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El hecho que nos ocupa es, la noticia de la eventual participación de militares en atentados terroristas, cometidos o frustrados, antes del 7 de agosto.

Acabamos de terminar una nueva reunión del consejo de seguridad y de acuerdo con la información final del Fiscal General de la Nación, el hecho aún no está probado.

¿En que contexto se han dado las situaciones de orden público este año? El país ha vivido un proceso electoral, uno de los más amenazados de la historia y también uno de los más pacíficos.

Nos aproximamos al 7 de agosto con mucho temor, el temor causado por el recuerdo de los sucesos violentos de hace 4 años, en la tarde del 7 de agosto cuando se hacia la transferencia presidencial.

La amenaza al proceso electoral, la amenaza al 20 de julio, al 7 de agosto, el recuero de los hechos violentos de hace 4 años, llevó al Gobierno, a la Fuerza Pública a extremar medidas, a extremar controles, a extremar coordinaciones. No en vano.

¿Cuál ha sido la secuencia de los hechos considerados en la noticia? La Policía de Bogotá recibió una información, el general Jorge Daniel Castro Castro, comandante de la Policía, la recibió posteriormente como noticia y se trasladó al conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

El pasado jueves, antes de las 4 de la tarde, 7de septiembre, el Ministro de la Defensa Nacional me informó sobre una reunión que había sostenido horas antes, con el Vicefiscal General de la Nación, en la cual él le daba cuenta de la investigación sobre presuntos graves hechos relacionados en la noticia. Mi reacción fue: Ministro, nuestra práctica es decir la verdad. Cuéntenle al país la verdad y vamos a buscar cómo ayudamos a la justicia a esclarecer los hechos.

Convocamos un consejo de seguridad que empezó el viernes 8 de septiembre, a las 2 de la tarde, duró más de ocho horas, amplísimo, con la participación del Vicefiscal, con la participación del Fiscal Jefe de al Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía. En ese consejo de seguridad examinamos temas sobre hechos, responsabilidades y también sobre la eventualidad de asignación de responsabilidad política.

¿Qué encontramos? La Fiscalía General de la Nación le había contado, informalmente, sobre el hecho, al viceministro Hernán Sanín. Rumores de estos suelen presentarse con muchísima frecuencia. El Viceministro compartió la información, casual, de rumores, con el Ministro, lo que conoció el Ministro y también el Almirante Moreno, Jefe de Estado Mayor Conjunto, fueron rumores.

¿En qué momento el Ministro de la Defensa conoce sobre la investigación y la presunta gravedad? Solamente el día jueves de la semana anterior, 7 de septiembre y ese mismo día lo comunica al Presidente de la República, a la opinión ciudadana y emprendemos nuestro aporte a la investigación.

El general Mario Montoya, comandante del Ejército y el general Fredy Padilla de León, comandante General de las Fuerzas, en ese consejo de seguridad afirmaron de manera contundente lo que han repetido en el día de hoy: que ellos no conocían sobre la investigación, que apenas se informaron el día jueves. Esto, que lo dijeron en presencia, primero del Vicefiscal General de la Nación y hoy en presencia del Fiscal General de la Nación, es un elemento muy importante que el Gobierno tiene que tener en cuenta para asignar o para no asignar responsabilidades políticas.

No he vacilado, en ocasiones anteriores, en asignar con toda firmeza responsabilidades políticas. Incluso, se me ha acusado de ser el Presidente que ha llamado a calificar servicios a mayor número de generales de la República. ¿Por qué no lo hago en esta ocasión? Porque no hemos encontrado mérito para poder hacer la asignación de responsabilidades políticas.

¿Qué mas encontramos en ese consejo de seguridad? Encontramos la filtración de una investigación judicial, la filtración ilegal con grave riesgo de frustrar la investigación. Lo menos que pasa en una filtración, es que la noticia de la filtración previene a las personas presuntamente involucradas y ellas toman todas las precauciones para impedir la práctica de las pruebas. He recibido la queja de la Fiscalía General y de la Policía Judicial sobre el daño que esa filtración puede causar al avance de la investigación.

En cuanto a la investigación, en un país democrático como Colombia donde todos respetamos la libertad de prensa, queda imposible al Presidente de la República llamar la atención de los medios. Pero en la filtración participa el órgano investigativo o el funcionario investigativo que conoce o lleva la investigación y el periodista que presiona por la filtración. Eso está haciendo muchísimo daño. ¿Por qué?, porque está afectando el avance de las investigaciones y eso puede conducir a que se prefiera la espectacularidad de la noticia, que la claridad concluyente de la investigación.

Hemos llamado la atención a los investigadores de las Fuerzas del Estado para que no haya filtraciones, para que se limiten a cumplir su deber, de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos delictuales o presuntamente delictuales que conozcan y adelantar las investigaciones que les sean encomendadas por la Fiscalía.

En esto de la filtración, cabría el símil de la frase bíblica, en la relación entre el periodista y el investigador: “tan grave pagar por la peca, como pecar por la paga”. El país tiene que hacer una reflexión en esa materia y los organismos de investigación que dependen del Gobierno, tienen que tomar una decisión categórica de no seguir afectando investigaciones con filtraciones.

Quiero referirme a algunos detalles que fueron apareciendo en ese consejo de seguridad.

Primero: el Vicefiscal General de la Nación y el Fiscal Director de la Unidad de Antiterrorismo –allí presentes- expresaron que no habían encontrado méritos, todavía, para vincular los militares aludidos. Esa misma noche, el Fiscal General de la Nación lo dijo al país y es lo que nos han repetido en el día de hoy.

Ayer, cuando terminó el Consejo Comunitario en Medellín sobre el SENA, regresé a Bogotá y trabajamos hasta horas bien avanzadas de la noche con los investigadores de las diferentes Fuerzas. Hoy hemos trabajado todo el día y se hizo la última sesión a partir de las 4:00 de la tarde. En ella intervinieron el Fiscal General, los fiscales investigadores y agradezco la participación del Procurador General de la Nación. Y el Fiscal General de la Nación repitió esta noche, lo que nos dijo el viernes en la noche: que no tiene, en el estado actual de la investigación, mérito para vincular al proceso a los militares mencionados ni para llamarlos a una versión.

Quiero contar que en estas largas horas hemos preguntado por el número de militares mencionados y la respuesta que hemos obtenido de la Fiscalía y de la Policía Judicial es que la investigación, en la mención, apenas refiere a dos militares, no a cuatro. Es grave, así fueran dos, pero es muy importante hacer esta precisión.

Me preocupó, en el curso de nuestras indagaciones, encontrar la noche anterior, que los militares aludidos no habían sido escuchados por la Fiscalía ni tampoco habían sido escuchados en el procedimiento disciplinario que simultáneamente debe adelantar la Fuerza Pública. Me hice esta reflexión: están condenados ante la opinión pública y no han sido escuchados. Eso me parece grave. Me parece que es una violación del derecho de defensa.

¿Qué ha dicho la Fiscalía? La Fiscalía dice que no ha encontrado mérito para vincularlos ni para escucharlos. Pedí, sí, a las Fuerzas Militares que fueran escuchados en procedimiento administrativo. Apenas se hizo a partir de las primeras horas de la noche del día de ayer.

En este proceso aparece una señora a quien se conoce con el nombre de ‘Jessica’. Esa persona fue detenida por la Fiscalía General de la Nación el pasado viernes. El informe que he obtenido de esta señora es que durante los últimos tres años ha cooperado con varias entidades del Estado.

Hay un punto importante: hasta el momento, las autoridades de investigación no tienen comprobado que los militares aludidos hubieran conocido la participación de la señora ‘Jessica’ en el atentado que costó la vida a un conciudadano reciclador de Bogotá y que dejó heridos a 18 soldados.

Más que preguntar si ‘Jessica’ participó o no en ese atentado, he preguntado si los militares aludidos conocían de la posible participación de ‘Jessica’ en ese atentado. Porque hay una gran diferencia, para el curso de la investigación, entre que ellos hubieran conocido o no hubieran conocido que esta señora, cooperante de la Fuerza Pública, hubiera participado en ese atentado. La respuesta que he recibido es que, hasta el momento, no hay prueba para poder decir que los oficiales mencionados hubieran sabido que esta señora participó en el atentado.

Hay una serie de detalles que voy a omitir, pero que los hemos estado estudiando, sin ser nosotros las autoridades competentes para la investigación, pero teniendo especialmente yo, la responsabilidad del orden público en el país, que los hemos estado estudiando alrededor de esta pregunta: ¿las acciones de los militares aludidos fueron acciones de un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía o fueron acciones delictuales?

En la inteligencia en el mundo entero, esa pregunta es pertinente. La respuesta que tenemos hasta este momento es, de parte de las autoridades investigativas, que los militares aludidos aún no se les ha comprobado que estuvieran incurriendo en acciones criminales. Que hasta ahora lo que hay, es que se encontraban en un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía.

Por ejemplo, se han citado unas grabaciones donde alguien dice que ‘instalen otro carro, pero que no estalle’. Pregunté si en esas grabaciones participaba alguno de los militares, me dicen que las pruebas recaudadas hasta ahora no permiten a las autoridades de investigación decir que hubo participación de los militares, probada en esas grabaciones.

Y los militares lo que han dicho, a partir de anoche, cuando empezó a escuchárseles en procedimiento administrativo, es que estaban adelantando un procedimiento de inteligencia para evitar atentados terroristas.

Miremos el caso de la recompensa. Hablemos de las recompensas en el caso particular y hablemos de las recompensas como una política general o como un eslabón muy importante de nuestra política de orden público.

En el caso de los atentados de Bogotá, el Comando General de las Fuerzas Militares pagó 7 millones y medio de recompensas a informantes. Hubo un pago de 5 millones y otro pago de 2 millones y medio.

Las pruebas que han recaudado hasta ahora los organismos competentes dicen, que no hay una sola evidencia para pensar que los militares aludidos participaron como beneficiarios de las recompensas. El Comando General ha dicho a quién se las pagó, cómo las pagó y que además tiene los comprobantes de recibo.

El tamaño, la cuantía de las recompensas y la falta de pruebas de que hubieran sido desviadas, nos permite decir que hasta el momento no hay prueba que evidencie un móvil económico para presumibles delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

Y ahora entro a hablar de la política general de recompensas.

Colombia es un Estado Social de Derecho, donde cada ciudadano tiene que proceder con solidaridad, así lo determina nuestra Constitución. En virtud de ese principio constitucional y de otras normas en el nivel constitucional y en el nivel legal, todo ciudadano está obligado a denunciar, a cooperar con las instituciones de la República para el bienestar de todos sus compatriotas.

De acuerdo con esto, no tendríamos que pagar recompensas. La colaboración ciudadana con las instituciones del Estado es algo que tendría que hacerse siempre sin recompensas. ¿Por qué hemos pagado recompensas? Porque la situación del país nos ha obligado a hacerlo, porque el grado de desconfianza que encontramos frente a las instituciones, el grado de indiferencia ciudadana, nos ha llevado también a utilizar este instrumento para romper esa indiferencia.

Durante estos cuatro largos años, hemos practicado una figura que se llama Lunes de Recompensa. Instruí, hace cuatro años, al principio del anterior gobierno, a la Fuerza Pública para que todos los lunes se pagaran recompensas a personas que con su información contribuyeran a esclarecer delitos, a evitar delitos, a capturar delincuentes.

Hay una circular que define la manera como procede el pago de esas recompensas. ¿Qué hemos encontrado? A lo largo de estos cuatro años, las recompensas han sido útiles. Hay muchísimos casos que pudiera enumerar, por ejemplo, en un atentado que nos conmovió recientemente, esa misma noche dije al país a través de los medios, que el Gobierno ofrecía una recompensa hasta de mil millones a los ciudadanos que con su información ayudaran a la captura de los autores materiales e intelectuales de ese caso. Quien ha sido el líder de esa investigación, el general de la Policía, Óscar Naranjo, me decía hoy que esa recompensa fue útil y que van a tener que utilizar alguna parte de esa suma ofrecida.

He recibido muy pocas quejas de recompensas. Mi recorrido por todo el país, periódico, buscando mejorar la seguridad, indica que las recompensas se han pagado bien y han sido de inmensa utilidad.

Voy a abstenerme de enumerar casos recientes en los cuales las recompensas han sido de gran utilidad para derrotar la impunidad.

Y quiero dar tranquilidad sobre lo siguiente: Colombia es un país con controles y con auditoria. Aquí los gastos reservados de todas las Fuerzas, son gastos que tienen que ser auditados.

Por ejemplo, hace pocas semanas me reuní con el Contralor saliente, Antonio Hernández Gamarra, en un proceso de trabajo con él durante los cuatro años, encintramos que en el cuatrienio, las entidades del Estado cuya fue fenecida por la Contraloría, pasaron del 36 al 72 por ciento, muchas mejoraron calificaciones. Ahora el propósito es llegar al ciento por ciento, lograr el fenecimiento en las 57 entidades que aun no lo tienen.

Y he encontrado que la Armada ha logrado un gran avance en materia de fenecimiento. En la Policía también hay avances muy importantes. Una de las 57 entidades que todavía no tiene fenecimiento es el Ejército, está en proceso de obtenerlo, el informe que recibí esta tarde es que los gastos reservados del Ejército también están sometidos al proceso de auditaje. Y en el DAS se ha avanzado muchísimo en fenecimiento y en auditaje.

El país puede tener confianza de la política de recompensas, de la manera como se auditan esos gastos en Colombia y todos ustedes, compatriotas, pueden tener la certeza que en el evento de presentarse errores en materia de pago de recompensas, el Gobierno será el primero en reconocerlos y en buscar correctivos.

He practicado los consejos de seguridad en las regiones. ¿Por qué? Porque es muy importante que sobre la situación de seguridad no solamente dialoguemos los altos mandos radicados en Bogotá, el Ministro de la Defensa y yo, sino que incorporemos a los comandantes regionales, en la búsqueda de que la política de seguridad permee desde el Presidente de la República hasta el soldado de más reciente incorporación, hasta el más joven de los policías.

Y en esas regiones y aquí mismo en Bogotá, hemos vinculado a los consejos de seguridad a la comunidad. Generalmente, cuando realizamos un consejo de seguridad, lo dividimos en dos partes: en la primera, los altos mandos, los mandos regionales, el Ministro, el Fiscal o su delegado, mi persona, escuchamos la comunidad. En la segunda, evaluamos, tomamos decisiones y avanzamos en la política de seguridad.

Escuchar la comunidad ha sido una reforma estructural de gran importancia porque eso le ha dado confianza a la comunidad, eso nos ha permitido conocer una versión diferente a la que nosotros tenemos en la Fuerza Pública y a eso le hemos sumado el control diario.

En efecto compatriotas, yo ejerzo un control diario sobre la política de Seguridad y lo acentúo por ciudades o por regiones. El año pasado ese control fue muy estricto por el crecimiento del homicidio en Cali. Este año ese control ha sido muy estricto porque el año pasado creció muchísimo el robo de vehículos en Bogotá y este año con ese control y con ese esfuerzo de todos los días lo hemos reducido.

He ejercido el control recientemente, diario, para procurar desbaratar, desmantelar, unas bandas de sicarios que han venido produciendo asesinatos selectivos en la ciudad de Barranquilla. Ese control hay que mejorarlo pero a él no puedo renunciar, tengo que ejercerlo todos los días, es uno de mis compromisos con el país.

Por su puesto, acepto que he sido muy exigente con la Fuerza Pública, la he acompañado con cariño, me siento soldado y policía en el alma, creo muchísimo en la necesidad de nuestra Patria de avanzar en seguridad, pero es cierto, he sido muy exigente. Exijo resultados y exijo en el mismo grado transparencia.

He procurado dar buen ejemplo. Le he dicho a la Fuerza Pública: aspiro que cuando termine la Presidencia, al recordar ustedes todos mis defectos, al recordar, de pronto para algunos, la molestia de un Presidente que ejerce tanto control y que es tan exigente, me puedan recordar como un Presidente que les exigió resultados y transparencia. Como un Presidente que les dio buen ejemplo en privado y en público.

Siempre he procurado tener consistencia entre mi discurso privado ante la Fuerza Pública y el discurso público. Consistencia alrededor de exigir resultados y transparencia.

Nosotros hemos avanzado mucho en derechos humanos. Hay esfuerzos muy grandes y las cifras son elocuentes. Estos cuadros –que aquí tengo- muestran lo siguiente: en el año 2002 en Colombia se presentaron más de 2.000 quejas por violación de derechos humanos contra la Fuerza Pública. El año pasado ya eso se había reducido a 986. Hemos reducido, de más de 2.000 a 986 el año pasado. Nuestro propósito es avanzar en derechos humanos, con el liderazgo del Vicepresidente de la República, para que Colombia pueda honrarse de esa transparencia en derechos humanos ante el mundo entero.

¿Cómo valoramos este avance? En el mismo período hemos pasado de 256 mil integrantes de la Fuerza Pública a 392 mil. Entonces mucho dicen y temían, que al crecer tanto la Fuerza Pública iba a crecer la violación de derechos humanos. Al contrario, se ha reducido.

Y en el mismo período hemos pasado de más o menos 4.500 operaciones al año, a 11.792. Hemos multiplicado, casi por tres, el número de operaciones militares y policivas y se ha reducido muchísimo el número de quejas en materia de derechos humanos.

El país debe tener confianza en la transparencia de la política de Seguridad Democrática, una de cuyas mediciones como avanzamos en materia de derechos humanos. Por supuesto, hechos como Guaitarilla, Cajamarca, Jamundí, Honda, son hechos que nos ponen en alerta.

¿Qué hemos procurado? Hemos procurado decir la verdad, promover la verdad, reconocer la verdad, a través de ello generar confianza y provocar la denuncia. La confianza ha ayudado a que muchos casos que antes no se denunciaban, ahora se denuncien.

Honda. En el pasado escuchábamos quejas de padres de familia sobre torturas a los muchachos reclutas en los cuarteles militares, pero esas quejas se hacían en voz baja, en privado, no había denuncia pública. La confianza permitió que este año se hicieran denuncias de gran importancia y llegamos con las investigaciones hasta la últimas consecuencias y asignamos las más severas responsabilidades políticas.

Jamundí. En otro contexto, Jamundí habría podido pasar como un episodio de error militar. El Fiscal de la Nación me dijo, con gran rapidez, que tenía allí pruebas muy contundentes sobre lo que podría ser participación de militares, participación criminal.

¿Qué decisiones tomamos? Una decisión histórica. El Presidente de la República, aprovechando que a pesar de no ser superior jerárquico de la Justicia Penal Militar en materia de justicia, si lo es en materia administrativa, tomó una decisión en virtud de esa jerarquía administrativa, de decirle a la Justicia Penal Militar que se separara del conocimiento del caso de Jamundí y lo asumió exclusivamente la justicia ordinaria. Y eso ha sido muy importante para la credibilidad de nuestra política de derechos humanos.

El ministro Juan Manuel Santos ha tomado otra decisión de gran importancia recientemente: ha nombrado una mujer civil para dirigir la Justicia Penal Militar. Este es un proceso dinámico, nosotros reconocemos los problemas que se han presentado y estamos en búsqueda de adicionar soluciones estructurales. El Ministro en los próximos días le comunicara al país una serie de decisiones que está estudiando para mejorar la armonía en los códigos de procedimientos entre las diferentes Fuerzas, para mirar cómo complementamos y mejoramos la educación integral de nuestros soldados y policías. Yo confío que manteniendo esto en un proceso dinámico, vamos a salir adelante.

Al terminar el consejo de seguridad de esta noche, aparecen unas conclusiones: no hay aún elementos para asignar responsabilidad política al Alto Mando. Cuando lo ha habido, nunca hemos dudado en hacerlo. Aún no está probada la participación militar en atentados.

La filtración, que tanto daño ha hecho, debe investigarse. El Gobierno ha pedido a todas las instituciones colaborar con la justicia para esclarecer estos hechos. Y le hemos pedido al Fiscal General de la Nación, que así como aceptamos su afirmación de que aún no hay elementos para vincular al proceso a los dos militares ni para oírlos judicialmente, el Gobierno será el primero en aceptar un cambio en el curso de las investigaciones.

Si el Fiscal nos dice que han aparecido nuevas pruebas, que la evaluación de pruebas no judicializadas lo ha llevado a determinar responsabilidades de personal militar, el Gobierno será el primero en aceptarlo, en tomar las decisiones administrativas con la severidad que se requiera y además, en apoyar las decisiones de la justicia para llevar a los responsables a la cárcel.

El Fiscal me recordaba que así como hoy me dijo, que aún no tiene méritos para vincular a los militares al proceso, en muchas ocasiones me ha dicho que sí y el Gobierno ha procedido en consecuencia.

Tenemos casos como el de Jamundí, con oficiales y soldados presos. Casos como las torturas de Honda, con personal desvinculado, con generales de la República a quienes se les asignó responsabilidad política. Las denuncias sobre derechos humanos de principios de año en Medellín ya tienen a varios integrantes de la Fuerza Pública en la cárcel. Y lo propio una denuncia reciente contra Fuerza Pública en la ciudad de Barranquilla.

Los hechos han demostrado que nosotros no vacilamos en asignar responsabilidades políticas, en tomar las más severas medidas administrativas, en reconocer los hechos ante la opinión pública, cuando están probados.

Quiero solicitar a la ciudadanía confiar en la Fuerza Pública. Colombia, en medio de circunstancias difíciles como estas se presentan, ha mejorado muchísimo. Nosotros tenemos que confiar en la Fuerza Pública, acompañarla y por supuesto, no ocultar hechos que pudiera cometer la Fuerza Pública, negativos, hechos criminales o hechos inconvenientes.

Una manera de ser solidarios con la Fuerza Pública es exigirles transparencia, pero confiemos en la Fuerza Pública. La falta de confianza en la Fuerza Pública acabó mucho con el capital social del país, la gente sustituyó la solidaridad por la indiferencia. Esa falta de confianza permitió que creciera guerrilla, narcotráfico, paramilitares. La recuperación de la institucionalidad colombiana requiere que los ciudadanos mantengamos nuestra confianza en la Fuerza Pública.

Y quiero hacer un llamado a todos los soldados y policías de mi Patria, de todos los grados, para que cuidemos la confianza ciudadana. Casos como Guaitarilla, Cajamarca, Honda, Jamundí, Barranquilla, deterioran esa confianza.

Recuperar el orden público en Colombia ha sido muy difícil. Todavía hay un trecho largo y difícil para recorrer. En esto se pierden muchas batallas militares, pero la única batalla que no podemos perder, en un país de opinión, es la batalla de la confianza. Y eso depende de nosotros, de ustedes soldados y policías de Colombia, de ustedes suboficiales y oficiales de todos los niveles de graduación.

En la medida que procedamos en búsqueda de la eficacia y con total transparencia, habrá confianza, el mayor activo. Si procedemos sin transparencia, la eficacia no generará confianza sino desconfianza.

Buenas noches compatriotas y muchas gracias.

Bogotá, 10 de septiembre de 2006

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