PALABRAS DEL PRESIDENTE EN EL II FORO NACIONAL DE SALUD

Bogotá, 06 abr. (SNE).- Las siguientes son las palabras del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante el “II Foro Nacional de Salud, el futuro de la salud en Colombia: propuestas para mejorarla”:

“El tema que ha propuesto Augusto Galán (Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral –ACEMI-) trae una agenda bien importante para tratarla con todo el detenimiento y con todo el sentido del detalle.

Pero el debate en Colombia continúa sobre cuál debe ser el sistema rector de la salud y eso no es de extrañar. En los países desarrollados, todos los días se debate sobre salud y seguridad social.

Tengo que acudir aquí, en una posición muy difícil porque siempre, mientras viva, tendré que asumir ante el país la responsabilidad política por haber sido el ponente de la Ley 100 y por haber trabajado entonces con los ministros Juan Luis Londoño –q.e.p.d.-, de salud y Luis Fernando Ramírez, del Trabajo y mis compañeros del Congreso –entre los aquí presentes, en esa época era mi compañero Alfonso Angarita Baracaldo-, los otros, muy jóvenes, les toca ahora la nueva etapa.

Después llegué a la Gobernación de Antioquia y me tocó implementar la Ley. Hace cuatro años, debatí ampliamente en todo el país sobre el modelo. Ahora, haberle introducido, un impulso, unas rectificaciones, faltan otras y por supuesto, pensar permanentemente en el hoy y en el mañana de la salud colombiana.

Déjenme darles una cifra, apreciados compatriotas, porque este es un tema de resultados.

En el año 2002, cuando empezó este Gobierno, teníamos 23 millones 600 mil colombianos asegurados. Hoy tenemos 34 millones 100 mil colombianos. El crecimiento en este cuatrienio ha sido de 10 millones y medio de colombianos asegurados. Hacer política social con chequera es muy fácil.

Lo difícil y lo valioso es hacerlo con una Nación que ha tenido un altísimo desempleo y sigue muy alto, una Nación con un endeudamiento que en pocos pasó del 12 al 54 que nosotros encontramos, un déficit del 4.2 (por ciento de PIB), unas tasas de interés de los TES –en septiembre 2002- que estaban en el 17 por ciento, en crisis, hoy en el 8, 9. Unas condiciones de financiamiento externo que eran hostiles, hoy amables, casi cerradas para el país en septiembre de 2002, hoy plenamente abiertas. Es bueno tener esas cifras, porque las cifras se requieren en el debate.

En el 2002, el sistema en su modalidad contributiva tenía 13 millones 100 mil beneficiarios. Hoy, en su modalidad contributiva, tiene 15 millones y medio de beneficiarios.

El sistema en el 2002, en su modalidad subsidiada tenía 10 millones y medio de beneficiarios. Hoy tiene 18 millones 600 mil y las calificaciones que periódicamente produce la Defensoría del Pueblo –encuestas de opinión-, esa encuesta he procurado hacerla todos los días, en un trabajo intenso con mis compatriotas, demuestra que hay un proceso gradual de mejoramiento de la calidad, que se traduce también en un proceso gradual de incremento de la aceptación de los colombianos al sistema.

Diría yo que hoy es mejor el índice de aprobación de los pacientes que el que había hace 4 años.

Entonces allí hay unos resultados de cantidad y unos resultados de calidad que hay que considerar para cualquier propuesta.

Escuché muy atentamente todo lo que dijo el doctor Galán y me obliga a hacer algunas anotaciones.

La Ley 100 no la improvisamos. A mí me tocó presentar el primer proyecto de esa fase en el 86, como Senador. Y proponíamos que entidades como las cooperativas y las cajas de compensación familiar, pudieran ser EPS, que afiliaran y aseguraran los mismos riesgos del Seguro Social.

Estábamos el doctor Angarita y yo en la Comisión Séptima del Senado y el ex ministro (de Gobierno) –q.e.p.d.-, compañero nuestro, Raúl Orejuela Bueno, presentó una proposición que aprobaron, diciendo que se archivara el proyecto, porque violaba la estructura medular de la seguridad social en Colombia.

Pasamos del 86 al 93 en esta tarea, cuando se aprobó la Ley 100. Aprobada la Ley 100, la Corte Constitucional la declaró exequible. Es bien importante, porque no fue una exequibilidad emanada de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sino una exequibilidad emanada de la Corte Constitucional. No es una exequibilidad al cotejar el conjunto normativo de la Ley 100 con la Constitución de 1886, sino una exequibilidad que le da este conjunto normativo con la Constitución de 1991.

Por eso es bueno mirar este recorrido constitucional de examen riguroso a Ley 100, para que los colombianos tengan esa información y la puedan utilizar para recibir las diferentes propuestas que se le hacen.

Recuerdo que tuvimos muy en cuenta dos aspectos constitucionales, fundamentales de la Ley 100.

Primero, la Ley 100 dice: estos servicios de seguridad social tienen que ser de reglamentación y supervisión exclusiva del Estado, pero puede ser prestado por operadores de diferente naturaleza, donde caben los públicos, los privados, los mixtos, los solidarios. Una cosa es la reglamentación y la supervisión y la facultad sancionatoria y otra, muy distinta, es la autorización constitucional para que autores de diferente naturaleza presten el servicio.

Y también dice la Constitución colombiana, que este derecho social debe prestarse a los colombianos, guiado por tres principios: la eficiencia, la solidaridad y la universalidad.

A mi me parece, que monopolios estatales o privados en el esquema serían violatorios del principio constitucional de la eficiencia.

Los monopolios estatales nunca avanzaron hacia la universalidad. Yo tuve una discrepancia –la he sostenido- con algunos analistas que dicen que era mejor la cobertura antes de la Ley 100. En ese proceso entre 1986 y 1993, examinamos cuidadosamente todos los hospitales del país y en muchas partes lo que había era una cobertura de gasa y mertiolate.

Cuando se crea el sistema de aseguramiento, los colombianos empiezan a demandar unos servicios que nunca habían pedido, porque eran totalmente escépticos de que se los pudieran prestar. Pienso que los hechos han demostrado que hemos pasado de una cobertura limitada en cantidad y superficial, a una cobertura creciente en cantidad y profunda en servicios y demanda.

Entre otras cosas hoy tienen contra quien tutelar. No creo, que de haber mantenido en monopolio estatal, hubiera funcionado la figura constitucional de la tutela. ¿Ustedes se imaginan los pacientes de Tolú, con la única opción de tutelar un centro de salud, que lo único que les garantizaba este hospital era gasa y mertiolate? Me parece que en el tema constitucional es de gran importancia, preguntar cual sistema permite la eficacia de la tutela, si ese sistema o el del anterior monopolio estatal. Hemos reflexionado mucho sobre el tema. La tutela habría sido inocua y se hubiera tenido que tutelar contra el anterior monopolio estatal.

Ahora, por supuesto, no puedo llegar aquí con el complejo de pigmalión, a defender el sistema como si fuera un sistema momificado, inalterado. Es tan grave mantenerse en la posición anquilosada de volver a un pasado que no fue bueno, como negar las posibilidades de permanente revisión, de permanente mejoramiento.

Recuerdo las grandes discusiones que tuvimos, sobre el tema de la solidaridad y cómo marcamos diferencias con Chile. Una de las grande dificultades que en esa época tuvimos los congresistas, el ministro Juan Luis Londoño y mi persona, fue hallar una fórmula que permitiera la participación de instituciones privadas en el régimen contributivo y la profundización de la solidaridad.

La fórmula chilena la descartamos porque no garantizaba la solidaridad. En el Chile de aquella época existían las ISAPRES (instituciones de salud previsional) y le prestaban al ciudadano independientemente de su nivel de ingresos, solamente el servicio que compraba con su cotización.

¿Cómo corregimos eso? La Ley 100 colombiana. Yo creo que tiene tres elementos de solidaridad que no tenía la legislación chilena: primero, la mayor parte de la cotización la pagan los empleadores, allá todo la pagaban los trabajadores.

Segundo, el sistema tiene que ser solidario con los que no han podido acceder a él. El punto de la cotización del régimen contributivo se va al fondo de solidaridad. Allá no existía.

Y tercero, hay afiliación a entidades públicas y privadas, con solidaridad en ambas, que se traduce de dos maneras –muy bueno recordarles a los colombianos en el debate que necesariamente tiene que darse por estos días-: Ustedes, en la EPS, tienen que garantizarle el mismo plan obligatorio de salud al colombiano con 3 ó 4 ó 5 millones de salarios y al colombiano de salario mínimo. Eso exige unas transferencias al interior, que encarnan, que tipifican la solidaridad.

Y además, se está desarrollando un mecanismo bien importante que concebimos en la época: la compensación. Y después de hacer esos cruces en cada EPS, si en una hay superávit y en otra déficit, a través de la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad, la superavitaria tiene que contribuir a equilibrar la deficitaria.

Este punto todavía no se ha desarrollado plenamente, pero va en avance. Tuve oportunidad de defender esto ante los magistrados de la Corte Constitucional y quedé muy contento por la sentencia, por las ponencias, por la manera como los magistrados votaron en esa época esa exequibilidad.

¿QUÉ HA PASADO CON EL RÉGIMEN SUBSIDIADO?

Primero, sigue el debate. El debate de 1993, el debate de hace cuatro años: que se acaben las ARS, que son intermediarias, que el dinero vaya directamente a los hospitales.

Ese debate ha sido bastante polarizado. Nosotros hemos tratado de ir buscando caminos de conciliación de las dos tesis y le hemos propuesto a los colombianos lo siguiente: cuando este Gobierno empezó, las ARS podían disponer de un 15 por ciento de sus ingresos para gastos administrativos, eso se redujo al 8 (por ciento), es un gran paso y no fácil de asimilar. No fue fácil para el Gobierno lograr esa reducción al 8.

Y ahí se deriva la proposición de una reflexión: yo creo que los hospitales públicos, la red hospitalaria pública, no podrían o difícilmente podría garantizar la tarea de aseguramiento con un 8 por ciento de los ingresos del régimen subsidiado. Es una reflexión que quiero proponer a ustedes.

Y esa reflexión nos empieza a demostrar que una cosa es ser asegurador y otra cosa es ser intermediario. Si los hospitales públicos fueran capaces de asumir en su totalidad el régimen subsidiado, asumir en su totalidad el aseguramiento sin cobrar ese 8 por ciento, uno diría: la verdad es que hay razones para pensar que esos aseguradores no se requieren, pero en todos los años que llevamos se ha demostrado que eso no es posible.

Segundo, cuando confluyen en un mismo ente las dos calidades de asegurador y prestador, se perjudica al paciente. Por eso he venido tratando de ponerle unas limitaciones a la integración vertical. Encuentro un contrasentido cuando al mismo tiempo se propone eliminar la integración vertical y eliminar las ARS, porque si eliminan las ARS lo que hacen es consolidar una integración vertical plena en los hospitales.

Yo creo que no se puede proponer lo uno acompañado de lo otro, porque son caminos contrapuestos. Le autorizamos plenamente la integración vertical, sin límites, eliminando las ARS y entregándole directamente a los hospitales los dineros de aseguramiento para que aseguren y presten el servicio o, en procura de favorecer a los pacientes, buscamos que haya esa separación entre el asegurador y el prestador e introducimos razonables limitaciones –como se han discutido en estos dos años del proyecto, como se discutieron en el Senado, como ahora se discute en la Cámara- a la integración vertical. Razonables limitaciones.

Es bueno para el debate, entonces, con los compatriotas sobre este tema, clarificar que al eliminar las ARS se consolidaría una integración vertical total en entidades hospitalarias, dañina a los pacientes, los colombianos asegurados.

Hemos dado pasos importantes para controlar esas ARS. La decisión del Congreso, que cualquier ARS tenga que ser entidad sin ánimo de lucro, necesario en Colombia.

En Colombia tenemos una institucionalidad sin ánimo de lucro excelente, el país no se puede dar el lujo de desperdiciarlo. Crear un monopolio de hospitales públicos equivale a negar que las cooperativas ayuden en el sistema de régimen subsidiado, equivale excluir a las cajas de compensación.

Colombia tiene la fortuna de contar con un modelo excelente en cajas de compensación. Mi pregunta es ¿por qué lo vamos a excluir de un servicio que presta bien y que puede prestar mejor?

Estamos trabajando con el Congreso a ver cómo el sistema de ARS funciona como un sistema regionalizado. He avanzado mucho en eso.

En la campaña anterior recuerdo municipios ribereños del Magdalena, un municipio de 15 mil habitantes con 5 oficinas de ARS, una competencia destructora entre todos por asegurar a la población. Hay unos altísimos costos, entonces los ingresos les alcanzaban escasamente para tener las oficinas. Esa competencia destructora transcurría en desmedro de la atención a los pacientes.

Pienso que con las reglamentaciones en materia, por ejemplo, del número mínimo de afiliados, etcétera, eso se ha corregido bastante, pero todo paso que podamos dar en materia de regionalización, ayuda a corregir.

El tema de la corrupción. Yo creo que un control social –bueno- que ha introducido este Gobierno en Colombia, es el de los Consejos Comunitarios, que hay que complementarlo con el mejoramiento de los indicadores de rendición de cuenta, muchos de los cuales ya están incluidos en decretos del Gobierno.

Miren, que hubiéramos hecho un Consejo Comunitario o uno después de gran intervalo con el anterior, eso no habría servido. Pero es que le tengo que confesar al país, yo creo haber hecho un Consejo Comunitario todos los días de este Gobierno.

Este ha sido un Gobierno de cara a la ciudadanía permanentemente, en la idea de que eso posibilita un gran control social. La ciudadanía tiene allí todos los espacios para denunciar, para exigir, para informarse y el Gobierno tiene que, al dar la cara y rendir cuentas y recibir las peticiones ciudadanas, ser menos promesero y más comprometido. Yo creo que esto ha hecho bien en Colombia, sin perjuicio de reconocer todo lo que deba mejorar.

Recuerdo en esos primeros consejos comunitarios todas las denuncias contra corrupción en las ARS y en esos mismos Consejos Comunitarios ordenamos cancelación de licencias de ARS, apertura de investigaciones y la verdad es que, en los últimos meses, hemos encontrado un reconocimiento ciudadano –en los mismos Consejos Comunitarios- sobre un gran avance en la superación de ese flagelo de la corrupción.

Seguramente quedan casos que hay que enfrentar, pero debo decirle a los compatriotas que el gran control social ha sido el ejercicio del Estado Comunitario que ha posibilitado la denuncia a través de la intervención ciudadana, que esa denuncia se ha hecho de manera pública, además transmitida ampliamente al país y que esto ha aportado mayor actividad en los entes de control. Antes se denunciaban pero la denuncia no dejaba de ser un rumor. En este cuatrienio ha sido ampliamente publicitada.

Cuando la denuncia no pasa de rumor, no hay mucha eficacia en los órganos de control. Cuando la denuncia en los Estados de opinión es ampliamente publicitada, eso crea una corriente de presión a los órganos de control. Por eso hoy tenemos muchas personas del sistema de salud en la calle.

Los pagos. Hemos hecho un gran esfuerzo para que esta cadena de pagos del del Gobierno, transferencias a las regiones, regiones pago a las ARS, ARS pago a los hospitales, tenga más rapidez.

La semana pasada en el Congreso de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales hubo una denuncia, nos dijo alguien de Cartagena –algunos de los aquí presentes estábamos allá- que estaba muy preocupado porque al crecer la afiliación al régimen subsidiado, entonces ya disminuía el universo de colombianos vinculados, que cuando eran vinculados el pago lo tenían que hacer las entidades territoriales de los hospitales públicos y que al convertirlos en afiliados al régimen subsidiado, ya muchas veces las ARS contrataban con hospitales, con IPS privadas y que entonces este dinero dejaba de financiar a los públicos y pasaba a financiar a los privados. Esa fue la denuncia que recibimos la semana pasada, tema que tenemos que mirar con todo cuidado.

Yo creo que en la dirección de corregirlo va la necesidad de aumentar el porcentaje que debe contratarse con los hospitales públicos. Las cifras que he tenido me muestran que ha habido mayor agilidad en el pago de las entidades territoriales a las ARS y de las ARS a los hospitales.

Me preocupa lo que le escucho ahora al doctor Galán, que en el régimen contributivo nos estancamos desde septiembre del año pasado. Me gustaría que en este punto, antes de referirme a algunos elementos del futuro régimen subsidiado, nos hiciera alguna aclaración el Ministro sobre la preocupación que presentó el doctor Galán.

Les ofrezco entonces la palabra a ustedes y les agradezco mucho esta invitación”.