Dice director de Planeación Nacional

MAYOR EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, OBJETIVOS DE REFORMA A LA LEY 80

Bogotá, 27 abr. (SNE).- Hacer más eficiente la contratación y perfeccionarla en términos de transparencia, son dos de los objetivos que persigue el proyecto que hace curso en el Congreso de la República y con el cual se reforma la Ley 80 de 1993 o de Contratación Pública.

Así lo manifestó el director del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro Trujillo, al intervenir en el foro “La Contratación Estatal el Manejo de los Riesgos en los Grandes Proyectos de Infraestructura”, organizado por Fasecolda y la Cámara Colombiana de Infraestructura.

La iniciativa lo que busca es adecuar esa normatividad a las nuevas realidades del país y la globalización mundial, indicó el funcionario.

Para dar mayor eficiencia y transparencia a la contratación se debe mejorar en el tema de la adjudicación de la contratación pública; en los procedimientos que son exageradamente largos y hay que acortarlos; y en la distribución de los riesgos.

En el caso de los riesgos, dijo que “lo que buscamos es una distribución más adecuada de los mismos entre los contratantes y los contratistas”.

El establecimiento de reglas claras en materia de contratación favorece la dinámica de crecimiento que el país ha mostrado en los últimos años, consideró el Director de Planeación.

Entre los puntos clave de la reforma están: incorporar la estimación, la tipificación y la asignación de riesgos durante el proceso de selección; definir procesos de selección adecuados a la naturaleza del contrato; establecer un método especial de selección de consultores en el que se privilegia la experiencia y propuesta técnica del contratista, por encima del valor de la propuesta.

También determinar la adjudicación de licitaciones en audiencias públicas; permitir el uso de otras garantías diferentes de las pólizas de cumplimiento y las garantías bancarias, por ejemplo cartas de crédito, fiducia en garantía, etc; estimular la participación de las medianas y pequeñas empresas en la contratación pública; y prohibir el cobro de pliegos para estimular la participación de proponentes.