PALABRAS DEL DIRECTOR DE PLANEACION NACIONAL EN EL SEMINARIO TRANSPARENCIA FISCAL

Bogotá, 13 feb. (SNE).- Las siguientes son las palabras del director del departamento nacional de Planeación, Santiago Montenegro, en la apertura del seminario internacional sobre “transparencia fiscal”:

“Me complace, inicialmente, dar a los participantes internacionales la más cordial bienvenida a Colombia. Para el gobierno y para Planeación Nacional es muy oportuno y a la vez muy grato realizar, conjuntamente, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el Banco de la República este seminario sobre “Transparencia Fiscal” por varias razones.

En primer lugar, porque signos distintivos de esta administración han sido, sin duda, el de la modernización del Estado, la transparencia en el uso de los recursos públicos y, sobre todo, el de la evaluación y la rendición permanente de cuentas sobre los resultados obtenidos.

En segundo lugar, porque los pasos importantes que Colombia ha dado en el proceso de modernización del presupuesto público deben ser reforzados con algunas de las mejores prácticas internacionales que serán presentadas por expertos en estas áreas durante este seminario.

En tercer lugar, porque a pocos meses de concluir esta administración, el tema que nos convoca es una oportunidad para realizar un balance objetivo de los principales logros obtenidos con los recursos asignados y, sobre todo, para plantear algunas consideraciones sobre la magnitud de la tarea que queda por delante y de las herramientas gerenciales que necesitará el Estado colombiano para lograrla.

Este último aspecto es importante además, porque el país está construyendo una visión de largo plazo a través de la concertación de las metas que queremos alcanzar en el año 2019, cuando conmemoraremos doscientos años de vida republicana. Esta visión plantea, entre muchos otros retos, la consolidación de la seguridad; la recuperación del crecimiento y la generación de empleo; y, cerrar las brechas sociales para reducir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

No es fortuito entonces que Planeación Nacional haya tomado la iniciativa de llevar acabo este seminario, ni tampoco casualidad que las entidades multilaterales de apoyo al desarrollo hayan decidido respaldarla.

Hoy la transparencia fiscal es una obligación de los gobiernos democráticos. Lograr los objetivos de desarrollo del milenio exige incrementar la efectividad de las políticas públicas para lo cual se requiere introducir reformas a los instrumentos de gestión del gasto.

Las reformas de los noventas, centradas en la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, no prestaron suficiente atención a la necesidad de incrementar la efectividad del gasto como un mecanismo para reducir la pobreza, y crear condiciones adecuadas de gobernabilidad.

Dichas reformas promovieron la democracia y la inserción de la economía al proceso de globalización económica, pero poco se preocuparon por fortalecer las herramientas gerenciales del Estado. De ahí la importancia de complementarlas con reformas micro institucionales dirigidas a mejorar la gestión y a resolver las denominadas “fallas del gobierno” producidas por la ausencia de incentivos adecuados y los problemas de información.

Los nuevos instrumentos de gestión del gasto, que incluyen entre otros los Marcos Fiscales y de Gasto de Mediano plazo, así como los Presupuestos por Resultados y los Sistemas de Monitoreo y Evaluación, generan información oportuna que mejora la asignación de recursos, el diseño de políticas, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía. Adicionalmente, algo que con frecuencia se olvida, es que con la transparencia fiscal se fortalece la gobernabilidad, y se aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

Esta administración se ha comprometido de lleno con la transparencia fiscal. Gracias a ello hoy es posible determinar cuales han sido los resultados obtenidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo con más de 44 billones de pesos ejecutados en los Presupuestos de Inversión de la Nación 2003-2005. Esto que parece obvio, no era posible antes de 2002 porque no se contaba con una metodología de presupuestación por resultados, ni con las herramientas gerenciales para generar la información con la oportunidad y la calidad requeridas.

Aunque hay muchos resultados importantes, con satisfacción pero sin triunfalismos, quiero resaltar algunos que, de lejos, justifican los esfuerzos y desvelos realizados por esta administración.

Al finalizar 2005 Colombia tiene:

• La tasa de homicidios más baja en 20 años
• El número de secuestros más bajo desde 1996
• La tasa de pobreza más baja desde 1991
• La tasa de indigencia más baja desde 1991
• La tasa de desempleo más baja desde 1997
• El déficit fiscal del sector público consolidado más bajo desde 1995
• El menor nivel de deuda neta desde 1999
• Los spreads más bajos desde 1995
• Las tasas de interés nominales más bajas en 34 años
• Las tasa de inflación más baja en 42 años
• La inversión más alta desde 1994 y
• El crecimiento más alto desde 1995

Pero a parte de estos resultados, quiero señalar que la Transparencia Fiscal guarda sobre todo una estrecha relación con lo que para el gobierno ha sido uno de sus principales objetivos: la Renovación de la Administración Pública. A este propósito, sustentado en tres pilares: un Estado gerencial, un Estado participativo y un Estado descentralizado, deben atribuirse también, en buena medida, los resultados alcanzados.

Son dos los componentes de la renovación de la administración pública. Las reformas verticales, con las que hemos buscado racionalizar las funciones y re-dimensionar el tamaño del Estado; y las reformas transversales, orientadas a modernizar las prácticas e instrumentos de la gerencia pública en temas estructurales.

Con las reformas verticales se logró reducir el gasto de funcionamiento (gastos generales mas gastos de personal, incluyendo los de la Fuerza Pública) en casi medio punto del PIB, entre 2002 y 2005.

Cabe señalar que si se incluyen los gastos que tendríamos hoy de no haberse hecho la reforma del Estado, el ahorro generado es de 1.5 por ciento del PIB. Este resultado es producto del rediseño de 161 entidades de 19 sectores de la burocracia estatal, que incluye la liquidación de 35 y la creación de 9. Así mismo, es fruto de la reestructuración de 174 instituciones prestadoras de servicios de salud y de 35 empresas de servicios públicos domiciliarios.

Con las reformas transversales se han adelantado acciones para hacer más eficiente y transparente la gestión pública en 12 temas entre los que se incluyen, el empleo público, la defensa jurídica de la Nación, la gestión de activos del Estado, la contratación, la información pública y la gestión por resultados y el presupuesto público.

Son muchos los resultados en estos campos pero quiero brevemente resaltar los principales logros relacionados con la Transparencia Fiscal en los últimos tres aspectos: la información pública, la gestión por resultados y el presupuesto público.

En cuanto a información pública, para responder a los problemas de escasa producción, calidad deficiente, periodicidad irregular, duplicidad y acceso limitado al ciudadano, el Gobierno creó la Comisión intersectorial de políticas y gestión de la información pública –COINFO-. Con esta innovación institucional, sin burocracia, se ha logrado definir y armonizar las tecnologías de información y las políticas de información que requiere el Estado.

Lo que había sucedido en Colombia hasta su creación, es que cada Ministerio o Departamento Administrativo tenía sus propias políticas. Los sistemas no se hablaban, no compartían estándares. Se llegó a extremos como el de una entidad en la que existían 18 sistemas de información que no se hablaban entre ellos. El COINFO, entonces, se creó para ponerle orden a todo esto.

En paralelo a este esfuerzo, la reforma en sistemas de información permitió llenar un vacío de conceptualización a nivel del Estado. La verdad es que nunca antes los procesos de modernización institucional se habían ocupado de este tema como un problema de la gestión pública y, sobre todo, como un requisito para lograr los objetivos de desarrollo del país.

Propusimos, entonces, una cadena de agregación de valor de la información que determinó el marco para la intervención del Estado en cuatro aspectos:

i) la generación de una oferta adecuada. A partir de registros administrativos, encuestas y censos.

ii) la difusión y acceso a los medios de intercambio. Como sistemas de información y demás canales de diseminación para facilitar el acceso de ésta a todos los ciudadanos.

iii) el uso de la información por parte del mismo Estado, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones. Y, por último,

iv) un marco regulatorio que fomente el funcionamiento, sin distorsiones, de los mercados de la información, estableciendo incentivos adecuados y estandares mínimos de calidad y oportunidad.

Dos importantes temas en este campo son el fortalecimiento de los registros administrativos, y la información de la información o “metadatos”. Los registros porque la política social se había vuelto dependiente de encuestas y censos de aplicación irregular, poca oportunidad y alto costo (Hogares, ingresos y gastos etc..). El registro administrativo de calidad debe ser la fuente principal de la política social porque a menor costo, brinda una imagen permanente de los programas públicos y sus resultados, y no solamente, una fotografía en un momento del tiempo.

Los inventarios de la información o metadatos, por su parte, son una herramienta indispensable para conocer las fortalezas y debilidades de la cadena de información. A través del COINFO se inició el levantamiento de estos mapas de información en todos los sectores de la rama ejecutiva del Estado.

Junto con lo anterior, para llenar vacíos de información vital para la gestión estatal en áreas transversales, desde 2002 se han implementado nueve sistemas de información específicos, de los cuales quiero destacar tres: el Sistema de Gestión y Seguimiento a Metas de Gobierno –SIGOB-; el -Sistema Único de Información de Personal- SUIP-; y el Sistema de información de Defensa jurídica de la nación.

El SIGOB es una poderosa herramienta que el DNP, junto con la Presidencia de la República, han puesto en operación para hacer seguimiento y control permanente a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo y a los recursos de inversión asignados. A través de este Sistema los ministerios y entidades informan al gobierno y a la ciudadanía en general sobre el avance en el cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del gobierno. El señor Presidente se reúne periódicamente con los ministros y directores de entidades para hacer control de resultados de cada sector con base en la información de este sistema, entre otras fuentes.

Por su parte, el Sistema Único de Información de Personal (SUIP), compila información en línea sobre la nómina estatal. Los cambios y las novedades de personal desde la selección hasta el retiro de funcionarios son actualizados en tiempo real por las entidades del Estado y los ciudadanos, además, pueden conocer la hoja de vida de los funcionarios públicos.

Por último, el sistema de información jurídica es un instrumento para conocer las demandas contra las entidades públicas, clasificadas según las pretensiones por modalidad y el estado de avance de los procesos. Esta información es usada por el ministerio de Hacienda para proyectar el marco fiscal de mediano plazo y permite adelantar acciones preventivas y correctivas, así como identificar las principales causas por las cuales esta siendo demandado el Estado. Así por ejemplo, se encontró que la mayor causa de procesos contra la nación corresponde a fallas administrativas y en respuesta a ello, se diseño y puso en marcha un manual de buenas prácticas.

Pero la reforma transversal de mayor impacto sobre la Transparencia Fiscal ha sido, desde luego, la de Gestión y Presupuesto por Resultados. Esta reforma se propuso tres objetivos:

• Mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas públicos, haciendo del seguimiento y la evaluación una práctica permanente del Estado.

• Incrementar la eficiencia y transparencia en la programación y asignación de los recursos públicos a través de la incorporación del Presupuesto por Resultados y

• Estimular el control ciudadano de la gestión pública a través del fortalecimiento de la rendición de cuentas y la producción y difusión permanente de información sobre los resultados del gasto.

Los productos de esta reforma serán presentados en mayor profundidad durante el seminario pero quisiera destacar que, a parte del SIGOB, a ella corresponden los avances en presupuesto por resultados, en mejoramiento de los mecanismos para la rendición de cuentas ante la ciudadanía, el Congreso y los organismos de control, y en evaluaciones de impacto de los principales programas públicos.

Quiero resaltar este último aspecto como parte fundamental de nuestro compromiso con la Transparencia Fiscal. Porque gracias a esta reforma hemos puesto en marcha una amplia agenda de evaluaciones de impacto que incluye entre otras intervenciones los programas de familias en acción, hogares comunitarios de bienestar, desayunos infantiles, vivienda de interés social, o jóvenes en acción.

Nuestro interés es conocer la calidad del gasto en términos de su contribución real al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más pobres y tomar decisiones de política basadas en evidencia respecto de su continuidad, ampliación o mejoramiento. Algunos de estos programas llevaban más de 30 años operando y nunca habían sido evaluados.

Con esta agenda, que incluye más de 12 programas, durante este gobierno la proporción del presupuesto de inversión evaluado pasó de 4 por ciento en 2002 a 17.5 por ciento en 2005.

Otro aspecto a destacar de esta reforma, es la replica de los mecanismos de gestión y presupuesto por resultados en los gobiernos locales, como una experiencia piloto. Hoy, los Municipios de Medellín y Pasto se encuentran implementando herramientas de gestión inspiradas en este proceso señalando un camino para la modernización del presupuesto y la gestión pública local. Los avances en estas dos experiencias también serán discutidos durante el seminario.

Otro mecanismo exitoso para promover la buena gestión financiera de municipios y gobernaciones es la evaluación del desempeño fiscal de los entes territoriales. Junto con la estricta aplicación de la Ley 617 de 2000, este mecanismo a contribuido a superar por completo la crisis financiera territorial que vivió el país durante los años 90’s. Las finanzas territoriales pasaron de un déficit de -0.2 por ciento del PIB en 2002 a un superávit de 3.2 por ciento en 2005.

La evaluación fiscal territorial, que incluye un ranking del desempeño municipal, en la práctica, se ha vuelto uno de los principales factores disuasivos y preventivos de la mala gestión financiera porque los alcaldes saben que son evaluados y la ciudadanía controla. Además, el gobierno estableció un incentivo monetario de una bolsa de recursos del sistema de transferencias con la cual también se premia el buen desempeño. Un buen ejemplo anecdótico del impacto de este instrumento es el municipio de Mosquera en Cundinamarca, cuyo primer lugar en el ranking movilizó a la ciudadanía y llevó a la administración a declarar día cívico.

Lo cierto es que en Colombia, y en buena parte de los países en desarrollo, nos hemos acostumbrado a ver cuantos recursos se dirigen a los sectores, pero no vemos el otro lado. ¿Cuál es el producto de esos recursos en términos de coberturas, calidad de la educación, etc.? Por eso la evaluación y el presupuesto por resultados.

También nos acostumbramos a hablar de participación ciudadana pero no ha practicarla o ha estimularla por temor o por falta de información. Por eso, esta reforma generó la información sobre los resultados de la gestión, para que la ciudadanía tenga con que participar en la definición, en la ejecución y en la vigilancia de las tareas públicas. Por eso también esta administración ha estimulado los Consejos Comunales de Gobierno, las Audiencias Públicas, los Consejos de Ministros Televisados de rendición de cuentas, los Informes de Resultados al Congreso y las Veedurías Ciudadanas.

Aún queda mucho por hacer.

Todos estos avances aunque importantes, son aún insuficientes. No es un sueño pensar que Colombia, antes de 2019, habrá consolidado la seguridad a lo largo y ancho del territorio. Este derecho a tener un país en paz requerirá alcanzar una tasa de homicidios inferior al promedio que hoy tiene América Latina, 19 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, el país deberá crecer a tasas cercanas al 6 por ciento anual si quiere disminuir el desempleo a niveles del 5 por ciento, y la pobreza y la indigencia a niveles del 15 y 6 por ciento, respectivamente. Por su puesto, esto último requerirá alcanzar coberturas universales en educación, y ampliar el espectro de la protección social focalizada en la población más vulnerable por mencionar solo algunos retos.

Estas, al igual que todas las metas que hacen parte de la Visión planteada para la conmemoración del segundo centenario, dependen en buena medida de una sola meta. Colombia debe tener un Estado funcionando completamente por resultados en el que todas las instituciones formen parte de un nuevo modelo de gestión pública, eficiente, transparente y de cara al ciudadano.

Para que esto sea posible, debemos acelerar el paso de las reformas a la gestión del gasto público. Esto incluye el fortalecimiento de los mecanismos para preservar la disciplina fiscal, mejorar la asignación de los recursos de acuerdo a prioridades, y garantizar la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos.

Estas reformas son, desde luego, procesos que demandan tiempo y esfuerzo para su consolidación pues, implican no solo transformaciones institucionales sino cambios culturales en la administración y en los servidores públicos, y, sobre todo, en las formas en que se relaciona el Estado con la ciudadanía.

Esta administración se comprometió con el cambio en la administración pública por que estamos convencidos que un estado moderno, gerencial, transparente y participativo conducirá a un proceso más dinámico y equitativo de desarrollo de la economía y a un estandar de vida más alto para todos los colombianos.

Hemos iniciado el recorrido y creo que difícilmente el país puede dar marcha atrás. Uno no se detiene en la mitad de la carrera o como lo dijo mejor un distinguido expresidente liberal “en la mitad de un beso o de una revolución”.

Por eso los invito a sacar el mejor provecho de las presentaciones y discusiones de estos dos días, y a que juntos sigamos insistiendo en la reforma al presupuesto y a la gestión del gasto público en Colombia.

Muchas gracias”.