PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, 14 dic (SNE). Las siguientes
son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez,
durante la presentación del libro “Constitución
Política 1991: Simposio 15 años’, compilado
por el senador Eduardo Enríquez Maya, acto que se realizó en
el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.
“El doctor Eduardo Enríquez Maya, presidente de
la Comisión Primera del Senado, ha tenido la feliz idea
de compilar las ponencias presentadas por ilustres juristas,
políticos y académicos, en el Gran Simposio Constitucional ‘15
años de la Constitución Política de Colombia’,
realizada iniciativa de esa célula legislativa.
Es un trabajo intelectual que va a alimentar el debate entre
los estudiosos de la Ciencia Política, los cultores del
Derecho Público, y en general a los ciudadanos inquietos
por el conocimiento de la evolución de las Normas Constitucionales
de Colombia.
Los grandes temas han quedado incluidos en esta obra que hoy
ve la luz: los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario, las reformas que se han propuesto
al Capítulo de la Justicia, las disposiciones económicas,
el Sistema de Control de Constitucionalidad, la Reforma Política
y Electoral, los Partidos Políticos, las nuevas instituciones.
Leyendo un índice tal, salta a la vista que la publicación
merecerá la mayor atención en la academia y en
los círculos judiciales, así como también
será obligada referencia en los grandes debates del Congreso.
Participé con entusiasmo, como dirigente de la política
de mi comarca, en el proceso de elección de los Constituyentes
de 1991. Admiro muchísimo esa obra, no obstante que, como
dijera el ex presidente Darío Echandía, las normas
jurídicas no son normas fósiles. Tienen que vivir
en un proceso permanente de ajustes.
Desde los albores de la República, Colombia ha enriquecido
mucho la vida constitucional. Una característica que denota
la personalidad colombiana es nuestra gran sensibilidad popular
por el texto constitucional. Diría yo que la Constitución
del 91 no cayó como un cuerpo extraño, ajeno, ni
como una improvisación en la vida colombiana.
Me atrevería a calificarla como un texto que es puerto
de llegada de un desarrollo constitucional de centurias en nuestra
Patria, como un texto que es puerto de llegada de muchos esfuerzos
que la antecedieron, como un texto que es un puerto de consolidación
de muchos principios que se debatieron en un largo debate político.
Creo que somos uno de los países en donde se ha presentado
mayor cercanía entre la ciudadanía y el texto constitucional.
En la fundación de la República, en los primeros
años de consolidación, cuando terminaban las Guerras
Civiles, los soldados todos llevaban en sus morrales un texto
de propuesta constitucional. Esa sola circunstancia muestra cómo
en la historia de Colombia el tema constitucional ha estado en
el alma del pueblo.
Pero la Constitución del 91 lo entendió y lo plasmó en
la Acción de Tutela, que ha incrementado ese sentido de
pertenencia del pueblo con la norma superior.
Esa Acción de Tutela que ayudó a que la Constitución
no sea un conjunto de normas trascendentes al ciudadano sino
asibles a él. En la Constitución del 91 está presente
ese antecedente de doctrina y de normatividad constitucional
que la iluminó.
Están allí representadas las muchas discusiones
sobre las reformas a la Carta del 86 que, por una u otra razón,
se habían quedado en el tintero y no habían podido
llevarse a la práctica.
Hubo enormes refuerzos de reformas, como los intentados por
el ex presidente Alfonso López Michelsen, con la Pequeña
Constituyente, que nunca se pudo reunir para examinar el tema
de la justicia y de la descentralización.
Los intentos de los ex presidentes Turbay Ayala y Virgilio Barco.
También algunos dirigentes, como el inmolado Luis Carlos
Galán agitaron en el Congreso propuestas constitucionales,
plasmadas en la Constitución del 91.
Álvaro Gómez Hurtado tuvo la oportunidad de ser
copresidente de una Asamblea que recogió muchas de las
tesis que él había presentado al país en
su larga y pródiga vida pública.
Los temas incorporados al texto de 1991 no fueron el resultado
de la improvisación, sino el producto de ese largo trabajo
del debate constitucional colombiano, con antecedentes que van
más atrás de la Constitución de 1863, tan
agresiva en descentralización pero mucho menos práctica
que la de 1991.
La antecesora de la actual Carta, la de 1886, tuvo una permanente
crítica, interna y externa: la figura del Estado de Sitio.
En 1991 ya había una opinión democrática
más madura, un sentido democrático más evolucionado.
Nuestra sicología colectiva había creado las condiciones
para que el país renunciara a seguir regido por esa figura,
que era entendida como la negación de la necesaria y democrática
separación de las funciones de los poderes públicos.
La Constitución del 86 consagró algo muy importante
que en varios textos, pero con el mismo sentido para diferentes
horas, consagró la Constitución del 91: un orden
basado en la norma, un orden basado en el principio de la descentralización
administrativa y la centralización política. Un
orden que más que investir al Presidente de competencias,
para garantizar a través del ejercicio de la autoridad
la convivencia, le impone la obligación de hacerlo siempre
en acatamiento total de las normas constitucionales y legales.
Nuestros años de Seguridad Democrática, que han
avanzado bastante en el rescate de la seguridad, también
han demostrado que Colombia puede derrotar el terrorismo sin
Estado de Sitio.
Con una política de Seguridad dirigida por el Presidente,
pero totalmente reglada por normas a él, heterónomas.
La Reforma de 1910, que por sus alcances mereció la denominación
de Constitución de 1910, hizo inmensos avances en Derechos
Humanos, después del debate sobre la vigencia de la pena
de muerte, que la historia todavía recuerda como si fuera
reciente, entre Antonio José Restrepo y el maestro Guillermo
Valencia.
El Constituyente de aquel tiempo eliminó la pena de muerte,
con lo que el país dio un gran paso en esta materia. En
esa misma tradición, la Constitución de 1991 es
reconocida universalmente como una gran Carta de Derechos Humanos.
La reforma del presidente López Puramejo, de 1936, dio
pasos fundamentales en materia de intervención del Estado
para determinar las políticas referentes a la cuestión
social. Allí se definió la propiedad como una función
social, concepto que es mucho más atrevido que simplemente
asignarle al derecho de propiedad deberes sociales.
Una cosa es reconocer el derecho absoluto a la propiedad privada
y asignarle derechos sociales, y otra cosa el paso atrevido de
la Constitución del 36 de hacer la propiedad equivalente
a una función social.
Se acabó la distinción entre propiedad y deberes
sociales, y se hizo una mezcla inseparable: la propiedad en sí misma
como función social.
Durante toda la época de la Guerra Fría, ese principio
de Constitución del 36 de Colombia fue de gran trascendencia.
Lo sigue siendo en la Constitución del 91, a través
de la intervención estatal, sin abolición de la
iniciativa particular.
Tenemos un Estado que interviene para garantizar que la propiedad
sea función social, pero no un Estado que absorba la propiedad,
no un Estado que afecte la iniciativa privada.
En materia de doctrinas políticas, nunca han sido fáciles
los debates. Lo que hoy es una institución de común
aceptación, fue generalmente de muy difícil incorporación.
Lo que podría llamarse el neoliberalismo de la época
pretendía que no solamente el Estado se negara a absorberlo
todo, sino que también se negara a intervenir. Qué lucha
política tan trascendente la de la Constitución
del 36 para incorporar un principio equilibrado de intervención
del Estado.
La Constitución del 91, en lo que respecta a la enumeración
de los derechos sociales, a la consagración de las instituciones
para defenderlos, es un gran desarrollo de ese capítulo
de la Constitución de 1936.
La Reforma de 1968 trajo aspectos bien importantes. Unos de
ellos referidos a las instituciones extraordinarias para periodos
de emergencia, bastante bien modulados posteriormente en la Constitución
del 91. Igualmente consagró la figura proveniente de la
legislación mexicana, conocida como Emergencia Económica.
Entre 1968 y 1991, logramos modular esa institución
para que funcionara aparte e independiente del Estado de Sitio. ¡Cómo
quedó de bien modulada esa institucionalidad de emergencia
en la Constitución de 1991!
Ahora, que estamos en el proceso de definir nuevas normas de
descentralización, es bien importante recordar el principio
de equilibrio regional, introducido por la Constitución
de 1968, con el liderazgo del ex presidente Carlos Lleras Restrepo.
Cuando las grandes ciudades reclaman que las están obligando
a concurrir con sus recursos para hacer transferencias a los
pequeños poblados y a las comunidades remotas, debemos
recordar que aquella Constitución del 68 consagró el
principio que sin equilibrio regional, haciendo grandes esfuerzos
los fiscos locales más poderosos, era imposible consolidar
la unión de la República.
La nueva Constitución intentó sellar un proceso
de paz que el país celebró con alborozo. Qué bueno
que hoy se volviera a mirar esa circunstancia para animar la
etapa que debe suceder a la Seguridad Democrática, que
es la etapa de la consolidación de la paz definitiva.
Siempre Colombia, desde la Constitución del 63, y con énfasis
en la reforma del 36, había hablado de esa expresión
social del Estado de Leyes, del Estado de Derecho. La Constitución
de 1991 es categórica. Antes de su texto, podría
interpretarse que el Estado Social era una posibilidad del Estado
de Derecho. Después del texto de la Constitución
del 91, el Estado Social es un compañero imperativo del
Estado de Derecho.
Para que el Estado de Derecho sea un Estado sostenible en el
tiempo, tiene que ser un Estado Social.
Cuando estudiamos la Constitución del 91, llegábamos
a la conclusión de que lo único que hace sostenible
el Estado de Leyes es la cohesión social, que le garantiza
a ese Estado de Leyes la permanente adhesión popular.
El capítulo de los derechos fundamentales y de los derechos
sociales ha tenido magistral defensa en la Acción de Tutela,
algo en lo que habremos de profundizar para exaltar la tarea
de jueces y magistrados.
Es bien importante el desarrollo que se ha dado con la Tutela,
porque si bien de la lectura inicial del texto del 91 podría
inferirse que la Acción de Tutela no es aplicable para
proteger los derechos sociales, el desarrollo que han dado, al
aplicar la institución, jueces y magistrados, ha hecho
mucha claridad.
En la medida que un derecho social pueda afectar la vigencia
de un derecho fundamental, ese derecho social es tutelable. Se
ha dado un gran desarrollo al aplicar la Constitución
del 91 en esta materia.
También la Constitución del 91 avanzó en
un reconocimiento que estaba en el alma de los colombianos, y
que era necesario explicar, plasmar en el texto constitucional:
la diversidad étnica y cultural de la Nación.
Muchos de esos temas que hoy se discuten en países de
nuestra América del Sur, fueron aquí resueltos
hace tiempo, cuando esta Patria, primero en la aceptación
de la sicología colectiva, después en la aceptación
política y finalmente en el texto de 1991, reconoció explícitamente
que Colombia es una Nación multiétnica, multicultural
y económicamente diversa.
Nuestros anteriores textos constitucionales estaban dados para
regir una economía de Estado y una economía ordinaria
de sector privado.
Cuando aprobamos varias leyes sobre cooperativismo y economía
solidaria, siempre tuvimos el temor de que no tuvieran respaldo
constitucional. Fue necesario que llegara la Constitución
del 91, para que la economía colombiana tuviera incorporado
en el texto supremo el tercer sector: el sector solidario, que
es la gran síntesis de la contradicción entre la
eficiencia de uno de los sectores clásicos y su falta
de sentido social, y la ineficiencia del otro y su garantía
de lo social.
En el tema político reconoció los partidos, avanzó mucho
en la financiación de las actividades de la democracia,
en el equilibrio entre democracia representativa y democracia
participativa. La Constitución americana fue escenario
de ese gran debate. Nosotros todavía asistimos a la división
de conceptos, en América Latina, entre quienes creen que
debe prevalecer una democracia sobre la otra.
En la Constitución del 91 hay un gran equilibrio entre
la democracia participativa y la representativa. Ello implica
que los partidos, como lo dijera el ex presidente Alberto Lleras,
cuyo centenario hemos conmemorado en este 2006, no puedan comportarse
como montoneras con afanes democráticos, sino como torrentes
de inteligencia. Que los partidos no sustituyan la opinión
sino que se nutran de ella. Que los partidos la interpreten sin
anularla.
Debemos entender hoy que la única manera como puede expresarse
la democracia participativa finalmente, es a través del
ejercicio de la representación. Pero el único modo
que legitima y hace sostenible en el tiempo esa legitimidad para
la representación, es que se nutra permanentemente de
la representación.
Eso lo hemos entendido de corazón y de convicción
en nuestra práctica de Estado Comunitario: un diálogo
permanente, de tarea colegisladora con el Congreso, máxima
expresión de la democracia representativa, y un diálogo
permanente, sin pausa, con el pueblo colombiano, titular de la
soberanía y titular de la participación.
El plebiscito de 1957 fue un gran espacio de ampliación
democrática, de apelación a la democracia directa,
de ampliación del sufragio universal, de reconocimiento
de los derechos políticos de la mujer.
La Constitución del 91, al crear mecanismos de democracia
participativa como el plebiscito, el referendo, las consultas
populares, ha permitido que los colombianos empiecen a pensar
en esos mecanismos como parte integral de su manera de actuar
en la vida pública.
Cuando escucho la queja de muchos de los compatriotas en el
sentido de que no se han utilizado debidamente, debemos apreciar
dos aspectos. De pronto, hay que darle tiempo al tiempo.
El referendo del año 2003, que la historia dirá por
qué apenas pasó en uno de sus puntos, fue una gran
oportunidad para debatir, en medio de la aplicación de
la Seguridad Democrática, temas sustanciales de la vida
nacional para aplicar esa figura participativa de la Constitución
del 91, para convocar al pueblo a un debate, quizás sobre
un articulado muy extenso, bastante abstracto, pero con una gran
ventaja: sin un solo atractivo populista.
Cosa distinta es el recurso de las dictaduras para invocar mecanismos
de democracia directa, con tentaciones populistas, a fin de consolidar
tentaciones totalitarias, a lo que fue, cosa distinta, la convocatoria
de 2003, convocando al pueblo para un tema difícil, impopular,
que necesitaba agitarse en la vida colectiva de los colombianos.
He aplaudido desde que se conoció el texto de la Constitución
del 91, sus postulados sobre seguridad social: una seguridad
social en la cual el monopolio de reglamentación, el monopolio
de supervisión, se radica en el Estado, pero se permite
que en la prestación del servicio entren actores públicos
solidarios y actores privados.
Se proponen tres principios: el principio de un avance gradual
hacia la cobertura universal, el principio de que siempre tiene
que haber solidaridad, esté prestada la seguridad social
por el actor privado o por el actor público, y el principio
de que siempre tiene que haber eficiencia.
Eso rompió con los viejos conceptos de seguridad social,
que de Alemania habíamos traído a muchos países
latinoamericanos, en los cuales bastaba que hubiera un gran avance
en cobertura, a cualquier costo en materia de ineficiencia y
de dilapidación de recursos.
Avanzó la Constitución del 91 en el tema de la
autonomía de la justicia, que no estaba en discusión.
La Fiscalía General de la Nación sustrajo la dirección
del órgano de investigación de una modesta división
del antiguo Ministerio de Justicia, y puso la cabeza en el nivel
más alto, comparable con el Ejecutivo, lo que finalmente,
con persistencia en el tiempo, tendrá que derrotar la
impunidad.
En los últimos años, la introducción del
régimen acusatorio se convierte en una gran esperanza
para cumplir los objetivos de la Constitución del 91.
En materia de descentralización, vemos que la Constitución
del 91 dejó un concepto de regiones que es letra muerta.
Allí sí que se necesita una reforma, porque desarrollar
las regiones, como lo propone la Constitución del 91,
es crear nuevos entes burocráticos, es crear nuevos centros
de gasto, es imponerle nuevas cargas al fisco, es crear nuevas
presiones presupuestales.
Está pendiente esa reforma. Aquí la propusimos
hace cuatro años, y el Congreso la negó, porque
esa reforma debería dar la posibilidad de que los departamentos
voluntariamente definan si pueden desaparecer como departamentos
y agruparse como regiones.
Lo que no es conveniente es que haya gasto y burocracia en más
niveles del Estado, porque el Estado Comunitario nos dice que
debemos escoger entre el gasto burocrático y el gasto
social.
El gasto burocrático en América Latina y en nuestro
país dejó más pobreza y más inequidad.
El gasto burocrático, en medio de lo social, trajo más
obstáculos a la cohesión social. Por eso hay que
plantear, frente al gasto burocrático, el gasto social.
Quiero, en esta solemne sesión, al felicitar al senador
Eduardo Enríquez Maya por esta gran compilación,
por este gran esfuerzo, que lo honra a él, a la Comisión
Primera del Senado, al Congreso y a su tierra nariñense,
quiero agradecer al Congreso de la República el trabajo
realizado en este período.
El país va a recibir una agenda legislativa de excelencia.
Permítanme referirme a algunos de los temas que, con
la ayuda de Dios, en el día de hoy y a partir de las 12:00
de la noche, cuando ya sea viernes, el Congreso de la República
debe perfeccionar: la Reforma Tributaria.
Importante haber dado debates sobre si había o no condiciones
para la universalización del IVA. El país dijo:
no.
Importante haber dado debates a ver si habían servido
o no nuestros estímulos tributarios. El país y
el Congreso dijeron: se requieren, hay que dejarlos como normas
permanentes.
Permítanme lanzar este juicio, con un gran antecedente:
los instrumentos de fomento de la inversión de la administración
Lleras Camargo, con el liderazgo del entonces ministro de Hacienda
Hernando Agudelo Villa, esta Reforma Tributaria se convierte
en el estatuto tributario más estimulante de la inversión
del que dé cuenta la historia fiscal de la Nación.
Es un paso adelante en esa materia, para la competitividad de
un país que empieza a ganar mucho espacio.
Este año, apreciados compatriotas, Colombia tiene tanta
inversión extranjera directa como tuvo el Japón
en 2003. Increíble. Este año, con 6 mil millones
de inversión extranjera directa neta, Colombia tiene mil
millones de dólares más que la inversión
extranjera directa que recibe Argentina. Cuando hacemos el estudio
de la inversión en Colombia, en términos per cápita,
este año tiene más en términos per cápita
que China y más que el Brasil.
Estas reformas aprobadas por el Congreso van orientadas a consolidar
lo que llamaríamos una bonanza de confianza que empieza
a disfrutar Colombia, y cuyo objetivo tiene que ser la superación
de la pobreza.
Ojalá esa Reforma Tributaria pueda estabilizarse en el
tiempo. Deseo que el Gobierno que presido no tenga que traer
otra reforma tributaria a este Congreso, y que la situación
fiscal y de inversión y de financiación de la infraestructura
de competitividad del orden público y de la política
social, avancen de tal manera que Colombia pueda tener estabilidad
tributaria.
Nosotros creemos que no es válido, como se propuso en
los sesenta en América Latina, darle solamente énfasis
al crecimiento y suponer que la inversión social y la
distribución llegan como consecuencias inexorables.
Nosotros creemos que no es valido, como ocurrió en otras
décadas de América Latina, darle énfasis
solamente al reparto e ignorar al crecimiento. Se llegó a
tener que repartir pobreza.
Nosotros creemos que el crecimiento y la inversión social
tienen que ir de la mano. Y yo creo que es creencia se plasma
en la agenda que está aprobando el Congreso de la República.
Esta reforma de crecimiento va de la mano de la reforma de seguridad
social, que ha tenido un buen curso en este período, con
gran liderazgo de la señora Presidente del Senado. Reforma
que impone a los empresarios la carga de medio punto adicional
de cotización para contribuir a que logremos la plena
cobertura en salud.
Y quiero resaltar la reforma de Ecopetrol. América Latina
vivió experiencias en las cuales por no reformar las entidades
del Estado, se arruinaron. Y vivió otras décadas,
como la de los noventa, cuando se quiso desmantelar totalmente
al Estado.
Nuestra reforma administrativa ha buscado un Estado sostenible.
Habríamos podido eliminar a Telecom. Quizás el
avance de la inversión privada en telecomunicaciones,
lo habría sustituido de qué manera tan eficiente.
Pero nosotros creemos que el Estado tiene que tener reservas
patrimoniales, instrumentos para defender a la comunidad frente
a adversidades del mercado, herramientas para intervenir socialmente
en regiones remotas.
Hoy tenemos una Telecom en la cual el Estado es dueño
del 50 por ciento menos una acción, pero una Telecom que
vale mucho más que lo que valía la Telecom de hace
cuatro años, cuando el Estado era dueño del ciento
por ciento.
Hace cuatro años no teníamos certeza para el pago
de pensiones. Hoy están asegurados los pensionados, los
trabajadores y hay 650 millones de dólares en caja para
avanzar en inversiones tan importantes como la banda ancha, el
Internet a todas las regiones de la Patria, la conectividad de
las escuelas, de los hospitales.
Eso marca el camino de nuestra reforma a la administración.
Por eso celebro el paso que se está dando con Ecopetrol.
Qué bueno. Mucho mejor para la comunidad colombiana ser
dueña del ochenta por ciento de una Ecopetrol próspera,
que explote reservas, que ser dueña del ciento por ciento
de una Ecopetrol que vea agotarse sus reservas.
Lo grave sería no haber aprobado esa capitalización.
En otras circunstancias, Colombia habría necesitado la
capitalización, pero no habría tenido confianza
inversionista.
El Congreso hoy fue totalmente talentoso. Se ha dado cuenta
que al contar Colombia con confianza inversionista, no se podía
desperdiciar la oportunidad para que esa confianza inversionista
concurra a capitalizar a Ecopetrol.
Y estoy seguro que será un proceso altamente democrático
y totalmente transparente. Les vamos a dar a los colombianos
la oportunidad de invertir en Ecopetrol. Y Ecopetrol va a tener
la oportunidad de invertir para explotar reservas ya cuasi-probadas
de petróleos crudos, de crudos pesados, que en el pasado
no se extraían, por costosas, pero que ahora el precio
internacional del petróleo lo hace posible.
Y quiero celebrar la aprobación de reformas tan importantes
como el Estatuto de Insolvencia, que convierte en permanente
el espíritu de la Ley 550, para poder sacar a flote empresas
que atraviesen difíciles momentos.
Se ha discutido muchísimo el tema de las transferencias
a las regiones. Hemos dado el paso en estos primeros cuatro debates,
y nos aprestábamos a seguir debatiendo constructivamente
con el país y a pedirle al Congreso que entre marzo y
junio se apruebe en los siguientes cuatro debates.
A ese proyecto subyace la idea de estimular la descentralización
sin arruinar a la Nación. Qué importante. Nada
nos ganamos con volver al texto impracticable de la Constitución
del 91, si no hay manera de pagarles a las regiones, como se
probó en 1999 y en el año 2000.
Nada ganamos si simplemente, por ganarnos un aplauso y evitarnos
un debate, tomamos una decisión no juiciosa en transferencias,
y al otro día las tasas de interés se crecen diez
o quince puntos.
Y no es Wall Street. La deuda pública colombiana en un
70 por ciento está contraída con acreedores colombianos,
y la inmensa mayoría de ellos son trabajadores colombianos
afiliados a los Fondos de Pensiones.
Era yo Gobernador de Antioquia, estábamos muy contentos
por la ilusión de las transferencias, pero ya se amenazaba
que la Nación no podía cumplir con esas transferencias.
Teníamos que pagar tasas de interés del 27, del
20 por ciento, más ocho, diez puntos de intermediación.
Qué distinto hoy para las alcaldías y las gobernaciones,
con tasas de interés del seis, seis y medio, más
tres, cuatro puntos de intermediación.
Creo que lo aprobado por ustedes en estos cuatro debates es
defensable en cualquier sitio de la Patria. Lo acompañaré,
señor senador Eduardo Enríquez Maya, a presentar
esta reforma ante los médicos y maestros de Nariño.
Porque esta reforma, cuando uno ya la mira en detalle, tiene
que concluir que es un gran esfuerzo para lograr las plenas coberturas
de educación y de salud, para avanzar en saneamiento básico.
Es un gran esfuerzo para mejorar el per cápita educativo,
para poder cumplirles a los maestros con los incrementos salariales,
a aquellos que estén en el nuevo estatuto magisterial.
Qué importante es poder decir que cuando aquí hubo
decrecimiento en transferencias, que cuando el acto constitucional
vigente demanda unas transferencias de inflación mas dos
y medio para el año 2008, lo que acaba de aprobar el Congreso,
en primer período legislativo, para el año 2008
implica unas transferencias de inflación más cuatro
puntos. Y más otro adicional para educación, más
5 puntos.
Y qué importante es poder decir que lo mismo se repetirá en
el 2009. Y que en el 2010 será de inflación más
4 y medio, y en el 2011 hasta el 2016 de inflación más
3 y más el punto adicional de educación, de inflación
más cuatro.
Y que en el 2016, apuntando a que en ese momento la Nación
haya podido absorber la peor carga de la sorpresa que le ha tocado,
que es asumir las pensiones del Seguro Social, que en el 2016
se pueda atar –como está previsto– la fórmula
al incremento de los Ingresos Corrientes de la Nación
en los últimos 4 años.
Pero ahí no termina todo. Nosotros tenemos el objetivo
de que la economía colombiana crezca al 6, estamos haciendo
todos los esfuerzos, el país no puede seguir siendo –como
lo dijera El Libertador, dolido por la anunciada desintegración
de la Gran Colombia– una fábrica de leguleyos para
detener el progreso.
Por eso, más allá que el debate leguleyo, nosotros
estamos proponiendo una agenda que le permita a este país
entrar en las grandes ligas del crecimiento económico,
a pesar de sus escasas reservas de petróleo.
Estamos apostando a que el país crezca al 6 por ciento,
y en el texto que ustedes acaban de aprobar se dispone que si
la economía llegare a crecer por encima del 4 por ciento,
ese crecimiento se refleja totalmente en transferencias.
Si en el 2008 llegare a crecer la economía al 6, entonces
el incremento de transferencias será inflación
más 4, más un punto para educación, más
otros dos puntos por la diferencia entre el 6 y el 4 en crecimiento
de la economía.
Y ese incremento se debe llevar todo, el de los puntos por encima
de crecimiento económico del 4 por ciento, a atender la
niñez en la primera infancia.
Y qué importante saber que se ha eliminado el albur para
los municipios y para los departamentos, que si la economía
llegare a tener un revés, no habrá un recorte proporcional
de transferencias.
Y qué importante recoger el espíritu de la Constitución
de 68 del presidente Lleras Restrepo, y haber definido que, en
aras del equilibrio regional, ese grupo de casi 900 municipios
con población inferior a 25 mil habitantes, van a tener
para ellos el 9 por ciento de la bolsa de Propósito General.
Qué importante mirar las cuentas desde otro punto de
vista. Y vamos a examinarlo con el pueblo colombiano, con sus
maestros, con los críticos de la política, en todas
partes, debatiendo alegremente, como tiene que ser en la democracia.
La cuenta que no se ha hecho, apreciados compatriotas: cuando
uno mira el Estado colombiano en su conjunto, encuentra lo siguiente:
los departamentos y los municipios este año recaudan en
rentas propias el 21 por ciento de todo lo que recauda el Estado
colombiano, reciben en transferencias el 32 – 33 por ciento
de los Ingresos Corrientes de la Nación, y tienen otras
participaciones en recursos permanentes. No hablo de aportes
extraordinarios.
¿Se podrá decir que estamos echando un paso atrás
en descentralización cuando queremos garantizar una descentralización
estable, una descentralización sin la espada de Damocles,
que amenaza echarla para atrás ante cualquier crisis?
No, hagamos valer esto: del total que recauda el Estado colombiano,
las regiones, entre lo que recaudan y reciben de la Nación
y aplican autónomamente solamente con la reglamentación
de la ley, disponen de más del 50 por ciento. Esa cuenta
no se ha hecho en el debate. Es muy importante que ahora la demos
a conocer a todos nuestros compatriotas.
Y me dijo alguno de mis interlocutores que estábamos
quebrando el pacto constitucional del 91, que era un pacto descentralista.
La Constitución no se puede leer parcialmente, el pacto
constitucional del 91 también obliga a la Nación
a que cumpla una tarea subsidiaria, complementaria de las regiones,
y todos los días se demanda que la cumpla.
Ustedes van a tener una feliz oportunidad: examinar en segundo
período legislativo las transferencias y examinar el Plan
de Desarrollo.
Hay unas obras que necesariamente tiene que hacer la Nación.
El debate no entre si gasta el Presidente o si gastan las regiones.
El debate es cómo se combina la descentralización
con la tarea articuladora que la misma Constitución asigna
a la Nación.
Cuando tenemos hoy en construcción Transmilenios en ocho
ciudades de Colombia, no lo estamos haciendo por capricho del
Presidente, por mandato de la Ley. Son ustedes los que acuden
a exigir que en el Plan de Desarrollo se garantice la financiación
de sistemas de transporte masivo en otras 10 ciudades intermedias
de la Patria. Son ustedes los que reclaman todos los días
que la Nación concurra a una obra o a la otra.
Yo creo que lo aprobado por este Congreso en esta materia y
en todas, es una agenda legislativa de excelencia. Por supuesto,
de debate, y está bien el debate. El debate hay que vivirlo
para aprobar las leyes y después para legitimarlas. Pero
es una agenda legislativa de excelencia.
Al felicitarlo a usted, señor senador Enríquez
Maya, por este esfuerzo, quiero agradecer al Congreso de la República
esta agenda legislativa. El Gobierno procurará hacer el
mejor uso con esa normatividad. El Gobierno estará con
ustedes, en estos meses que vienen, presentándola ante
las bases populares de la Nación.
Por supuesto, quedan muchos temas. Nos quedan pendientes temas
de la justicia. Aspiramos que les demos primera prioridad a partir
del 16 de marzo.
Y está pendiente un acuerdo entre los directivos del
Congreso, el Ministro del Interior y el Ministro de Comercio
para mirar en qué momento, oportuno, se debe convocar
a sesiones extras a las comisiones pertinentes del Honorable
Congreso para examinar el Tratado de Comercio con los Estados
Unidos y para examinar el Tratado de Comercio con la hermana
República de Chile, el proceso de integración de
Colombia a la economía mundial.
Deseo a todos ustedes Feliz Navidad, Feliz Año, que el
año 2007 sea un avance para nuestro sueño: una
Nación con rectitud, una Nación con armonía,
una Nación próspera, una Nación en el camino
de la cohesión social.
Muchas gracias”.
