DISCURSO DEL PRESIDENTE
ANTE LA 61 ASAMBLEA DE LA ONU
Nueva York, 21 sep. (SNE).- El
siguiente es el discurso pronunciado por el presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez,
durante la 61 asamblea de la Naciones Unidas:
“Quiero felicitarla a usted, Señora Presidenta, y
desearle todos los éxitos en esta nueva Asamblea General.
Hace cuatro años acudí por primera vez ante este
foro del mundo a anunciar que Colombia empezaba una era de seguridad
democrática. Explicaba por qué la seguridad es en
nuestro tiempo un valor democrático sin el cual no prosperan
las libertades y es también una fuente de recursos, en cuya
ausencia no afluye la inversión y son esquivas las posibilidades
para eliminar pobreza y construir igualdad.
Hace cuatro años referí a ustedes por qué nuestro
concepto de seguridad es democrático y, por ende, merecedor
del apoyo y confianza de todos los pueblos y de las Naciones Unidas.
Soy consciente que hoy no podría dirigirme a ustedes para
proponer una teoría de seguridad democrática. La
oportunidad de haber estado cuatro años en la Presidencia
de mi País, me obliga a presentar los resultados de esta
política. Colombia ha realizado en este periodo cuatro elecciones
generales y un sinnúmero de elecciones locales. El Referendo,
la elección de alcaldes y gobernadores de 2003, fueron eventos
que pusieron a prueba nuestro significado democrático de
seguridad. Este año, las elecciones en fecha separada de
Congreso y Presidente de la República, altamente amenazadas
por terroristas, resultaron, sin embargo, las más pacíficas
en muchas décadas. Todas las opciones políticas disfrutaron
de garantías efectivas, sin importar su grado de apoyo o
de oposición al Gobierno.
Colombia ha elegido, bajo la seguridad
democrática, alcaldes,
gobernadores y congresistas de todas las tendencias. La seguridad
ha contenido al terrorismo para que se exprese la democracia.
Aún nos falta mucho en seguridad y todavía no se
vislumbra la paz definitiva, pero los avances son innegables. La
protección efectiva de los colombianos se traduce en la
caída del número de homicidios, secuestros, actos
terroristas, crímenes y amenazas contra periodistas y líderes
de organizaciones de trabajadores. La totalidad de gobernadores
y alcaldes ejercen sus funciones en sus propias jurisdicciones,
superando la pesadilla del destierro a que muchos fueron sometidos
por acciones terroristas no contrarrestadas por el Estado.
Para garantizar la sostenibilidad en el
tiempo de la seguridad, se requiere que la ciudadanía la rodee con credibilidad.
Nuestra tarea se orienta a construir credibilidad basada en eficacia
y transparencia. En consecuencia, los derechos humanos son un imperativo
de la seguridad. En los últimos años hemos crecido
la Fuerza Pública en un 30 por ciento, las operaciones militares
se han multiplicado por tres y simultáneamente las quejas
contra la Fuerza Pública se han reducido en un 38 por ciento.
Esto cobra más importancia al tratarse de un País
con plena democracia interna y totalmente abierto a la supervisión
y crítica internacional, como ha ocurrido a través
de la presencia de la oficina permanente de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos.
A pesar del camino que queda por recorrer, el logro más
importante es la valoración positiva que los ciudadanos
le asignan a la seguridad y la determinación colectiva para
consolidarla.
Para nosotros la violencia organizada,
con móviles políticos
ficticios, es terrorismo y la seguridad es camino de paz. Cuando
hay una democracia de por medio, pluralista, vigorosa, garantista,
la acción armada contra ella es puro terrorismo. Negarlo
haría que no hubiese diferencia entre el combate armado
a las dictaduras, que ameritó en otros países el
reconocimiento a grupos insurgentes y la agresión violenta
padecida por nuestra democracia, agresión que es terrorismo.
La desmovilización de más de 40 mil integrantes
de agrupaciones violentas, como resultado de la seguridad democrática
y los esfuerzos que el País adelanta para reinsertarlos
a la vida Constitucional, acreditan plenamente que para nosotros
la seguridad es camino de paz y reconciliación.
Hablar de 40 mil desmovilizados es fácil, sumarlos es muy
difícil, lograr que se desmovilicen es aún más
difícil y reinsertarlos es obra monumental. En medio de
comprensible controversia hemos avanzado en el desmonte de poderes
irregulares. Las autodefensas ilegales, que hasta hace dos años,
conjuntamente con la guerrilla, parecían poderes superiores
al Estado, hoy, en su inmensa mayoría están desmovilizados
y un alto porcentaje de los jefes están recluidos a órdenes
de la justicia. Son resultados más elocuentes que la retórica.
Debo anotar que en la guerrilla ha sido
superior el número
de desmovilizados que los dados de baja por las Fuerzas institucionales.
Vengo hoy a Naciones Unidas a pedir apoyo
resuelto a nuestra política
de seguridad y al programa de reinserción. La violencia
colombiana ha tenido mucha publicidad internacional, crítica
constante al Estado y poca ayuda para superarla. Es tiempo para
que la comunidad internacional emplace, de manera perentoria, a
los grupos violentos a hacer la paz sin más dilaciones.
El Gobierno es tan firme para implementar la seguridad, como riguroso
para respetar las reglas democráticas y, abierto y generoso
para buscar la paz. Una muestra sincera de voluntad de paz no tropezará con
obstáculos gubernamentales para llegar a la reconciliación
definitiva.
La comunidad internacional debe apoyar,
de manera más decidida,
nuestra política de seguridad. De este modo se acelerarán
resultados de superación de violencia y búsqueda
de paz.
Las drogas ilícitas como fuente de financiación
de los grupos violentos, son uno de los aspectos que marca la diferencia
con antiguas guerrillas de otros países latinoamericanos.
Esa financiación criminal, sin fondo y autónoma,
es el principal obstáculo para la paz.
En la lucha contra las drogas ilícitas, expreso con angustia
que los progresos son pequeños si se comparan con el sacrificio
del pueblo colombiano y la voluntad del Gobierno para erradicarlas.
Los esfuerzos en número de ciudadanos extraditados, confiscación
de riqueza ilegítima, extensiones fumigadas, son enormes,
pero los resultados no son proporcionales. Por segundo año
consecutivo contamos con un programa de erradicación manual
masiva, que completará 70 mil hectáreas eliminadas
de coca.
La producción y el consumo requieren
un compromiso global, que trascienda las declaraciones formales,
para aplicar de manera
creciente programas que reflejen acciones de responsabilidad compartida.
Hay exitosos proyectos de desarrollo alternativo.
Hace pocas semanas Naciones Unidas evaluó muy positivamente el programa Familias
Guardabosques, que cobija a 43 mil familias campesinas, que han
sustituido la droga por el cuidado del bosque y la siembra de cultivos
alternativos. Algunos, como en la Sierra Nevada de Santa Marta,
ya ofrecen servicios de turismo ecológico. Según
la Agencia de Naciones Unidas Contra el Delito, la droga ha sido
eliminada en un 80 por ciento dentro del área de las familias
guardabosques, área que abarca dos millones de hectáreas.
Han sido recuperadas más de 136 mil hectáreas de
bosque tropical. Gracias a los pagos que realiza el Gobierno, estas
familias ya han adquirido más de 30 mil hectáreas
de tierra productiva. Sin embargo, para cuidar un alto porcentaje
de la selva colombiana, tropical y amazónica, necesitamos
llegar a 120 mil familias, lo cual se constituye en un gran reto
presupuestal que demanda apoyo internacional más general
y decidido.
El programa frena la tala del bosque tropical
y de la selva amazónica,
que por efecto de la droga han sufrido en nuestro País la
destrucción de cerca de dos millones de hectáreas.
Pregunto al mundo: ¿por qué no hay un compromiso
mayor, menos retórico y más eficaz, para que Colombia,
que tiene absoluta voluntad para lograrlo, supere definitivamente
este flagelo de las drogas ilícitas?
Los colombianos no queremos quedarnos en esfuerzos y sacrificios,
requerimos resultados. Estamos dispuestos a revisar nuestra estrategia,
a mejorarla, pero necesitamos que el mundo entero se involucre
con nosotros. Pido a Naciones Unidas esfuerzos adicionales que
nos ayuden a encontrar senderos de eficacia.
Reiteramos ante Naciones Unidas nuestro
comprometido entusiasmo para honrar las Metas Sociales del Milenio.
Cohesión social,
superación de pobreza y construcción de equidad,
son aspiraciones esenciales de nuestra democracia. En 2002, la
pobreza alcanzaba casi el 60 por ciento de la población;
en 2005, había bajado al 49 por ciento. Haremos lo posible
para que en 2010 no supere el 35 por ciento y alcanzar la meta
de 15 por ciento para el 2019, Segundo Centenario de la Independencia
de nuestro País. Por fortuna el coeficiente Gini empieza
a mostrar una tendencia de corrección en la distribución
del ingreso.
Nuestras metas son ambiciosas para lograr
en el cuatrienio que inicia, plenas coberturas en educación básica y salud,
avances significativos en saneamiento básico y microcrédito
para cinco millones de familias.
Queremos una democracia moderna con seguridad,
libertades, cohesión
social, transparencia e instituciones independientes.
Esto es nuestro sueño, el objetivo de nuestra lucha: una
Nación sin exclusiones y sin odio de clases, con armonía,
rectitud y prosperidad. Una Nación en permanente debate
democrático, con fraternidad, sin antagonismos insuperables.
Una Nación integrada al multilateralismo, agradecida de
los esfuerzos de Naciones Unidas, receptiva a sugerencias de la
comunidad internacional y dispuesta a compartir sus experiencias
y a mejorar sus resultados.
Muchas gracias. |
