PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN
ASCENSOS DE LA ARMADA NACIONAL
Cartagena, 7 dic (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro
Uribe Vélez, durante la ceremonia de ascensos de la Armada
Nacional, celebrada en la Escuela Naval Almirante Padilla.
“Es este 7 de diciembre un día esperanzador para la Patria.
A primera hora asistimos, en la Escuela Francisco de Paula Santander,
a la graduación de los subtenientes de la Policía,
y allí se ascendió al Comandante de la Policía
(General Jorge Daniel Castro Castro) al grado de General de tres
Soles.
Horas después, en Bogotá, en la Escuela José María
Córdova, asistimos a la graduación de los subtenientes
del Ejército, y ascendió a General de tres Soles
el señor General Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército.
Esta tarde, en Cali, asistíamos a la graduación
de los subtenientes de la Fuerza Aérea Colombiana, y esta
noche aquí, en la Escuela Almirante Padilla, asistimos
a dos eventos de gran trascendencia; el vicealmirante Guillermo
Barrera Hurtado asciende a Almirante, en pleno ejercicio de Comandante
de la Armada Nacional. Tantos años de servicio a la Patria,
de tarea brillante, disciplinada, abnegada, lo hacen acreedor
a ese ascenso. En una hora definitiva, cuando Colombia tiene
que derrotar el terrorismo, llega el almirante Guillermo Barrera
Hurtado a la cúspide de la Armada Nacional.
Y nos reunimos para otro evento de gran trascendencia: la graduación
como subtenientes de los guardias-marina de la Armada. Una pléyade
de jóvenes de las mejores condiciones, que han tomado
la decisión patriótica de dedicar a Colombia sus
mejores años, exclusivamente sus energías.
Se destaca la presencia de la mujer, quien da ejemplo en la
manera como ejerce las competencias de la vida pública,
como administra los recursos del Estado, como enfrenta los desafíos
que maltratan a la sociedad colombiana.
A la familia del almirante Guillermo Barrera Hurtado, Ana María,
su señora, sus hijos, a su padre, nuestra gratitud por
acompañarlo, durante tantos años, con el afecto
y la calidez del hogar, con el amor, para que él hubiera
servido como ha servido a Colombia, y nuestra gratitud por la
compañía que seguirán brindándole,
para que continúe sirviendo bien en esta hora definitiva
de la Patria.
Saludo, con afecto, a los papás, a las mamás,
de estos jóvenes que se gradúan esta noche como
subtenientes de la Armada. En una Patria como la nuestra, que
ha tomado la determinación de derrotar el terrorismo,
entregar un hijo para portar las armas de la República
es exponerlo a un riesgo por el bien superior de la tranquilidad
de sus conciudadanos.
Cuando se tiene amor de padre, mucho más cuando se tiene
aquel amor que sólo conocen las madres, se puede entender
qué es desprenderse de un hijo, para que se dedique a
la riesgosa y noble tarea de portar las armas de la República,
en una Nación donde todavía el terrorismo desafía.
A esos papás y a esas mamás, nuestra gratitud,
desde el fondo del alma nuestro aplauso por este sacrificio de
amor que hacen por la Patria colombiana. Muchas gracias papás
y mamás, por entregar sus hijos a la Armada para servir
a Colombia.
Se destaca en esta promoción el teniente de corbeta Rodrigo
Daza Pulido, primer puesto, quien ha recibido la medalla Francisco
José de Caldas. Representa él, como su promoción,
los mejores valores de la juventud colombiana. Una juventud expresada
esta noche en este grupo de la Armada, que quiere un Patria sin
terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar, sin narcotráfico,
sin corrupción. Una Patria donde primen las instituciones
democráticas, una patria con honor militar, con honor
en la política, con honor en el Gobierno, con honor en
la vida civil. Una patria que recupere los mejores valores, aquellos
que garantizan la convivencia.
Durante muchos años, durante lustros, los poderes del
crimen fueron desalojando los poderes institucionales de la Patria.
La política, la justicia, la Fuerza Pública, fueron
desalojados en muchas zonas por las bandas criminales. Durante
años prosperaron las guerrillas. Los gobiernos centrales
conocían de ellas, pero las regiones no recibían
una respuesta que garantizara la defensa de los ciudadanos asediados
por los criminales guerrilleros.
Prosperó el narcotráfico, en el desespero llegaron
los mal llamados paramilitares, la sociedad quedó totalmente
despojada de la protección oficial. Unos tenían
que someterse a las guerrillas, otros tenían que someterse
a los paramilitares, y todos los días se desvanecía
más la eficacia del Estado. Era un Estado que quedaba
en las formas, derrotado en su contenido. Recuperarlo es lo que
llamamos el proceso de reafirmación institucional de la
Nación, para que prevalezca la Constitución, para
que en lugar de guerrillas y paramilitares haya Fuerza Pública,
para que en lugar de narcotráfico y de corrupción,
se imponga la justicia.
En esa tarea estamos, y estos jóvenes que se gradúan
en la noche de hoy, 7 de diciembre, se convierten en un activo
muy importante para liderar esta tarea.
Queremos avanzar en la institucionalización total de
la Nación: que nunca más los colombianos tengan
que depender de paramilitares, que nunca más tengan que
temer a guerrilla, que nunca más los colombianos vean
que por falta de Estado el narcotráfico se impone sobre
la gente de bien, que nunca más los colombianos vean que
la corrupción puede ser campeona sobre el manejo transparente
de los asuntos públicos y de los asuntos colectivos.
Hemos estado en un proceso de paz, que surge de nuestra política
de Seguridad Democrática.
Lo abrimos porque queremos una Nación en la que no haya
ningún poder criminal. Hemos avanzado de buena fe. Hoy
necesitamos decir en Cartagena, al oído de todos los colombianos,
que el paramilitarismo tiene que ser un fenómeno del pasado,
cuyas secuelas todavía no se han superado plenamente,
y no que podrá ser un fenómeno activo del presente
ni del futuro.
La etimología de la palabra en la historia de Colombia
se origina, justamente, en aquel desespero de muchas regiones,
por el asedio guerrillero y la ausencia de la defensa estatal,
de la institución legítima.
Conocía el país al paramilitarismo como bandas
al margen de la ley, organizadas para derrotar la insurgencia
guerrillera. Hoy la situación es distinta: se ha dado
una oportunidad en un proceso de paz, para que se reintegren
a la vida constitucional, y el Estado está haciendo todos
los esfuerzos para copar la totalidad del territorio con la Fuerza
legítima del Estado.
Los esfuerzos del Estado, de la sociedad, los esfuerzos heroicos
de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la
Policía, la Justicia, el DAS, esos esfuerzos indican que
ya no puede haber en Colombia justificación, explicación
alguna, para que bandas de criminales, para que bandas irregulares
se erijan como legítimos voceros de la defensa de la ciudadanía
contra el asedio guerrillero.
En aquellas zonas donde se ha desmovilizado el paramilitarismo,
por ejemplo en el Catatumbo, en Norte de Santander, en Urabá,
en el Paramillo, en muchas otras regiones de Colombia preguntan
los ciudadanos: ¿y quién nos va a defender? Hemos
contestado: la institución legítima del Estado.
Cuando buscamos el bien superior, que es la paz y la tranquilidad,
hay que hacer una reflexión, apreciados compatriotas:
nadie puede dormir tranquilo en una región, si está a
la espera de un ataque guerrillero, o si sabe que aquello, lo único
de lo cual puede proveerse, es una defensa paramilitar.
La única tranquilidad, el sosiego posible, la calma en
el alma, solamente la da cuando la institución legítima
del Estado es la que copa con eficacia y con transparencia todo
el territorio.
Cuánto mejor tener que superar contratiempos, reveses,
dificultades, en el proceso de copamiento con Ejército,
Policía, Armada y Fuerza Aérea del territorio,
que tener que acudir a los caminos del sometimiento a la guerrilla,
o de la dependencia del paramilitarismo.
Lo digo, apreciados subtenientes, suboficiales, oficiales, comandantes
y Ministro, con la autoridad moral de nuestro Gobierno, que desde
el principio escogió el camino de la institucionalidad.
Jamás hemos permitido –cual esperanza albergaban
mis críticos–, que bajo nuestros auspicios, las
Fuerzas legítimas en alguno de sus componentes, se unieran
con fuerzas ilegítimas para combatir criminales.
Hay sombras del pasado, donde algunas fuerzas legítimas
fueron estimuladas a unirse con bandas criminales para derrotar
a otros criminales. Ese no es nuestro camino.
Nuestras convicciones democráticas y cristianas nos han
llevado a la decisión, desde hace mucho rato, de entender
que lo único que reconstruye la reconciliación
total del país, que lo único que cura todas las
heridas, que cicatriza el odio, es el avance institucional hacia
la paz.
De pronto, si subrepticiamente nos hubiéramos unido con
paramilitares, lo cual no habría aterrorizado a nuestros
críticos, habríamos avanzado más velozmente
contra las Farc y el Eln.
Hemos avanzado más lentamente. Con reveses y dificultades
hemos tenido que abrir muchas tumbas, como hace pocos días,
para sepultar 17 soldados que nos asesinaron en Ocaña,
y semanas antes para sepultar los policías asesinados
en Tierradentro, Córdoba. Pero este camino, el de la apelación
exclusiva a la institucionalidad, es el único correcto.
Las decisiones recientes, que generan mucho comentario en el
país, se han dado por la circunstancia de que el Gobierno,
que ha tenido toda la buena fe para avanzar en la Seguridad Democrática
y en el proceso de paz, para defender nuestra Ley de Justicia
y Paz y ese proceso ante la comunidad internacional y ante la
comunidad nacional, no puede permitir que ese proceso avance
en medio de impunidad frente al delito.
La semana anterior, cuando estuve en Medellín, pregunté por
unos crímenes, y me dijeron: es que a fulano lo mataron
por que era mafioso, es que a fulano lo asesinaron porque debía
un dinero. Eso es una respuesta equivocada, ningún crimen
se puede justificar.
Tal vez la indefensión de los colombianos, abandonados
tantos años a la suerte de los criminales, que no han
visto un Estado con toda la determinación para protegerlos,
tal vez ese fenómeno fue creando aquella reacción
de contra-cultura, de aprestarse primero a buscarle justificaciones
a un crimen, que a repudiarlo.
No hay crímenes buenos y malos, todos son horrendos.
Una Nación que tiene que unirse alrededor de sus valores
espirituales, de sus creencias religiosas, de su moral, de su
voluntad de ética, de su ordenamiento jurídico,
tiene que garantizar el derecho a la vida para todos, sin buscarle
justificaciones al asesinato.
Qué es eso que entonces cuando asesinan a alguien, ya
se pregunta en Colombia en los últimos 30 – 35 años,
antes que repudiar el crimen: ¿por qué lo mataron?
Que porque era mafioso, que porque era auxiliar de la guerrilla,
que porque era auxiliar del paramilitarismo, que porque estaba
en una discoteca con la novia de un narcotraficante, para así encontrarle
justificaciones al crimen, y entonces abstenerse de repudiarlo
y de laguna forma crearle ambiente social a la impunidad.
El repudio al crimen tiene que ser total, no importa qué se
señale sobre la víctima, es el único camino
para que este país le de felicidad, certeza, a las nuevas
generaciones.
Unas generaciones que se levantan en un país donde no
hay respeto a la vida, son unas generaciones que no tienen seguridad
sobre el futuro de esa Patria, que no tienen seguridad sobre
el potencial de vivir felices en esa Patria.
Justamente, por casos irregulares que se podrían haber
presentado en ese proceso, hemos tomado la decisión que
el país conoce del traslado a la cárcel de Itagüí.
Algunos de los que están allí, de manera directa
o indirecta, han insinuado que esos crímenes pudieron
ser cometidos por sectores del narcotráfico, en asocio
con oficiales de la Fuerza Pública.
El Comisionado de Paz y mi persona hemos tomado la decisión
de contarle esto a la Fiscalía y de divulgarlo públicamente
ante toda la opinión. Le hemos pedido al Fiscal que examine
todas esas hipótesis, porque no podemos permitir que haya
impunidad, y tampoco podemos permitir que injustamente se mancille
el honor de la Fuerza Pública.
Si hubiera algún oficial comprometido en crímenes,
tiene que ser sancionado de manera ejemplar y llevado a la cárcel.
Pero si la hipótesis es, simplemente, una conseja turbia
para desacreditar a la Fuerza Pública, la misma administración
de justicia nos tiene que ayudar a desvirtuar totalmente esa
hipótesis.
El Fiscal General de la Nación ha asumido el liderazgo
para ayudarnos en la tarea de hacer claridad, a fin de que si
hay responsabilidades penales, se señalen individualmente.
Nosotros queremos ese proceso de paz, como queremos todo proceso
de reconciliación. Lo que no podemos permitir es que un
proceso se desacredite, y se puede desacreditar cuando al oído
del Gobierno llegan quejas fundadas sobre crímenes, y
el Gobierno, por guardar aparente tranquilidad, no las denuncia,
no toma medidas y prefiere cabalgar sobre el lomo amable, entre
comillas, de la impunidad.
¿Qué debe seguir en este proceso? Que se aplique
la Ley de Justicia y Paz. Que empiecen las audiencias, la verdad,
la entrega de bienes, los procesos de reparación.
Una Ley de Justicia y Paz que se discutió durante tanto
rato, que tuvo controversia nacional e internacional, que fue
examinada y en alguna forma ajustada por la Corte Constitucional,
es una Ley que hoy merece su aplicación total.
Trae beneficios para aquellos que a ella se someten, pero no
impunidad. No es una Ley simplemente de perdón, como en
el pasado. Es de reconciliación, pero también de
justicia.
Eso marca la diferencia entre este proceso y anteriores, cuando,
el país todavía lo recuerda, en nombre de una ley
y de un proceso anterior, algunos pasaron de ser criminales pirómanos
que incendiaron el Palacio de Justicia, produjeron el holocausto
de los magistrados, patrocinados con el dinero del narcotráfico,
y a las semanas se estaban pretendiendo liderar el Congreso,
aspirando a la Presidencia de la República y convirtiéndose
en los críticos morales de la Nación.
Un día critican este proceso porque, según ellos,
es un proceso entre el Gobierno y compinches paramilitares. Al
otro día lo critican porque, según ellos, es la
impunidad del narcotráfico. Pero cuando pasa el tiempo,
el Gobierno demuestra su firmeza, queda claro ante las mayorías
colombianas que aquí no hay contemplaciones con la guerrilla
ni con el paramilitarismo, que lo procesos no se pueden defraudar,
y el Gobierno impone la autoridad, ahí salen los críticos
de la víspera, los que decían que no se podía
negociar con el paramilitarismo, los que criticaban al Gobierno
de estar negociando con compinches, aquellos que señalaban
al Gobierno de estar creando impunidad para narcotraficantes,
cuando el Gobierno impone autoridad para que el proceso sea transparente,
los críticos de la víspera se desgarran las vestiduras,
para salir a decir que hay que salvar el proceso, y empiezan
a tender puentes de contubernios, de alianzas, de esos políticos
con quienes están en la cárcel.
Es bueno que el país lo observe y lo analice. Por supuesto,
nosotros queremos la verdad. Este Gobierno ha sido un Gobierno
de controversia, de búsqueda de la verdad, de diálogo
de todos los días y de todas las horas con el pueblo colombiano.
Diálogo con afecto con el pueblo colombiano, diálogo
sincero con el pueblo colombiano. Diálogo, en el que muchas
veces toca decir no, pero ha sido un Gobierno permanentemente
ejercido en las calles, en las plazas públicas, en las
escuelas, con grandes audiencias. Un Gobierno de democracia participativa,
un Gobierno comunitario.
Este Gobierno de diálogo con el pueblo ha sacado adelante,
con el heroísmo de la Fuerza Pública, nuestra Política
de Seguridad Democrática. Este proceso de paz, esto que
hoy se conoce cuando se recupera la justicia, es consecuencia
de esa política. Y esa política nos lleva a rodear
de garantías la verdad.
Hoy se ha ordenado que las familias de personas que están
en Itagüí, familias que deben recibir protección
del Estado, el Estado les brinde protección. Eso no es
extraño a nuestra política, ni a nuestro Gobierno
comunitario. Nuestra Seguridad Democrática ha demostrado
en estos años ser para todos los colombianos. Para apoyar
a quienes piensan en la línea del Gobierno y para dar
protección a la oposición. Esta política
ha buscado proteger por igual al líder empresarial, que
al líder sindical. Esta política ha protegido,
cuando ha sido necesario, a los desmovilizados.
Por eso que a nadie le extrañe que, como otra expresión
del carácter democrático de nuestra política
de seguridad, se haya tomado la decisión de proteger,
cuando sea necesario, a las familias de aquellas personas del
proceso de paz que hoy están en la cárcel de Itagüí.
Hay 40 desmovilizados. Cifra inmensa. En España apenas
han sido pocas docenas los terroristas que han maltratado esa
democracia. También pocas docenas en Irlanda. Hace cuatro
años aquí se hablaba de 60 mil terroristas. Hace
cinco o seis años, los analistas internacionales les decían
a los inversionistas: 'absténganse por lo pronto de invertir
en Colombia. En Colombia avanzan las Farc hacia la toma del poder.
Antes de invertir en Colombia, esperen que llegue el gobierno
de las Farc a ver qué condiciones van a imponer'.
Eso lo revertimos. Hoy avanza la Fuerza Pública, construyendo
victoria sobre esos terroristas que hace cuatro años parecían
inderrotables. Se está cumpliendo el presagio del filósofo:
en la historia de la humanidad, nunca un Estado democrático,
transparente, de buena fe, ha sido derrotado por el terrorismo.
Siempre finalmente el terrorismo ha sido derrotado por el Estado
democrático.
A pesar de lo que falte, hemos avanzado. Y en el avance están
40 mil desmovilizados. Quiero decirles a ellos y a quienes están
en la cárcel: los que cumplan con el proceso, tienen todas
las garantías. Los que violen la ley y las condiciones
del proceso, serán sometidos a la persecución implacable
de la justicia y de la Fuerza Pública.
En adelante Colombia en las regiones hablará de Fuerza
Pública para combatir el terrorismo. No aceptaremos que
se hable de paramilitares, porque entendemos que ese nombre surgió porque
había unas fuerzas que presuntamente se habían
organizado de una manera irregular para enfrentar la insurgencia.
Lo único valido hoy, en el precepto jurídico y
en los hechos, para combatir la insurgencia, es la acción
institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía de
la Nación.
Esos 40 mil desmovilizados tienen todas las garantías,
desde que cumplan con la ley. Nuestra decisión es acabar
con lo que se llaman 'Águilas Negras', nuevas bandas emergentes,
con toda expresión de criminalidad.
Quiero decir ante ustedes, subtenientes graduandos, que uno
de los sueños de mi alma es poder, al final de este Gobierno,
en el ejercicio de la vida posterior a la Presidencia, si Dios
me la depara, mirar a mis compatriotas a los ojos, con la conciencia
tranquila de no haberme abstenido, como Presidente de la República,
de combatir una sola expresión de criminalidad.
Por eso, toda expresión de criminalidad, en la compañía
valerosa del Ministro, de los comandantes y de esta juventud
que hoy se gradúa, la tenemos que combatir.
El Comisionado de Reinserción recorrerá esta semana
el país. Hablará con todos los grupos de reinsertados.
Les reiterará todas las garantías a quienes cumplan.
No es fácil la tarea, son 40 mil. Hablar de ese número
en una oficina, no es difícil. Apropiar las partidas presupuestales
para financiar tamaño proyecto de reinserción,
adelantarlo, controlarlo, avanzar en educación, en formación
técnica, en búsqueda de proyectos productivos,
en búsqueda de empleos, es muy difícil. Pero el
Gobierno está en frente de esa dificultad, para superarla.
Los reinsertados tienen una o dos caminos: o reincidir en la
delincuencia y llevar su vida por el despeñadero del fracaso,
o cumplir con las leyes y permitir que este proceso de reinserción
contribuya a reencontrarlos con la vida tranquila de las familias,
con la vida de la Constitución de la Nación.
Por supuesto que hay temores. Los hechos de violencia que hemos
enfrenado exitosamente en Cali, nos indicaron que allí las
Farc estaban contratando criminales no afiliados a esa organización.
Pagando sicarios, como sicarios son los de las Farc. Eso no lo
vamos a combatir con paramilitares, ni irregularmente.
Lo hemos combatido con nuestra Fuerza Pública, de cara
al sol, contándole a todo a la opinión, y lo haremos
hasta que los derrotemos.
En algunas regiones quiere reaparecer la guerrilla, pero allí la
Fuerza Pública todos los días tiene que ser más
eficaz para dar confianza a la ciudadanía, y la ciudadanía
tiene que organizarse para cooperar con la Fuerza Pública.
Hemos sabido que en Medellín las Farc quieren renacer
y que entonces se propone contratar desmovilizados. Advertida
está la Fuerza Pública, para derrotar estos remanentes
de las Farc en Medellín, para dar profunda y permanente
confianza a la ciudadanía y para evitar que los desmovilizados
sean contratados nuevamente por el bandolerismo.
Con determinación institucional, con honor militar, vamos
a enfrentar esos temores y vamos a enfrentar esas dudas.
Es la hora de la depuración: que se depure la política,
que se depure la justicia, que se depure el Ejecutivo, que se
depure –si se tiene que depurar- la Fuerza Pública.
Nosotros no podemos pedirles el sacrificio a los subtenientes
que hoy estamos graduando, si no les damos la certeza de un ejercicio
transparente en la vida colectiva de la Nación.
Cómo les pedimos a ellos la exposición al riesgo
y el sacrifico, si no erradicamos la corrupción, si no
depuramos la política, si no tenemos unas Fuerzas Armadas
y una justicia totalmente transparente.
Hoy más que nunca cobran vigencia las palabras del Libertador.
Fue imposible para él llegar de Bucaramanga a la Convención
de Ocaña, y escribió un bellísimo mensaje
a los legisladores. Les decía El Libertador: 'legisladores,
arrojad vuestra mirada penetrante sobre el recóndito corazón
de vuestros electores. Allí leeréis la angustia
que los agoniza, ellos suspiran por reposo y seguridad. Dadnos
un Estado en que la ley sea obedecida, el Gobierno respetado
y el pueblo libre'.
¡Cómo están de vigentes esas palabras del
Libertador!
Y en el mismo mensaje más adelante agregaba: 'Considerad,
legisladores, que la energía de la Fuerza Pública
es la salvaguardia del débil, es lo único que aterra
al delincuente; considerar, legisladores, que la corrupción
de los pueblos nace de la indulgencia del delito y de la impunidad
en los tribunales; considerad, legisladores, que sin fuerza no
hay virtud y sin virtud perece la República'.
Ustedes, subtenientes, al portar las armas de la República,
ejercen la fuerza de la República, la fuerza de la virtud
de la democracia, la fuerza de la convivencia, la fuerza de la
transparencia. Esas armas de la República con que la Constitución
ha dotado los esfuerzos y la vocación de ustedes, úsenlas
exclusivamente para derrotar el crimen y para dar tranquilidad
a sus compatriotas.
Vamos a ganar esta tarea, con toda la determinación y
con la ayuda de ustedes. Tengan presente, jóvenes subtenientes,
que esta tarea difícil hay que hacerla con dedicación,
con disciplina, hay que hacerla con transparencia, y fundamentalmente
con amor.
Nosotros sentimos amor por la causa de derrotar el delito en
Colombia, nosotros sentimos amor por la causa de tener una Colombia
sin terrorismo guerrillero, sentimos amor por la causa de tener
una Colombia sin terrorismo paramilitar, sentimos amor por la
causa de tener una Colombia sin narcotráfico y sin corrupción.
Almirante Guillermo Barrera Hurtado, apreciados subtenientes:
con amor infinito por esta Patria, vamos a construir una Nación
que les depare felicidad a las generaciones que siguen detrás
de nosotros y aquellas que habrán de venir.
Muchas gracias.
¡Qué viva la Armada, que viva Colombia!
Y un mensaje final: nunca permitan ser distraídos por
las tesis del apaciguamiento. El Gobierno en este episodio de
La Ceja e Itagüí, habría podido tomar la decisión
de apaciguar, de no denunciar, de no decidir, de dejar que siguieran
aguas aparentes en calma. De pronto habría habido más
tranquilidad para el Gobierno, pero no habría habido seguridad
para la República.
Las decisiones que hemos tomado en esta materia, como todas
las que hemos tomado en seguridad, son contrarias al apaciguamiento.
El apaciguamiento prolonga la enfermedad, el apaciguamiento le
trae tranquilidad pasajera al gobernante mientras termina su
período, pero el apaciguamiento condena injustamente a
la sociedad.
Por eso es preferible que no haya apaciguamiento, que se enfrente
el problema, así haya controversia, intranquilidad para
el Gobierno. Pero en la medida en que el Gobierno y la Fuerza
Pública actúen con acierto, habrá después
de toda la tempestad, tranquilidad, certidumbre, confianza, para
la felicidad de las presentes y de las futuras generaciones.
¡Que viva Colombia!”.