PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE ANTE
CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Bogotá, 6 dic (SNE). Las
siguientes son las palabras del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
durante la conmemoración de los 10 años de la Corporación
Excelencia en la Justicia.
“Nos honra mucho a mis compañeros de Gobierno y a mí acudir
esta tarde a felicitar a la Corporación Excelencia en
la Justicia, por estos diez años de gran esfuerzo en un
campo que, como lo dijera el presidente de la Junta Directiva,
el doctor Rafael Santos Calderón, es poco taquillero.
Es una tarea quijotesca, en la cual hay que tener mucha devoción
para persistir, y sólo en la medida que se persista se
pueden obtener resultados. Diría yo que es una tarea de
mucho esfuerzo, todos los días, para ir obteniendo pequeños
resultados.
Quiero felicitar a todos los responsables de los diferentes
programas que han sido mencionados y a quienes han sido distinguidos
esta noche con los premios que entrega la Corporación.
La doctora Gloria María nos dio cuenta de todos los que
estuvieron en consideración, cual más importante.
Yo tomé desordenadamente nota de algunos de ellos, y quisiera
hacer comentarios a dos o tres.
Primero, siento alguna inhibición para referirme a lo
de Itagüí, por razones regionales, pero es un ejemplo
para el país.
Me ha sucedido algo paradójico: cuando la señora
magistrada Lucía Arbeláez dirigía el programa
en Itagüí, lo conocí. Ese día pensé que
era el mejor esquema para garantizar la independencia, la autonomía
en la administración de justicia. Y el conocimiento de
ese sistema me llevó a concluir que en presencia de esos
mecanismos, se podía pensar en que no existiera el Consejo
de la Judicatura.
Por eso, cuando en el año 2002 presenté la propuesta
que eliminaba el Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de
lo que había discutido con muchos compatriotas en esa
campaña presidencial, pensábamos que alternativas
como el programa de los juzgados de Itagüí eran suficientes
para garantizar la autonomía de la justicia.
Se ha discutido mucho el tema del Consejo de la Judicatura.
He tenido oportunidad de deliberar con sus magistrados. Sigo
creyendo que por lo menos cabe una reforma de fondo en una de
sus salas, y que se puede garantizar la reforma, la autonomía
de la justicia con unos mecanismos más gerenciales, que
podrían sustituir algunas de las jerarquías que
hoy están en el Consejo de la Judicatura. Respetuosamente,
creo que debemos insistir en el tema.
Yo acepté no insistir en la propuesta de 2002, pero sí creo
que la reforma se requiere. Esta noche la mayor mención
la ha recibido esa organización de juzgados de Itagüí,
que yo creo que el país debería mirarla como un
esquema organizativo para garantizar, con la mayor eficiencia
y al menor costo, la autonomía de la justicia.
Quiero destacar muchos esfuerzos que se han hecho. El esfuerzo
arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, el
esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia, los esfuerzos que se
han venido haciendo en el Tolima y en el Archipiélago
para sincronizar la justicia formal del Estado con la justicia
de las comunidades indígenas o de la comunidad raizal.
Eso une la Nación alrededor de la justicia en medio de
la diversidad, y expresa plenamente el sentido de la Constitución
del 91. Ojalá desde el Ministerio del Interior y de Justicia
podamos contribuir a esos procesos.
Quero destacar los esfuerzos, en materia de protección
de los derechos de la mujer, de la Casa de Justicia de Cali,
de Aguablanca.
Quiero destacar las 44 Casas de Justicia. Qué acierto
el del Gobierno que las concibió en el año 94.
Cuando nosotros comenzamos en el 2002, eran 18. Hoy hay 44.
Y asegura el Director que en julio de 2010, cuando estemos en
la víspera de entregarle al Gobierno que habrá de
sucedernos, de transferirlo, tendremos otras 24. ¿Se compromete?
Realmente se siente la transformación en el entorno social
alrededor de las Casas de Justicia y se siente para bien.
Muchas felicitaciones, pues, a todos quienes han recibido este
reconocimiento de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Doctor Rafael y doctora Gloria María, muy difícil
para mí referirme a algunos temas de la reforma a la justicia
que están en curso en el Congreso de la República,
porque muchas veces yo digo: bueno, no opinemos, a ver si se
estimula el consenso, y el consenso no se da.
Y otras veces digo: bueno, aquí hay una autonomía
de la Justicia, hay una división del Estado en ramas,
pero el Presidente de la República tiene que animar unas
tesis, porque tiene que cumplir con sus tareas de Jefe de Estado.
Déjenme, sin embargo, hacer unos comentarios respetuosos
esta noche.
En primer lugar, al tema de la nueva Ley de Penas.
Ustedes han evaluado hoy el régimen acusatorio, el sistema
acusatorio. Y veo que la evaluación es buena. Aquello
que me preocupa de la parte que debe corregirse, que debe mejorarse,
es la necesidad de procesar a los grandes criminales.
Eso está directamente relacionado con la política
de Seguridad Democrática. La tarea de la justicia frente
a los grandes criminales, solamente se facilita en la medida
que haya una decisión del Ejecutivo de derrotarlos.
Por eso, en el contexto de esa preocupación de la Corporación,
déjenme reiterar ante ustedes toda la voluntad, sin reserva
alguna, del Ejecutivo, para derrotar las expresiones del gran
crimen en Colombia.
Hoy asistimos a ascensos militares muy importantes, y mañana
asistiremos a dos graduaciones en Bogotá: en la Escuela
de Policía General Santander y en la Escuela Militar José María
Córdova, a la graduación en la Escuela Marco Fidel
Suárez en Cali y en la Escuela de la Armada, en la Isla
de Manzanillo, en Cartagena.
Hoy lo repetimos, y mañana nuevamente lo haremos, nuestra
determinación de derrotar todas esas expresiones de criminalidad.
Expresé, y repetiré mañana, que la historia
del paramilitarismo debe quedar atrás, que la decisión
del Gobierno es respetar el proceso de paz a quienes lo cumplan,
y derrotar militarmente a quienes persistan.
Que revisada su etimología, cuando hay toda la determinación
de proteger con la Fuerza Pública todas las regiones de
Colombia, esa decisión, acompañada de la voluntad
de la Fuerza Pública, no debe permitir que criminal alguno
se llame paramilitar, con el pretexto de justificar su horrenda
acción en la persecución de la guerrilla y en la
tarea de llenar vacíos del Estado.
Sobre eso hicimos una amplia explicación esta mañana
en la Escuela José María Córdova, y la haremos
mañana, repetidamente, en las cuatro graduaciones.
Creo que en la medida que avancemos con la Seguridad Democrática,
en el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales,
se facilita la acción de la justicia en el punto que ustedes
reclaman.
Me preocupa muchísimo, sí, alguna percepción
ciudadana de crecimiento de impunidad en otro tipo de delitos
en las grandes ciudades. En robo de vehículos, en hurto
a personas, en hurto a establecimientos de comercio y en otro
tipo de delitos.
Y hay la falsa idea, que debemos evitar que prospere, de que
eso se debe al sistema penal acusatorio. Yo creo que nada tiene
que ver con eso. Yo creo que se debe a que nos falta en la reforma
a la justicia ajustar unas disposiciones.
Por eso hemos propuesto una nueva Ley de Penas. Y en las discusiones
con el Fiscal General de la Nación y el Congreso, hemos
aceptado que no se trata necesariamente de aumentar penas, sino
para algunos delitos eliminar la posibilidad de la excarcelación.
Hay un sentimiento ciudadano de que hay benignidad para excarcelar,
y eso nos maltrata uno de los objetivos del sistema acusatorio,
al cual se referían ustedes, que es justamente buscar
un sistema más garantista. Tiene que ser más garantista,
pero tiene que ser más eficiente.
Y si en nombre de ser garantista se llega a un manejo permisivo
de la excarcelación, entonces deja de ser eficiente.
Por eso, para lograr ese equilibrio entre un sistema garantista
y un sistema al mismo tiempo eficiente, equilibrio que lo mide
en muy buena forma la percepción ciudadana, nosotros creemos
en la necesidad de aprobar esta nueva Ley de Penas, que más
que modificación de penas, debe orientarse a limitar posibilidades
de excarcelación.
Allí se ha discutido mucho el tema del principio de oportunidad.
Me dijo el Ministro esta tarde (y el señor Fiscal General
de la Nación me lo confirmó) había aceptado
retirarlo para que el proyecto de ley siga su curso y darle más
tiempo a que el país continúe en el examen, en
la discusión de si conviene o no introducir en nuestra
legislación el principio de oportunidad.
En otros aspectos de procedimiento, el proyecto de ley se ha
simplificado muchísimo. Y el acuerdo que tenemos con ponentes
de Congreso, con el Ministro, el señor Fiscal General
de la Nación, es que en esa parte vaya exclusivamente
a lo urgente.
He pedido esta tarde a los congresistas ponentes y a los presidentes
de las Comisiones Primeras, que se haga el esfuerzo en lo que
queda de esta semana y en la entrante, para que por lo menos
ese proyecto de ley haga tránsito, a ver cómo lo
tenemos aprobado en las primeras semanas del siguiente período
legislativo.
Tenemos también en el Congreso un proyecto de ley estatutaria,
que necesitamos convertir en Ley de la República, que
tiene puntos muy importantes para descongestionar la justicia,
puntos muy importantes para ir avanzando en sistemas de justicia
para las pequeñas causas, puntos muy importantes como
aquel de generalizar la oralidad, que está dando muy buenos
resultados en el capítulo penal.
Y está el tema de la reforma constitucional. En el nuevo
aniversario de la Corte Suprema de Justicia, me referí ampliamente
al tema. Con todo el respeto por los muy destacados juristas
que nos acompañan esta noche, déjenme insistir
en la necesidad de tramitar esa reforma constitucional.
No es bueno para la credibilidad de la justicia en el país,
que el tema se aplace. Yo creo que el aplazamiento del tema,
el riesgo del enfrentamiento de jurisdicciones, crea mucha incertidumbre,
afecta la seguridad jurídica, la confianza de los ciudadanos
en su administración de justicia, y también la
confianza de los inversionistas.
Yo no voy a hacer nuevamente el recuento que hice ante la Corte
Suprema de Justicia, de las diferentes propuestas que ha hecho
el Gobierno. Déjenme tratar de llamar la atención
sobre el presente momento.
Hablando con magistrados de las diferentes Cortes, creo que
si se hace un esfuerzo entre todos y cada uno cede un poquito,
se puede lograr un acuerdo. Todo acuerdo es una renuncia parcial
a aspiraciones, todo acuerdo deja una satisfacción parcial
y una insatisfacción parcial.
En alguna forma exige aplicar el principio de Santo Tomás:
la distribución equitativa de la inconformidad.
Creo que podríamos buscar el acuerdo y que nos ayudara
el Procurador, nos ayudara el Fiscal, nos ayudara el Defensor.
Y lo propongo no ex cátedra. Porque si uno simplemente
habla de que se busque el acuerdo, se nos van a pasar estos cuatro
años y no lo van a lograr.
Lo que les voy a decir tiene algún contenido, pero no
es ex cátedra , es explorando opciones: buscar que la
reforma deje asignadas, de manera clara, las competencias para
conocer de las acciones de tutela dentro de las respectivas jurisdicciones.
Entonces que cada jurisdicción organice toda su jerarquía
en materia de jurisprudencia frente a la acción de tutela.
Dejar claramente establecido este principio.
El otro punto es más contencioso: la competencia de la
revisión ¿Quién revisa? Entonces ahí viene
un tema en el cual yo quiero insistir ante la honorable Corte
Suprema de Justicia.
Yo escribí, cuando la Constitución del 91, primero,
que no había sido tema de la convocatoria, y participamos
muy activamente como movimiento político en la elección
de los constituyentes y en la razón de esa convocatoria,
lo de la creación de la Corte Constitucional.
Escribí que me parecía que el control constitucional
que había hecho nuestra Corte Suprema de Justicia era
un control muy eficaz, respetable, que allí no tenía
Colombia problemas. No estuve de acuerdo con la creación
de la Corte Constitucional.
Lo manifesté en múltiples ocasiones, aun siendo
candidato a la Presidencia de la República para las elecciones
del 2002. Pero la crearon. Y estamos ante una institución,
ante un mandato constitucional que tenemos que acatar, respetar
y contribuir a que produzca buenos resultados para Colombia.
Cuando se habla de que el órgano de cierre de cada jurisdicción
debe ser el competente, yo distribuyo esa competencia en dos.
Una para conocer de las acciones de tutela, que estoy de acuerdo
que cada órgano sea competente para definirlo en la jerarquía
de su jurisdicción. Y cuando se habla de la revisión
de las tutelas, creo que no debemos despojar de esa competencia
a la Corte Constitucional.
Finalmente es el órgano de cierre en materia constitucional.
Finalmente los derechos que se tutelan, fundamentales o sociales
por asociación, están incorporados al rango constitucional.
Finalmente la figura, la institución de la tutela, es
de creación constitucional. Por eso esa revisión
no debe disputársele a la Corte Constitucional. Lo digo
muy respetuosamente.
Y sé que en cada ocasión que hablo del tema, parecería
ser que, en lugar de contribuir a construir un consenso, creara
una contradicción con quienes piensan de manera diferente.
Pero yo les rogaría entender, muy respetados magistrados,
que el Gobierno tiene una justa preocupación, porque todos
los días se insiste en el tema de choque de jurisdicciones,
se llama al consenso y no avanzamos hacia el consenso.
El tercer punto sería insistir en la reglamentación.
Lo que está presentado en el proyecto de acto legislativo,
como principio de discusión. Si hay que avanzar más
en materia de reglamento, se hace.
Si es posible tratar de enmarcar algunos contenidos de lo que
serían las excepcionalidades de hecho para esas revisiones
de tutela, de sentencias de las Altas Cortes, podría intentarse.
Ahora, el Gobierno no tiene obstinación en que eso deba
quedar en el nivel constitucional o en nivel de ley estatutaria.
¿Por qué presentamos la propuesta del acto legislativo?
Porque nos parece que contribuye a dar más claridad frente
a las interpretaciones jurisprudenciales. Que cierra espacios
para que las interpretaciones jurisprudenciales no lo vayan a
desfigurar.
Pero si el acuerdo nos dijere: hagamos en ley estatutaria, el
Gobierno esta dispuesto a aceptarlo y a impulsarlo en el Congreso
de la República.
Les he preguntado a algunos congresistas: hombre, ¿ustedes
por qué insisten en despojar a la Corte Constitucional
de la revisión de las sentencias sobre tutelas de las
otras Cortes?
Entre los argumentos que me han dado, me han dado los argumentos
de que se necesita unificación jurisprudencial, y me han
dado también el argumento de que discrepan de algunos
fallos de la Corte Constitucional, que han creado inseguridad
jurídica en Colombia.
Sin hablar ex cátedra , con el respeto por los conocimientos
de ustedes, permítanme decirles que creo que puede haber
más organización jurisprudencial, más orden
jurisprudencial, cuando sea un solo órgano el competente
para conocer de las revisiones contra las sentencias sobre tutelas
de los diferentes órganos.
Temo que lo contrario, la posibilidad de que haya un mecanismo,
un procedimiento en el órgano de cierre de cada jurisdicción
que sea equivalente a esa revisión, puede traernos el
riesgo de una gran dispersión, de un peligroso desorden
jurisprudencial.
Y el otro argumento. Sí, todos discrepamos de fallos.
Los jueces discrepan del Ejecutivo, el Ejecutivo discrepa de
fallos. Los ciudadanos quedan contentos con unos fallos, a los
ciudadanos no les gustan otros fallos.
Ha existido algún alto consenso sobre la inconveniencia
de algunos fallos de la Corte Constitucional. ¿Qué respuesta
les he dado a los distinguidos congresistas que invocan ese argumento
para sustentar el propósito de despojar a la Corte Constitucional
de la competencia de revisión de sentencias sobre tutelas?
La Corte Constitucional es una institución muy nueva.
Yo diría que está apenas en el proceso de formación
de su jurisprudencia. Y el camino enseña. Yo estoy seguro
que al momento de conocer temas que tienen gran incidencia en
la vida económica y social de la Nación, la Corte
todos los días se detendrá más para mirar
el impacto de esos temas.
Creo que le ha faltado al sector privado colombiano y al Ejecutivo
tener, dentro del debido respeto a la independencia de los poderes,
una mayor comunicación con las Cortes, en este caso con
la Corte Constitucional, para hacer ver, como elementos que deban
tener en consideración los honorables magistrados antes
de sus fallos, el alcance del impacto económico, del impacto
social, del impacto en inversión de esos fallos. Creo
que es una de las cosas que hay que corregir.
Con mejor interlocución y con ese proceso de consolidación
de la Corte Constitucional, yo creo que podríamos tener
confianza de que sus fallos, en lugar crearles elementos de incertidumbre
a la inversión, a la vida económica y a la vida
social, todos los días ayudarán a tener más
seguridad jurídica en el país.
Qué bueno, Procurador, Defensor, que animaran ustedes,
con el ministro (del Interior y de Justicia, Carlos Holguín)
unos diálogos entre las Cortes, a ver cómo tenemos
un acto legislativo o un proyecto de Ley Estatutaria para el
mes de marzo.
También les digo: si llegare a haber un consenso y en
ese consenso estos puntos son descartados, el Gobierno lo acepta.
Si a mí me dicen: hay un consenso entre las Cortes, la
reforma deber ser ésta, y ese consenso rechaza los puntos
que ha propuesto el Presidente de la República, digo:
olvídense de mis propuestas y apoyemos el consenso que
han logrado las Cortes.
Pero lo más importante es que lo logren y lo tramitemos,
para quitarle esa angustia al país.
Celebro que estemos avanzando en la organización de la
defensa judicial de la Nación. Ahí hay una preocupación
enorme y, por fortuna, a eso se le está poniendo orden,
internamente y frente a las Cortes Internacionales.
Y da mucho gusto constatar hoy que el tema no lo tiene que publicar
el Gobierno, sino que generosamente ustedes, en la Corporación
Excelencia en la Justicia, lo han destacado.
Yo no quisiera tomar más tiempo hoy. Como estamos próximos
a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del Libertador,
y de empezar el período de vacaciones de la administración
de justicia, los invito a que nos ayuden a razonar sobre estos
temas.
Ojalá en el periodo marzo – junio del Congreso,
le entreguemos al país la Reforma Constitucional o, en
su efecto, la Ley Estatutaria. Los contenidos de la Ley Estatutaria,
que hoy está en trámite en el Congreso. Y pediría
que nos ayudaran en la Ley de Penas.
Yo hago especial énfasis en que esa ley nos ayude a evitar
la permisividad en la excarcelación, que nos está haciendo
mucho daño en la política de Seguridad Democrática,
y que está creando en la opinión pública
el equívoco de que esas fallas son imputables, cuando
no lo son, al régimen acusatorio que todos tenemos que
apoyar para que tenga mucho éxito.
A la Corporación, muchas felicitaciones. A usted, doctor
Rafael. A sus compañeros de Junta Directiva, a la doctora
Gloria María, y en la Presidencia de la República
tienen un embajador que, por todo su conocimiento, su solidez
jurídica, nos tiene que ayudar a avanzar en las reformas
a la justicia.
A todos, muchas gracias”.
