Informe de Acción
Social
NUEVOS DESPLAZADOS DISMINUYERON DE 424 MIL EN 2002 A 69 MIL ESTE
AÑO
Bogotá, 13 sep. (SNE).- La aplicación de la política
de atención a la población desplazada durante el
cuatrienio 2002–2006, le ha permitido al país una
reducción en el número de personas desplazadas nuevas
registradas cada año. Se pasó de un total de 424.520
personas que aparecen en el Registro Único de Población
Desplazada en el año 2002, a 162.892 en 2004 y un acumulado
de 69.298 a agosto 31 de 2006.
Según el director de Acción Social,
Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, la tendencia decreciente
ha sido el resultado de la puesta en marcha del Plan Nacional de
Desarrollo “Hacia
un Estado Comunitario” 2002–2006, al materializar el
objetivo de brindar Seguridad Democrática a través
de garantizar la presencia de la Fuerza Pública en todos
los municipios colombianos.
Hoyos Aristizábal aseguró que el Gobierno ha logrado
avances importantes en materia de prevención y protección
de población desplazada, atención humanitaria de
emergencia y procesos de estabilización económica
y social, así como en el registro y caracterización
de los desarraigados en Colombia.
Sin embargo, reconoció que aún es necesario realizar
mayores esfuerzos para continuar incrementando los recursos y los
programas de generación de ingresos, capacitación,
crédito y vivienda para los desplazados.
Dijo que además se requiere seguir avanzando para que la
implementación de estos programas cubra la totalidad de
los desplazados que aparecen en el Registro Único de Población
Desplazada, con el propósito de que alcancen el goce efectivo
de sus derechos constitucionales.
El Alto Consejero Presidencial indicó que hay qué mejorar
en la coordinación y el esfuerzo territorial ya que, a pesar
de tener algunos avances en ese sentido, se requiere un mayor compromiso,
esfuerzo presupuestal por parte de las entidades territoriales
y trabajo coordinado de éstas con el Gobierno Nacional.
Hoyos Aristizábal aseguró que la política
pública para atender al problema está avanzando y
sostuvo que la gravedad y extensión de la vulneración
de los derechos de la población desplazada es de tal magnitud,
que se han requerido grandes esfuerzos por parte de las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención a Población
Desplazada.
“Dichos esfuerzos necesitan continuar consolidándose
con el transcurso del tiempo, en especial cuando el Gobierno ha
aprobado el Documento Conpes 3400, donde se señala un cronograma
gradual y un esfuerzo presupuestal particular para avanzar en la
superación del estado de cosas inconstitucional”,
explicó el Alto Consejero Presidencial.
Al hacer un balance de cuál es la situación de esa
política pública de atención al desplazamiento,
el Director de Acción Social resumió así algunos
de los avances.
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Se ha logrado avanzar en el control territorial
por parte las Fuerzas Armadas del Estado, desarrollando acciones
de seguridad
y defensa para toda la ciudadanía y en todas las municipalidades.
También se ha propendido por la protección y promoción
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
estableciendo estrategias dirigidas a prevenir y mitigar los efectos
de la violencia sobre la población civil, aspecto que ostenta
la condición de principal fuente generadora del desplazamiento
interno.
El Ministerio de Defensa ha desarrollado
acciones de política
puntuales para lograr la protección de líderes de
la población desplazada, lo mismo que en el planeamiento
y ejecución de sus operaciones prevé la protección
a la población civil.
Se ha desarrollado también directrices en las Circulares
Ministeriales 2064 de 2003 y 151 de 2004 para protección
de minorías étnicas.
Para el caso de los retornos de población desplazada se
diseñó un protocolo de seguridad que se ha aplicado
en todos los procesos de retorno y reubicación registrados.
Una de las principales acciones adelantadas
en materia de coordinación
interinstitucional, es la creación del Centro de Coordinación
de Acción Integral desde mayo de 2004, liderado por Acción
Social, a través del cual se ejecutan acciones que garantizan
el desarrollo social y económico en zonas prioritarias del
territorio nacional, que son las principales regiones expulsoras
de población desplazada.
Estas zonas han sido recuperadas por la
Fuerza Pública
dentro de la política de Seguridad Democrática, reconociendo
que en algunas de estas zonas no existía mayor garantía
para los derechos de los ciudadanos y la preservación del
Estado de Derecho, pero en la cuales en los últimos años
la presencia efectiva de un Estado coordinado en su conjunto, ha
logrado avanzar en la coordinación interinstitucional para
la recuperación social del territorio, como elemento esencial
para promover el desarrollo socioeconómico de la población
con mayor riesgo de desplazamiento.
Dicho Centro de Coordinación Integral ha recibido reconocimiento
a nivel internacional y lo conforman doce entidades estatales de
manera permanente y más de 20 entidades que son enlaces
a nivel nacional con el territorial.
La política de Seguridad Democrática y el sistema
de alertas tempranas han permitido que la Fuerza Pública
realice más de 2.064 acciones para atender los informes
o alertas tempranas señaladas por los actores del sistema.
La concertación de los 41 planes de prevención y
protección y la generación de condiciones de arraigo,
a través de programas como la Red de Seguridad Alimentaria
y las iniciativas de protección de los bienes patrimoniales
de la población desplazada, han permitido ir construyendo
una concepción y metodología de trabajo que permita
un mayor enfoque de prevención y garantías del derecho
a la vida.
ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA
Los resultados presentados en este componente
de atención,
evidencian un avance importante en la coordinación de las
entidades responsables de garantizar a la población desplazada
el goce efectivo de sus derechos a la dignidad e integridad física,
sicológica y moral a la familia y a la unidad familiar,
y el goce efectivo de su derecho a la subsistencia mínima.
Prueba de ello es la cobertura actual de
82,3 por ciento relativa al número total de familias que han recibido atención
humanitaria con respecto del total de familias desplazadas incluidas
en el Registro Único.
En los municipios, con la participación del ICBF, se coordina
la asistencia a través de desayunos infantiles, donde se
atienden sin costo niños y niñas de 6 meses hasta
los 5 años de edad en situación de desplazamiento.
Se han entregado, a través de este
programa, 42.023 desayunos a partir de 2005.
Los restaurantes escolares han contribuido
a mejorar el desempeño
académico y disminuyen la repitencia escolar. Con este programa
se han beneficiado 88.282 niños y niñas en los años
2005 y 2006.
Además se destaca el manejo que se ha dado al acompañamiento
sicosocial recientemente, puesto que permite intervenir no solamente
a nivel personal sino familiar y comunitario, buscando restablecer
el equilibrio emocional de las personas, así como sus redes
sociales y su capacidad para adaptarse a un nuevo contexto, en
ocasiones muy diferente al que estaban acostumbrados.
“La idea de una atención humanitaria asistencialista
dedicada a la entrega de alimentos y elementos de aseo ha quedado
atrás. La integralidad actual de los programas permite que
las familias sean protagonistas de su propio restablecimiento,
al generar condiciones para superar su difícil situación
y asumir de manera autónoma el curso de sus vidas”,
concluyó el Director de Acción Social.
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