PALABRAS
DEL PRESIDENTE EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "TRANSPARENCIA
FISCAL"
Bogotá, 13 feb (SNE). El siguiente
es el discurso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante
el seminario internacional "Transparencia fiscal: presupuesto
por resultados y calidad del gasto público".
“Quiero felicitar y agradecer a Planeación Nación
este enorme esfuerzo, a su director, Santiago Montenegro y al equipo
encabezado por Manuel Fernando Castro, lo mismo al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al equipo encabezado
por Carolina Rentaría, directora de Presupuesto de la Nación.
Y quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, la compañía
de los funcionarios de las agencias multilaterales, la presencia
del director del Banco Central (José Dario Uribe), del Contralor
General de la República (Antonio Hernández Gamarra).
Nosotros hemos trabajado en un marco político que tiene
dos características: el Gobierno Comunitario y el balance
entre democracia representativa y democracia participativa.
Ese marco político, en lo que refiere a Gobierno Comunitario,
busca que todos los esfuerzos y recursos de la sociedad vayan orientados
a crear confianza y equidad y que para ese objetivo, el medio sea
lo que hemos denominado el Gobierno Comunitario.
El Gobierno Comunitario que busca una mayor participación
de la comunidad en la definición de las políticas
públicas, en la ejecución de las políticas
públicas y en la supervisión de las políticas
públicas. Esto es lo que hemos practicado en 42 meses de
Gobierno.
Las sociedades contemporáneas tienen que superar aquel
dilema que dio nacimiento a la Constitución de los Estados
Unidos, entre democracia participativa y democracia representativa.
La sociedad contemporánea, en la revolución de las
comunicaciones, no puede abdicar el ejercicio mucho más
eficaz, mucho más agresivo, de todos los mecanismos de democracia
participativa.
Anular la democracia representativa es dejar a la democracia participativa
finalmente sin canales de expresión. Y anular la democracia
participativa, es dejar al a democracia representativa sin fuentes
alimentarías.
Este balance, nosotros lo encontramos en la Constitución
del 91, que reafirma los mecanismos institucionales de representación
que ha tenido Colombia e introduce en la Constitución, instituciones
muy importantes de democracia directa y de democracia participativa.
Una Nación demandando más comunicaciones y más
información. Una Nación más educada, más
ilustrada, más informada y con más deseos de educación,
ilustración e información, es una Nación –por
supuesto- con mayores exigencia de participación, con mayor
derecho de participación y con mejores resultados en la
participación.
Esta es una de las premisas que hemos tenido para reclamar mayor
peso en la democracia participativa del que normalmente tenía
en Colombia, sin afectar la democracia representativa, todo en
el marco de ese Estado Comunitario.
Entonces permítanme referir a todos esos entendidos las
relaciones del Gobierno y el Congreso, las relaciones del Gobierno
y la comunidad, el Gobierno y la contratación, el Gobierno
y las metas.
EL GOBIERNO Y EL CONGRESO
Nosotros tramitamos en el Congreso reformas de gran importancia
como las facultadas para la reforma del Estado, a la cual se refería
Santiago Montenegro. Más de 150 instituciones reformas,
más de 170 hospitales públicos salvados a partir
de la reestructuración.
La idea de que las entidades del Estado no pueden someterse a
ese desmantelamiento que quiso imperar en la América Latina
de los 90’s, pero que tampoco pueden estar al servicio de
clientelas políticas ni de privilegios sindicales, que tienen
que estar al servicio de los intereses superiores de la comunidad,
ser transparentes y eficientes. Por supuesto, allí falta
mucho por hacer, especialmente en ese sector salud.
Tramitamos con el Congreso de la República, no sólo
las reformas fiscales a las que se ha referido Santiago Montenegro
y el representante del Banco Mundial (Danny Leipziger), sino reformas
tan importantes como la reforma pensional, una reforma legal, otra
reforma constitucional y todo ello se ha hecho en un marco de cambiar
las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, de producir resultados
eliminando el viejo clientelismo y eliminando prácticas
como los auxilios parlamentarios.
Esto no ha sido fácil, ha estado bastante enraizado en
la cultura y en la práctica política de Colombia.
Yo creo que hay avances trascendentales: el avance de la meritocracia,
el avance de la carrera administrativa, el avance de los concursos
de maestros. Por supuesto, reconozco que todavía hay deficiencias,
que el país tiene que superar. En la carrera administrativa
hemos vinculado al concurso más de 120 mil nuevos cargos,
hemos realizado dos concursos para la vinculación de maestros,
todo lo cual tendrá que incidir en las mejores posibilidades
de evaluación, del gasto y de los procesos estatales.
Cuando prima el clientelismo, también se impone la indulgencia
y la impunidad. Es muy difícil, con la protección
del clientelismo, poder hacer exigencia rigurosa sobre el Estado,
porque el funcionario que siente presión para ser más
eficiente, más eficaz o totalmente transparente, busca proteger
su incompetencia y sus fracasos en el jefe clientelista que permitió su
ingreso al Estado.
Por eso, para todos estos esfuerzos, a los que refería
el doctor Santiago Montenegro, nos ha parecido fundamental avanzar
en el cambio de las costumbres políticas. Por supuesto,
esto hay que repensarlo día a día. Yo creo que el
esquema tiene que ser: participación sin clientelismo, porque
tampoco podemos llegar al extremo de negar la participación,
en un país donde todos los días se ejerce la democracia.
Los auxilios parlamentarios han tenido una larga discusión
en Colombia. Algunos los defienden, diciendo que es el gran instrumento
para conseguir ese entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso,
que garantiza la gobernabilidad. En la historia de los auxilios
parlamentarios hemos visto de todo: auxilios bien aplicados, aplicados
con corrupción, auxilios que respetan las prioridades de
planeación, auxilios que violan las normas de planeación.
La conclusión política, con la cual llegó esta
administración, es que los auxilios crean un entendimiento
entre el Gobierno y el Congreso, pero también promueven
una insatisfacción popular que, a pesar de ese entendimiento
entre el Gobierno y el Congreso, finalmente afecta la gobernabilidad,
porque deslegitima las instituciones. Nada se gana que Gobierno
y Congreso tengan un magnífico entendimiento, si finalmente,
por prácticas como los auxilios, ambos se desacreditan ante
el pueblo.
Por eso emprendimos el camino de las audiencias públicas.
Planeación Nacional, encabezada por el doctor Santiago Montenegro,
recorrió el país haciendo una tarea muy esforzada
de audiencias públicas, con los congresistas, los alcaldes,
los diputados, los concejales, la comunidad, para asignar los recursos
del Estado. Una asignación con más participación,
una asignación con cero clandestinidad. Creo que este es
un paso bien importante, no sólo para la transparencia,
para la legitimidad de las instituciones, sino también para
la mejor asignación del gasto público, y para que
la comunidad, que participa en esa asignación, también
esté advertida que tiene que participar en la vigilancia
y garantice con su vigilancia el resultado
Cuando comenzaba este Gobierno, un ilustre crítico me decía:
Presidente, usted no es capaz de llegar al último año
de la administración sin dar auxilios. Pues bien, estamos
a un mes largo de las elecciones de Congreso (de la República),
estamos terminando el Gobierno, y no hay auxilios parlamentarios.
Yo creo que ese es un paso bien importante para todos los fines
que congregan esta reunión. Y más importante, creo
que es la decisión -que se ha respetado- de ir eliminando
en Colombia la práctica de los presupuestos adicionales.
Llegamos a elecciones, en un año sin presupuesto adicional.
No aprobamos presupuesto adicional en el 2005, que se estaría
ejecutando ahora, en vísperas electorales.
Eso tiene que darles confianza a todos los actores de la democracia
colombiana y tiene que darles confianza a los observadores internacionales.
En semejante lucha democrática, un Gobierno, que está en
el momento en que el país ha introducido la reelección
presidencial, y toma la decisión de llegar a elecciones
sin presupuesto adicional.
Y esto finalmente ha contribuido a fortalecer la democracia representativa,
porque son pasos que obligan a que los debates del Congreso sean
más serios y más exhaustivos, a que las aprobaciones
presupuestales sean menos ligeras, más profundas, con mayor
detenimiento, y a que los reclamos regionales –que tienen
en los congresistas sus voceros genuinos y auténticos- sean
unos reclamos también con mejor sentido de las prioridades,
lo cual se deriva de esa creciente relación entre el congresista
y la comunidad, que el Gobierno, a través de sus esquemas
comunitarios, ha forzado.
CONSEJOS COMUNALES
Además de estas audiencias públicas para tantos
efectos, el Gobierno ha venido trabajando los Consejos Comunitarios.
Yo tenía experiencias anteriores. Como Senador de la República,
casi todos los domingos realizaba en mi departamento un Consejo
Comunitario, donde invitaba grupos de alcaldes, de funcionarios,
de comunidad, a examinar lo que llamábamos: Alcaldías
Excelencia. ¿Qué hacer para tener gobiernos locales
de excelencia? Y debatíamos permanentemente los proyectos
de ley que estaban bajo nuestra responsabilidad en el Congreso
de la República.
En la Gobernación de Antioquia realizamos, sin televisión,
Consejos Comunitarios, durante los sábados y domingos. Hice
cuentas y solamente se quedaron 24 fines de semana, de esos tres
años, sin Consejos Comunitarios. No podía citar a
un Consejo Comunitario en Año Nuevo, ni en Semana Santa,
ni en el Día de la Madre. Esos fueron los únicos
que se escaparon.
Cuando empezó este Gobierno, a las cinco y media de la
mañana del día siguiente, el 8 de agosto, empezamos
un Consejo Comunitario en las calles de Valledupar (Cesar), para
iniciar con la Fuerza Pública la recuperación de
la seguridad en ese departamento. En sus carreteras no se podía –como
en casi todo el país- era imposible desplazarse de Valledupar
a Santa Marta o de Valledupar a Riohacha.
Cinco y media de la mañana, del 8 de agosto, ese fue el
principio de algo muy importante para el gasto público,
el gasto público en seguridad, su constante evaluación,
para garantizar que esos mayores esfuerzos se convirtieran en resultados
satisfactorios para el país.
Y hemos venido realizando, a partir de ese momento, Consejos de
Seguridad con participación comunitaria en todo el país.
La semana pasada realizamos dos: el lunes uno en Puerto Asís,
Putumayo, y el viernes, el segundo, en Barrancabermeja (Santander).
¿Por qué por fuera de Bogotá? Para que los
compromisos de la política de Seguridad Democrática
no queden solamente en los altos mandos, en el Ministro, en el
Presidente, sino que permeen hasta el más joven de los policías
y de los soldados, hasta aquel más recientemente incorporado.
En esos Consejos tenemos dos sesiones: la primera con participación
comunitaria, y la segunda, ya cerrada,con los altos mandos y la
Fiscalía.
¿Qué noto? Una comunidad que se liberó de
la mordaza, que no le da miedo denunciar la guerrilla, que no le
da miedo denunciar los paramilitares, que nos dice con toda franqueza –como
lo advertimos la semana pasada en el Putumayo o en Barranca-: en
esto van bien, en aquello van mal. Y eso nos ha obligado a ser
más cuidadosos, para lograr mayor eficiencia, mejores resultados
en ese esfuerzo que ha hecho el país en el aumento del gasto
militar.
En esos Consejos, como al día siguiente… El 7 de
agosto fue miércoles y este Consejo Comunitario fue jueves… En
la misma tarde, hicimos otra reunión comunitaria en Florencia
(Caquetá), para mirar cómo íbamos a empezar
la Revolución Educativa, y cómo íbamos a trabajar
allí el aumento de la productividad de los profesores, la
vigilancia de Planeación más rigurosa a los recursos
de transferencias, el mejoramiento de la calidad a través
de las pruebas Saber, y el complemento en la contratación.
Y eso se ha seguido haciendo en todo el país. Este Gobierno,
paradojas de la vida, cuando yo escucho que mis críticos
dicen que Uribe es fascista, que Uribe es paramilitar, que este
es el gobierno que anuló las libertades, veo que simultáneamente
el Gobierno que menos paros de maestros ha tenido. Casi no ha tenido
paros de maestros.
¿A qué se debe eso, con reformas profundas, como
la reforma de la meritocracia? Un permanente diálogo para
proyectar y evaluar, que empezó en Florencia, en la tarde
del 8 de agosto de 2002. Eso es jueves. Y viernes hicimos la primera
audiencia comunitaria en la noche en Cali, para empezar el proceso
de salvación de Emcali, cuyos resultados son magníficos.
Aquí está la mayor responsable de esa tarea, la señora
Superintendente (de Servicios Públicos Domiciliarios), la
doctora Evamaría Uribe, y el doctor Juan Lozano, que le
ha tocado la pesada carga de ser mi delegado en ese proceso.
Se ha salvado una empresa estatal, va por un camino de eficiencia
muy importante, y el proceso se ha llevado en medio de una permanente
discusión pública. Hasta el punto de que logramos
algo, que tenía todos los obstáculos de parte de
sectores políticos: la participación de todos los
usuarios de Cali en lo llamamos el Fondo de Solidaridad, que lo
queremos replicar en todas las empresas de servicios públicos.
Hoy, la factura de Cali tiene un componente que se lleva a una
cuenta personal del usuario en el Fondo de Solidaridad, que gana
unos intereses, Fondo de Solidaridad, que está llamado a
crear un gran esquema de solidaridad y de participación
en las empresas de servicios públicos, a superar la contradicción
entre proveedores y usuarios, y a constituirse finalmente en una
fuente de ahorro que apalanque el crecimiento de la empresa.
Por supuesto, eso nos llevó a algo bien importante, que
es la intervención del Estado en las conciliaciones, para
superar tanto pleito en empresas del Estado, más de 20 pleitos
en Colombia Telecomunicaciones.
Encontramos un fenómeno: todo eso estaba estancado, porque
a los funcionarios les da miedo conciliar. Les da miedo conciliar
porque inmediatamente ven un juicio fiscal de la Contraloría,
o una acusación de la Procuraduría.
¿Entonces qué hicimos, a partir de la experiencia
de Emcali? Empezamos a buscar conciliaciones con dos características:
que sea inobjetable la equidad conmutativa entre las prestaciones
u obligaciones del Estado que contrata y el contratista que entró en
litigio con el Estado. Y garantizar la transparencia a través
de la participación ciudadana.
Este Gobierno ha obligado que toda transacción, antes de
perfeccionarse, debe publicarse ampliamente, para que la ciudadanía
la conozca, la critique. Eso parecía muy extraño,
yo recuerdo, le hablaba de eso a esas empresas internacionales
que han tenido los litigios con Telecom, y se fruncían,
no lo entendían. Pero lo hemos logrado. Les decía:
miren, hacemos un acuerdo aquí medio clandestino, sin que
lo conozca el país, y eso estimula la suspicacia. Dicen
que ustedes son unos piratas ladrones y que nosotros somos unos
corruptos. Para legitimar estos acuerdos, participación
comunitaria.
El Contralor no estuvo de acuerdo con lo que nosotros hicimos
en Telecom, en la segunda fase de la reforma de Telecom, pero procedimos
con toda transparencia. ¿Cómo lo hicimos? Cuando
se logró el acuerdo con una firma internacional que quería
ser socia de Telecom, se dijo: no se perfecciona, hasta que se
dé este debate. Y en la etapa de debate, que fue una segunda
consulta a la Contraloría, la Contraloría vino con
unas objeciones, que el Gobierno las respetó, y está agotando
el proceso que surgió de allí.
Esa participación comunitaria ha sido muy importante para
esto, y todo esto garantiza mejor aplicación de los recursos
públicos y garantiza una congruencia entre los objetivos
que se proponen en un presupuesto, y los resultados que se logran
con la aplicación de ese presupuesto.
Esos Consejos Comunitarios han buscado coordinar, proyectar y
evaluar. Aquí está nuestro alcalde de Pasto, Raúl
Delgado. Yo creo que nos ha ayudado mucho el Consejo Comunitario
a coordinar la administración municipal de Pasto con la
departamental, a ambas con el Gobierno Nacional, a todas con el
Congreso, y a unos y otros con la comunidad nariñense y
con la comunidad de la ciudad de Pasto.
Y eso no es despreciable. Este país eligió, en las
elecciones de 2003, muchos alcaldes y gobernadores de verdadera
oposición. Esas elecciones de 2003, las primeras bajo la
política de Seguridad Democrática, permitieron que
Colombia tuviera no solamente garantías retóricas
sino eficaces. Colombia siempre ha tenido garantías retóricas,
lo importante son las garantías eficaces.
Mis compatriotas deben guardar en la memoria la libertad que disfrutaron
abstencionistas y opositores al Referendo, y lo que pasó al
día siguiente: muchos de la verdadera oposición,
provenientes de partidos alternativos a los tradicionales, apoyados
también por militantes políticos que en el pasado
habían estado en las guerrillas, ganaron posiciones de la
mayor importancia, que en otras circunstancias, en ausencia de
la Seguridad Democrática, quién sabe cuál
habría sido su suerte, ante el acoso de los terroristas.
Pues bien, esta integración comunitaria ha permitido construir
gobernabilidad con ellos, sin unanimismo. Ellos mantienen sus críticas
al Gobierno. Cuando les dicen que están cercanos a Uribe,
se ponen colorados, e inmediatamente sacan argumentos para decir
que siguen siendo de la oposición. Pero finalmente han entendido
que la gobernabilidad de esta patria, la tenemos que construir
entre todos, que es un principio de unidad nacional.
Y este esfuerzo comunitario ha ayudado mucho a que gobernadores
y alcaldes, todos, independientemente del origen político
de su elección, sientan que tienen todo el respeto, todas
las garantías, y a construir un ambiente de cooperación
con ellos, qué tal que no.
¿Ustedes se imaginan qué sería del presupuesto,
de la planeación presupuestal, de la ejecución presupuestal
y de los resultados, si no se construyera esa armonía en
un país proclive a polarizaciones y antagonismos insuperables?
Esta es otra cosa bien importante: manejar acuerdos dentro del
desacuerdo, para que funcione la planeación, la ejecución
presupuestal y se obtengan los resultados.
Y evaluaciones. Los Consejos Comunitarios recientes nos sirven
para evaluar y proyectar. Me decía la senadora Claudia Blum,
el pasado sábado en La Mesa (Cundinamarca), que ella ha
conocido muchos gobiernos, y que está admirada del nivel
de detalle que conocen nuestros ministros. Yo pienso que esa obligación
de darle la cara todos los días a la comunidad, nos ha obligado
a todos en el Gobierno a ser menos promeseros, pero a estar más
comprometidos. Eso sí es bien importante en la legitimidad:
menos promesas y más compromisos. Y a estar permanentemente
acosados por el reclamo comunitario, y exigidos a responderle bien
a la comunidad.
El señor Vicepresidente de la República, en la dirección
del programa anticorrupción, ha dirigido en todo el país
las audiencias anticorrupción, los pactos de transparencia,
con la permanente ayuda de la Contraloría, de la Procuraduría
y de la Fiscalía General. Y eso ha sido muy bueno, pero
también ha traído confusiones, porque mucha gente
dice: ¿por qué el Gobierno hace audiencias anticorrupción
y en seguida no sanciona? Porque el Gobierno no tiene las competencias
sancionatorias, pero sí la responsabilidad política
de estimular la transparencia, y de estimular que la comunidad
se pronuncie, y de estimular que esos pronunciamientos comunitarios,
le habrán caminos, le den luces a los organismos de control.
Continuar en eso es de gran importancia, porque nada de lo que
se propone este seminario se logra, si Colombia no elimina totalmente
la corrupción.
EL GOBIERNO Y LA CONTRATACIÓN
El Gobierno y la contratación. Nuestro primer esfuerzo
fue el Decreto 2170, con instituciones tan importantes como ésta:
no se pueden vender pliegos de licitaciones, sin agotar la etapa
de prepliego. Este Gobierno introdujo la etapa de prepliego. Se
formula un proyecto de pliego, se publica, se somete a la discusión
ciudadana, y solamente cuando se ha agotado un período de
discusión ciudadana, se puede convertir en pliego definitivo,
y entregarlo a los proponentes.
Ese Decreto exige las audiencias públicas para la adjudicación
de los contratos. Qué importante: todos los contratos de
este Gobierno han tenido audiencia pública. ¿Ustedes
se imaginan qué habría sido de la doble calzada Bogotá-Girardot,
la adjudicación sin audiencia pública? ¿Sin
ese largo debate en audiencia pública, incluso televisada?
Si algo exige transparencia y al mismo tiempo elimina suspicacia,
es la audiencia pública en la contratación.
Ese Decreto crea todas las facilidades para la vigilancia comunitaria.
No hemos podido todavía sacar la reforma a la Ley 80. Está aprobada
en primer debate en el Congreso de la República.
Hemos introducido nuevas modalidades de contratación, con
mucha controversia. Hoy el país está empezando a
pavimentar 3.200 kilómetros, el Plan 2.500, ampliamente
debatido con el Congreso, con la comunidad, con los alcaldes, con
los gobernadores, con los concejales, con los diputados.
Y el sistema de contratación totalmente transparente, y
muy controvertido. Porque les exigimos a los contratistas presentar
dos propuestas, la propuesta técnica y jurídica y
la propuesta económica. Y la condición fue ésta:
primero se abre el sobre de la propuesta técnica y jurídica,
y aquellos que en la evaluación sean seleccionados, son
los únicos a quienes se les puede abrir el sobre de la propuesta
económica.
Entre los seleccionados por los requisitos técnicos y jurídicos,
se adjudica la obra al que tenga el menor precio.
Hemos estado ahora recorriendo todo el país, evaluando
contrato a contrato, con el gobernador, con el alcalde, con el
contratista, con el interventor, con la comunidad, y estamos gratamente
sorprendidos al comparar los precios, en otras formas de contratación,
con los precios en ésta.
Ojalá, esto resulte bien para el país. Y eso hace
parte de lo que llamamos nuestra acción de “contratistas
visibles”. Uno de los problemas que ha afectado los presupuestos
en Colombia, en obras públicas y en general, ha sido que
los contratistas no aparecen. El país juzga al funcionario
público, pero desconoce al contratista en la mayoría
de los casos. Nosotros creemos que es tan responsable el funcionario
como el contratista.
Por eso hemos venido exigiendo en todas las regiones de Colombia,
que los contratistas, ejecutores de obra, interventores, den la
cara para que la comunidad los conozca. Creemos que ese es un paso
muy importante, para la racionalidad y la pulcritud de la contratación
en nuestro país.
METAS AL 2019
Las metas. Planeación Nacional, el pasado siete de agosto,
entregó a los colombianos lo que yo he llamado el “primer
borrador” para discutir lo que tiene que ser la visión
de patria, al Segundo Centenario, 7 de agosto del 2019.
Políticas de Estado en sociedades democráticas,
con tanto debate, como el debate que a diario se da en nuestra
sociedad, no se logran sino a través de pactos democráticos.
Y los pactos democráticos son sólidos, no cuando
se dan en las cúpulas, sino cuando son alimentados en el
debate popular. Por eso Planeación Nacional está haciendo
el gran esfuerzo de convocar a todos los colombianos en todas las
regiones a ese debate, para ir sacando nuevos borradores, más
depurados, a través del debate, que ha tenido como punto
de referencia el primer borrador.
Las metas que Colombia defina para el año 2019 tienen mucha
importancia para las proyecciones y las evaluaciones del presupuesto.
Y hemos dicho que todos los departamentos deben tener su anexo,
y construirlo democráticamente, y todos los municipios.
Qué bueno ver en la totalidad a los 1.098 municipios de
la Patria el debate sobre la visión de lo que debe ser ese
municipio en el 2019, cuando la Patria cumpla dos centurias de
vida independiente.
Además, es muy importante corregir desbalances. Yo he visto
un país con muy buenas proposiciones macros. Y mucha gente
pregunta: pero si en tal época se hizo tal estudio, ¿por
qué fracasó? Creo que a todos esos estudios les ha
faltado participación democrática, porque la ciudadanía
se compromete en la ejecución, en convertir esos estudios
en realidad, en la medida que participe en esos estudios. Y creo
que les ha faltado otro esfuercito: el trabajo cotidiano.
Hay que combinar en el país tres cosas: una amplia participación
ciudadana en el trabajo cotidiano y en la proyección de
largo plazo, un gran esfuerzo para tener una visión de largo
plazo, y un gran esfuerzo de trabajo cotidiano para convertirlo
en realidad.
Trabajo cotidiano intenso, esforzado, sin visión de largo
plazo, desorienta a la ciudadanía. La ciudadanía
se pregunta: tanto esfuerzo y no sabemos para donde vamos. Una
visión de largo plazo, sin participación ciudadana,
no pasa de ser un documento para discusiones entre sabios. Una
visión de largo plazo sin trabajo cotidiano, deja de ser
ilusión y, a medida que la gente se dé cuenta que
no se convierte en realidad, se torna en frustración. Por
eso hay que hacer la combinación de estos tres factores.
Colombia tiene unas metas muy exigentes. Yo creo que nosotros
tenemos que anticipar el cumplimiento de Metas del Milenio, y esto
va a exigir unos esfuerzos muy grandes en presupuestación.
Yo creo que esta Patria nuestra, en el año 2008, tiene que
decirle al mundo que ha logrado plena cobertura en salud subsidiada. ¿Estamos
preparados? Hay que hacer el esfuerzo, no nos dan más plazo.
Yo creo que es un imperativo de legitimidad democrática.
Teníamos 10 millones y medio de afiliados al régimen
subsidiado de salud en agosto de 2002. Ahora tenemos 18 millones
600 mil. Ya hay 6 departamentos con plena cobertura: Antioquia
y Huila, Cesar y Guajira, también Arauca y Casanare.
Pienso que en la proyección del marco fiscal de la Nación,
debemos tomar medidas como ésta: reducir el impuesto de
renta para que haya una tarifa más competitiva. El representante
del Banco Mundial nos dijo que teníamos una tarifa comparativamente
muy alta y una base muy reducida. El Gobierno ha ampliado muchísimo
la base: de 400 mil a más de un millón, pero falta
mucho. Hay que rebajar la tarifa. Hemos logrado un paliativo a
las tarifa en estos años, los incentivos al crecimiento,
que muchos economistas los han criticado. Y cuando yo veo la respuesta
a la inversión, digo: si quiera los introdujimos…
Yo creo que este esquema transitorio fiscal, del Gobierno que
presido, ha sido muy exigente en aumentarles los impuestos a aquellos
que no crecen, y muy resuelto en darles incentivos a aquellos que
quieran crecer. Pero esos incentivos son temporales. El país
se tiene que preparar para suceder la expiración de esos
incentivos con una tarifa de renta más baja. Y eso debe
tener un esfuerzo correspondiente, no necesariamente proporcional,
pero sí un esfuerzo por parte del sector empleador, para
pagar un punto más de cotización a la salud, que
vaya en su totalidad al Fondo de Solidaridad, para garantizar que
en año 2008 Colombia tenga plena cobertura en Régimen
Subsidiado de Salud.
Ahí tenemos una gran meta. Proyectar los objetivos, formular
un presupuesto de acuerdo con esos objetivos, buscar unos recursos
y evaluar, para poder cumplir el propósito de que ese presupuesto
se refleje finalmente en unos resultados.
Colombia tiene que llegar en tres años a plena cobertura
en educación básica. La señora Ministra dice
que las actuales cifras nos muestran que con el crecimiento de
este Gobierno, nos estamos situando en el 91 – 92 por ciento.
Ella cree que cuando conozcamos las cifras del Censo, vamos ver
que en la realidad hay un porcentaje más elevado de cobertura.
Ojalá. Cualquiera sea, la cobertura del 91 – 92 de
las actuales cifras o una mejor cobertura como resultado del Censo,
el país tiene que lograr la plena cobertura en tres años.
Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para exigirles a las regiones
mejor aplicación de las transferencias. Planeación
lo hace en casi todos los Consejos Comunitarios, en los programas
de estímulos positivos, como el que mencionó el doctor
Santiago Montenegro. Hemos hecho un gran esfuerzo en aumentar recursos.
Agradezco a los profesores, a los alcaldes y gobernadores, lo que
nos han ayudado para aumentar la productividad de los profesores.
Y eso se complementa con los esfuerzos de calidad, como las Pruebas
Saber.
Pero, mire, y ahí viene la pregunta: ¿y los recursos
para lograr esa plena cobertura en tres años? Entonces el
país se tiene que preparar para tomar unas decisiones razonables
en un tema básico: el acto legislativo para suceder la reforma
constitucional sobre transferencias, que se aprobó en la
administración presidencial anterior, del Presidente Pastrana,
y que tuvo liderazgo en el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos.
Allí tenemos un compromiso inmediato, lo tiene la Nación.
Tenemos unas metas bien importantes en saneamiento básico,
y allí sí que hay una discusión. El doctor
Santiago Montenegro suele presentarles a los municipios y departamentos
una gráfica, donde muestra un gran crecimiento en las transferencias
de saneamiento básico, y prácticamente en muchos
de ellos nulo crecimiento en coberturas.
Esta discusión comunitaria nos ha llevado a la conclusión
de que todo no es corrupción, como se supone desde las oficinas
del Gobierno en Bogotá, y que todo no es falta de recursos,
como se supone desde las oficinas territoriales en los departamentos
y municipios. Hay problemas de corrupción, hay problemas
de ineficiencia y hay problemas de insuficiencia de recursos. Y
hay que trabajar cómo resolvemos esos tres tipos de problemas,
para lo cual la participación comunitaria es fundamental.
Y allí hay que hacer un esfuerzo en los años que
vienen.
Si Colombia logra hacer el TLC con los Estados Unidos, tiene que
pasar de inmediato, creo yo, a los acuerdos de comercio con los
países centroamericanos. Nosotros sabemos que TLC ideal
no va a haber, pero necesitamos que sea equitativo. Y me preocupa
mucho el 31 de diciembre de este año, cualquiera que sea
el Gobierno del momento, y que lleguen los floricultores: ¿qué hacemos
mañana para exportar? No somos competitivos en Estados Unidos
con estas tarifas. Entonces lleguen las flores de otros países
y las nuestras, ¿qué? Y llegan las confecciones y
los textiles nuestros, que han tenido un problema bien grande allí,
por el ingreso de los chinos a menor precio, y los nuestros a pagar
arancel. Yo les decía esta mañana a los ciudadanos
de Ibagué, a través de una evaluación radial: ¿y
qué hacemos en Ibagué, que todavía tiene un
18 por ciento de desempleo, si se frustra ese renacer de confecciones
y de textiles? Etcétera. Con problemas, como el problema
del arroz y otros, que les estamos buscando soluciones equitativas.
Pero todo el país reclama: la agenda interna de competitividad.
Una demanda de obras públicas, que yo no sé cuanto
puede costar, que se está proyectando. La discusión
pública ahí es bien importante. Es que toda esta
discusión pública ha logrado otra cosa: no sólo
comprometer más a los funcionarios nacionales, sino también
mostrarles limitaciones a los funcionarios territoriales y a la
comunidad. Una comunidad que vea que los funcionarios están
más comprometidos, pero que también conozca las limitaciones,
es una comunidad que aumenta la confianza en el Estado.
Ahora que estamos en el Plan 2.500, alcaldes y gobernadores me
dicen: Presidente, muy bien estos contratos, pero es que se nos
quedaron tales vías sin pavimentar. Y una presión
tremenda. Yo les he dicho: miren, cualquiera que sea el próximo
gobierno, no le van a permitir inversiones sino en obras que tengan
la variable de competitividad. Se van a tener que preparar departamentos
y municipios, para pavimentar las vías departamentales y
para hacer un mayor esfuerzo en las vías terciarias.
Eso, a título de ejemplo, para decir: yo creo que el nuevo
nombre de la descentralización tiene que ser asociatividad.
Creo que el gran impulso que tenemos dar, en los años que
vienen en Colombia, es el de estimular la asociatividad, que en
mi concepto no depende de la Ley de Ordenamiento Territorial, que
tantas veces ha fracasado, sino de la voluntad política
en los tres niveles de gobierno.
Yo reviso: para que los municipios se unan, permanente o transitoriamente,
a fin de aplicar recursos para vías terciarias, no necesitan
ninguna ley. Las competencias actuales les permiten. Para que los
departamentos se unan para operar servicios públicos o para
gestionar servicios públicos o para construir carreteras
o para mejorarlas, no necesitan ninguna ley. Las competencias actuales
les permiten.
Yo diría que, dado los grandes esfuerzos que tiene que
hacer Colombia en materia de presupuesto, todavía con un
alto endeudamiento, todavía con un déficit muy alto
en el Gobierno Nacional central, a pesar de todos los esfuerzos,
estos sacrificios que tiene que hacer el país serán
posibles en la medida qué tan bien, amén de otras
exigencias, estimulemos la asociatividad.
Creo que hay que hacer pactos con los departamentos y con los
municipios como éstos: señores gobernadores, el Gobierno
Nacional les ayuda a tramitar un crédito para pavimentación
de vías con los bancos internacionales –de una vez
les queda hecha la solicitud, señores banqueros–,
no a 20 años sino a 25, y mejoradita la tasa de interés,
para que ustedes lo apliquen a pavimento de vías departamentales.
Pero se asocian, y nos muestran los resultados de austeridad y
eficiencia en la asociación.
Señores alcaldes: nosotros estamos dispuestos a mantener
115 – 135 mil millones, no podemos más, de partida
presupuestal para vías terciarias. Ustedes reclaman que
el Gobierno Nacional no contrate desde Bogotá. Vamos a delegarles
en ustedes, pero se asocian.
Yo muchas veces les pregunto a mis compañeros de gobierno: ¿y
por qué no se le delega a aquel municipio el contrato de
vías terciarias? Me dicen: porque se roban la plata, o porque
tienen un convenio con fulano, un convenio espúreo. Y me
dicen alcaldes y gobernadores: Presidente, es una injusticia que
no deleguen en nosotros. Es que hay intereses amañados y
corruptos en el Gobierno central, que no delegan en nosotros.
Yo creo que esa desconfianza mutua se rompe en la medida que el
Gobierno delegue, exigiendo asociatividad. Y eso nos va a ayudar
a que rindan más los recursos y a que se consigan mejores
objetivos, mejores resultados en el presupuesto. Yo quería
llamar la atención sobre esa necesidad de la asociatividad.
Me parece que, en la búsqueda de recursos para todas las
exigencias que tiene el país, tenemos que trabajar todos
los ajustes al marco fiscal y tributario, con un requerimiento:
no perder, sino incrementar la confianza inversionista que Colombia
ha venido ganando.
Uno es muy atrevido, y se atreve a decir cosas como éstas:
Colombia ha tenido muchas bonanzas, pero apenas tiene ahora la
primera bonanza de confianza.
En el siglo pasado, el general Pedro Nel Ospina emprendió unas
obras importantísimas que se financiaron, fueron una bonanza
en ese momento. Se financiaron con la indemnización de Panamá.
El proceso de sustitución de importaciones, cuando los mercados
extranjeros nos fracasaron, y los proveedores extranjeros nos fracasaron,
a raíz de las guerras, causó también en Colombia
alguna bonanza. El gobierno del General Rojas Pinilla, más
adelante los gobiernos de los doctores López Michelsen y
Belisario Betancur, gozaron bonanzas cafeteras. Cuando gobiernos
anteriores convocaron a la telefonía internacional, para
instalar en Colombia la telefonía móvil, hubo una
confianza de inversión en ese sector. Lo mismo cuando se
abrió la televisión a los canales privados. Caño
Limón, Cusiana, Cupiagua, trajeron bonanzas. Hemos tenido
las bonanzas ilegítimas, que finalmente tanto daño
han hecho: la de la marihuana y la de la coca.
Yo diría que Colombia ahora… Le preguntaba al doctor
José Darío (Uribe, gerente general del Banco de la
República): bueno, ¿cuánto fue la inversión
extranjera el año pasado? Me dice que alrededor de 5 mil
millones de dólares. Todavía no tienen la cifra final.
Y cuando comparo con lo que había en el 2002 –y lo
distribuida que está esa inversión–, veo que
Colombia goza de confianza.
Cuando veo los spreads. Uno compara la tasa de interés
de todos estos países, primero de enero del 2005 con el
31 de diciembre del 2005, y encuentra que la mayor caída
de spreads se dio en Colombia, proporcional, en esos 12 meses.
Yo veo que el país tiene hoy bases de una bonanza de confianza.
Por eso el nuevo marco fiscal y tributario no pueda afectar esa
bonanza de confianza. Confianza inversionista, a través
de la racionalidad de ese marco. Y confianza también en
la ciudadanía, a través de la exigencia de transparencia.
Finalmente, todo este esquema que ustedes proponen: objetivos
en el gasto público, recursos para alimentar ese gasto,
procesos para aplicar esos recursos, evaluación para ver
la consistencia entre los resultados y los objetivos, requiere
un debate democrático permanente de instituciones y pueblo.
Requiere eficiencia, requiere confianza inversionista y requiere
confianza comunitaria, que exige transparencia.
No me resisto la tentación de hacerle un comentario al
señor Danny Leipziger, del Banco Mundial: hay unas rigideces
en el presupuesto colombiano, que yo no soñaría que
las podamos eliminar todas. Entre otras cosas, porque un país
con estos niveles de pobreza, es muy celoso en no aflojar la destinación
de unos recursos a determinados objetivos, mientras no se superen
esos niveles de pobreza.
Los felicito por esta buena convocatoria, y muchas gracias”. |