LA
VERDAD NO TIENE POR QUÉ AFECTAR A LAS INSTITUCIONES
- La justicia es una pieza fundamental de
la Seguridad Democrática.
- Para el Gobierno de la Seguridad
Democrática, para el Presidente
que la ha liderado sin desmayo, lo primero y fundamental es venir
a decir aquí que reiteramos todo el apoyo a la justicia.
- Si hay sujetos que tienen que dar ejemplo
en el Estado de Leyes, son quienes tienen el privilegio y los
deberes del ejercicio
de tareas públicas, bien en el Ejecutivo o en el Congreso.
- Los hechos dan en la vida pública autoridad o la quitan.
Nuestra vida pública da autoridad para decir dos cosas:
primero, que reconozcan los culpables —que están
vivos y muchos de los cuales hoy son críticos de primera
línea-,
cómo con sus descuidos, con la falta de eficaz cumplimiento
del deber, llevaron este país a que aquí primara
la guerrilla y el paramilitarismo y el narcotráfico y
se desvanecieran las instituciones.
- Es muy importante que estimulemos
la verdad. Lo que está apareciendo
ahora es la verdad judicial que se ocultó durante tantos
años, porque la seguridad no estaba al servicio de la
justicia, porque el crimen crecía y la justicia era impotente.
- ¡Que se dé toda la verdad judicial! Durante los últimos
tres años, en el trámite de la Ley de Justicia
y Paz se reclamó la verdad. ¡Pues que todo el mundo
diga la verdad!
- Que los fiscales y los jueces y los magistrados
reciban la verdad de quienes se someten a la Ley de Justicia
y Paz. ¡La verdad
total!
- ¡Y que se de también la verdad política!
Llamo a todos los congresistas para que, por propia iniciativa,
acudan a la Corte
Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, a contar
la verdad que todavía no se sepa.
- ¡Que todos aquellos que hayan tenido relaciones de una
u otra naturaleza con el paramilitarismo, lo digan y se lo digan
al país sin
ambages y sin dilaciones! ¡Es la verdad que está reclamando
el país!
- ¡Que se diga la verdad en las relaciones de la dirigencia
política
con el paramilitarismo! Pero también es saludable que
el país conozca qué relaciones tuvo la dirigencia
política
de todos los niveles con el M — 19, con el EPL y qué relaciones
conservan sectores de la dirigencia política con el ELN
y con las Farc.
- ¡Nunca se dijo la verdad, nunca se tocó el tema de la dirigencia
política que en su momento apoyaba al M — 19, al
EPL! ¡Nunca
es tarde!
- ¡En esto no puede haber sesgo. A mí me preocupa ver que algunas
personas que le hacen el asco al proceso de paz con los paramilitares,
todos los días le hacen venias al ELN y a las Farc. Si
queremos un país sin terrorismo, hay que desmontar por
igual todas estas organizaciones criminales .
Bogotá, 17 nov. (SNE).- El
siguiente es el discurso pronunciado por el presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez,
durante la conmemoración de los 120 años de la Corte
Suprema de Justicia:
“Acudo hoy a rendirle un homenaje a la institucionalidad
colombiana, a la justicia, en cabeza de la Honorable Corte Suprema
de Justicia que ha adquirido la mayor credibilidad nacional, en
un proceso largo y sólido, ya añejo para bien de
la República, de contribución a la profundización
del Estado de Derecho, del Estado de Leyes.
La larga tradición colombiana de fomento, de práctica,
de perfeccionamiento del Estado de Derecho está, en muy
buena parte, atada a la solidez de la Corte Suprema de Justicia.
Con su práctica, nos ha facilitado aprender
la enseñanza
básica del Estado de Derecho, el estado en el cual el gobernante,
por encima de cualquier otro, se tiene que someter de manera más
rigurosa a la ley heterónoma, externa a él, no producto
de su capricho, sino del procedimiento legislativo riguroso, controlado,
originado en el debate popular.
Al rendir este homenaje a la Corte Suprema de Justicia, quiero
agradecer inmensamente la presencia de los Presidentes de las diferentes
Cortes, de los diferentes Tribunales Internacionales. Honran a
Colombia, honran a nuestra justicia.
Llegan ustedes al país en un momento
institucional muy importante, de prueba de instituciones.
Permítanme decir que he venido sosteniendo la tesis que
a nuestra América Latina no se le puede seguir dividiendo
con los polarizantes criterios de izquierda o de derecha que quedaron
en el pasado. Hay que mirar es, cómo avanza cada país
en grados de democracia y para ello es fundamental la justicia
que representa nuestra Corte Suprema de Justicia y que ustedes
encarnan en las instituciones que esa justicia representa en cada
uno de sus países.
Nosotros estamos defendiendo la tesis de
que en esta época
en la cual las dictaduras quedaron atrás, donde lo que tenemos
que hacer es mejorar las democracias, hay cinco elementos que las
configuran: la seguridad con alcance democrático —que
solamente es perdurable, sólida y creíble en la medida
que haya una justicia eficaz, imparcial, transparente-, el goce
de las libertades públicas, la construcción de cohesión
social, la transparencia y el respeto a la independencia de las
diferentes instituciones que conforman el Estado. Los viejos conceptos
de izquierda o de derecha han quedado sometidos a lo que tiene
que ser una democracia moderna.
La seguridad fue muchas veces rechazada
por quienes eran voceros de las izquierdas, pero finalmente han
tenido que reivindicarla
porque es la única manera como ha sido posible que desarrollen
su proyecto político, tal cual como se demuestra en Colombia.
Lo que ha evolucionado muy favorablemente
y que aquí en
Colombia lo hemos entendido y practicado, es que la seguridad no
puede ser un concepto de la derecha para excluir, eliminar el disenso,
maltratar la controversia. Tiene que ser un valor democrático
para el pluralismo.
La derecha reclamaba libertades para sí y las negaba para
la oposición.
La izquierda denostaba de las libertades,
les daba un tratamiento peyorativo, señalándolas simplemente como unas libertades
formales que realizaban la tarea de reproducir las condiciones
de inequidad y de explotación.
Hoy todo el mundo las requiere, sin esas
libertades, ningún
proyecto político puede avanzar y esas libertades están
totalmente sustentadas en la Seguridad Democrática y en
ese elemento tan importante de la Seguridad Democrática
que es la justicia.
La relación entre seguridad y cohesión social ya
se entiende que es totalmente convergente, que no son categorías
excluyentes. La seguridad es una fuente de recursos sin la cual
no se puede construir la cohesión social. Y la cohesión
social es un imperativo sin el cual la seguridad no se hace sostenible.
Las instituciones independientes son una
garantía del perdurable
funcionamiento del Estado de Derecho. Y la transparencia se constituye
en la garantía de credibilidad. Tan importante como el sometimiento
del funcionario, del gobernante, a la ley y que constituyen los
dos principios esenciales, diferenciales por excelencia, del Estado
de Derecho.
Esa credibilidad en la transparencia es
lo que permite que haya una opinión pública participativa y legitimadora
de las instituciones y ese grado de participación de opinión
pública, de la mano del sometimiento del gobernante a la
ley, configuran los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Y la protección de ese Estado de Leyes, durante todas estas
décadas, ha reposado fundamentalmente en la Corte Suprema
de Justicia, a la cual el país entero y la comunidad democrática
internacional, le rinde merecido homenaje en esta semana.
Permítanme, honorables magistrados —y muy especialmente
pido la licencia de los visitantes internacionales- para referir
esta mañana a tres temas de importancia en la vida del país
en este momento: el tema de la reglamentación de la acción
de tutela, el tema del proyecto de la ley de penas y el tema de
la investigación y juzgamiento por parte de la Corte Suprema
de Justicia a congresistas vinculados a grupos paramilitares.
LA TUTELA
La Constitución del 91 —con aciertos y desaciertos-
entre los aciertos más notables está la acción
de tutela. Logró en este país que la ciudadanía
empezara a percibir la Constitución como algo material,
tangible, asible, inmanente, no trascendente; como algo cercano
al pueblo, a cada ser humano, a la vida cotidiana. Y eso ha ganado
mucha legitimidad para el Estado de Derecho en Colombia.
¿Cuál ha sido nuestra posición sobre la materia?
Cuando empezaba el Gobierno en 2002, el entonces ministro (del
Interior y Justicia) Fernando Londoño Hoyos presentó un
proyecto —que yo como Presidente de la República apoyé-
con varios puntos de reforma a la justicia, uno de los cuales era
el artículo de que en el órgano de cierre de cada
jurisdicción, se surtiera un proceso especial que reemplazara
la competencia atribuida a la Corte Constitucional, para ser finalmente,
el órgano que conoce de tutelas sobre sentencias de las
diferentes Cortes.
Ese proyecto no tuvo éxito. Creo que posibilitó que
una discusión nacional que se surtía en voz baja,
se expresara ampliamente y eso es bueno. No hay nada mejor que
lograr que los rumores se extroviertan. No hay nada peor que mantener
debates solamente a nivel de rumores. No hay nada mejor para la
asepsia democrática que abrir los debates sobre todos los
temas.
Esa iniciativa del ex ministro Fernando
Londoño, permitió que
ese debate aflorara y permitió que quienes habían
estimulado esa tesis en el rumor, en la tertulia, tuvieran que
confrontarla de cara a la opinión. Y empezamos a advertir
una sensata reacción popular contra esa propuesta, que el
Gobierno tiene que oír, el Gobierno democrático.
Después, el Gobierno buscó acuerdos
entre las diferentes Cortes. Búsqueda infructuosa, no se
lograron. Se intentó presentar
un nuevo proyecto de reforma constitucional, no fue posible. Particularmente,
me comprometí en público, en privado, a que haríamos
todos los esfuerzos para buscar el mayor nivel de consenso entre
las diferentes Cortes para definir la competencia de conocimiento
de las acciones de tutela contra sentencias de los órganos
de cierre. Hicimos todos los esfuerzos, infructuosos.
Entró en consideración, en mi persona como Presidente
de la República, este elemento: estemos o no de acuerdo
con ellos, la Constitución del 91 vigente en Colombia, le
atribuyó a la Corte Constitucional la competencia de órgano
de cierre de la jurisdicción de protección de la
Constitución.
Algunos pensamos —y me pronuncié públicamente
en la época- que el control constitucional que durante décadas
había ejercido la Corte Suprema de Justicia, había
sido correcto, adecuado, sólido. Pero todas esas discrepancias
quedan anuladas en el momento que aparece un nuevo órgano
consagrado por la Constitución: la Corte Constitucional.
Y a ese órgano se le atribuye la misión superior
de guarda de la Constitución.
Cuando uno mira la tesis de que se debe
respetar el órgano
de cierre de cada jurisdicción, también tiene que
reconocer que el órgano de cierre en materias constitucionales
es la Corte Constitucional. Y eso es muy importante tenerlo en
cuenta para la tesis de la reglamentación que no del despojo
de la competencia a la Corte Constitucional. Es el órgano
de cierre de materias constitucionales en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Yo he preferido asignarle toda la importancia
a la búsqueda
de consenso, pero cuando avanza lo que ha sido la disputa de jurisdicciones,
el Presidente de la República tiene que cumplir la misión
de Jefe de Estado y proponer iniciativas que, sin afectar la independencia
de las ramas del poder, puedan superar esas querellas. Querellas
dañinas para la armonía que debe primar dentro de
la independencia.
Por eso, fracasados los intentos de encontrar
el mayor consenso sobre la materia entre las diferentes Cortes.
Por eso, profundizadas
las querellas, angustiado el país por el choque de jurisdicciones,
tomé la decisión de impulsar una reglamentación,
que sin despojar a la Corte Constitucional del conocimiento de
la competencia de conocer tutelas sobre sentencias de las otras
Cortes, sometiera ese conocimiento a reglas que, a la Nación
y a todas las instituciones, dieran mayor tranquilidad.
Así lo dije, en la campaña presidencial que terminó el
28 de mayo, públicamente. Posteriormente, el 5 de julio
fuimos invitados a celebrar los 15 años de la promulgación
de la Constitución del 91 —se cumplieron un día
festivo 4 de julio- y acudimos a un foro a celebrar esos tres lustros
del 5 de julio. Allí repetí la necesidad de incorporar
la reglamentación.
Antes de asumir la Presidencia de la República, visité todas
las Cortes en compañía del entonces ministro del
Interior y de Justicia, Sabas Pretelt y recuerdo que, cuando expresé esta
tesis, con respeto pero con franqueza, en el hemiciclo de la Corte
Suprema de Justicia, hubo mucha reacción en contra que la
recibí respetuosamente. Un debate sano. Los debates con
argumentos, con total respeto personal, ayudan inmensamente en
el diario proceso de construcción democrático.
El 20 de julio, al anunciar la agenda legislativa
en el momento en que instalábamos el nuevo Congreso, también me
referí a la necesidad de reglamentar el ejercicio, por parte
de la Corte Constitucional, de su competencia —de la cual
no debe ser despojada- de conocer de acciones de tutela contra
sentencias de las otras Cortes. Y en congruencia con todo ello,
el Gobierno presentó el proyecto de acto legislativo a consideración
del honorable Congreso.
Quiero insistir en ello y lo hago con todo
el respeto y con toda la admiración por la Corte Suprema de Justicia e insistir
aquí, donde tiene que ser, de cara a los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. Creo que no le queda bien al país
que sigamos con la incertidumbre de la pugna de jurisdicciones.
Creo que el consenso sobre la reglamentación se puede lograr.
Pienso que para evitar distorsiones jurisprudenciales sobre ese
consenso, en aras de la seguridad jurídica, es mejor que
esa reglamentación quede en el nivel constitucional, que
en el nivel de ley estatutaria.
Y, en favor de esa reglamentación, independientemente de
que hubiéramos estado de acuerdo o no, con las definiciones
de la Constitución del 91, reconociendo objetivamente el
derecho institucional vigente hoy en nuestra Patria, invoco estos
tres argumentos: primero, la Corte Constitucional es el órgano
de cierre en materia constitucional. Segundo, los derechos fundamentales —que
son los llamados a ser protegidos mediante la acción de
tutela- están en el nivel constitucional. Derechos sociales
que han sido también tutelados, se han tutelado no por tutelar
en sí el derecho social, sino por su relación con
el derecho fundamental. Y esa materia es tan delicada, que no admite
dispersión jurisprudencial.
Y ahí llegamos al tercer argumento, para tener unificación
jurisprudencial, que le da más certeza, más seguridad
jurídica al país a futuro, que despojar a la Corte
Constitucional de esta competencia, es mejor tener unificada esa
competencia en cabeza de una sola Corte, de la Corte Constitucional.
Cuando algunos compatriotas se acercan
a mi me dicen que ellos se oponen a algunos fallos de la Corte
Constitucional, que esos
fallos han creado inseguridad jurídica en Colombia, que
por eso hay que despojar a la Corte Constitucional de la competencia
para conocer de las acciones de tutela contra las sentencias de
las otras Cortes, les he dicho: es menos difícil lograr
seguridad jurídica a través de la jurisprudencia
cuando una sola Corte es la competente sobre la materia, es la
que le tiene que responder a la opinión pública sobre
la materia, que cuando esa responsabilidad se dispersa entre las
diferentes Cortes.
Finalmente, lo que garantiza la certeza
jurídica es la
legitimidad de opinión a los fallos de las Cortes. Eso es
lo normal en el Estado de Derecho. Y esa legitimidad de opinión
necesita saber a quién hace responsable. La asignación
de responsabilidad política es una institución esencial
del moderno Estado de Leyes.
Cuando se dispersan las competencias, como
se ha propuesto con la tesis de que cada órgano de cierre conozca de un recurso
equivalente al de la acción de tutela, en lo que tiene que
ver con su jurisdicción, al dispersar esas competencias,
se le dificulta a la ciudadanía asignar responsabilidades.
Al contrario, al unificar esa competencia bien reglamentada, se
le facilita a la ciudadanía asignar responsabilidad. Y esa
asignación de responsabilidad es lo que finalmente llama
la atención de la Corte competente para no repetir errores,
para darle al país total estabilidad jurídica y económica.
Sé que esta tesis es controversial pero prefiero, honorables
Magistrados cumplir el deber de decirlo acá, con todo el
respeto personal y no incurrir en la práctica que da mal
ejemplo de salvar en frente de los interlocutores, las reglas de
cortesía y después proceder, en ausencia de los interlocutores,
a ventilar los desacuerdos.
Los invito a unas reflexiones sobre esta
materia, con todo el respeto que profeso por la Corte Suprema
de Justicia, los invito
a buscar el acuerdo sobre el contenido de la materia reglamentaria
para que la Corte Constitucional continúe ejerciendo el
conocimiento de las acciones de tutela sobre sentencias de los órganos
de cierre, de las diferentes jurisdicciones.
LEY DE PENAS
Permítanme referir a un segundo tema, el tema de la ley
de penas propuesta por el Gobierno Nacional al Congreso de la República.
Para nosotros la justicia es una pieza
fundamental de la Seguridad Democrática. He dicho que la acción militar y policiva
es el gran factor que tiene que producir un quebrantamiento a las
mafias de crimen, con lo cual se facilita la sostenibilidad de
la política de Seguridad Democrática, que a la postre
reposa en la acción de la justicia.
El país ha dado importantes pasos: la reforma constitucional
que introduce el régimen acusatorio, el paso de incorporar
la oralidad en el proceso, la actualización de los códigos.
Pero, en el diario trabajo de la Seguridad Democrática en
Colombia, encontramos que el exceso de excarcelación está distorsionando
la finalidad del sistema acusatorio, la finalidad garantista y
está perturbando el avance de la seguridad.
Por eso, muy respetuosamente urgimos al
Congreso de la República
a aprobar esta ley. Creo que no podemos permitir que, por una distorsión
de la tarea garantista de los jueces, que por exceso de dignidad
en penas de ciertos tipos delictivos, se de cómo resultado
un exceso de excarcelación, que afecta el avance de la seguridad
y le crea a los colombianos la noción tergiversada de que
ha fracasado el sistema acusatorio.
El problema no es de la esencia del sistema
acusatorio. Una cosa es un sistema acusatorio que tiene que ser
garantista, expedito
y eficaz y otra cosa es un sistema acusatorio que por el conjunto
normativo que lo rodee, se convierta en un sistema permisivo, con
una gran permisividad en la excarcelación.
Por eso, pido esta reflexión a la justicia de mi Patria,
al Ministerio Público —el Procurador (Edgardo Maya)
aquí presente-, al Congreso. Hemos visto un crecimiento
preocupante de muchos tipos delictivos y sentimos una Fuerza Pública
bastante abatida porque ve ineficaz su tarea y la gran preocupación
se llama: el exceso de excarcelación.
El sistema acusatorio, con la oralidad,
nos está mostrando
una justicia más expedita. Nadie discute la noble tarea
de los jueces de garantías. “Hoy por ti mañana
por mi”. Ese es un recurso presente para unos y latentes
para otros, lo requiere toda la comunidad. Pero cuando la acción
garantista se convierte en una acción en contra de la justicia,
entonces se pierde la finalidad tercera del sistema acusatorio,
que es la eficacia. No olvidemos que en su estructura, no solamente
están las competencias de los jueces de garantías,
también la reforma de las competencias en la relación
fiscales y jueces.
Se criticaba mucho que cuando el fiscal
investigaba y decidía,
dejaba de investigar cuando tenía que producir una decisión
y que eso afectaba la eficacia de la justicia. Se dijo que había
que corregirlo, asignando la competencia decisoria en todas las
fases investigativas sobre juzgamiento al juez, para que en aras
de la eficacia, el fiscal se dedicase exclusivamente a la investigación
del hecho, al recaudo de las pruebas, a formular y a sustentar
la acusación. Esa eficacia se pierde, cuando el marco normativo
que vincula al juez de garantías, lo obliga a hacer indulgente
y a conceder, en exceso, el recurso de la excarcelación.
En aras de la seguridad, honorables Presidentes
de las Cortes Internacionales, la nuestra es una Seguridad Democrática
consistente en el discurso, congruente entre el discurso y la práctica.
La Seguridad Democrática necesita este correctivo. Y creo
que es mejor introducir este correctivo a tiempo, que permitir
que llegase a deteriorarse el concepto popular sobre el sistema
acusatorio.
INVESTIGACIONES CONTRA CONGRESISTAS
El punto tercero al cual me quiero referir, es el relativo a las
investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia sobre
congresistas vinculados presuntamente a organizaciones criminales.
Para el Gobierno de la Seguridad Democrática, para el Presidente
que la ha liderado, que ha luchado por esa Seguridad Democrática
sin desmayo, que ha contribuido a crear una atmósfera de
opinión favorable a la Seguridad Democrática, lo
primero y fundamental es venir a decir aquí que reiteramos
todo el apoyo a la justicia.
Necesitamos una Patria sin guerrilla y
sin paramilitares, con transparencia en el ejercicio de la actividad
pública, sin
corrupción. Una Patria donde prevalezcan las instituciones
democráticas.
Vengo a decir eso, sin mayores adjetivos,
con total convicción,
como con total convección hemos procedido en todas las etapas
de estos cuatro largos años, para defender nuestra propuesta
de Seguridad Democrática.
Si hay sujetos que tienen que dar ejemplo
en el Estado de Leyes, son quienes tienen el privilegio y los
deberes del ejercicio de
tareas públicas, bien en el ejecutivo o en el Congreso.
Y si hay que proceder con severidad frente
a quienes quebrantan las leyes, es cuando se dan los casos de
que esas leyes son quebrantadas
por figuras de liderzazo público, bien en el Ejecutivo o
que estén actuando en el Legislativo.
¿Qué es la Seguridad Democrática —distinguidos
Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia que nos visitan-?
Es seguridad para todos.
Adoptamos esa tesis y la concebimos para
establecer en nuestro país la diferencia entre un concepto, el nuestro de Seguridad
Democrática y la doctrina de la Seguridad Nacional que recorrió el
Continente.
En nombre de la doctrina de la Seguridad
Nacional se sustentaron dictaduras, se cercenaron libertades,
se eliminó el pluralismo,
se conculcaron los derechos de crítica de oposición.
La nuestra es Democrática, la nuestra es para todos los
colombianos. Y creo que los episodios que ha vivido el país,
como las elecciones de Congreso, de Presidente de la República
de este año, empiezan a demostrar —en virtud de los
hechos- el alcance ilimitadamente democrático de nuestro
concepto de seguridad, que nos releva de profundizar en la teoría.
Dijo la comunidad internacional que Colombia
había tenido
este año las elecciones más pacíficas en décadas,
no obstante que eran las más amenazadas. Voceros de la oposición
y amigos del Gobierno, fueron rodeados plenamente por las instituciones
del Estado, el Presidente de la República se preocupó más
de las garantías efectivas —sobre todo en materia
de seguridad- a los voceros de la oposición, que de la propia
seguridad de los amigos del Gobierno o del Presidente de la República.
La manera como transcurrió ese debate, primero para elegir
el Congreso y después para elegir al Presidente de la República,
honra nuestro concepto democrático de seguridad.
El único que se podría quejar y no lo hizo, es el
Presidente, porque mientras la oposición tuvo garantías
en todas partes, la falta de avances en nuestra política
de Seguridad llevó a que en algunos departamentos las guerrillas
amenazaran a los potenciales electores amigos de la reelección
del Presidente.
Podemos hoy mirar a los ojos a todos los
compatriotas y a la comunidad internacional, por la manera como
hemos sido congruentes en la
práctica con nuestro postulado teórico de Seguridad
Democrática. Seguridad para los voceros de la oposición,
para los amigos del Gobierno, para los líderes sindicales,
para los periodistas, para los empresarios, para los agricultores.
Hemos logrado unos avances importantes
a pesar de lo que falta es más.
Hace cuatro años, Colombia tenía 68 asesinatos por
cada 100 mil habitantes, el año pasado 39. Este año
se presenta una nueva disminución entre el 7 y el 8, pero
falta mucho.
No quiero fatigarlos con todas las cifras,
hay que mirar la disminución
en el secuestro, la disminución en el asesinato de líderes
sindicales. Un país que conoció años en los
cuales se asesinaban a 168 líderes sindicales, todavía
no puede cantar victoria porque todavía se asesinan 13,
pero la tendencia es buena y mejor que la tendencia, es nuestra
determinación de luchar para que Colombia pueda decir que
aquí no se asesina un solo líder sindical.
Una prensa amordazada no por el Estado sino por el terrorismo y
la falta de decisión del Estado para combatir al terrorismo,
es hoy una prensa más libre. En unas regiones tenía
que estar censurada por la guerrilla para poder sobrevivir y en
otras regiones tenían que someterse a la censura del paramilitarismo
para poder sobrevivir.
Hoy, gracias a nuestra Seguridad Democrática, esa prensa
es más libre, esa prensa se ha sacudido la censura, esa
prensa denuncia tranquilamente.
Paradójicamente, muchos de mis críticos vivían
en el extranjero y gracias a la Seguridad Democrática han
regresado al país, pero no a ser condescendientes conmigo,
sino a ejercer la actividad crítica con más dureza
contra mi, pero ya sin tener que vivir refugiados en el extranjero.
¡Qué paradojas! El Presidente a quienes ellos señalaban
como un peligro, como aliado del paramilitarismo, como fascista,
como conculcador de la democracia, es el Presidente que ha creado
las condiciones para que puedan regresar al país.
Esta Nación tienen 1.098 alcaldes, elegidos democráticamente,
por voto popular directo. Hace cuatro años, 400 de ellos
no podían ejercer en sus municipios, desterrados por la
guerrilla o por el paramilitarismo, hoy todos ejercen en sus municipios.
Han sido rodeados por la Seguridad Democrática, independientemente
del origen político de su elección. No importa que
hayan sido elegidos por partidos contrarios al Gobierno, al Presidente
de la República o por partidos afectos a nuestras tesis.
Es bien importante recordar todo esto para
poner el problema actual en el contexto de un proceso de recuperación
institucional de Colombia.
La Nación era una Nación en la cual el poder del
Estado, en la mayoría de sus regiones, empezaba a ser un
poder formal más no eficaz. El poder real, el poder de la
eficacia, se lo distribuían guerrilleros y paramilitares,
ambos apoyados por el narcotráfico y las instituciones de
la democracia ya no se atrevían a denunciar con la beligerancia
con que hoy denuncian.
Hemos logrado algo muy importante: ese
estado que encontramos y que todavía no se ha resuelto plenamente, no se dio súbitamente
de la noche a la mañana, fue el resultado de un proceso
largo en el país, con muchas causas. Una de ellas: a varias
generaciones de colombianos, incluida la mía, se le formó en
el equivocado criterio de que la seguridad era una postura fascista.
En el equivocado criterio de que para practicar la civilidad, había
que ser indiferente frente a la Fuerza Pública y mantenerse
en coqueteo con los grupos alzados en armas. En el equivocado criterio
de justificar todo crimen, de asignarle a todo crimen una causa
social eficiente, de calificar como famélico todo crimen.
Y esa equivocada formación llevó a que aquí no
se le prestara atención a la seguridad. La gente en las
regiones sufría, décadas de guerrillas y no acudían
los gobiernos a respaldarlos, a apoyar a la ciudadanía.
La Fuerza Pública vivía desmotivada.
Muchos episodios de desmotivación de la Fuerza Pública.
Habrá que hacer historia: en los años 70’s
el Ejército tenía rodeado al ELN, el Gobierno de
entonces dio la orden de levantar ese círculo militar al
ELN, so pretexto de que ya iban a negociar y apenas hoy, en el
Gobierno de la Seguridad Democrática, se perfilan posibilidades
de negociación.
Este país no ha tenido Fuerza Pública golpista,
pero sí Fuerza Pública desmotivada y la desmotivación
en la Fuerza Pública se convierte en causa de ineficacia
y también en causa de violación de derechos humanos.
La Fuerza Pública más eficaz, la más transparente,
es la más apoyada por el gobierno civil y por la opinión
pública y en esa tarea estamos.
Esas regiones abandonadas, en medio del
desespero vieron que al crecimiento guerrillero le iban llegando
el crecimiento del narcotráfico.
Los universitarios de los 70’s, veíamos en la guerrilla
y en el narcotráfico antípodas, hoy con una mixtura.
Y posteriormente llegó la otra plaga: el paramilitarismo.
Y todos aprendieron a proveerse de recursos a través del
narcotráfico y de la corrupción administrativa y
lo que se conocía en la tertulia, apenas hoy se empieza
a destapar ante el país gracias a que este profeso de Seguridad
Democrática ha venido debilitando a las organizaciones criminales
y creando condiciones para que impere la justicia en nuestra Patria.
Nos falta mucho en resultados, pero tenemos unos resultados muy
importantes.
Un resultado: haber modificado esa conciencia
colombiana. Hoy las grandes mayorías colombianas entienden que la Seguridad
Democrática es un valor democrático y una fuente
de recursos. Ese es un intangible muy importante.
El otro: lograr que la ciudadanía, en lugar de dejarse
condicionar por paramilitares o por guerrilleros o de someterse
al narcotráfico, entienda que tienen que trabajar a toda
hora con la administración de justicia. Por eso hay hoy
menos denuncia temeraria, más denuncia eficaz que en el
pasado y que tiene que cooperar con la Fuerza Pública.
Esos son valores que hemos ganado y que en los momentos de dificultad
no podemos permitir que retrocedan.
Asumí la Gobernación de Antioquia el 2 de enero
de 1995, hacía poco se había dado un cambio de administración
presidencial en Colombia, la realidad que encontramos allá —y
no se había creado el día anterior, producto de muchos
años como en todo el país-: una tierra disputada
entre guerrilla y paramilitares, donde no imperaba la guerrilla
avanzaban los paramilitares. Todos, todos, financiándose
con el narcotráfico.
Y cuando llamo la atención de mis compatriotas —y
vengo a reiterarle todo el apoyo a la administración de
justicia, para que derrotemos la corrupción administrativa-,
es que en medio de tantas dificultades, en esos tres años
de Gobernación, no hay un acto indelicado, no hay un acto
de indignidad, no hay un acto de corrupción.
Los hechos dan en la vida pública autoridad o la quitan.
Nuestra vida pública da autoridad para decir dos cosas:
primero, que reconozcan los culpables —que están vivos
y muchos de los cuales hoy son críticos de primera línea-,
cómo con sus descuidos, con la falta de eficaz cumplimiento
del deber, llevaron este país a que aquí primara
la guerrilla y el paramilitarismo y el narcotráfico y se
desvanecieran las instituciones. Y segundo, la circunstancia de
haber procedido honradamente, seguramente con errores pero con
total buena fe y transparencia, como hemos procedido en estos años
en la Presidencia, la invoco como razón de autoridad moral
para que haya toda dureza en la justicia para desmontar los factores
de corrupción que siguen financiando al crimen en Colombia.
Por supuesto, emprendimos la Seguridad
Democrática y hay
procesos de paz.
La Seguridad Democrática es un camino hacia la reconciliación.
Lo que nos ha probado la historia reciente de Colombia, es que
la reconciliación no surge de actitudes vacilantes y de
apaciguamiento en los gobiernos, sino de firmeza para que prevalezcan
las instituciones, de firmeza para que impere la ley.
Este proceso de paz con los grupos paramilitares tiene unos antecedentes.
Primero, a través de la Iglesia Católica se traían
conversaciones con ellos, el Gobierno que presido dijo que continuaría
esas conversaciones si se comprometían a un cese de hostilidades.
El mediador fue la Iglesia Católica. El proceso se ha adelantado
abiertamente, el país lo ha podido analizar y criticar en
todo momento, gracias a que aquí no ha habido nada clandestino.
Pero eso ha tenido una causa eficiente.
Lo que tenemos hoy tiene una causa eficiente. Cuando nosotros
llegamos no había un
solo líder del paramilitarismo en la cárcel, de 68
líderes conocidos, hay 65 hoy en la cárcel, 3 fugados
y nuestra decisión es que las autoridades militares y de
policía los persigan con toda la determinación, hasta
traerlos a la cárcel.
Cuando nosotros llegamos había crítica en voz baja
porque avanzaba el paramilitarismo, pero no crítica abierta.
Gracias a la Seguridad Democrática, en el Gobierno que más
crítica abierta ha habido contra el paramilitarismo, es
en el Gobierno que ha perseguido al paramilitarismo. Es que antes
no los perseguían, antes no los criticaban públicamente
porque les temían y gracias a los avances del Gobierno para
desmontar el paramilitarismo, ahora el país les ha perdido
el temor y por eso critica el fenómeno y está bien
que así sea.
El país no conocía que se diera de baja a paramilitares.
En el Gobierno que presido —y este es un país abierto
al escrutinio riguroso de la opinión internacional, ustedes
lo pueden corroborar Presidentes de las Cortes Internacionales
con nuestra administración de justicia- han sido dados de
baja por la Fuerza Pública más de 1.500 paramilitares,
han sido aprehendidos por la Fuerza Pública alrededor de
12 mil.
¿Qué reflexión tuvieron que hacer ellos?
Que no les quedaba más camino que avanzar en un proceso
de paz o someterse a la derrota por parte de las Fuerzas del Estado.
Y hemos hecho ese proceso de paz. Ese proceso de paz tiene hoy
unos resultados si ustedes miran las cifras de criminalidad en
las regiones donde actuaban, se han reducido sustancialmente.
Lo bueno y lo malo: 65 de esos líderes están en
la cárcel, 3 fugados que hay que perseguirlos, 30 mil —aproximadamente-
de todos ellos se han desmovilizado. Es que en este país
hace 4 años encontramos alrededor de 60 mil integrantes
de organizaciones terroristas.
Y algunos críticos dicen: ‘¿de dónde
se han desmovilizado 30 mil si eran 14 mil paramilitares?’ Hay
que recordar esto: cuando el Alto Comisionado de paz por primera
vez se reunió con ellos, Carlos Castaño le dijo: ‘ustedes
están equivocados, solamente la agrupación que dirige
Carlos Castaño tiene 14 mil y sumen la del Magdalena Medio
y sumen la del Perijá y sumen las del centro y sur del país’.
Hay 30 mil desmovilizados, en un proceso
de reinserción
exigente, costoso, que no puede fracasar. Han reincidido en el
crimen más o menos 600. Como cifra relativa, 600 contra
30 mil es un porcentaje pequeño, pero como cifra absoluta
es un número muy peligroso. Ahora aparecen unas formas de
crimen, bandas emergentes, que integran desmovilizados que reinciden,
que integran a la Farc, que integran al narcotráfico, la
decisión del Gobierno es perseguirlos con toda la determinación.
Y hagamos algunas comparaciones. En este proceso,
por primera vez, Colombia ha visto desmovilizar gran cantidad de
guerrilla. Los
procesos del pasado con el M — 19, el EPL y otros grupos,
desmovilizaron 3.500, 4 mil guerrilleros. Hoy llevamos más
de 8 mil guerrilleros desmovilizados. ¡Eso es bien importante!
Cuando se desmovilizó el M — 19, se desmovilizaron
más o menos 900 personas, entregaron 270 armas. Los 40 mil
desmovilizados de ahora, han entregado alrededor de 18 mil armas.
Todos estos procesos son difíciles, dejan problemas, pero
aquí hay unos resultados que demuestran la verticalidad
y la buena fe, como hemos practicado la política de Seguridad
Democrática y como hemos avanzado en ese proceso de reconciliación.
Nuestra Ley de Justicia y Paz es la primera
en exigir justicia y reparación. Antes, todo lo que se hacia en un proceso
de paz en Colombia era perdonar, ahora juegan un papel importantísimo
la verdad, la justicia y reparación. Y eso sí que
es importante para estos días y hacia adelante.
Encontramos temas como este: hoy está en la cárcel,
en Medellín, un señor de los paramilitares de apellido
Murillo Bejarano, se conoce con el alias “Don Berna”.
Pues bien, ¿de dónde surgió de este señor
como personaje? Era integrante, al decir de muchos ciudadanos,
de mafias del narcotráfico y en algún momento un
grupo de narcotráfico donde él estaba, realizó alianzas
con instituciones para derrotar a otro grupo del narcotráfico.
No se que pasó después, lo que sí se, es
que muchos de los críticos de nuestras políticas,
no le han dicho al país por qué estimularon esas
alianzas y nosotros tenemos la autoridad moral para reclamar contra
esas alianzas, porque hemos preferido el difícil camino
de recuperar la paz exclusivamente a través de las instituciones,
que por intermedio de alianzas con grupos criminales.
El señor Murillo Bejarano, alias “Don Berna”,
lo heredo este Gobierno como vocero de los paramilitares.
Seguramente habríamos podido estimular
una alianza de las Fuerzas Institucionales con el paramilitarismo
y de pronto iríamos
más adelante en la lucha contra las FARC y el ELN. Pero
nuestras convicciones democráticas y cristianas, la manera
como asumimos los deberes frente al país, frente a las nuevas
generaciones —que las miramos con el afecto con que miramos
a nuestros hijos-, son talanqueras infranqueables que no nos permiten
violar principios.
Nuestra labor, a diferencia del pasado,
ha sido una labor ejecutada exclusivamente por las instituciones
armadas de la Nación.
Sin alianzas entre instituciones armadas y grupos criminales.
Hoy, los paramilitares que están en la cárcel, están
en un centro con dignidad, que se adecua como carcelario. Lo más
importante: abierto al examen riguroso de la opinión nacional
e internacional. Allí no hay escondites —eso es bien
importante-. Eso contrasta con experiencias del país como
la cárcel de La Catedral que más que cárcel,
fue un episodio triste de la vida colombiana y muchos de nuestros
críticos todavía no le explican al país ese
episodio.
Hace 6 años, como candidato a la Presidencia, le dije a
mis compatriotas —atendiendo un reclamo ciudadano- que de
ser Presidente, no tendríamos cárceles privilegiadas
para presos privilegiados, a las dos semanas de haber asumido la
Presidencia de la República, después del 7 de agosto
del 2002, el entonces ministro del interior, Fernando Londoño
Hoyos, llevó unos presos privilegiados que estaban en casas
con piscinas, a las cárceles ordinarias. Esa norma no se
ha violado.
La orden que hoy tiene la Policía Judicial —que en
nombre del Ejecutivo, tiene que apoyar a la justicia-, es que aquellas
personas, sujetos de órdenes de captura emanadas por la
Corte Suprema de Justicia, deben ser llevadas a cárceles
ordinarias.
Nuestros sitios de reclusión contrastan
con La Catedral y con los hoteles de cinco estrellas, que para
presos privilegiados,
se utilizaron en Colombia.
Esa Constitución del 91, la constitución de logros
muy importantes como la tutela, la carrera administrativa, los
derechos fundamentales, los derechos sociales, la constitución
de la nueva visión de la seguridad social para hacerla solidaria,
universal, eficiente, también tuvo errores. En mala hora
suspendió la extradición y eso quedó en el
rumor. Finalmente, el país no sabe, a través del
fallo judicial, cuál fue la causa determinante para que
esa Constitución hubiera derogado la posibilidad del que
país extraditara. Y fue en otro momento posterior, muy tortuoso,
cuando se revivió la extradición.
Mientras en el pasado suspendieron la extradición por causas
e interferencias que todavía la justicia no ha fallado o
se revivió la extradición en un momento de debilidad
institucional, nacional y de presiones internacionales, el Gobierno
nuestro, autónomamente, ha ordenado la extradición
de más de 480 criminales.
Esto hay que juzgarlo por los hechos, no
por los sesgos ideológicos
ni por las malquerencias. Este no es un problema de afectos o de
desafectos. Este es un problema de realidades.
Y hemos hecho una pedagogía ante el país diciendo:
si Colombia tomó la decisión de ser parte de la Corte
Penal Internacional, si es respetuosa de la Corte Interamericana,
de las instituciones internacionales de justicia, debe entender
que la extradición es un elemento clave en el proceso de
integración global de la justicia, que lo necesita la democracia.
Es muy importante que estimulemos la verdad.
Lo que está apareciendo
ahora es la verdad judicial que se ocultó durante tantos
años, porque la seguridad no estaba al servicio de la justicia,
porque el crimen crecía y la justicia era impotente.
¡Que se de toda la verdad judicial! Durante los últimos
tres años, en el trámite de la Ley de Justicia y
Paz se reclamó la verdad. ¡Pues que todo el mundo
diga la verdad!
Que los fiscales y los jueces y los magistrados
reciban la verdad de quienes se someten a la Ley de Justicia
y Paz. ¡La verdad
total! Eso hay que enfrentarlo con toda responsabilidad, es lo
que se ha reclamado.
¡Y que se de también la verdad política! Llamo
a todos los congresistas para que, por propia iniciativa, acudan
a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema,
a contar la verdad que todavía no se sepa.
¡Que todos aquellos que hayan tenido relaciones de una u
otra naturaleza con el paramilitarismo, lo digan y se lo digan
al país sin ambages y sin dilaciones! ¡Es la verdad
que está reclamando el país! Y que en todas partes
nos propongamos desmontar esas mafias de crimen y de corrupción
que aún quedan.
¡Que se diga la verdad en las relaciones de la dirigencia
política con el paramilitarismo!
¡Nunca se dijo la verdad, nunca se tocó el tema de
la dirigencia política que en su momento apoyaba al M — 19,
al EPL! ¡Nunca es tarde!
Es bueno que la dirigencia política en el Ejecutivo, en
las gobernaciones, en las asambleas, en los concejos, en el Gobierno
Nacional, en el Congreso, diga la verdad sobre cualquier relación
que haya tenido con el paramilitarismo. Pero también es
saludable que el país conozca qué relaciones tuvo
la dirigencia política de todos los niveles con el M — 19,
con el EPL y qué relaciones conservan sectores de la dirigencia
política con el ELN y con las Farc.
¡En esto no puede haber sesgo! A mí me preocupa como
Presidente de los colombianos ver que algunas personas que le hacen
el asco al proceso de paz con los paramilitares, todos los días
le hacen venias al ELN y a las Farc. Si queremos un país
sin terrorismo, hay que desmontar por igual todas estas organizaciones
criminales.
Permítanme terminar con unos puntos. Primero, la verdad,
la decisión de contribuir a que la justicia desmonte todas
las organizaciones de corrupción, debe fortalecer las instituciones,
en lugar de resquebrajarlas.
Ustedes los juristas enseñan que la responsabilidad
penal es individual. La responsabilidad penal individual no puede
afectar
ninguna de las instituciones políticas, administrativas
y estatales de la República.
Que haya que meter a la cárcel funcionarios, eso no puede
afectar la institución de las alcaldías, de los concejos,
de las asambleas, de las gobernaciones, del Ejecutivo nacional.
Que haya que meter a la cárcel congresistas,
eso no puede afectar al Congreso.
Que haya que meter a la cárcel jueces
penales, eso no puede afectar la justicia.
Al contrario, la asepsia, posibilitada por esta hora de lucha
contra el terrorismo, fortalece, vigoriza las instituciones.
Permítanme decir lo siguiente: en un debate, antes de elecciones,
expresé que cualquiera que tuviera que decir algo contra
el Presidente de la República, lo dijera. Que si hay alguno
de los 30 mil paramilitares que puedan decir que el Presidente
de la República ha sido cómplice, que lo digan. He
estado sometido a estos retos durante años, porque he defendido
sin declive la Seguridad Democrática y eso ha costado mucha
crítica, pero a la hora de defender las instituciones, hay
que tener todo el valor civil.
Cuando llamo a los congresistas a que le
digan la verdad total al país y a los jueces, también les digo: ¡si
tienen algo qué decir en contra de la pureza de la política
de Seguridad Democrática, como la ha entendido y la ha practicado
el Presidente de la República, que lo digan!
¡Yo soy un servidor público, no un jugador del poder!,
por eso, en aras de lo que considero conveniente para mi Patria,
he corrido todos los riesgos, he buscado la credibilidad del pueblo
en la tarea del afecto al servicio público. ¡Jamás
he buscado la credibilidad del pueblo alegando para mí el
beneficio de la duda o jugando a que pase el tiempo para favorecerme
con prescripciones!
Invito a los colombianos a que en este
momento apreciemos que la crisis que está apareciendo, es porque la medicina de
la Seguridad Democrática la ha hecho aflorar y a que no
permitamos que nos desvíen la atención. A que prime
la verdad, a que apoyemos a la administración de justicia
sin vacilaciones.
Regresé de los Estados Unidos a urgir al DAS (Departamento
Administrativo de Seguridad): “¿qué ha pasado
con la orden de la Corte Suprema de Justicia? Hay que tomar nuevas
decisiones para que estas personas se sometan a la justicia o para
que estas personas sean capturadas”. Y las ha venido tomando.
¡Vengo hoy, no a rendirle un homenaje retórico ni
lisonjero a la Corte Suprema, sino a reiterar nuestro apoyo a la
justicia, como elemento fundamental para la Seguridad Democrática!
Todas las armas, las facultades, las obligaciones
del Ejecutivo, están al servicio de la justicia. Nada más importante
para este homenaje, que prospectar un futuro y repetir ante todos
los colombianos, en este importante aniversario de la Corte Suprema
de Justicia, que nuestro propósito es una Nación
sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico, sin
corrupción, sin mafias que escamotean el patrimonio público.
¡Allí donde haya presupuestos públicos al
servicio del paramilitarismo, sus administradores y ordenadores
a la cárcel!
¡Allí donde hubo o todavía persistan presupuestos
públicos al servicio de la guerrilla, sus administradores
u ordenadores a la cárcel!
¡Allí donde haya recursos de la salud desviados para
mafias del crimen, sus administradores y ordenadores a la cárcel
y sus cómplices a la cárcel!
¡Y allí donde haya congresistas, líderes de
la política, funcionarios del Ejecutivo comprometidos con
el crimen, a la cárcel y con mayor severidad!
¡Porque quien está obligado como líder a cumplir
rigurosamente la ley, en el momento que la quiebra tiene que ser
sancionado con más severidad!
Felicitaciones, distinguidos magistrados, por este nuevo aniversario.
Muchas gracias a ustedes, Presidentes de las Cortes Internacionales,
por esta visita.
Me entenderán que no podía aparecer aquí con
un discurso histórico ni simplemente con una formulación
académica. Nos toca enfrentar los problemas de carne y hueso
de todos los días. Es una Nación abierta, nuestro
diálogo no s a hurtadillas de la comunidad internacional
ni de la nacional, por eso pido la venia de ustedes, ex posfacto,
para haber podido pronunciar estas palabras.
Muchas gracias. |
