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7 de Diciembre

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN ASCENSOS DE LA ARMADA NACIONAL

Cartagena, 7 dic (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la ceremonia de ascensos de la Armada Nacional, celebrada en la Escuela Naval Almirante Padilla.

“Es este 7 de diciembre un día esperanzador para la Patria. A primera hora asistimos, en la Escuela Francisco de Paula Santander, a la graduación de los subtenientes de la Policía, y allí se ascendió al Comandante de la Policía (General Jorge Daniel Castro Castro) al grado de General de tres Soles.

Horas después, en Bogotá, en la Escuela José María Córdova, asistimos a la graduación de los subtenientes del Ejército, y ascendió a General de tres Soles el señor General Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército.

Esta tarde, en Cali, asistíamos a la graduación de los subtenientes de la Fuerza Aérea Colombiana, y esta noche aquí, en la Escuela Almirante Padilla, asistimos a dos eventos de gran trascendencia; el vicealmirante Guillermo Barrera Hurtado asciende a Almirante, en pleno ejercicio de Comandante de la Armada Nacional. Tantos años de servicio a la Patria, de tarea brillante, disciplinada, abnegada, lo hacen acreedor a ese ascenso. En una hora definitiva, cuando Colombia tiene que derrotar el terrorismo, llega el almirante Guillermo Barrera Hurtado a la cúspide de la Armada Nacional.

Y nos reunimos para otro evento de gran trascendencia: la graduación como subtenientes de los guardias-marina de la Armada. Una pléyade de jóvenes de las mejores condiciones, que han tomado la decisión patriótica de dedicar a Colombia sus mejores años, exclusivamente sus energías.

Se destaca la presencia de la mujer, quien da ejemplo en la manera como ejerce las competencias de la vida pública, como administra los recursos del Estado, como enfrenta los desafíos que maltratan a la sociedad colombiana.

A la familia del almirante Guillermo Barrera Hurtado, Ana María, su señora, sus hijos, a su padre, nuestra gratitud por acompañarlo, durante tantos años, con el afecto y la calidez del hogar, con el amor, para que él hubiera servido como ha servido a Colombia, y nuestra gratitud por la compañía que seguirán brindándole, para que continúe sirviendo bien en esta hora definitiva de la Patria.

Saludo, con afecto, a los papás, a las mamás, de estos jóvenes que se gradúan esta noche como subtenientes de la Armada. En una Patria como la nuestra, que ha tomado la determinación de derrotar el terrorismo, entregar un hijo para portar las armas de la República es exponerlo a un riesgo por el bien superior de la tranquilidad de sus conciudadanos.

Cuando se tiene amor de padre, mucho más cuando se tiene aquel amor que sólo conocen las madres, se puede entender qué es desprenderse de un hijo, para que se dedique a la riesgosa y noble tarea de portar las armas de la República, en una Nación donde todavía el terrorismo desafía.

A esos papás y a esas mamás, nuestra gratitud, desde el fondo del alma nuestro aplauso por este sacrificio de amor que hacen por la Patria colombiana. Muchas gracias papás y mamás, por entregar sus hijos a la Armada para servir a Colombia.

Se destaca en esta promoción el teniente de corbeta Rodrigo Daza Pulido, primer puesto, quien ha recibido la medalla Francisco José de Caldas. Representa él, como su promoción, los mejores valores de la juventud colombiana. Una juventud expresada esta noche en este grupo de la Armada, que quiere un Patria sin terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar, sin narcotráfico, sin corrupción. Una Patria donde primen las instituciones democráticas, una patria con honor militar, con honor en la política, con honor en el Gobierno, con honor en la vida civil. Una patria que recupere los mejores valores, aquellos que garantizan la convivencia.

Durante muchos años, durante lustros, los poderes del crimen fueron desalojando los poderes institucionales de la Patria. La política, la justicia, la Fuerza Pública, fueron desalojados en muchas zonas por las bandas criminales. Durante años prosperaron las guerrillas. Los gobiernos centrales conocían de ellas, pero las regiones no recibían una respuesta que garantizara la defensa de los ciudadanos asediados por los criminales guerrilleros.

Prosperó el narcotráfico, en el desespero llegaron los mal llamados paramilitares, la sociedad quedó totalmente despojada de la protección oficial. Unos tenían que someterse a las guerrillas, otros tenían que someterse a los paramilitares, y todos los días se desvanecía más la eficacia del Estado. Era un Estado que quedaba en las formas, derrotado en su contenido. Recuperarlo es lo que llamamos el proceso de reafirmación institucional de la Nación, para que prevalezca la Constitución, para que en lugar de guerrillas y paramilitares haya Fuerza Pública, para que en lugar de narcotráfico y de corrupción, se imponga la justicia.

En esa tarea estamos, y estos jóvenes que se gradúan en la noche de hoy, 7 de diciembre, se convierten en un activo muy importante para liderar esta tarea.

Queremos avanzar en la institucionalización total de la Nación: que nunca más los colombianos tengan que depender de paramilitares, que nunca más tengan que temer a guerrilla, que nunca más los colombianos vean que por falta de Estado el narcotráfico se impone sobre la gente de bien, que nunca más los colombianos vean que la corrupción puede ser campeona sobre el manejo transparente de los asuntos públicos y de los asuntos colectivos.

Hemos estado en un proceso de paz, que surge de nuestra política de Seguridad Democrática.

Lo abrimos porque queremos una Nación en la que no haya ningún poder criminal. Hemos avanzado de buena fe. Hoy necesitamos decir en Cartagena, al oído de todos los colombianos, que el paramilitarismo tiene que ser un fenómeno del pasado, cuyas secuelas todavía no se han superado plenamente, y no que podrá ser un fenómeno activo del presente ni del futuro.

La etimología de la palabra en la historia de Colombia se origina, justamente, en aquel desespero de muchas regiones, por el asedio guerrillero y la ausencia de la defensa estatal, de la institución legítima.

Conocía el país al paramilitarismo como bandas al margen de la ley, organizadas para derrotar la insurgencia guerrillera. Hoy la situación es distinta: se ha dado una oportunidad en un proceso de paz, para que se reintegren a la vida constitucional, y el Estado está haciendo todos los esfuerzos para copar la totalidad del territorio con la Fuerza legítima del Estado.

Los esfuerzos del Estado, de la sociedad, los esfuerzos heroicos de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, la Justicia, el DAS, esos esfuerzos indican que ya no puede haber en Colombia justificación, explicación alguna, para que bandas de criminales, para que bandas irregulares se erijan como legítimos voceros de la defensa de la ciudadanía contra el asedio guerrillero.

En aquellas zonas donde se ha desmovilizado el paramilitarismo, por ejemplo en el Catatumbo, en Norte de Santander, en Urabá, en el Paramillo, en muchas otras regiones de Colombia preguntan los ciudadanos: ¿y quién nos va a defender? Hemos contestado: la institución legítima del Estado.

Cuando buscamos el bien superior, que es la paz y la tranquilidad, hay que hacer una reflexión, apreciados compatriotas: nadie puede dormir tranquilo en una región, si está a la espera de un ataque guerrillero, o si sabe que aquello, lo único de lo cual puede proveerse, es una defensa paramilitar.

La única tranquilidad, el sosiego posible, la calma en el alma, solamente la da cuando la institución legítima del Estado es la que copa con eficacia y con transparencia todo el territorio.

Cuánto mejor tener que superar contratiempos, reveses, dificultades, en el proceso de copamiento con Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea del territorio, que tener que acudir a los caminos del sometimiento a la guerrilla, o de la dependencia del paramilitarismo.

Lo digo, apreciados subtenientes, suboficiales, oficiales, comandantes y Ministro, con la autoridad moral de nuestro Gobierno, que desde el principio escogió el camino de la institucionalidad.

Jamás hemos permitido –cual esperanza albergaban mis críticos–, que bajo nuestros auspicios, las Fuerzas legítimas en alguno de sus componentes, se unieran con fuerzas ilegítimas para combatir criminales.

Hay sombras del pasado, donde algunas fuerzas legítimas fueron estimuladas a unirse con bandas criminales para derrotar a otros criminales. Ese no es nuestro camino.

Nuestras convicciones democráticas y cristianas nos han llevado a la decisión, desde hace mucho rato, de entender que lo único que reconstruye la reconciliación total del país, que lo único que cura todas las heridas, que cicatriza el odio, es el avance institucional hacia la paz.

De pronto, si subrepticiamente nos hubiéramos unido con paramilitares, lo cual no habría aterrorizado a nuestros críticos, habríamos avanzado más velozmente contra las Farc y el Eln.

Hemos avanzado más lentamente. Con reveses y dificultades hemos tenido que abrir muchas tumbas, como hace pocos días, para sepultar 17 soldados que nos asesinaron en Ocaña, y semanas antes para sepultar los policías asesinados en Tierradentro, Córdoba. Pero este camino, el de la apelación exclusiva a la institucionalidad, es el único correcto.

Las decisiones recientes, que generan mucho comentario en el país, se han dado por la circunstancia de que el Gobierno, que ha tenido toda la buena fe para avanzar en la Seguridad Democrática y en el proceso de paz, para defender nuestra Ley de Justicia y Paz y ese proceso ante la comunidad internacional y ante la comunidad nacional, no puede permitir que ese proceso avance en medio de impunidad frente al delito.

La semana anterior, cuando estuve en Medellín, pregunté por unos crímenes, y me dijeron: es que a fulano lo mataron por que era mafioso, es que a fulano lo asesinaron porque debía un dinero. Eso es una respuesta equivocada, ningún crimen se puede justificar.

Tal vez la indefensión de los colombianos, abandonados tantos años a la suerte de los criminales, que no han visto un Estado con toda la determinación para protegerlos, tal vez ese fenómeno fue creando aquella reacción de contra-cultura, de aprestarse primero a buscarle justificaciones a un crimen, que a repudiarlo.

No hay crímenes buenos y malos, todos son horrendos.

Una Nación que tiene que unirse alrededor de sus valores espirituales, de sus creencias religiosas, de su moral, de su voluntad de ética, de su ordenamiento jurídico, tiene que garantizar el derecho a la vida para todos, sin buscarle justificaciones al asesinato.

Qué es eso que entonces cuando asesinan a alguien, ya se pregunta en Colombia en los últimos 30 – 35 años, antes que repudiar el crimen: ¿por qué lo mataron? Que porque era mafioso, que porque era auxiliar de la guerrilla, que porque era auxiliar del paramilitarismo, que porque estaba en una discoteca con la novia de un narcotraficante, para así encontrarle justificaciones al crimen, y entonces abstenerse de repudiarlo y de laguna forma crearle ambiente social a la impunidad.

El repudio al crimen tiene que ser total, no importa qué se señale sobre la víctima, es el único camino para que este país le de felicidad, certeza, a las nuevas generaciones.

Unas generaciones que se levantan en un país donde no hay respeto a la vida, son unas generaciones que no tienen seguridad sobre el futuro de esa Patria, que no tienen seguridad sobre el potencial de vivir felices en esa Patria.

Justamente, por casos irregulares que se podrían haber presentado en ese proceso, hemos tomado la decisión que el país conoce del traslado a la cárcel de Itagüí.

Algunos de los que están allí, de manera directa o indirecta, han insinuado que esos crímenes pudieron ser cometidos por sectores del narcotráfico, en asocio con oficiales de la Fuerza Pública.

El Comisionado de Paz y mi persona hemos tomado la decisión de contarle esto a la Fiscalía y de divulgarlo públicamente ante toda la opinión. Le hemos pedido al Fiscal que examine todas esas hipótesis, porque no podemos permitir que haya impunidad, y tampoco podemos permitir que injustamente se mancille el honor de la Fuerza Pública.

Si hubiera algún oficial comprometido en crímenes, tiene que ser sancionado de manera ejemplar y llevado a la cárcel. Pero si la hipótesis es, simplemente, una conseja turbia para desacreditar a la Fuerza Pública, la misma administración de justicia nos tiene que ayudar a desvirtuar totalmente esa hipótesis.

El Fiscal General de la Nación ha asumido el liderazgo para ayudarnos en la tarea de hacer claridad, a fin de que si hay responsabilidades penales, se señalen individualmente.

Nosotros queremos ese proceso de paz, como queremos todo proceso de reconciliación. Lo que no podemos permitir es que un proceso se desacredite, y se puede desacreditar cuando al oído del Gobierno llegan quejas fundadas sobre crímenes, y el Gobierno, por guardar aparente tranquilidad, no las denuncia, no toma medidas y prefiere cabalgar sobre el lomo amable, entre comillas, de la impunidad.

¿Qué debe seguir en este proceso? Que se aplique la Ley de Justicia y Paz. Que empiecen las audiencias, la verdad, la entrega de bienes, los procesos de reparación.

Una Ley de Justicia y Paz que se discutió durante tanto rato, que tuvo controversia nacional e internacional, que fue examinada y en alguna forma ajustada por la Corte Constitucional, es una Ley que hoy merece su aplicación total.

Trae beneficios para aquellos que a ella se someten, pero no impunidad. No es una Ley simplemente de perdón, como en el pasado. Es de reconciliación, pero también de justicia.

Eso marca la diferencia entre este proceso y anteriores, cuando, el país todavía lo recuerda, en nombre de una ley y de un proceso anterior, algunos pasaron de ser criminales pirómanos que incendiaron el Palacio de Justicia, produjeron el holocausto de los magistrados, patrocinados con el dinero del narcotráfico, y a las semanas se estaban pretendiendo liderar el Congreso, aspirando a la Presidencia de la República y convirtiéndose en los críticos morales de la Nación.

Un día critican este proceso porque, según ellos, es un proceso entre el Gobierno y compinches paramilitares. Al otro día lo critican porque, según ellos, es la impunidad del narcotráfico. Pero cuando pasa el tiempo, el Gobierno demuestra su firmeza, queda claro ante las mayorías colombianas que aquí no hay contemplaciones con la guerrilla ni con el paramilitarismo, que lo procesos no se pueden defraudar, y el Gobierno impone la autoridad, ahí salen los críticos de la víspera, los que decían que no se podía negociar con el paramilitarismo, los que criticaban al Gobierno de estar negociando con compinches, aquellos que señalaban al Gobierno de estar creando impunidad para narcotraficantes, cuando el Gobierno impone autoridad para que el proceso sea transparente, los críticos de la víspera se desgarran las vestiduras, para salir a decir que hay que salvar el proceso, y empiezan a tender puentes de contubernios, de alianzas, de esos políticos con quienes están en la cárcel.

Es bueno que el país lo observe y lo analice. Por supuesto, nosotros queremos la verdad. Este Gobierno ha sido un Gobierno de controversia, de búsqueda de la verdad, de diálogo de todos los días y de todas las horas con el pueblo colombiano. Diálogo con afecto con el pueblo colombiano, diálogo sincero con el pueblo colombiano. Diálogo, en el que muchas veces toca decir no, pero ha sido un Gobierno permanentemente ejercido en las calles, en las plazas públicas, en las escuelas, con grandes audiencias. Un Gobierno de democracia participativa, un Gobierno comunitario.

Este Gobierno de diálogo con el pueblo ha sacado adelante, con el heroísmo de la Fuerza Pública, nuestra Política de Seguridad Democrática. Este proceso de paz, esto que hoy se conoce cuando se recupera la justicia, es consecuencia de esa política. Y esa política nos lleva a rodear de garantías la verdad.

Hoy se ha ordenado que las familias de personas que están en Itagüí, familias que deben recibir protección del Estado, el Estado les brinde protección. Eso no es extraño a nuestra política, ni a nuestro Gobierno comunitario. Nuestra Seguridad Democrática ha demostrado en estos años ser para todos los colombianos. Para apoyar a quienes piensan en la línea del Gobierno y para dar protección a la oposición. Esta política ha buscado proteger por igual al líder empresarial, que al líder sindical. Esta política ha protegido, cuando ha sido necesario, a los desmovilizados.

Por eso que a nadie le extrañe que, como otra expresión del carácter democrático de nuestra política de seguridad, se haya tomado la decisión de proteger, cuando sea necesario, a las familias de aquellas personas del proceso de paz que hoy están en la cárcel de Itagüí.

Hay 40 desmovilizados. Cifra inmensa. En España apenas han sido pocas docenas los terroristas que han maltratado esa democracia. También pocas docenas en Irlanda. Hace cuatro años aquí se hablaba de 60 mil terroristas. Hace cinco o seis años, los analistas internacionales les decían a los inversionistas: 'absténganse por lo pronto de invertir en Colombia. En Colombia avanzan las Farc hacia la toma del poder. Antes de invertir en Colombia, esperen que llegue el gobierno de las Farc a ver qué condiciones van a imponer'.

Eso lo revertimos. Hoy avanza la Fuerza Pública, construyendo victoria sobre esos terroristas que hace cuatro años parecían inderrotables. Se está cumpliendo el presagio del filósofo: en la historia de la humanidad, nunca un Estado democrático, transparente, de buena fe, ha sido derrotado por el terrorismo. Siempre finalmente el terrorismo ha sido derrotado por el Estado democrático.

A pesar de lo que falte, hemos avanzado. Y en el avance están 40 mil desmovilizados. Quiero decirles a ellos y a quienes están en la cárcel: los que cumplan con el proceso, tienen todas las garantías. Los que violen la ley y las condiciones del proceso, serán sometidos a la persecución implacable de la justicia y de la Fuerza Pública.

En adelante Colombia en las regiones hablará de Fuerza Pública para combatir el terrorismo. No aceptaremos que se hable de paramilitares, porque entendemos que ese nombre surgió porque había unas fuerzas que presuntamente se habían organizado de una manera irregular para enfrentar la insurgencia. Lo único valido hoy, en el precepto jurídico y en los hechos, para combatir la insurgencia, es la acción institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía de la Nación.

Esos 40 mil desmovilizados tienen todas las garantías, desde que cumplan con la ley. Nuestra decisión es acabar con lo que se llaman 'Águilas Negras', nuevas bandas emergentes, con toda expresión de criminalidad.

Quiero decir ante ustedes, subtenientes graduandos, que uno de los sueños de mi alma es poder, al final de este Gobierno, en el ejercicio de la vida posterior a la Presidencia, si Dios me la depara, mirar a mis compatriotas a los ojos, con la conciencia tranquila de no haberme abstenido, como Presidente de la República, de combatir una sola expresión de criminalidad.

Por eso, toda expresión de criminalidad, en la compañía valerosa del Ministro, de los comandantes y de esta juventud que hoy se gradúa, la tenemos que combatir.

El Comisionado de Reinserción recorrerá esta semana el país. Hablará con todos los grupos de reinsertados. Les reiterará todas las garantías a quienes cumplan. No es fácil la tarea, son 40 mil. Hablar de ese número en una oficina, no es difícil. Apropiar las partidas presupuestales para financiar tamaño proyecto de reinserción, adelantarlo, controlarlo, avanzar en educación, en formación técnica, en búsqueda de proyectos productivos, en búsqueda de empleos, es muy difícil. Pero el Gobierno está en frente de esa dificultad, para superarla.

Los reinsertados tienen una o dos caminos: o reincidir en la delincuencia y llevar su vida por el despeñadero del fracaso, o cumplir con las leyes y permitir que este proceso de reinserción contribuya a reencontrarlos con la vida tranquila de las familias, con la vida de la Constitución de la Nación.

Por supuesto que hay temores. Los hechos de violencia que hemos enfrenado exitosamente en Cali, nos indicaron que allí las Farc estaban contratando criminales no afiliados a esa organización. Pagando sicarios, como sicarios son los de las Farc. Eso no lo vamos a combatir con paramilitares, ni irregularmente.

Lo hemos combatido con nuestra Fuerza Pública, de cara al sol, contándole a todo a la opinión, y lo haremos hasta que los derrotemos.

En algunas regiones quiere reaparecer la guerrilla, pero allí la Fuerza Pública todos los días tiene que ser más eficaz para dar confianza a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que organizarse para cooperar con la Fuerza Pública.

Hemos sabido que en Medellín las Farc quieren renacer y que entonces se propone contratar desmovilizados. Advertida está la Fuerza Pública, para derrotar estos remanentes de las Farc en Medellín, para dar profunda y permanente confianza a la ciudadanía y para evitar que los desmovilizados sean contratados nuevamente por el bandolerismo.

Con determinación institucional, con honor militar, vamos a enfrentar esos temores y vamos a enfrentar esas dudas.

Es la hora de la depuración: que se depure la política, que se depure la justicia, que se depure el Ejecutivo, que se depure –si se tiene que depurar- la Fuerza Pública. Nosotros no podemos pedirles el sacrificio a los subtenientes que hoy estamos graduando, si no les damos la certeza de un ejercicio transparente en la vida colectiva de la Nación.

Cómo les pedimos a ellos la exposición al riesgo y el sacrifico, si no erradicamos la corrupción, si no depuramos la política, si no tenemos unas Fuerzas Armadas y una justicia totalmente transparente.

Hoy más que nunca cobran vigencia las palabras del Libertador. Fue imposible para él llegar de Bucaramanga a la Convención de Ocaña, y escribió un bellísimo mensaje a los legisladores. Les decía El Libertador: 'legisladores, arrojad vuestra mirada penetrante sobre el recóndito corazón de vuestros electores. Allí leeréis la angustia que los agoniza, ellos suspiran por reposo y seguridad. Dadnos un Estado en que la ley sea obedecida, el Gobierno respetado y el pueblo libre'.

¡Cómo están de vigentes esas palabras del Libertador!

Y en el mismo mensaje más adelante agregaba: 'Considerad, legisladores, que la energía de la Fuerza Pública es la salvaguardia del débil, es lo único que aterra al delincuente; considerar, legisladores, que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia del delito y de la impunidad en los tribunales; considerad, legisladores, que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la República'.

Ustedes, subtenientes, al portar las armas de la República, ejercen la fuerza de la República, la fuerza de la virtud de la democracia, la fuerza de la convivencia, la fuerza de la transparencia. Esas armas de la República con que la Constitución ha dotado los esfuerzos y la vocación de ustedes, úsenlas exclusivamente para derrotar el crimen y para dar tranquilidad a sus compatriotas.

Vamos a ganar esta tarea, con toda la determinación y con la ayuda de ustedes. Tengan presente, jóvenes subtenientes, que esta tarea difícil hay que hacerla con dedicación, con disciplina, hay que hacerla con transparencia, y fundamentalmente con amor.

Nosotros sentimos amor por la causa de derrotar el delito en Colombia, nosotros sentimos amor por la causa de tener una Colombia sin terrorismo guerrillero, sentimos amor por la causa de tener una Colombia sin terrorismo paramilitar, sentimos amor por la causa de tener una Colombia sin narcotráfico y sin corrupción.

Almirante Guillermo Barrera Hurtado, apreciados subtenientes: con amor infinito por esta Patria, vamos a construir una Nación que les depare felicidad a las generaciones que siguen detrás de nosotros y aquellas que habrán de venir.

Muchas gracias.

¡Qué viva la Armada, que viva Colombia!

Y un mensaje final: nunca permitan ser distraídos por las tesis del apaciguamiento. El Gobierno en este episodio de La Ceja e Itagüí, habría podido tomar la decisión de apaciguar, de no denunciar, de no decidir, de dejar que siguieran aguas aparentes en calma. De pronto habría habido más tranquilidad para el Gobierno, pero no habría habido seguridad para la República.

Las decisiones que hemos tomado en esta materia, como todas las que hemos tomado en seguridad, son contrarias al apaciguamiento. El apaciguamiento prolonga la enfermedad, el apaciguamiento le trae tranquilidad pasajera al gobernante mientras termina su período, pero el apaciguamiento condena injustamente a la sociedad.

Por eso es preferible que no haya apaciguamiento, que se enfrente el problema, así haya controversia, intranquilidad para el Gobierno. Pero en la medida en que el Gobierno y la Fuerza Pública actúen con acierto, habrá después de toda la tempestad, tranquilidad, certidumbre, confianza, para la felicidad de las presentes y de las futuras generaciones.

¡Que viva Colombia!”.

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