DEFENSA
DEL INTERÉS
NACIONAL
POR GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO*
El pasado primero de noviembre, Carlos
Villalba publicó el
artículo 'Los costos de la desidia', en el que se refiere
al caso iniciado por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional
de Justicia.
No es mi costumbre controvertir este tipo
de escritos. Sin embargo, frente a lo perjudicial que resulta
para un tema tan sensible como
es el de la defensa de la soberanía e integridad territorial
de nuestro país, considero importante hacer algunas aclaraciones,
empezando por la afirmación según la cual fui yo
quien, como Canciller, aceptó la jurisdicción de
la Corte.
El columnista desconoce que a la CIJ se
llega por varios caminos: mediante el depósito de una declaración unilateral
-Colombia lo hizo en 1937 con una reserva-; por medio de tratados
bilaterales o multilaterales que contemplen una cláusula
en este sentido -como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas
(Pacto de Bogotá de 1948), ratificado por Colombia en 1968-,
o a través de un acuerdo o compromiso para llevar una controversia
específica a la Corte, como fue el caso de asilo de Haya
de la Torre.
Por lo tanto, es claro que no fui yo quien
aceptó la competencia
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, sino el Estado
colombiano, mediante la declaración facultativa en 1937
-la cual se retiró- y luego con el Pacto de Bogotá.
A la fecha de la demanda de Nicaragua,
6 de diciembre de 2001, Colombia tenía entonces que comparecer ante la CIJ en virtud
de las disposiciones del Pacto de Bogotá, aunque dentro
de los precisos términos en él establecidos.
Para hacerle frente a esa demanda, el país optó por
la acción jurídica más sólida y ceñida
a derecho: la presentación de excepciones preliminares para
alegar, de acuerdo con el mismo Pacto, que la Corte carece de competencia
para conocer el asunto elevado por Nicaragua y que debe declarar
la controversia terminada, por cuanto ya fue resuelto y está regido
por el Tratado Esguerra-Bárcenas y su Canje de Instrumentos
de Ratificación.
Colombia no podía arriesgarse a no comparecer ante la Corte.
Esa habría sido una conducta procesalmente irresponsable,
contraria al derecho internacional y gravemente peligrosa para
sus intereses.
Si una parte no se presenta, el proceso
en todo caso continúa,
como lo establece el artículo 53 del Estatuto de la Corte,
sin que el Estado tenga la oportunidad de presentar sus argumentos.
Especular sobre cualquier decisión adversa de la CIJ, cuando
ni siquiera se han realizado las audiencias relativas a la competencia,
es insensato, irresponsable y antipatriótico.
Es importante que la opinión pública conozca que
en la defensa de Colombia no han existido "secretos",
ni actuaciones ocultas, como se pretende sugerir. Todas las decisiones
han sido consultadas y evaluadas rigurosamente con las instancias
necesarias, incluida la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores
y el Congreso de la República, como corresponde a una política
de Estado. La reserva a la que obliga el Reglamento de la Corte
y la prudencia no se deben interpretar, con ningún pretexto,
como una equivocación del Gobierno.
Lamento las imprecisiones y críticas contenidas en el artículo.
En especial las que se refieren al ex canciller y agente de Colombia
Julio Londoño, quien con austeridad, seriedad y patriotismo
ha venido coordinando el equipo de expertos nacionales e internacionales,
que ha trabajado con el profesionalismo que requiere este delicado
asunto. Dichas críticas no tienen fundamento fáctico,
ni a la luz del Derecho Internacional, del Estatuto y Reglamento
de la CIJ, ni de su jurisprudencia más reciente.
Infortunadamente, esas críticas solo contribuyen a generar
confusión y no la cohesión que todos los sectores
de la sociedad deben tener en la defensa del interés nacional.
Es necesario actuar con prudencia y sentido de patria.
La opinión pública tiene el derecho de saber que
la estrategia para la salvaguarda de nuestra soberanía e
integridad territorial ha sido la mejor y más conveniente.
Tengo la confianza en que el tiempo nos dará la razón.
* Ex canciller de la República;
embajador en Holanda |
