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La iniciativa reemplazaría la Ley 550, que expira el 31 de diciembre de 2006

APROBADO EN TERCER DEBATE PROYECTO DE RÉGIMEN DE INSOLVENCIA

Bogotá, 28 nov. (SNE).- La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de Ley del Régimen de Insolvencia Empresarial que busca reemplazar la Ley 550 de 1999, cuya vigencia expira el 31 de diciembre del presente año.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el proyecto se pretende proteger el crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Díaz-Granados, destacó que la iniciativa tiene como objeto establecer un régimen que satisfaga la temporalidad vigente en la materia, y que proyecte en forma definitiva la normatividad para las entidades territoriales, para cubrir de esta forma tanto a las empresas como a las entidades públicas.

El Viceministro explicó que una de las novedades del proyecto actual es que incorpora todo el capítulo transfronterizo, es decir, la posibilidad que un régimen de insolvencia que se inicia en el país pueda vincular bienes continuos en el exterior, tal como ocurre en Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y Japón.

Además, el proyecto facilita que una empresa que entra en proceso de liquidación pueda regresar nuevamente al proceso de reorganización en el momento que se lleve un acuerdo por parte de los deudores y acreedores.

El funcionario señaló que esto es muy importante, porque hoy día el proceso no permite que una empresa que entra a liquidación pueda regresar nuevamente al esquema de reestructuración, y esta ley sí lo permitiría.

Hasta ahora un total de 1.200 empresas se han acogido a la Ley 550, y cerca de 980 se encuentran en proceso de recuperación, con lo cual se han logrado salvar cerca de 82 mil empleos en distintas regiones del país.

Ahora el proyecto de Régimen de Insolvencia Empresarial pasará a debate en la plenaria de la Cámara y si es aprobado entrará a conciliación, para después ir a sanción por parte del Presidente de la República.

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