Bogotá, 23 oct. (SNE).- El Gobierno Nacional radicará esta
semana ante el Congreso de la República un proyecto con
el cual se espera establecer un impuesto al patrimonio para recaudar
cerca de 8,6 billones de pesos, recursos que serán destinados
a gastos de la Seguridad Democrática.
El impuesto, que se propone sea del 1,2 por ciento, será transitorio
y se cobraría a los más pudientes del país,
es decir, a quienes tienen un patrimonio por encima de los 1.500
millones de pesos, durante los próximos cuatro años.
El ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos Calderón,
explicó que este impuesto no afectará a la clase
media. Lo cancelarían los cerca de 56 mil contribuyentes
que poseen patrimonios por encima de este monto, cifra menor
a las 140 mil personas que pagaron el anterior impuesto a la
Seguridad Democrática.
“Es lo mínimo que se requiere para mantener esa capacidad
disuasiva y mantener una infraestructura mínima militar”,
dijo Santo Calderón, tras explicar que el país
tiene equipos de más de 50 y 60 años, que si no
se reemplazan o son repotenciados “habría que votarlos
a la basura”.
El impuesto será presentado en un proyecto totalmente
independiente al de reforma tributaria. “Es un proyecto
aparte que ya ha sido discutido con el Ministro de Hacienda porque
es un proyecto con una destinación específica”,
acotó el jefe de la cartera de Defensa.
El Ministerio de Defensa propone que este dinero sea recaudado
de la siguiente manera: en el 2007: 1,8 billones, en el 2008:
2,3 billones, en el 2009: 2,5 billones y en el 2010: 2 billones.
El monto de este impuesto fue analizado exhaustivamente durante
tres meses con todos los comandantes de la Fuerza Pública,
mirando cuáles son las prioridades para, por un lado,
mantener la capacidad disuasiva y, por el otro, consolidar
la política de Seguridad Democrática en materia
de aumento de policías, soldados y equipo para controlar
el territorio.
DESTINACIÓN
El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que
de este dinero se espera destinar un total de 3,6 billones de
pesos en la compra de equipos.
Se comprarían por lo menos 36 helicópteros, 66
carros blindados y seis aviones de transporte. Además,
nodrizas y patrulleras, para intensificar la lucha contra el
narcotráfico. El pie de fuerza se ampliaría en
cerca de 40 mil unidades.
“Todo lo que tenemos es viejo”, aseveró el funcionario,
quien precisó que todo lo que se llegue a comprar es para
usarlo y crear capital social.
“En ningún momento vamos a comprar un portaviones, para
decir que tenemos portaviones. Todo lo que se espera comprar
es porque se necesita y se va a utilizar”, dijo.
VIGILANCIA
Santos Calderón sostuvo, que en aras de la política
de transparencia del Gobierno Nacional, se propone que la inversión
de los dineros recaudados sea vigilada por un comité integrado
por el mismo sector aportante (empresarios, sector privado) y
por figuras representantes de la opinión pública.
Según el funcionario este comité rendiría
cuentas cada cuatro meses.
