PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN FORO SOBRE EXCELENCIA EN EL SERVICIO
PÚBLICO
Bogotá, 28 ago (SNE). Las siguientes
son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la instalación
del foro internacional “Construyendo la excelencia en el
servicio público”, organizado por la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
en coordinación con el Departamento Administrativo de la
Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública (Esap).
“Quiero saludar a todos los asistentes a este certamen convocado
por Acción Social de la Presidencia de la República,
y agradecerles su participación, que será tan importante
para incentivar la eficiencia en el sector público colombiano.
Quiero felicitar a la señora Ministra de Educación,
a todo su equipo, por haber logrado la certificación en
la modalidad más avanzada, que se constituye en un ejemplo
para el Gobierno Nacional.
También al doctor Luis Alfonso Hoyos y al equipo de Acción
Social de la Presidencia de la República, que se han venido
convirtiendo en pioneros en materia de eficiencia y de certificaciones
de calidad.
Nosotros requerimos una administración pública
con eficiencia, con agilidad, con austeridad y con transparencia.
Un
Estado al servicio de la comunidad, un Estado que finalmente sea
bien calificado por la propia comunidad.
Ese Estado, para poder ser eficiente, ágil, austero, transparente,
requiere una permanente fiscalización comunitaria, que es
lo que garantiza la responsabilidad política de los funcionarios,
para que los funcionarios, a través de esa responsabilidad,
derivada de la participación comunitaria, se constituyan
en garantes de que el Estado cumpla los cuatro objetivos propuestos.
Nosotros hemos buscado que la participación comunitaria
sea la causa eficiente del Estado ágil, del Estado eficiente,
del Estado transparente, del Estado austero. Y hemos implementado
esa participación comunitaria en la contratación,
en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones
y en la supervisión de la marcha del Estado.
En la contratación, hace casi cuatro años expedimos
el decreto 2170, decreto que obliga a una serie de procedimientos
de participación comunitaria para garantizar la transparencia
en la contratación.
Ese decreto, por ejemplo, creó la instancia del pre-pliego,
para superar la suspicacia que existía en el sentido de
que amplios sectores de la opinión pública, en cada
pliego de condiciones que abría una contratación,
veían una posibilidad de corrupción, veían
un cierto sesgo en favor de alguno o de algunos de los proponentes
potenciales.
Ahora, con la etapa del pre-pliego que
se publica, que se somete a la discusión de la ciudadanía en general, de todos
los posibles participantes, se garantiza allí no sólo
transparencia sino también confianza de la ciudadanía
en el proceso de contratación.
Ha sido muy importante la publicidad por
parte del Estado para permitir participación de la ciudadanía y participación
de los órganos de control en varios procesos del Estado.
Quiero referirme a dos: el proceso para
superar una serie de litigios que encontramos en la administración pública, y también
el proceso para acuerdos del Estado con los particulares sobre
patrimonios públicos.
En cuanto a lo primero, es bastante difícil para una Nación
avanzar en su desarrollo cuando casi todas las concesiones viales
y todos los contratos de asociación con los particulares
en el sector de las comunicaciones, están en litigio.
Nosotros nos propusimos superar esos litigios,
pero encontramos allí dos grandes barreras: el temor de los funcionarios
a los órganos de control y la suspicacia de amplios sectores
de la opinión pública que en cada transacción
veían un acuerdo vitando.
Entonces para poder superar esas barreras
nos propusimos abrir las puertas de la comunicación y las puertas de la participación.
¿Qué hemos hecho? Antes de perfeccionar cualquiera
de esos acuerdos, han sido publicados ampliamente para que la opinión
los conozca, para que los órganos de control los conozca,
y no se han perfeccionado sino después de que ha pasado
un suficiente tiempo de esa etapa de publicación.
Eso ha ayudado mucho a que haya confianza
en la ciudadanía
sobre estas transacciones, a que haya confianza en los órganos
de control, y finalmente, cuando hay confianza en unos y otros,
el funcionario también recupera confianza para ejercer confiado
las competencias, las atribuciones de la ley.
Y en el caso de las enajenaciones oficiales,
de los diferentes actos que comprometen los patrimonios públicos,
hemos procedido de manera semejante.
Voy a citar solamente un ejemplo: el de Telecom.
El Gobierno Nacional, antes de perfeccionar
el acuerdo que enajenó parte
del patrimonio de Telecom, publicó ampliamente esas condiciones.
Le puso a la contraparte la obligación de que no se perfeccionaría
el contrato sin tener el visto bueno de los órganos de control,
sin agotar una etapa de amplia publicación para facilitar
el control ciudadano.
Y así fue. Y vinieron unas objeciones de la Contraloría
General de la Nación. El Gobierno las recibió y las
tramitó, y se reabrió el proceso y todo salió bien,
con un buen resultado.
Eso nos está ayudando, entre otras cosas, a que en nuestra
Patria se esté dando un sistema de administración
bastante peculiar de los patrimonios públicos, y diferente
de la tendencia que traía América Latina.
Hace pocos días, en la posesión del presidente Alan
García en el Perú, tenía la posibilidad de
hablar con muchos funcionarios peruanos, y ellos coincidían
con nosotros en que muchos países de América Latina
se vieron sometidos o a un extremo u a otro. O al extremo de mantener
unos patrimonios públicos controlados por burocracias sindicales
o políticas, ineficientes, llenos de dogmatismo, que finalmente
llegaron a su propia ruina. O al otro extremo, el extremo neoliberal
de la década de los 90, de desmantelar el Estado, de desmantelar
el patrimonio público.
Nosotros hemos podido avanzar en el fortalecimiento
del patrimonio público construyendo confianza en la ciudadanía:
un patrimonio público que crezca, que sea sostenible, que
ayude a satisfacer los grandes anhelos comunitarios y que no sea
obstructor de la iniciativa privada. Y en ello contribuye muy eficientemente
la participación comunitaria.
Creo que los dos episodios que vivió el país la
semana pasada, son una clara muestra de la bondad de publicarlo
todo, de esa participación comunitaria.
Me refiero a la licitación para la construcción,
para la concesión del Aeropuerto Eldorado, y a la licitación
para escoger el socio de Ecopetrol en la modernización de
la Refinería de Cartagena. Ambas licitaciones le garantizan
al país una inversión extranjera directa, solamente
por esos dos conceptos, del orden de 1.300 millones de dólares.
¿Cómo se hicieron? En unos procesos cuya transparencia
la protocolizó la publicidad. El jueves, desde horas muy
tempranas, el país siguió a través de la televisión
lo que muchos calificaron la tensa audiencia pública para
adjudicar la concesión de Eldorado.
En lugar de un rumor, en lugar de que todo
se manejara en voz baja, allí se permitió que todos los contratistas,
todos los proponentes, conocieran las calificaciones hechas por
el equipo calificador del Ministerio, de la Aeronáutica
Civil. Que presentaran sus argumentos en contra, que todos los
proponentes pudieran referirse a su propia propuesta y a las propuestas
de los demás.
Y finalmente, en ese proceso público que generó confianza,
se pudo tomar una decisión que el país recibió bien,
que el país recibió con confianza.
Algo parecido ocurrió en el proceso para seleccionar el
socio de Ecopetrol para la Refinería de Cartagena. Un tema
político bien delicado, porque sectores políticos
y sindicales han tenido resistencia histórica a que Ecopetrol
vincule en este tipo de proyectos al capital privado.
No ha sido fácil para el Gobierno, primero, introducir
las reformas que se introdujeron en la parte laboral y pensional
de Ecopetrol, en lo que se llamó el conflicto laboral que
vivimos durante tres años en la empresa, exitosamente conducido
y cerrado por el entonces ministro Luis Ernesto Mejía y
por el doctor Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol.
Y no fue fácil aclimatar en el país y responder
a los sectores que se oponían a que se abriera el espacio
de la participación privada en la Refinería de Barranca.
Si esa decisión, antecedida por tanta discusión política,
no se hubiera implementado con la transparencia con que se implementó,
si no se hubiera perfeccionado de la manera pública como
se hizo la semana anterior, habría creado dudas, suspicacias,
en sectores de opinión. Y el país lo recibió bien,
y con cuánto jubilo y con cuánto entusiasmo lo recibe
la ciudadanía de Cartagena, que allí ve la posibilidad
de una gran reivindicación económica.
Y esto ayuda a que crezca el patrimonio
público, a que
el patrimonio publico no tenga que someterse a cualquiera de los
extremos que se vivían en América Latina: ni a destruirlo
por la vía de desmantelar el Estado, ni al extremo de destruirlo
por no transformarlo, por no reformarlo.
Por ejemplo, yo creo que hoy vale más mucho el patrimonio
público, el patrimonio del Estado colombiano vinculado a
la Refinería de Cartagena, que lo que valía antes
de esta licitación. Teníamos el ciento por ciento
de una refinería en vía a la ruina, en vía
a chatarrizarse. ¿Qué valía eso? Empezaba
a tener un valor negativo. Hoy tendremos el 40, el 50 por ciento
de una refinería que empieza a recibir una inversión
cercana a los 800 millones de dólares, y que va a tener
un gran valor.
Entonces es mucho mejor para el Estado
avanzar en estos procesos de reforma, con toda la transparencia,
garantizar la eficiencia
y el valor del patrimonio público, que permitir que esos
patrimonios públicos se pierdan.
En el caso de Telecom, sí es cierto: hace cuatro años
el Estado tenía el ciento por ciento, con un valor negativo,
unas pérdidas de más de 400 mil millones al año,
una gran incertidumbre para el futuro de los pensionados, de los
trabajadores, de la inversión pública en telecomunicaciones
en zonas donde no llegan las empresas privadas, de la inversión
que se requiere en banda ancha en internet.
Hoy el Estado no es dueño del ciento por ciento, es dueño
del 50 por ciento menos una acción, y eso tiene valor positivo
y un promisorio valor futuro. Es mucho mejor que el Estado sea
dueño de ese 50 por ciento menos una acción, con
todo el valor positivo presente y futuro que se espera, a que el
Estado hubiera seguido asistiendo, como dueño del ciento
por ciento, a la muerte de la institución.
Y esto se ha hecho con unos procesos de
participación comunitaria
que garantizan eficiencia y confianza. Diría yo que finalmente
toda esta tarea de mejorar la administración pública
debe producir un resultado, que es la confianza del Estado en la
administración pública.
Hace cuatro años, solamente el 36 por ciento de las entidades
nacionales habían logrado el fenecimiento por parte de la
Contraloría General de la Nación. En el ejercicio
fiscal de 2005 ya no es el 36 por ciento sino el 72 por ciento.
Dimos un salto importante, pero no estamos contentos.
A mí una profesora solía entregarme en la universidad
las calificaciones en una libretica, y en el anverso me ponía
las cosas positivas y en el reverso las negativas. Y yo le preguntaba:
usted me entusiasma mucho cuando me pone las positivas, y después
volteo la página y encuentro las negativas y me siento muy
triste. La respuesta que me daba era: lo introduzco con las positivas
para prepararlo mentalmente, no para que reciba las negativas,
sino para que las mejore.
Entonces nosotros tenemos que introducir
el tema del fenecimiento con las positivas. Ciertamente hemos
pasado del 36 al 72 por ciento
de fenecimiento. Hasta allí las positivas. ¿Pero
cuál es la negativa? Que todavía tenemos ese 28 por
ciento, que todavía tenemos 56 –57 entidades nacionales,
muchas de las cuales en liquidación, que no han logrado
el fenecimiento.
Uno de los objetivos de la administración
que empieza: obtener el fenecimiento en el ciento por ciento
de las entidades
nacionales.
Y de la mano de este problema, otro: una
gran cantidad de entidades en liquidación, patrimonios que se quedan períodos
ilimitados de tiempo en liquidación. Una de las tareas en
que estamos empeñados es ponerle punto final a esas liquidaciones,
es someter esas liquidaciones a períodos definidos, razonables,
de tiempo, porque continúan indefinidamente, no fenecen
las cuentas, no resuelven el problema frente a los acreedores,
y demandan permanentes gastos de parte del presupuesto nacional.
Pero tampoco podemos conformarnos con el
fenecimiento. Hay que mejorar la calificación. De acuerdo con los rangos de calificación
de la Contraloría General de la Nación, el esfuerzo
que queremos hacer es que cada año, cada entidad muestre
que avanzó en la escalera, en el rango de calificación
de la Contraloría General de la Nación.
Necesitamos mostrarle eso al país, año tras año,
para que el país pueda incrementar su confianza en la administración
pública.
Y el otro objetivo es el de que todas las
entidades nacionales tengan los certificados de calidad. Por
eso celebro mucho los buenos
ejemplos. Ahí está la buena noticia, la mala y el
reto.
¿Cuál es la buena? Entidades ya como el Ministerio
de Educación, con todos los procesos certificados; el Ministerio
de Minas, buena parte certificado; Acción Social de la Presidencia,
ha avanzado mucho en la certificación; Cultura y Ambiente,
ya tienen parciales certificaciones o están próximos
a recibirlas.
¿Qué es lo malo? Que apenas constituyen una mínima
parte de todo ese gran conglomerado que es la administración
pública nacional.
¿Cuál es la tarea? La tarea es avanzar para que
todos se pongan al día, para que todos mejoren y todos puedan
recibir esta certificación.
Les agradezco muchísimo a todos, especialmente a Acción
Social de la Presidencia, la oportuna convocatoria de este foro.
Muchas gracias a Cafam, por recibirnos
acá, doctor Luis
Gonzalo.
Muchas felicitaciones a la Ministra de
Educación y a su
equipo, al doctor Luis Alfonso (Hoyos) y a su equipo.
Y urjamos todos, trabajando denodadamente,
para que de manera rápida veamos todas las entidades nacionales con los certificados,
los más óptimos certificados de calidad.
Recordemos: el fin de la administración pública
es la confianza de los ciudadanos en la administración pública.
Hay unos objetivos para lograr esa confianza:
un Estado eficiente, ágil,
austero, transparente. Y para lograr ello, necesitamos amplia participación
de la ciudadanía.
Finalmente, como dijera el ex presidente
Laureano Gómez,
el tema del Estado, más que de estructuras, es de seres
humanos. El ser humano, responsable de la administración
pública, logra esos objetivos en la medida que haya una
participación ciudadana que lo compulse, que lo presione,
que lo puye a asumir responsabilidades políticas, para que
la entidad a su cargo sea una entidad modelo.
A todos, muchas gracias”. |
