmovilización
y Reinserción del Gobierno Nacional.
Según las cifras suministradas por el Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), dentro de este grupo aparecen
93 ex combatientes de las FARC, 38 de las AUC y 32 del ELN. Figuran
27 menores de edad y 42 mujeres.
Estas personas decidieron entregarse, por voluntad propia, ante
las siguientes autoridades: 139 a unidades de las Fuerzas Militares
y de Policía, siete al ICBF, nueve a la Defensoría
del Pueblo, cinco al DAS y tres a la Personería.
En este mes, el departamento en el que más desmovilizaciones
se registraron fue Cundinamarca con 32, seguido de Antioquia
con 24 y Cesar con 15.
En total, durante el presente Gobierno, se han desmovilizado
individualmente 9.443 miembros de grupos terroristas. Colectivamente
han abandonado las armas 28.357 integrantes de las AUC, que adelantan
diálogos de paz con el Gobierno.
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002
estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados
y sus familias, al igual que protección y solución
jurídica a través del Ministerio del Interior.
Este decreto también contempla apoyo económico
para la creación de microempresas y la posibilidad de
validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida
por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan
a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia
o la Fuerza Pública entregando información que
permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una
bonificación económica, acorde con el resultado
de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia,
comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos
y maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o
cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al
margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”,
también recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación económica
a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar actividades
de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir
todos aquellos nacionales que “individualmente y por decisión
voluntaria”, abandonen los grupos armados al margen de
la ley. Estos deberán demostrar además, –a
criterio del Gobernó Nacional- su voluntad de reincorporarse
a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de
cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública”.
