La prestación del servicio no sufrirá trastorno
por la medida, aseguró la entidad
SUPERSERVICIOS ORDENÓ LIQUIDACIÓN DE LA ELECTRIFICADORA
DE SAN ANDRÉS
Bogotá, 21 abr. (SNE).- La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación
de la empresa de energía Archipiélago´s Power
And Light Co. S.A. (APL) de San Andrés, por considerar que
su situación financiera actual es crítica y no está en
condiciones de continuar prestando el servicio en el departamento,
con la calidad y continuidad que ordena la Constitución
y la Ley
Al anunciar la adopción de la medida, que se tomó mediante
la Resolución número 13115 del 20 de abril de 2006,
la Superservicios anunció que la prestación del servicio
de energía en el archipiélago no sufrirá ningún
trastorno.
En es sentido, la entidad reveló que ya se tomaron las
medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio
en condiciones óptimas.
De esta forma, APL en Liquidación suscribió un contrato
transitorio de mantenimiento y operación de la infraestructura
para garantizar el servicio de energía eléctrica
a los actuales 15.800 usuarios en toda su área de influencia.
La resolución de la Superservicios designó como
liquidador de APL a Roberto Carlos Angulo Jiménez, quien
contará con 12 meses, a partir de la fecha, para cumplir
con esta labor.
El organismo explicó que tomó la determinación
porque si bien se habían suspendido los pagos de las obligaciones
causadas a la fecha de la toma de posesión por parte de
la Superintendencia, el 13 de marzo de 2000, y pese a contar con
un buen índice de recaudo de lo facturado, se estableció que
el flujo de caja no podía atender de manera integral los
costos del servicio.
Dicha situación ha significado una deuda creciente que
asciende a 86 mil 600 millones de pesos a diciembre de 2005.
Vale la pena recordar que Corelca aporta un subsidio anual equivalente
a cerca de 10 mil millones de pesos. Además, APL deja de
pagar, como cifra adicional a este subsidio, 13 mil millones anuales,
para un total de 25 mil millones de pesos cada año.
CONVENCIÓN COSTOSA
La Superintendencia también explicó que otro de
los problemas graves de la empresa fue su costosa convención
colectiva, donde la gran mayoría de prerrogativas convencionales
se constituyen en factor salarial cuyos beneficios representan
un costo al año aproximado a los 5.944 millones de pesos.
Precisamente el pasado ocho de febrero la Superintendente, Evamaría
Uribe Tobón, exhortó a los trabajadores para que
desarrollaran la revisión de la convención colectiva
como un primer paso para contribuir en el proceso de salvamento
de la APL.
Según la entidad, aunque la petición obtuvo el apoyo
de un grupo importante de trabajadores, la misma no fue atendida
por la dirigencia sindical, pese a los esfuerzos del Agente Especial
de la empresa, que a través de mesas de trabajo buscó bajar
la convención a términos de ley y reducir, al mínimo
posible, los factores prestacionales y la eliminación de
los onerosos beneficios convencionales.
Frente a este llamamiento el sindicato presentó una contrapropuesta
que no contemplaba la reducción de los costos a los niveles
necesarios para permitir el salvamento de la empresa.
Sin embargo, a petición de la dirigencia sindical, se acordó efectuar,
dentro del proceso liquidatorio, un análisis en materia
de pensiones de al menos cinco trabajadores de la empresa.
OTRAS CONSIDERACIONES
En sus consideraciones la resolución que ordenó la
liquidación de APL establece también que la empresa
registra un balance de pérdidas contables acumuladas, de
ejercicios anteriores, que superan los 75 mil 059 millones de pesos.
Esta cifra, al sumarla con las pérdidas por 18.401 millones
de pesos durante el período 2005, arroja un patrimonio neto
negativo de 64.771 millones, mientras que los activos de la empresa
tan sólo sobrepasan los 21 mil millones de pesos.
Así mismo, el pasivo pensional -que en la actualidad no
se encuentra fondeado- asciende a cerca de 6.500 millones de pesos
a diciembre de 2005, sobrepasando de manera considerable la capacidad
financiera de la empresa.
No obstante, APL ha venido pagando cumplidamente a los 50 trabajadores
jubilados los 56 millones de pesos mensuales que demandan, como
lo establece la convención colectiva. El total anual por
este concepto superó los 791 millones durante la vigencia
2005.
Todas estas circunstancias determinan que le resulta imposible
a APL pagar las deudas comerciales y operacionales que soporta,
al igual que los pasivos pensionales y laborales.
No cuenta tampoco la empresa con los recursos para realizar las
inversiones requeridas para garantizar la prestación y expansión
de la cobertura del servicio, que día a día le exige
el crecimiento de la demanda en la región donde opera.
