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8 de noviembre

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN SEMINARIO SOBRE LIBERTAD ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO

Bogotá, 8 nov. (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante la instalación del seminario “Libertad económica y creación de empleo”, organizado por la Fundación Jean Francois Revel.

“Mil gracias por darle a Colombia la oportunidad de este foro tan importante. Mil gracias, (ex) presidente (de España, José María) Aznar por su permanente respaldo. De usted hemos aprendido mucho, nos ha inspirado y nos ha dado un gran respaldo.

Llamé desde ayer a Plinio Apuleyo a contarle la dificultad que tenía para asistir hoy porque estamos discutiendo con el Congreso de la República el tema de la capitalización de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Hoy hemos tenido una sesión extensísima con las Comisiones Quintas de Senado y Cámara para avanzar en esa dirección que la necesita el país, y para desvirtuar una serie de argumentos que se vienen esgrimiendo para oponerse a esa capitalización.

Esta economía tiene algo muy bueno hoy, que es una bonanza de confianza, y tiene vulnerabilidades. Una de esas vulnerabilidades es la falta de hallazgos de hidrocarburos.

Bonanza de confianza: en la historia económica reciente de Colombia encontramos una bonanza de inversión cuando se recibió la indemnización por el Canal de Panamá, inversión que hizo fundamentalmente el Gobierno del General Pedro Nel Ospina.

Encontramos varias bonanzas del precio del café. Bonanzas petroleras cuando aparecieron Caño Limón, Cusiana, Cupiagua. Bonanza de inversión en la televisión cuando se abrió la televisión en los canales privados para pagar esas inversiones. Bonanza de inversión en la telefonía móvil cuando el país abrió la posibilidad de prestar ese servicio por parte de los particulares.

Creo que empezamos a tener hoy una bonanza no específica, sino una bonanza de confianza general, como lo acreditan las inversiones en todos los sectores de la economía.

Esa bonanza de confianza, en mi concepto, se contradice con la calificación que le dan a Colombia las diferentes instituciones que examinan las libertades. Y ahí es bien importante referirnos o tener una reflexión sobre lo que ha dicho el ex ministro Hugo Palacios. Creo que estos calificadores no han asimilado bien el caso colombiano, y los hechos y los resultados están demostrando que ellos han subestimado el avance de Colombia, que lo empieza a medir el nivel de inversión en el país.

En efecto, hace cuatro años Colombia estaba recibiendo 700 millones de dólares de inversión extranjera. El año pasado tuvimos una inversión neta superior a los 5.400 millones de dólares. Y este año, sin casos excepcionales, vamos a estar rayando los 6.000 millones de dólares. Y lo más importante es que es un inversión que empieza a verse distribuida en todos los sectores, no solamente en hidrocarburos. Hay una gran inversión en la industria, una gran inversión en el comercio, una gran inversión en el sector forestal, etcétera.

Al mirar los elementos que tienen en cuenta los calificadores, quisiera referirme a algunos.

Embajador Plinio, ¿cómo ve usted el tiempo para poder abrir esta intervención a preguntas y a preocupaciones? Yo tengo por allá unos tiempos de los sábados, entonces lo tengo que decidir pero totalmente al contrario.

Entonces voy a hacer unos comentarios ojalá no muy extensos sobre algunos de estos conceptos que tienen en cuenta los calificadores de libertades, y con el mayor gusto atiendo algunos comentarios y preocupaciones de ustedes.

Política comercial: hace cuatro años se veía imposible el acuerdo de Comunidad Andina – Mercosur. La primera vea que hablé con nuestro sector privado sobre le tema, me dijeron: ‘imposible, Brasil nos devora’. Hoy es un acuerdo en plena ejecución. Yo creo que un gran paso.

Los opositores al TLC con los Estados Unidos me decían: ‘constitucionalmente primero hay que avanzar en la integración con Suramérica’. Ese acuerdo de Comunidad Andina-Mercosur fue un gran paso en esa dirección.

Creo que hemos superado buena parte el trayecto extenso para la negociación del TLC con los Estados Unidos. Ya se ha confirmado que el 22 de noviembre, justo el día cuando se cumplen los 90 días que la ley norteamericana le exige a su Gobierno para poner a consideración del Congreso cualquier tratado antes de firmarlo, ese día, y es un precedente en los Estados Unidos, se va a firmar. ¿Por qué? Porque no se conocen casos recientes en los Estados Unidos en los cuales un tratado de esta naturaleza se firme el mismo día en el cual se vencen los 90 días de plazo que tiene que dar el Ejecutivo al Congreso.

Negociamos en términos de días, pero queda un trayecto difícil, complicado, sobre nuestro TLC con los Estados Unidos. La aprobación en el Congreso norteamericano, la aprobación en el Congreso nuestro, la revisión de constitucionalidad de nuestra Corte Constitucional, y además la Ley de Implementación del Tratado, cuyos temas más importantes miramos ayer en la reunión del Consejo de Comercio Exterior.

Vienen otros tratados en un plazo récord. Pudimos cerrar el tratado con Chile. Lo vamos a firmar el 27 de noviembre. Y le asignó gran importancia a lo que es el capítulo de inversiones. Chile es un país que tiene hoy un gran sobrante de capacidad de inversión y han visto en Colombia el mejor destino de inversión en la región. El país ha sentido una gran afluencia de capital chileno en los últimos años, que queremos consolidar con este tratado.

Adicionalmente, Chile ha tomado la decisión de hacer un Tratado con la Comunidad Andina, lo cual le ayuda muchísimo en el fortalecimiento de la Comunidad Andina y en las negociaciones que la Comunidad Andina tiene que adelantar, como la que ya está en la etapa preliminar, que es el acuerdo entre la Comunidad Andina y la Unión Europea que, por fortuna, cuenta con el consentimiento y el apoyo de Bolivia.

Habíamos examinado con los dos anteriores gobiernos de Canadá la posibilidad de los acuerdos de comercio. Inicialmente dijeron que sí, no se pudieron concretar. Con el nuevo Gobierno ya se están poniendo las bases para poder concretar ese acuerdo de comercio con Canadá.

Confío en que en los próximos meses firmemos el acuerdo de comercio con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: con Guatemala, con El Salvador y con Honduras.

A mí me preocupa muchísimo, muchísimo, que Colombia, que ha dado un gran paso político en la integración a Centroamérica, al participar ya como miembro del pleno derecho del Plan Panamá-Puebla, no siga profundizando esas relaciones con Centroamérica.

Y nos preocupa muchísimo que lo poco que la industria del sector agroindustrial de Colombia, nuestros sectores productivos, le venden a Centroamérica, sea desalojado de esos mercados porque Centroamérica, en virtud del Cafta, empiece a comprar esos productos a los Estados Unidos. Vemos de gran importancia este tratado con Centroamérica. Y además, Colombia ha tomado la decisión de reconocer las asimetrías que sean necesario reconocerles a esos tres países centroamericanos.

La semana pasada el Ministro Botero cerró un tratado con Cuba, que da una gran señal política en la región y que tiene que ayudarnos también en lo que se necesita, que es el tratado bilateral con la hermana República Bolivariana de Venezuela, para que en cinco años, cuando termine el período de transición, una vez Venezuela denunció su participación en la Comunidad Andina, podamos tener ese tratado bilateral que mantenga este mercado entre Colombia y Venezuela.

Hemos ya firmado los primeros tratados de protección recíproca de inversiones, y en esa dirección vamos a continuar.

Esto para dar alguna respuesta a las entidades calificadoras que califican mal a Colombia en materia de política comercial.

El segundo tema es el de carga impositiva. Tema difícil. El doctor Hugo Palacios hacía ver la necesidad de recursos que, por ejemplo, en el tema de seguridad, ha tenido Colombia. Pero, miren qué paradoja: ha crecido más como porcentaje sobre el PIB y como porcentaje sobre el presupuesto la inversión social, que los propios recursos destinados a seguridad. Eso todavía no lo ha asimilado la opinión pública y nos tocará responderlo y contarlo en todos los foros.

Estamos adelantando una reforma tributaria, no tan ambiciosa como la propuso inicialmente el Ministerio de Hacienda, pero creo que va a corregir algunos aspectos.

Cuando el lunes festivo hablaba con el Ministro y me contaba los puntos que se le estaban aceptando al Congreso de la República, por lo menos hay uno en el cual el Gobierno tiene que ser, sumamente cuidadoso. Nosotros, salvo que se presentara una emergencia, tenemos que aprobar una reforma tributaria que por lo menos para el cuatrienio que nos corresponde, le garantice al país que no habrá más reformas tributarias.

En cuanto a la carga impositiva, se han venido introduciendo unos correctivos. Yo diría que lo importante no es la reducción general de tarifas, que lo importante es estímulo a la inversión. Si alguna diferencia marca nuestra orientación tributaria, con la que fue la orientación tributaria de los años ochenta del gobierno Reagan en los Estados Unidos, del gobierno de la señora Thatcher en Inglaterra, de la reforma tributaria de Colombia, es que nosotros creemos que no se pueden rebajar las tarifas por igual para todo el mundo. Nosotros creemos que no se puede dar el mismo tratamiento a quien crece que a quien no crece. Nosotros creemos que hay que darle un incentivo al crecimiento.

Y esa es una característica de la reforma tributaria que introdujimos hace tres años, que creó una deducción provisional durante cuatro años del 30 por ciento para las nuevas inversiones generadoras de renta, que para el caso de los inversionistas se constituye en una disminución de la tarifa efectiva de renta.

Hay que empezar a mirar cuál es el resultado de la tarifa efectiva de renta, cuando se tienen en cuenta estas deducciones que estimulan la inversión.

Segundo: los críticos de estas deducciones han dicho que estas deducciones estimulan la apropiación de utilidades y estimulan la especulación, por ejemplo, en el caso inmobiliario.

Allí aparece una profunda diferencia entre lo que han sido los estímulos en la legislación norteamericana y los estímulos que nosotros proponemos.

El estímulo nuestro es un estímulo a la inversión, no es un estímulo para mayor apropiación de utilidades.

Por ejemplo, en el capítulo de vivienda nosotros tenemos unos estímulos para fomentar la vivienda social, necesidad básica insatisfecha en nuestro país, no para estimular la especulación inmobiliaria.

Entonces, la reforma tributaria colombiana incluirá como normas de carácter indefinido, estímulos a la inversión, a la inversión productiva. Lo consideramos de gran importancia. No de otra manera, no de otra manera, se pueden generar empleos de buena calidad.

Y se han tomado, por lo menos a nivel de ponentes algunas decisiones. En el tema del cuatro por mil, que preocupa mucho algunos sectores productivos, se ha tomado la decisión de permitir la deducibilidad del 25 por ciento y de aumentar a siete millones las cuentas, a siete millones el tope de movimientos financieros, en cuentas de ahorro, tope mensual que no pagará el impuesto al cuatro por mil.

Sin la condición que existe actualmente, que exige que para tener derecho a esa exención, que es para movimientos financieros hasta de cuatro millones, la persona que abra esa cuenta de ahorros tenga que tenerla vinculada a un crédito hipotecario.

La decisión de los ponentes es: subir el tope a siete millones, tope exento, persona mes, contribuyente mes, y no exigir que esa cuenta de ahorros esté vinculada a un específico crédito hipotecario.

También hay otros avances importantes, como es el de deducir el ciento por ciento de las contribuciones locales.

Y otros avances importantes, como es el avance de permitir que con la deducción, que ya no será del 30 por ciento sino del 25, a las nuevas inversiones generadoras de renta –¿por qué no del 30 sino del 25? Porque también se está bajando la tarifa nominal del 38 y medio al 35–, permitir que se flexibilice el tema de pérdidas, a fin de que las nuevas empresas puedan utilizar esa deducción para poder compensar pérdidas que la legislación vigente no lo permitía.

Yo creo que en el tema de la renta corporativa, para estimular el crecimiento de la inversión en Colombia, la reforma tiene aspectos muy importantes, mirada ya hoy a la luz de lo que están presentando los ponentes.

En IVA, las reformas son intrascendentes. En la campaña yo propuse que, por responsabilidad política de todos los colombianos, debería haber un IVA general, no con una tarifa gravosa sino con una tarifa simbólica. No hemos podido llegar a un acuerdo sobre esa materia con el Gobierno.

Se mantienen todos los estímulos a las rentas de trabajo. Y unas exenciones que no fueron objeto de presiones, sino de identificar cuáles son los sectores de la economía colombiana en los cuales tenemos grandes posibilidades de crecimiento, y que necesitaban estímulos tributarios, el Ministro ha aceptado la propuesta del Congreso de la República de mantener estas exenciones, exenciones a los cultivos de tardío rendimiento, exenciones a la madera, unos estímulos a la producción de energías alternativas, unos estímulos a la industria del turismo, etcétera.

Se criticaban mucho esas exenciones, y ahora que el Ministerio de Hacienda propuso desmontarlas, todos los foros del país se rebelaron contra el desmonte de esas exenciones.

Yo creo que lo que ha pasado en al realidad de la discusión política de estos cuatro meses en Colombia, nos va a hacer pensar que lo que teníamos no era tan malo como algunos lo desconceptuaban.

La dificultad de reformarlo todo, pero después de asistir a muchísimos foros a los cuales ya discutido de cara al país cada uno de los artículos, nos indica que vamos a tener que ser más cuidadosos en aquello de estar proponiendo todos los días que lo que tenemos en materia tributaria hay que demolerlo, que se necesita es una reforma estructural de tal o tal orientación, que lo que tenemos es muy malo, y va a tener que darle a los gobiernos más seguridad en el sentido de pensar que, a pesar de la crítica, lo que hemos introducido tiene muchas bondades.

Yo confío, Presidente Aznar y muy distinguidos asistentes y patrocinadores, que en la parte de impuesto corporativo, la reforma debe llevarnos, la reforma que se está aprobando, debe llevarnos a que Colombia tenga una mejor calificación de parte de estos organismos.

En el tema de intervención gubernamental, nosotros hemos reformado hasta el momento 293 entidades del Estado.

Nosotros no participamos de lo que sucedió en América Latina en las décadas del 70 y 80. Allí, teorías políticas en nombre de la equidad social impidieron reformas a empresas del Estado, mantuvieron privilegios de excesos sindicales y politiqueros, y esas empresas, cuya reforma no se pudo adelantar, terminaron en la ruina.

Nosotros tampoco participamos de la tesis del año 90, de desmantelarlo todo.

Nosotros creemos en un Estado al servicio de la comunidad, no de intereses, no de privilegios sindicales, no de la politiquería. Creemos en un Estado sostenible, en un Estado que no sea interferencia a la inversión privada.

La primera empresa grande que reformó este Gobierno fue Telecom. Yo recuerdo que encontré argumentos para una u otra salida, desde los diferentes extremos. Unos sectores decían: ‘ustedes no la pueden reformar, están los derechos de los pensionados, de los trabajadores’. Mi respuesta es: ‘¿y con qué les vamos a pagar?’.

Y seguían esos sectores: ‘ustedes van a desmontar, van a acabar con el capital del Estado’. Y les contestaba yo: ‘¿y cuál capital, cuál patrimonio? Si eso tiene hoy valor negativo’.

Y desde otro extremo se decía: ‘déjenla morir, acábenla, que el capital privado entra y suple todas esas necesidades’.

Y mi respuesta fue: ‘este país tiene comunidades muy remotas, este país tiene mucha pobreza, mucha inequidad, nosotros no podemos exponernos a fallas de mercado’.

¿Qué hemos logrado con la reforma de Telecom? Primero, la seguridad del pago a los pensionados; segundo, a los trabajadores.

Yo diría que entre las reformas que nosotros hemos hecho, y que vamos a tenerlas que repetir, porque los críticos dicen que nuestra economía ha crecido simplemente por influencia de la economía internacional, sin que hayamos hecho esfuerzos, y los hemos hecho, y muchísimos. Este esfuerzo de haber reformado 293 entidades del Estado es un esfuerzo descomunal. Vencer solamente esos obstáculos políticos es un esfuerzo descomunal, y la determinación es: reformar todas las empresas del Estado que aún quedan por reformar.

Cuando yo veo el ahorro que ha hecho este Gobierno, porque cuando presentamos el proyecto de transferencias, que es equilibrado, el país no puede quebrar a la Nación, ni frenar la descentralización. Y por eso vamos a tener que defender en la interlocución con cada colombiano este proyecto de transferencias, y lo vamos a tener que hacer con toda convicción y con toda determinación. Nosotros no podemos en nombre de la descentralización, quebrar a la Nación. El peor servicio que se le presta a la descentralización es quebrar a la Nación.

Entonces cuando defiendo este proyecto de transferencias, oigo que la oposición dice: ‘el Gobierno Nacional no ha hecho ahorro’. Miren los ahorros: hace cuatro años nosotros teníamos un déficit en el Gobierno Nacional Central de casi el 7 por ciento, este año será del 4 y medio (por ciento). Y hay que tener en cuenta que este Gobierno tuvo que hacerse cargo de un costo que equivale a 1.3 del PIB (Producto Interno Bruto), que es el costo de transferirle cuatro billones y medio, cinco billones, al Instituto de los Seguros Sociales, para que pueda honrar el pago de pensiones.

Alí hay un tremendo ahorro. Nosotros, si no tuviéramos el problema de pensiones, que lo hemos corregido bastante pero a futuro, con las reformas constitucionales, con las reformas legales y con la reforma en 293 entidades del Estado, si no hubiéramos tenido ese problema, que afecta directamente la Tesorería de la Nación, terminaríamos este año con un déficit en el Gobierno Nacional Central del 3.2. Y venimos casi del 7.

Otro tema muy importante del ahorro de la Nación. Este país perdió le grado de inversión, y no lo perdió en este Gobierno. Lo perdió en los años 98 y 2000. Y no lo perdió por el período 98-2002. Lo perdió por todo lo que se vino incubando de atrás.

La historia económica no produce hechos de un día para otro. Cuando este país llegó a la pérdida del grado de inversión por el tema de inseguridad, por el tema de alto endeudamiento, que tocó niveles en endeudamiento bruto del 54 por ciento y de endeudamiento neto del 48 por ciento, que lo perdió por haber llegado a ese déficit en el Gobierno Nacional Central casi del 7 por ciento, que lo perdió por haber llegado a un déficit consolidado, que cuando nosotros llegamos en agosto de 2002 era del 4.2, esas condiciones no se crearon de la noche a la mañana. Se crearon en muchos años, se crearon en muchos años.

Y eso nos atemoriza a nosotros para poder regresar a la fórmula inicial de transferencias de la Constitución del 91. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces a mí se me dice: ‘no ha habido ahorro’, y allí habido otro ahorro muy importante.

Y en endeudamiento: nosotros hemos pasado de un endeudamiento neto del 48 por ciento, a un endeudamiento neto del 33 por ciento. Allí hay un gran ahorro.

Y en inversiones en Ecopetrol. Hace cuatro años las inversiones anuales de Ecopetrol eran de 500 millones al año, este año son de 1.400 millones de dólares.

Un gobierno irresponsable habría podido traerse esos 900 millones de dólares al gasto público y dejar que a Ecopetrol le pasara lo que le ha pasado a otras empresas estatales de otras naciones del Continente. Me decía el Presidente Calderón de México que ellos apenas están agregando a las reservas que consumen el 24 por ciento. Eso los lleva anualmente a una pérdida en relación con lo que consumen en el año de aproximadamente el 80 por ciento en reservas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, pero tenemos que llegar a 2.500 millones de dólares de inversión al año en Ecopetrol. Por eso necesitamos la capitalización, que encuentra mucho obstáculo y que lo vamos a tener que vencer con una gran tarea de persuasión a los colombianos para que nos apoyen esto.

Otro tema muy importante: hemos contribuido a sanear las finanzas de los departamentos y de los municipios con dineros de la Nación, pero eso no se refleja en el balance del Gobierno Nacional Central.

Cuando el Hospital González Valencia de Bucaramanga está en déficit, ese déficit golpea las finanzas del departamento de Santander. Cuando con aportes del Gobierno Nacional se sanea, como hemos saneado 128 hospitales públicos, ese superávit favorece las finanzas del departamento de Santander. Le ayuda a la Nación en el consolidado del balance, pero nunca se reflejan en el balance del Gobierno Nacional Central, no obstante que el esfuerzo para sanearlo lo hizo el Gobierno Nacional Central.

Y lo más importante: esas 293 entidades del Estado que hemos reformado, generan un ahorro no cuantificado. Las finanzas públicas no nos hablan hoy del ahorro de haber reformado a Telecom o a Inravisión o el ahorro de haber reformado a Adpostal. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esas reformas y hoy llegará el señor Presidente de Telecom a decirle al Ministro de Hacienda: ‘présteme 500 mil millones para pagar las pensiones’?

¿Y qué estaría pasando en un país tan atrasado en, por ejemplo, internet y banda ancha? Dimos un gran salto, dimos un gran salto en telefonía móvil: pasamos en cuatro años de 4 millones aparaticos a 27 millones de aparatitos. Pero tenemos un gran atraso en internet, tenemos un gran atraso en banda ancha. Y gracias a esa reforma y a la confianza del sector privado en Colombia, nosotros vamos a poder crecer al 32 por ciento en comunicaciones en los años que vienen, vamos a poder dejar al final de este cuatrienio al 78 por ciento de los estudiantes de educación básica con conectividad, vamos a poder dejar conectadas todas las bibliotecas y vamos a poder dejar conectadas todas las oficinas públicas y vamos a poder dejar conectado buena parte del sector agropecuario.

O sea que yo creo que hay unos avances bien importantes, pero reconozco: tenemos en frente una tarea descomunal, la reforma tributaria, la reforma a las transferencias, la capitalización de Ecopetrol, y tenemos en frente la reforma de todas las entidades del Estado que no se han podido reformar, empezando por las clínicas del Seguro Social, donde apenas hemos podido reformar tres de la Costa Caribe, que en pocas semanas de haber introducido esas reformas ya empiezan a mostrar un gran alivio para los usuarios.

Ahora, algunos nos critican y nos dicen: ‘bueno, pero ¿por qué en lugar de reestructurar hospitales públicos, no los eliminan? ¿Por qué en lugar de reestructurar Telecom no lo eliminan?’. Este es un país con mucha pobreza, con muchas dificultades, y es un país que tiene que tener en muchos casos la opción pública. En ocasiones para poder enfrentar eventuales fallas de mercado, y en ocasiones para llegarles a los sectores más vulnerables de la población.

Ahora, allí donde sin duda se ha podido privatizar, lo hemos hecho sin temor. Una vez recuperados Granahorrar, Megabanco, el Banco Cafetero, salimos a venderlos, y con éxito. Vamos a vender a Ecogas, sin ninguna duda. Hace dos años, cuando ofrecíamos Banco Cafetero, le daban la espalda. Yo lo dije gráficamente hace pocos días: hace dos años la gente no se lo llevaba ni que le diéramos encime. Ahora se vendió por una suma muy aceptable que nos va a ayudar al financiamiento, a frenar las tendencias de endeudamiento.

Hemos recuperado las electrificadotas, y vamos a proceder a venderlas. No es fácil el tema con las regiones. Estamos convenciendo a las regiones que le permitan a la Nación venderlas y que el compromiso de la Nación es invertir esos recursos en obras nacionales de competitividad, que tengan asiento en la geografía de las Naciones.

¿Para qué vender a Corelca, para qué vender la Electrificadora de Santander, la Electrificadora de Norte, la Electrificadora del Llano, la Electrificadora de Cundinamarca, la Chec de Caldas, la del Quindio? Porque están bastante recuperadas, es el momento de venderlas. Creemos que puede haber una administración más transparente en manos del sector privado

En un país donde están las Comisiones de Regulación, donde no importa hoy para los precios que la empresa sea estatal o pública, donde para la calidad del servicio que se le presta al usuario, empieza a ser mejor que sea privada, porque hay más verticalidad para controlarlas cuando son privadas que curando son estatales. Cuando son estatales recorre un tufillo paternalista, que lleva muchas consideraciones, para no ser severo, en las exigencias a estas empresas.

Y ahora nos proponemos enajenarlas y resolver el problema político con las regiones, con el compromiso de que esos recursos se van a invertir en obras de competitividad en las regiones.

A política monetaria no me refiero, el Gobierno ha ayudado con todo lo que ha estado a su alcance en materia de gasto público, para que sea exitosa la política del Banco Central.

En tema de inversión extranjera, yo creo que el país ha avanzado mucho en libertades. Ayer re-examinábamos nuevamente lo pasa por ejemplo en materia de propiedad intelectual. Los tratados de comercio son un gran avance en materia de ese tema tan sensible a la inversión extranjera, como es el tema de propiedad intelectual.

En tema de actividad bancaria, yo creo que lo que obliga ahora en Colombia es profundizar los acuerdos con el sector financiero para poder llegarles con financiación a los sectores más pobres de la población. Vamos a lanzar aquí en Bogotá, ya con los primeros créditos, el próximo 21 de noviembre, la Banca de Oportunidades.

Pasamos en el anterior Gobierno de 736 mil millones de cartera a los microempresarios a 3 billones, y ahora queremos la nueva etapa que profundice el crédito a los sectores populares de la Nación, y ahí aparece un tema filosófico: el tema de intervención o el tema de concertación.

Aquí está la señora Directora de la Asociación Bancaria. A lo largo de estos cuatro años nosotros hemos adelantado un buen nivel de concertación con el sector financiero, queremos profundizarlo ahora, y eso tiene un enorme significado político en América Latina, porque una banca comprometida con los sectores populares a través de políticas concertadas con las instituciones gubernamentales, es una banca que impide que florezcan ideas gubernamentales de intervención, ideas gubernamentales de obstaculización. Entre más podamos llegar a los sectores populares, vía concertación con los sistemas de crédito, menores serán las presiones para la interferencia pública al sistema financiero colombiano.

El tema de salarios y precios. En el tema de precios tal vez hemos tenido un problema, que es el tema del cemento. El Gobierno amenazó con intervenir el precio del cemento, finalmente se llegó a un buen acuerdo con las cementeras. Recibí ese reclamo el pasado viernes en la Asamblea de Camacol. Dije, ‘mire, este es un Gobierno que cree en la empresa privada, en la empresa privada como función social, tal cual lo definió la Constitución del 36. Pero en el ambiente político latinoamericano y colombiano, los gobiernos que creen, y no se avergüenzan de ello, en la empresa privada, que la defienden públicamente sin actitudes vergonzantes, necesitan que la empresa privada ayude con una permanente legitimación popular’.

Cuando en un producto tan importante como el cemento, se baja el precio de 21 mil pesos a 8 mil, porque entró un tercer oferente de cemento, se le compra a ese tercer oferente, y enseguida sube el precio a 12 mil, se logra un acuerdo para que se estabilice allí, es imposible que ese acuerdo lo mantengan y sube a 16 mil pesos la bolsita de cemento, allí empiezan a presentarse fenómenos que legitiman la empresa privada.

El Gobierno es un gobierno pro-empresa privada, cree en la función social de la empresa privada, pero la empresa privada se tiene que ayudar con unas decisiones que la conecten y la legitimen más en los sectores medios y populares de la Patria.

Todo lo que deslegitime la empresa privada por su propia culpa, ayuda a que surjan gobiernos adversarios, obstaculizantes de la empresa privada, pero el tema salió bien.

Viene el tema de salarios, el tema de parafiscales. Primero, quiero recordarles que los costos parafiscales y de seguridad social de Colombia son deducibles. Cada vez que se habla de la necesidad de eliminar unos aportes a cajas de compensación, al Sena, etcétera, es bueno recordar que todos esos costos son deducibles.

Cada vez que se habla, que se pregunta: bueno, ¿pero por qué sí se puede deducir la inversión y no se pueden deducir costos laborales? Todos esos costos en Colombia hoy son deducibles. Eso es muy importante.

Enseguida se dice: ¿por qué Colombia sigue fijando salario mínimo, si eso se considera que es un atropello a las libertades económicas, y en el caso colombiano se muestra una gran brecha entre el salario promedio de las mayorías pobres, y el salario mínimo? La verdad es que en un país con esta pobreza y con esta inequidad, esos instrumentos de intervención no se pueden abandonar.

En efecto, en los últimos tres años nosotros hemos aumentado el salario mínimo por encima de inflación, y no le ha hecho daño al sector privado. Eso ha coincidido con grandes crecimientos de inversión en el sector privado. El año pasado la inversión privada creció en más del 20 por ciento, y este año, dicho por los propios dirigentes gremiales, la inversión privada está creciendo alrededor del 30 - 32 por ciento.

Yo creo que no es el momento de que Colombia abandone la obligación de cotizar a entidades como el Sena, Bienestar Familiar, Cajas de Compensación. Constituyen una gran institucionalidad social. Habría que preguntarse qué sería de Colombia con los graves programas sociales que tiene, si no contara con estas instituciones.

La solución que algunos han dado es que esas instituciones sean financiadas por el Presupuesto Nacional, lo lograría uno dos años, después las marchitan. Yo prefiero bajarle la renta al sector privado, darle toda clase de estímulos para que crezca, pero se garantiza la financiación de estas instituciones, mucho mejor cuando están a cargo de cotizaciones del sector privado, que cuando están a cargo del Presupuesto Nacional.

En materia de salarios yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer Colombia no es eliminar el salario mínimo para ajustar más para que el salario que aparezca sea el salario efectivo que reciben las mayorías pobres. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer Colombia es procurar que la economía se vaya formalizando y vaya creciendo, de tal manera que el salario que perciben las mayorías pobres se ajuste al salario mínimo.

Y aparece el tema de la flexibilización laboral. Yo quiero decirles a los calificadores de libertades de económicas que Colombia ha llegado a un punto muy equitativo, a un punto equitativo entre esa flexibilidad que necesitan los empleadores y esa estabilidad que necesitan los trabajadores.

No nos podemos olvidar que el país ha hecho dos reformas laborales recientemente, profundas. Cuando hablo con los jóvenes universitarios de hoy, ellos no alcanzan a dimensionar lo que era la retroactividad en las cesantías, que apenas las pudimos remover y parcialmente en el año 1990 cuando se introdujo la Ley 50, el daño que le estaba haciendo al crecimiento empresarial y a los propios ahorros de los trabajadores.

Y la última reforma laboral la hicimos cuando empezaba este Gobierno, fue aprobada en diciembre de 2002.

Yo creo que estamos hoy en un punto bastante equitativo, y surge esa calificación subjetiva, seguramente, cuando comparamos las normas de estabilidad y las normas de flexibilidad de nuestro estatuto laboral, con los otros que hay en la región.

No me voy a referir al tema de derechos de propiedad que, con los avances en propiedad intelectual, creo que han mejorado en Colombia. Al tema de regulaciones, el país ha dado un gran avance en regulaciones, en sus comisiones de regulación, en su supervisión, estos son otros de los puntos que traen los calificadores.

Si ustedes tienen a bien y el tiempo nos permite, con el mayor gusto escucho algunas de sus preocupaciones en esta materia”.

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