29 menores de edad y
35 mujeres abandonaron las armas
223 DESMOVILIZADOS INDIVIDUALES EN AGOSTO
Bogotá, 4 sep. (SNE).- En agosto se desmovilizaron individualmente
223 integrantes de los grupos armados al margen de la ley, con
los que se completan 10.540 desmovilizaciones de este tipo en el
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Según el registro suministrado por el Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), dentro de las entregas de
agosto aparecen 29 menores de edad y 35 mujeres.
Estas personas decidieron entregar sus
armas ante las siguientes autoridades: 186 ante unidades de las
Fuerzas Militares y de Policía,
cinco a la Fiscalía, once a la Defensoría del Pueblo,
catorce al DAS, dos a la Personería y cinco al ICBF.
Los desmovilizados, según el informe, pertenecían:
151 a las FARC, 27 a AUC, 30 al ELN y 15 a grupos disidentes.
Asimismo, el reporte revela que -en este
mes- el departamento en el que más desmovilizaciones se presentaron fue: Cundinamarca
con 36 casos, seguido de Caquetá con 24, Antioquia con 20,
y Meta y Sucre con 15 cada uno. Las demás entregas se reportan
en cifras menores en el resto de regiones del país.
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002 estableció apoyo
en materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al
igual que protección y solución jurídica a
través del Ministerio del Interior. Este decreto también
contempla apoyo económico para la creación de microempresas
y la posibilidad de validar el bachillerato y acceder a capacitación
impartida por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan a
dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia
o la Fuerza Pública entregando información que permita
evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación
económica, acorde con el resultado de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material
de guerra, intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes,
insumos y
maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o
cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen
de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”,
también recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación económica
a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar actividades
de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los
podrán recibir
todos aquellos nacionales que “individualmente y por decisión
voluntaria”, abandonen los grupos armados al margen de la
ley. Estos deberán demostrar además, –a criterio
del Gobernó Nacional- su voluntad de reincorporarse a la
vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de cualquier
forma de colaboración con la Fuerza Pública”. |
