EN FEBRERO: 262 DESMOVILIZACIONES INDIVIDUALES

Bogotá, 2 mar. (SNE).- El Programa de Atención al Desmovilizado (PAHD), registró durante febrero la desmovilización individual de 262 miembros de los diferentes grupos armados al margen de la ley.

El PAHD reveló que 127 de estas personas pertenecían a las FARC, 103 a las AUC y 32 al ELN. Dentro de este grupo se encuentran 52 menores de edad y 36 mujeres.

Estas personas se entregaron voluntariamente de la siguiente manera: 186 ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía, 43 al ICBF, 10 a la defensoría del Pueblo, 8 a la Fiscalía, 7 a la Personería, 7 al DAS y una a la Iglesia.

En febrero, Cundinamarca fue el departamento en el cual se reportaron más desmovilizaciones con 57 casos, le siguen Arauca con 33, Antioquia con 28, Caquetá con 20, Meta con 15, Cauca con 13 y Boyacá con 10. El resto de las entregas se presentaron en otras regiones del país.

Con esta cifra ya son 9.280 las personas que se han desmovilizado individualmente durante la administración del presidente Álvaro Uribe. Además de los 22.842 miembros de las AUC, que a la misma fecha, se desmovilizaron de forma colectiva, al estar en diálogos con el Gobierno Nacional.

BENEFICIOS

El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002 estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al igual que protección y solución jurídica a través del Ministerio del Interior. Este decreto también contempla apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena.

Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia o la Fuerza Pública entregando información que permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación económica, acorde con el resultado de dicha colaboración.

Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos y maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”, también recibirán una bonificación económica.

También se entregará una bonificación económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.

El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir todos aquellos nacionales que “individualmente y por decisión voluntaria”, abandonen los grupos armados al margen de la ley. Estos deberán demostrar además, –a criterio del Gobierno Nacional- su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública”.