Previa
autorización
judicial
EMPRESAS DE CELULARES DEBEN AYUDAR A FISCALÍA EN INVESTIGACIÓN
DE DELITOS
Bogotá, 17 ene. (SNE).- Las empresas operadoras de telefonía
móvil deberán prestar toda su colaboración
para la investigación de delitos, cuando ésta sea
requerida por la Fiscalía General de la Nación.
Así quedó establecido mediante el decreto 75 del
Ministerio de Comunicaciones que ordena a los operadores de celulares,
PCS y sistemas de acceso troncalizado “garantizar la interceptación
remota de las comunicaciones a fin de que la Fiscalía General
de la Nación o las entidades que la ley determine, de conformidad
con las previsiones legales y previa autorización judicial,
adelanten actividades de interceptación de dichos servicios”.
De acuerdo con el decreto, con esta decisión se busca “optimizar
la labor investigativa, propendiendo por su eficaz y oportuna realización
y garantizando la ejecución de los fines del Estado, con
el uso de modernas herramientas de captación y monitoreo
de comunicaciones de las redes públicas de telecomunicaciones”.
Así las cosas, la norma señala que “los operadores
de Servicios de Telecomunicaciones deberán colaborar con
la Fiscalía General de la Nación, en la interceptación
de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido
en el régimen legal vigente”.
El decreto señala que ninguna empresa podrá obstaculizar
esta labor requerida para el cumplimiento de la administración
de justicia y establece, además, que los operadores tendrán
que poner a disposición de las autoridades los recursos
necesarios para ello, inclusive cuando cambien de tecnología.
Según el decreto, una vez autorizada judicialmente la interceptación,
los operadores deberán entregar a la Fiscalía “toda
la información referente a las coordenadas geográficas
que permitan ubicar la celda en la cual se encuentra registrado
el aparato terminal objeto de la interceptación, así como
los datos del suscriptor, su identidad, dirección de facturación
y tipo de conexión”.
Para este fin, las empresas operadoras
deberán contar con
la información actualizada de sus suscriptores, labor que
será verificada por el Ministerio de Comunicaciones. Se
entiende que el suscriptor entregó bajo juramento sus datos
a la compañía operadora del servicio.
La norma dice que los funcionarios de la
Fiscalía que participen
en la interceptación o conozcan de ella están obligados
a mantener la reserva de los datos y la confidencialidad de los
mismos. |
