PLAN DE CUATRO ESTRATEGIAS PARA
ATACAR LA POBREZA LANZA EL GOBIERNO
Bogotá, 17 oct. (SNE).- Una estrategia integrada por
cuatro propuestas para reducir la pobreza en Colombia, lanzó este
martes el Gobierno Nacional a través del Departamento
Nacional de Planeación.
La directora del Planeación, Carolina Rentería,
dijo que la meta es reducir la pobreza al año 2010 a un
rango entre el 35 y el 39 por ciento. Hoy está en el 49
por ciento pero hace un año estaba en el 60 por ciento.
Una de las estrategias es la Red de Protección Social
contra la Pobreza aprobada el pasado 25 de septiembre por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes). Las otras tienen que ver con la pobreza moderada, la
pobreza rural y la desigualdad.
En el caso de la Red, recordó que se propone atender
a un millón y medio de familias que está en la
extrema pobreza permitiendo que la miseria se reduzca del 15
al 8 por ciento.
La columna vertebral para atenderlas es el programa Familias
en Acción y la meta es que ya no haya más subsidios
regados a lo largo y ancho del país y de la población,
sino concentrados.
La unida de análisis ya no será el individuo sino
la familia como un todo, la que recibirá los diferentes
subsidios pero a su vez se autogenerará un plan de vida
para lograr superar la extrema pobreza.
Esas familias contarán con gestores sociales que le harán
seguimiento a las metas que las familias se propongan y para
ajustar los espacios donde no funcione bien.
Se trabajará en nueve áreas: identificación;
ingresos y trabajo; educación; salud; habitabilidad; nutrición;
dinámica familiar; aseguramiento y bancarización;
y apoyo legal.
POBREZA EXTREMA
En el caso de la pobreza extrema el objetivo es llevar a cerca
de 7 millones de personas los servicios que ofrece el Estado.
“Vamos a llegar a la familia para ver cuántos niños
tiene y estar seguros que todos estén en el sistema educativo;
si hay ancianos y reciben los programas de protección
y alimentación; si todos tienen acceso al régimen
subsidiado en salud, si tienen problemas de cedulación
o registro civil. También, miraremos la vivienda, cuáles
son sus condiciones y como podemos mejorarlas; y, ofreceremos
capacitación laboral, de tal manera que estas personas
puedan mejorar e, incluso, generar sus propios ingresos”,
precisó la directora del DNP.
Sobre la pobreza moderada señaló que la Misión
de la Pobreza y la Desigualdad propone hacer énfasis en
un sistema de protección social con atención integral
que evite que los hogares reduzcan su nivel de consumo cuando
se presentan casos de desempleo, enfermedad e incapacidad, entre
otros, y proteja a los más pobres de las crisis económicas
y los desastres naturales.
“Por lo tanto, se requiere ampliar el actual sistema de
protección social -SPS- para que se reduzca la vulnerabilidad
de los trabajadores en el sector informal, se le de prioridad
y exclusividad a los niños, se atiendan los riesgos no
protegidos en el sector privado, se priorice el aseguramiento
en salud, se genere mayor solidaridad entre los regímenes
contributivo y subsidiado, y se coordine y organice tanto la
oferta como la demanda”, anotó Rentería.
Señaló que para desarrollar esta propuesta, la
Misión identificó siete componetentes: mercado
laboral, seguridad social, microaseguramiento, asistencia social,
protección a la niñez y generación de activos.
En la pobreza rural la estrategia busca, a través de
las potencialidades del campo, un aumento significativo en el
nivel de ingreso de los campesinos y un sistema de protección
social integral para las familias rurales.
“En este caso, es indispensable acelerar el crecimiento
agropecuario, basado en una apertura exportadora; mayores y mejores
niveles de educación, capacitación, asistencia
técnica; así como acceso al capital, crédito
y tierra. Así mismo, se plantea la formalización
del empleo rural y mayor acceso a los servicios públicos.
Para hacer posibles estos propósitos, la Misión
identificó cinco frentes de trabajo: aprovechar las potencialidades
del campo; aumento y reorientación del gasto público
en el sector rural; apoyo privilegiado a la pequeña producción
campesina; financiación y estructura institucional”,
puntualizó.
La Directora de Planeación agregó que el Sistema
de Protección Social deberá beneficiar especialmente
a los habitantes de las zonas rurales, dado que son los más
afectados por la baja cobertura y calidad en servicios de salud,
la precariedad de las condiciones del empleo y, particularmente,
son vulnerables a los riesgos como desastres naturales, desplazamiento
y desempleo.
Con relación a la desigualdad indicó que la Misión
propone la expansión de la educación superior a
los jóvenes pobres y darles el capital humano necesario
para que acceda al mercado laboral.
Para desarrollar estas y otras propuestas, la Misión
identificó las siguientes áreas: primero, acceso
de los más pobres a la educación postsecundaria
a través de apoyos de sostenimiento para los más
pobres, crédito estudiantil y estrategias para mejorar
la calidad de los programas.
Segundo, énfasis en formación técnica de
ciclo corto, con apoyos de sostenimiento para los más
pobres, crédito estudiantil y estrategias para mejorar
la calidad de los programas.
Y tercero, el redireccionamiento del SENA, y agrega que con
el fin de disminuir los desertores y que los bachilleres se queden
sin entrada a la Universidad, se requiere cambiar la actual adscripción
del SENA al Ministerio de Protección Social para pasarlo
al Ministerio de Educación, y poner en funcionamiento
el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT).
Adicionalmente a estas propuestas se debe elaborar un documento
de política que contenga, entre otros, un examen del sistema
de educación superior y su financiación (SENA,
ACCES, universidades oficiales), así como de un cambio
en la financiación de las universidades oficiales, y concilie
las opiniones que al respecto tienen el Ministerio de Educación
Nacional y el Icetex, el Ministerio de Hacienda y Planeación
Nacional.
LA MISIÓN DE LA POBREZA
Por su parte el director de la Misión de Reducción
de la Pobreza y la Desigualdad, Hugo López Castaño,
resumió las principales recomendaciones:
La primera, implementar una estrategia contra la extrema pobreza
que en promedio para los años 2004 y 2005 afectó a
un millón y medio de familias y a 7 millones de personas,
que se quedarán atrapadas en la “trampa” de
la pobreza a menos que el Estado diseñe una batería
de estrategias dirigidas a esas familias. Para la Misión,
es muy satisfactorio que esa recomendación se haya logrado
plasmar en un documento Conpes y en un compromiso del Gobierno
Nacional.
Segunda, la parte educativa. El país está comprometido
en una expansión de la educación básica
con énfasis en preescolar y en secundaria, que es bueno
pero es necesario tener en cuenta que de aquí al 20190
saldrán 3 millones de bachilleres que no tendrán
opción de trabajo. Se requieren dos cosas: una, formación
para el trabajo con la reforma del sistema actual en cabeza del
Sena; y dos, darles acceso a la educación superior.
Tercera: un sistema de protección social para proteger
a la población de una serie de riesgos que la hacen caer
en la pobreza. Se proponen el montaje de un sistema de seguridad
social integral.
Cuarta, la pobreza rural es muy preocupante, es crónica
y requiere una estrategia de desarrollo rural dándoles
una mayor participación a los departamentos y municipios.
