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Beneficiarios habrían incurrido en posible delito de falsedad

INCODER DENUNCIARÁ PENALMENTE A 67 FAMILIAS ADJUDICATARIAS DE TIERRA EN EL META

Bogotá, 28 mar. (SNE).- El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) denunciará penalmente a 67 familias adjudicatarias de tierras en el departamento del Meta que habrían incurrido en un posible delito de falsedad en documento público para obtener los beneficios.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, el Incoder recibió información sobre algunas personas que faltaron a la verdad en los “Formularios de Inscripción de Aspirantes al Subsidio de Tierras” para que les fueran adjudicados predios de reforma agraria.

Esa información sobre las presuntas irregularidades fue suministrada por la Procuraduría General de la Nación a la entidad, la cual va acompañada de un informe previo emitido por el coordinador operativo del DAS en el Meta.

Allí se establece, en principio, que hubo inconsistencias en la información suministrada por 67 familias de las 256 seleccionadas en diciembre de 2005 para ser adjudicatarias de los predios rurales Las Leonas con 3.800 hectáreas, El Rodeo con 778 hectáreas y Las Delicias con 2.626 hectáreas más para un total de 7.204 hectáreas ubicadas en el municipio de Puerto López.

Estas familias habrían incurrido en el delito de falsedad en documento público por haber omitido información relacionada con la propiedad de bienes inmuebles y actividad económica, entre otros.

En consecuencia, el Incoder notificó este martes los cargos a las familias supuestamente involucradas en los hechos y estableció como fecha límite el 7 de abril para el estudio de los descargos.

Aparte de la responsabilidad penal que pueden tener por suministrar información errada, los implicados podrían ser sancionados con la pérdida del otorgamiento del subsidio de tierras.

El Ministerio de Agricultura reiteró que el Gobierno Nacional tiene definidos varios parámetros de calificación para la entrega de tierras como activos totales, número de personas a cargo, vinculación al municipio, experiencia agropecuaria, entre otros.

Esta información es analizada y estudiada por un Comité Técnico integrado por el jefe de la oficina del Incoder, quien convoca, el Gobernador o su delegado, el Alcalde o su delegado, un delegado regional de la Defensoría del Pueblo dos representantes de las organizaciones campesinas del departamento, un delegado de Acción Social, un representante de las mujeres campesinas desplazadas, el coordinador del Grupo técnico territorial del Incoder y el Procurador Agrario Regional.

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