Los actuales contratos serán revisados para determinar detrimento patrimonial

GOBIERNO RADICÓ PROYECTO QUE PROHIBE ENTREGAR RECAUDO DE IMPUESTOS A PARTICULARES

Bogotá, 6 jun. (SNE).- Un proyecto de ley para prohibir que los municipios y entidades territoriales contraten el recaudo de impuestos con particulares, radicó el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.

La iniciativa, que está acompañada por los representantes a la Cámara Oscar Darío Pérez, César Negret y Santiago Castro, señala en su exposición de motivos que no se puede permitir que la administración tributaria sea entregada a los particulares, teniendo en cuenta los problemas técnicos y jurídicos que esto representa.

El proyecto de un solo articulo, advierte que los actuales contratos celebrados por algunos municipios incuso por más de 20 años de duración, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para determinar si hubo detrimento patrimonial.

La iniciativa se originó en un artículo que estaba en la ley de normalización de cartera aprobada en el Congreso, pero que fue excluido a última hora por la Comisión de Conciliación del Congreso.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, han sido firmados con particulares contratos para recaudo de impuestos en Cali, Barranquilla, Montería, Santa Marta, Fundación, Plato, Pereira y Malambo.

¿QUÉ PASA?

En la exposición de motivos el Ministerio de Hacienda señala que con esta “nociva práctica” –la firma de contratos con particulares-, se cede a favor de firmas privadas potestades tales como la organización, determinación, discusión, cobro y recaudo de impuestos territoriales, entregan la información correspondiente a la administración tributaria y a los sujetos pasivos de las obligaciones.

“Lo anterior contraría en gran medida el ordenamiento jurídico colombiano pues desconoce tanto la legislación tributaria como la legislación en materia presupuestal, además de restringir la gobernabilidad de los entes territoriales”, señala la exposición de motivos del proyecto.

Adicionalmente esos contratos son muy costosos pues los cobrados descuentan las comisiones directamente de los recaudos realizados, y algunos tienen un costo adicional por lo que se cobre demás.

Hay contratos a 20 años de plazo (obviamente condicionando a varias administraciones locales) en los que se pactaron comisiones del 6 por ciento del valor histórico del recaudo, más un 15 por ciento de comisión de “éxito” sobre el mayor recaudo.

En el único artículo del proyecto radicado hoy se señala que las entidades territoriales que a la fecha hayan celebrado este tipo de contratos, deberán revisarlos y poner en conocimiento de las autoridades competentes y de los organismos de control el posible detrimento patrimonial en que se haya incurrido.