PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN CONGRESO LATINOAMERICANO DE ALCALDES
Cali, 27 jul. (SNE). - Las siguientes son
las palabras del presidente Álvaro
Uribe Vélez, al intervenir en el II Congreso Latinoamericano
de Ciudades y Gobiernos Locales.
“Queremos dar en nombre de todos los colombianos nuestra
bienvenida a todos ustedes a este Congreso Latinoamericano de Ciudades
y Gobiernos Locales, de gran utilidad, para que podamos intercambiar
experiencias y mirar de cara al futuro cómo seguimos mejorando,
con el apoyo de todos, el rendimiento de los gobiernos locales.
Muchas gracias por acudir a Cali. Nuestra ciudad alegre, nuestra
ciudad de tanta trascendencia para realizar en ella este congreso.
Son ustedes los alcaldes las autoridades más cercanas al
ciudadano.
El ciudadano, para cualquiera de los problemas de la vida cotidiana,
tiene que acudir al alcalde. Es la primera autoridad en quien piensa.
Un problema de orden público, e inmediatamente el alcalde
aparece en la angustia del ciudadano que busca solución.
Un problema de servicios públicos, un problema de comunicación,
un problema de vías, un problema de educación, un
problema de salud, la reacción inicial del ciudadano es
la búsqueda del alcalde. Por eso el alcalde encarna la autoridad
inmanente al ciudadano, no la autoridad remota del ciudadano.
¿Quién representa mejor a la ciudad que el alcalde? ¿Quién
exalta mejor a la localidad que el alcalde? ¿Quién
presenta ante el mundo con más entusiasmo las características
de su ciudad que el propio alcalde? Lo hemos advertido esta mañana
al escuchar aquí la intervención, llena de entusiasmo
por su ciudad, esa expresión genuina de amor por su tierra,
del alcalde Apolinar Salcedo Caicedo.
Colombia ha dado una larga lucha por la democracia local. Nos
demoramos en los debates más de 100 años para tomar
la decisión de que las comunidades pudieran elegir directamente
los alcaldes.
En 1863, ya algunas décadas después de haber consolidado
la Independencia, introdujo el país una Constitución
profundamente federal que, de acuerdo como la interpretaron los
propios constituyentes y los analistas, consagraba todas las posibilidades
para que cada Estado Federal incluyera la elección popular
de sus alcaldes. No se hizo.
Posteriormente vino la Constitución del 86, cuyo lema fue: “centralización
política y descentralización administrativa”,
y se relegó el tema de la elección popular de alcaldes.
El Congreso del liberalismo, reunido en Ibagué en 1923,
después de que el país había pasado por la
azarosa experiencia de la Guerra de los Mil Días, la triste
separación de Panamá, incluyó como primer
punto de las reivindicaciones políticas que requería
la nación la aprobación de la elección popular
de alcaldes.
Pasaron muchos gobiernos, de uno y otro partido, y tampoco se
incorporó.
Fue a principios de los años 80 cuando el senador conservador Álvaro
Gómez Hurtado introdujo el acto legislativo que finalmente
vino a incorporarse en nuestra Constitución la elección
popular de alcaldes. Un largo debate.
Y se requirió posteriormente que llegara la Constitución
de 1991, para dar otro paso en el proceso de reconocimiento a nuestro
pueblo de los derechos democráticos, con la aprobación
de la elección popular de gobernadores y con la incorporación
al texto constitucional de un buen conjunto de disposiciones de
democracia directa.
Esa Constitución trajo a Colombia un equilibrado balance
entre democracia participativa y democracia representativa, que
es lo que hoy tenemos y que es muy afortunado para el desarrollo
del pluralismo colombiano.
Creemos que la elección popular de alcaldes ha traído
inmensas ventajas: la preocupación del ciudadano por ayudar
a elegir la autoridad más cercana, la que siente como propia.
La preocupación del ciudadano por vigilarla y por ser exigente
frente a esa autoridad. En alguna forma se ha superado la indiferencia
ciudadana frente a la autoridad más cercana, gracias a la
elección popular de alcaldes.
Muchas personas que han criticado los resultados deberían
entender que antes de la elección popular de alcaldes no
aparecían los problemas de los municipios y de las ciudades
como hoy aparecen.
La elección popular de los gobernadores, de la autoridad
local, de los alcaldes, es lo que ha permitido que gracias al despertar
de la participación ciudadana afloren los problemas, se
pongan sobre el tapete y se obligue a un examen cuidadoso, muchas
veces agitado, en el cotidiano proceso de la democracia local.
Encontramos que una serie de problemas que no se denunciaban,
se empezaron a denunciar Y también empiezan a superarse.
Y que todos los días hay más cuidado de los ciudadanos
por elegir mejores alcaldes. Y que todos los días hay más
cuidado de alcaldesas y de alcaldes para producir mejores resultados.
El balance es bueno y el porvenir, todo indica, todavía
mejor.
Colombia ha dado grandes pasos en materia de descentralización.
Por ejemplo, si miramos el tema fiscal, si sumando recursos sobre
los cuales hay controversias contables, Colombia llegó a
transferirle a las regiones el 40,04 por ciento de los ingresos
corrientes de la Nación. Hoy transfiere aproximadamente
el 34 por ciento de esos ingresos corrientes.
Hay que anotarlo muy claramente. Esa transferencia año
tras año ha crecido en valores reales, y ese crecimiento
ha sido muy importante. Lo que ocurre es que en los últimos
años las nuevas reformas introducidas en el Gobierno Nacional
en su tributación, han logrado un mayor recaudo y, por supuesto
como lo expresara el Presidente de la Federación Colombia
de Municipios, el Alcalde de Itagüí, ese mayor recaudo
ha llevado menos porcentaje del anterior a las entidades territoriales
y más a la Nación. Pero el cambio de porcentaje en
ningún momento ha implicado reducción ni nominal,
ni mucho menos real, de las transferencias a las regiones que han
seguido creciendo. Debate bien importante en los meses que vienen.
Pero adicionalmente las regiones colombianas, especialmente los
municipios, son dueños de impuestos importantes. La situación
de los departamentos es más difícil en cuanto refiere
a sus rentas propias, porque hay algunas con un cuestionado dinamismo.
Pero los municipios, además de recibir las transferencias
de la Nación, son dueños de rentas muy dinámicas.
Por ejemplo, son los dueños exclusivos sobre la renta de
la propiedad inmobiliaria, son los dueños de una renta muy
importante, que es la renta de industria y comercio.
Allí hay grandes posibilidades de dinamismo en el recaudo,
y además de ello la Nación contribuye permanentemente
a lo que son los programas de cofinanciación.
Todo esto hay que sumarlo, porque es el consolidado de las rentas
locales. Por ejemplo, sin incluir esos programas de cofinanciación,
las rentas regionales ya representan en Colombia aproximadamente
dos y medio puntos del PIB (Producto Interno Bruto), y eso tampoco
incluye las transferencias. Solamente los recursos propios.
Yo creo que si ustedes lo miran en el conjunto de la descentralización
fiscal en el continente, encontrarán que Colombia ha avanzado
muchísimo. Es país vanguardista en esta materia.
Porque cuando hablo con muchos de los alcaldes de ciudades importantes
de otros países, con sus presidentes, me dicen que tienen
un esquema de transferencias, en unas partes, sin rentas propias.
En otras partes un sistema de recursos locales, pero con mínimas
transferencias.
Aquí hay un sistema creciente de transferencias, un sistema
de rentas propias con dinamismo, y a eso se suman otras rentas,
donde están, por ejemplo, las recientemente creadas, como
la participación de los municipios y de los departamentos,
con un impuesto ad valorem en los combustibles y las cofinanciaciones
de la Nación.
En las cofinanciaciones de la Nación quiero destacar varias
de gran importancia, por ejemplo, como lo dijera el señor
Alcalde de Cali, la Nación cofinancia hoy el 70 por ciento
de la construcción de los proyectos de transporte masivo
en Colombia.
Y en esos proyectos están involucradas la ciudad de Bogotá,
la ciudad de Cali, la ciudad de Pereira, la ciudad de Bucaramanga
(el alcalde Bucaramanga nos acompaña en esta reunión),
la ciudad de Cartagena, la ciudad de Barranquilla, y también
algunas localidades como la ciudad de Itagüí y la ciudad
de Soacha, al sur de Bogotá. Allí hay un gran esfuerzo
del Gobierno Nacional.
Hoy estamos mejorando y pavimentando 2.500 kilómetros de
carreteras en Colombia. La inmensa mayoría son carreteras
de las regiones y de las localidades, y, salvo dos o tres casos
de cofinanciación, eso se está financiando en su
totalidad con cargo al Presupuesto de la Nación.
Además, en el área social, la Nación no se
reduce a las transferencias. Permanentemente hay adiciones presupuestales
para el tema educativo, para el tema de salud, para el tema de
saneamiento básico.
La Nación tiene la gran responsabilidad en la financiación
de la vivienda social. Por ejemplo, un porcentaje importante de
las transferencias se lleva a saneamiento básico, y el Gobierno
Nacional ha reconocido que las necesidades desbordan esa partida.
Se han hecho esfuerzos con recursos adicionales de la Nación
muy grandes, que con la ayuda de Dios continuáremos en el
gobierno que empieza.
Nos proponemos presentar al Congreso de la República la
proposición de que los recursos adicionales, que aquí se
llaman de audiencia pública, para cuya definición
participan gobernadores, alcaldes, comunidad y Congreso de la República,
en un proceso abierto y transparente, en los cuatro años
de gobierno que empiezan, se lleven en su totalidad a los programas
de saneamiento básico: acueductos, alcantarillados, problemas
de basuras. Todo esto son aportes adicionales de la Nación
a las entidades locales.
Y en el tema social hay otras inversiones muy importantes de la
Nación. Por ejemplo, en todo lo que es nutrición
infantil, en todo lo que es asistencia a los ancianos, y en todo
lo que es la asistencia a las familias para garantizar la educación
de sus hijos.
Falta mucho, por supuesto, pero si uno mira el conjunto, si uno
mira las finanzas del país, encontrará que en su
conjunto son unas finanzas ampliamente descentralizadas.
Yo creo que en la discusión que empieza, nosotros tendremos
-para saber cuál va a ser la nueva regla de transferencias
a las regiones-, nosotros tendremos que hacer una juiciosa comparación
internacional, e invito a los alcaldes de mi Patria, a aprovechar
estos días en Santiago de Cali, para mirar cuidadosamente,
con sus colegas, los alcaldes visitantes, cuál es el alcance
de la descentralización fiscal en América Latina,
donde Colombia, y lo van a mostrar las cifras que ustedes tendrán
la oportunidad de mirar, ha avanzado muchísimo.
Claro, tenemos grandes desafíos. En los próximos
años Colombia debe cumplir con las metas sociales del milenio.
El informe que se anticipa, de Jefrey Sachs, a las Naciones Unidas,
indica que Colombia cumplirá antes de la fecha esas metas,
salvo en algunas regiones. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos
para cumplir con la totalidad de las metas en la totalidad de las
regiones.
En esas metas está el tema de plena cobertura en educación
básica, el tema de plena cobertura en salud. Entendemos
que esos dos puntos, más la plena cobertura en saneamiento
básico, deben ser variables esenciales que se tengan en
cuenta en la nueva ley de regulación de transferencias a
las regiones. Que haya lo suficiente para lograr esas metas sociales.
Pero también tenemos que ver la situación fiscal
de la Nación y sus compromisos y responsabilidades. Cuando
observamos qué ha pasado con los municipios y los departamentos
de Colombia, encontramos dos grandes avances en saneamiento fiscal
y de endeudamiento: en los últimos años pasaron de
un déficit del uno por ciento del PIB, a un superávit
del uno por ciento del PIB. Y han reducido sustancialmente el endeudamiento.
A ello ha contribuido un conjunto de variables, normas de ley
general, por ejemplo, la conocida en Colombia como la Ley 617 de
la administración presidencial anterior, que introdujo severos
controles en cuanto a gastos de funcionamiento, una norma ejemplar
de austeridad, que el gobierno que he presidido la ha aplicado
con todo rigor.
Las leyes de responsabilidad fiscal, introducidas en este gobierno,
la mejor calidad de las administraciones locales, su esfuerzo.
La Nación, en pocos años, pasó de un endeudamiento
que representaba el 12 – 15 por ciento del PIB, a un endeudamiento
que hace cuatro años representaba el 54 (por ciento del
PIB). Hoy está alrededor del 40 (por ciento), tenemos que
ponerlo alrededor del 30 por ciento.
La Nación, en pocos años, pasó de un déficit
de una situación fiscal en equilibrio, a un déficit
que hace cuatro años era del 4,2 (por ciento). En el consolidado
hemos mejorado mucho, pero todavía en el Gobierno Nacional
Central el déficit es del 5 por ciento, y no por falta de
esfuerzos.
Hemos reformado 280 empresas del Estado, y ese es un debate diario
en Colombia, porque este gobierno ha tenido que asumir la responsabilidad
de jalonar la reforma de esas 280 empresas del Estado, y ahora
tiene que continuar con la reforma de las que todavía no
han sido reestructuradas.
Se habrán enterado ustedes en los medios de comunicación,
muy apreciados alcaldes y visitantes, sobre el debate que hay,
por ejemplo, alrededor de la propuesta del Gobierno Nacional para
capitalizar la empresa de petróleos.
Hemos hecho un gran esfuerzo en reforma de la administración,
en austeridad, en buscar renovados recursos. Hemos bajado ese déficit
del Gobierno Nacional central, que era superior al seis, en un
punto.
Pero a eso hay que sumarle otro aspecto muy delicado: el país
ha visto cambiar su pirámide poblacional. Así lo
comprueban los datos que todavía no se han oficializado
del reciente censo. La avalancha de colombianos en edad pensión
llegó, ha crecido enormemente la deuda pensional a cargo
de la Nación. Cuando empezó este Gobierno representaba
el 214 por ciento del PIB. Las diferentes reformas introducidas
la han reducido al 140 del PIB. Sigue siendo muy elevada.
Hemos tenido que enfrentar no solamente el creciente pago de pensiones,
sino el agotamiento de reservas en el Instituto de los Seguros
Sociales. Se anunció el agotamiento de reservas durante
años: o no se prestó atención o se dio insuficiente
atención. Y este Gobierno tuvo que afrontar esa delicada
situación.
Hemos pagado cumplidamente a los empleados del Instituto de los
Seguros Sociales, pero eso ha implicado que el Gobierno Nacional
haga una transferencia a ese Instituto que vale 1,3 del Producto
este año.
Entonces, si a ese déficit del Gobierno Nacional central,
que es del 5 por ciento, le restáramos ese 1,3 de un nuevo
gasto que no estaba contemplado en las cuentas nacionales, tendríamos
que en los cuatro años hemos reducido el déficit
del Gobierno Nacional central del más del 6 a aproximadamente
el 3,7.
Es un esfuerzo, apreciados alcaldes, que no se puede desestimar.
Así como el Gobierno Nacional valora plenamente los esfuerzos
de los gobiernos locales con la Ley 617, sus medidas de austeridad,
también pide que para la discusión que ahora empieza
se tenga en cuenta el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno
Nacional.
Y permítanme hacer una observación: si algo importante
ha logrado Colombia en los últimos años, ha sido
la tendencia descendente de la inflación, la recuperación
del sector financiero que hoy nos permite tener la posibilidad
de créditos a más largos plazos y de tasas de interés
más bajas, en lo nacional y en lo internacional.
El día del 21 de julio, el siguiente día a la instalación
del Congreso de la República, Colombia colocó en
el mercado internacional bonos por mil millones de dólares,
con la menor tasa de interés histórica y un largo
plazo. Y hubo ofertas para comprar bonos colombianos por tres mil
millones.
Eso es un gran avance, eso es un resultado de confianza en Colombia.
Cuánto conviene al crédito de los departamentos y
de los municipios que haya confianza de la comunidad financiera
nacional en internacional en el Gobierno Nacional.
Si el Gobierno Nacional se equivoca en el manejo de las finanzas,
se deteriora esa confianza, y una de las consecuencias del deterioro
de esa confianza será el encarecimiento y la dificultad
en el acceso en el endeudamiento por parte de las entidades locales.
Pero estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo en el Congreso
de la República sobre la regla que habrá de regular
las transferencias de la Nación a los departamentos, en
el nivel constitucional en los años que vienen.
No obstante que la reforma del 2001 vence en el 2008, el Gobierno
reitera la invitación de que la norma sustituta se defina
ya. ¿Por qué? Porque ese es un punto fundamental
de confianza en el país, de confianza para que haya inversión,
crecimiento, empleo en nuestra Patria, de confianza para poder
proyectar las administraciones locales y la administración
nacional. Y esa regla en cuanto con más antelación
se defina mejor, para la confianza que requieren los gobiernos
locales y el Gobierno Nacional.
Son muchos los temas que habría para tratar con ustedes,
apreciados alcaldes. Un tema bien importante es responder la pregunta: ¿cómo
ha sido la gobernabilidad en Colombia después de la elección
popular de Gobernadores y Alcaldes? Porque escuché decir
a politólogos que era muy difícil garantizar la gobernabilidad
con la elección popular de alcaldes y gobernadores, en un
país convulsionando por tantos problemas como Colombia,
afectado por el terrorismo y la droga.
Pues bien, si algo importante puede mostrar hoy Colombia en esta
materia de elección popular de alcaldes y gobernadores,
es que hemos construido armonía en la gobernabilidad.
El Gobierno que presido ha vivido un fenómeno democrático
muy interesante, que es la elección de alcaldes y gobernadores
originados en muchísimos partidos políticos, en partidos
afectos a las tesis del Gobierno y en partidos de oposición
muy radical a las tesis del Gobierno.
¿Cómo hemos construido esa gobernabilidad? A partir
de un principio: la decisión del Gobierno Nacional ha sido
trabajar armónicamente con todos los gobernadores y alcaldes
de Colombia, prescindiendo del origen político de su elección.
Creo que es una regla de oro para la construcción de gobernabilidad.
La Presidencia de la República no se ha detenido, para
avanzar en un programa de Gobierno en un municipio o en un departamento,
en el análisis de cuál es el origen de la elección
de ese gobernador o de ese alcalde. Lo que hemos buscado es trabajar
con todos ellos para sacar adelante las expectativas de la comunidad.
Por su puesto, esto requiere orden y un diálogo permanente.
El orden lo dan los planes de desarrollo, que tienen que tener
armonía. Para poder tener, por ejemplo, cofinanciaciones,
debe haber coincidencias en planes de desarrollo, en metas sociales.
De lo contrario, en un país cuyas finanzas públicas
no se manejan discrecionalmente sino que están regladas
en el nivel constitucional y en el nivel legal, las cofinanciaciones
no podrían aportarse.
Y hemos tenido un diálogo permanente, un diálogo
franco, un diálogo en multitud, hemos practicado un esquema
de gobierno comunitario, que parte de la base de considerar que
la descentralización es eficiente en la medida que haya
creciente participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones de gobierno, en la ejecución de decisiones
de gobierno y en la vigilancia de decisiones de gobierno.
Alcaldes, gobernadores, Gobierno Nacional, hemos interlocutado
permanentemente en un escenario del gobierno comunitario, que son
los Consejos Comunitarios, de cara al país, para mirar posibilidades,
para buscar opciones.
Nuestro diálogo no ha sido de promesas ni de engaños,
pero ha sido un diálogo esforzado para buscar opciones a
los grandes problemas, a las grandes falencias, para construir
imaginativamente soluciones.
Es muy importante pensar permanentemente el tema de la armonía
entre los gobiernos locales, los regionales y los nacionales, con
prescindencia del origen de la elección política
de sus titulares, como factor de gobernabilidad para la buena marcha
y la tranquilidad de la Nación.
Para construir esa gobernabilidad ha sido definitivo nuestro concepto
democrático de seguridad. Mi elección, apreciados
alcaldes visitantes, creaba muchos temores en esa materia, porque
aquí en alguna forma se había creado un falso sentido
de civilidad, que confundía la civilidad con la debilidad
frente al terrorismo.
La decisión firme, inclaudicable, de enfrentar y derrotar
al terrorismo, por parte de un aspirante a la primera magistratura
de la Nación, desataba toda clase de controversias. Pero
el punto fundamental fue la proposición del alcance democrático
de esa seguridad.
Seguridad Democrática, diferente de la doctrina de la Seguridad
Nacional, ese fantasma que recorrió a América Latina
hace algunas décadas, que se utilizó para silenciar
la oposición, para clausurar las libertades públicas,
para marchitar el disenso. Lo nuestro ha sido todo lo contrario:
seguridad para devolverles a los colombianos las libertades que
el terrorismo había suprimido con sus poderes de facto.
Y eso yo creo que lo han sentido, en el ejercicio de sus atribuciones,
alcaldes y gobernadores, independientemente del origen político
de su elección. Ha creado confianza y la confianza es el
punto fundamental de la gobernabilidad en medio de la diversidad.
La gobernabilidad no se basa en el unanimismo. La gobernabilidad
se basa en la confianza en medio de la diversidad. Y es lo que
hemos querido construir en Colombia a partir del diálogo
sincero y a partir del concepto democrático de seguridad.
Por supuesto que hay discusiones. Tiene que haberlas todos los
días. Lo grave sería que en una Patria como Colombia,
llena de dificultades, no hubiera discusiones. Ahora tenemos que
enfrentar en el Congreso de la República discusiones muy
importantes. Una, la reelección inmediata de alcaldes y
gobernadores.
Un país que acaba de dar el debate y de aprobar la reelección
inmediata del Presidente de la República, no tiene razones
para negarse a aprobar la posibilidad de la reelección inmediata
de alcaldes y gobernadores.
Bertrand Russell solía decir que su abuelo le había
contado la historia de Inglaterra como un proceso gradual de reconocimiento
de derechos por parte de la monarquía al pueblo. Yo diría
que la historia de nuestra descentralización ha sido un
proceso gradual, no fácil, de reconocimiento de los poderes
centrales a los derechos democráticos de la base popular
de la Nación.
Después de cien años de debate introdujimos la elección
popular de alcaldes, vino la de gobernadores, mecanismos de democracia
directa, empezó la elección popular de alcaldes con
un período de dos años, se amplió a tres con
una transición de medio año, ahora está en
cuatro, se autoriza la reelección inmediata dejando como
intervalo un período de por medio.
Yo creo que el desarrollo que se requiere en ese proceso lógico
de reconocimiento de derechos democráticos a la base de
la Nación, es el de autorizar la reelección inmediata.
El 20 de julio, cuando presenté al Congreso de la República,
en el mismo día de su instalación, el conjunto que
integra la agenda legislativa de la administración, dí una
serie de razones a favor de la reelección inmediata.
La reelección presidencial inmediata ha demostrado que
es muy difícil. Es muy difícil ser candidato a la
reelección presidencial en un país con violencia,
en un país con narcotráfico, en un país con
pobreza, en un país con desempleo, en un país con
inequidad.
Quien asume la responsabilidad de presentarse a la reelección,
tiene que llevar sobre sus hombros todas esas dificultades. El
proceso democrático aquí fue intenso, el proceso
democrático aquí fue muy importante y no fácil
para la reelección presidencial.
Además esta Nación, celosa de la equidad, aprobó una
ley de garantías, que no consideró que quien lleva
la responsabilidad de aspirar a la reelección, tiene la
desventaja de tener que cargar con todas las dificultades de la
Nación.
Pues bien, eso para decir que hay que perderle el temor a la reelección
inmediata de alcaldes y gobernadores. Entregar, reconocerle ese
derecho al pueblo, no es garantizarle al alcalde ni al gobernador
el seguro de su reelección.
Cuánto mejor para la transparencia democrática que
los gobernantes seamos sometidos al veredicto inmediato del pueblo,
que al juicio incierto y remoto de la historia.
Además, la reelección presidencial ha demostrado
que se despierta un instinto sin límites para vigilar y
analizar la obra del gobierno que aspira a la reelección.
Bueno para la democracia. Cómo se mejora esa variable de
la vigilancia popular en la gestión gubernamental.
No ocurre lo mismo cuando la reelección es una posibilidad
mediando un intervalo. Es menos difícil engañar a
la opinión pública cuando uno se presenta para una
reelección dejando un intervalo, que cuando se presenta
para esa reelección de manera inmediata. El intervalo puede
ser el período del olvido. El intervalo puede ser el período
donde aparezcan otros problemas que no dejen ver los que causó el
gobernante que estuvo en un momento anterior y que ahora quiere
regresar.
La reelección inmediata no da la posibilidad de período
de olvido. La reelección inmediata le entrega al pueblo
todos los atributos para que sea un juez severo e inmediato de
la acción del gobernante que aspira a la reelección.
Pero, apreciados alcaldes y gobernadores de mi patria, buena parte
de esta discusión en el Congreso, donde el Gobierno por
mi conducto ha expresado de manera categórica qué piensa,
dependerá también de ustedes. Hay que crear armonía
con todas las fuerzas políticas en todas las regiones. Esa
armonía es muy importante para construir un ambiente de
confianza en el Congreso de la República para aprobar esa
reelección. El Gobierno reitera el compromiso con ese acto
legislativo.
Y vienen otros temas. El tema de la corrupción. Hay que
derrotarla. En el Gobierno Nacional, en las administraciones desconcentradas,
en los gobiernos locales, lo mejor para enfrentar un problema es
reconocerlo. No hay duda que hemos mejorado, pero quedan dificultades.
Hemos mejorado con el Decreto 2170, con las audiencias públicas,
con los prepliegos, con los sistemas públicos, con presencia
de opinión para la adjudicación de contratos, etcétera.
Pero nos quedan dificultades.
Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Lo tiene que hacer el Gobierno
Nacional. Allí donde todavía tenemos lunares, superarlos
totalmente. Y lo tenemos que hacer en todas las entidades territoriales.
El Gobierno Nacional no pretende sustituir, a través de
reformas constitucionales, las competencias de la justicia. Pero
al buen pagador no le pueden pesar las prendas. Yo creo que sí tenemos
que encontrar textos legales que sean advertencias más severas
frente a fenómenos de corrupción.
Así como el Gobierno Nacional ha tenido problemas en una
u otra entidad, nosotros no podemos negar que en los gobiernos
locales y territoriales ha habido problemas en el manejo de recursos
de salud, ha habido problemas en regalías, ha habido problemas
en contrataciones.
Démosnos a la tarea de superarlos plenamente. Porque si
hay 1.098 alcaldías y en una hay corrupción, infortunadamente
la lectura de la opinión pública no es que hay 1.097
alcaldías transparentes, sino que hay una alcaldía
corrupta.
Es lo que pasa. Un Gobierno Nacional puede ser transparente en
todos sus actos. Y si aparece una indelicadeza en unos funcionarios
de rango medio en el DAS, ustedes saben qué me pasó a
mi en ese debate. Si aparece una indelicadeza en Finagro o en Incoder,
denunciadas por el propio Gobierno Nacional en plena campaña,
ustedes saben qué me pasó a mi en ese debate.
Entonces uno cuenta todo lo que está haciendo por la transparencia,
pero un solo lunar se encarga de marchitarlo todo. En eso de corrupción
nosotros tenemos que ser perfeccionistas en la lucha contra la
corrupción. Mi sugerencia es buscar unos acuerdos sobre
textos legales y constitucionales, pero no negarnos a introducir
nuevas herramientas en la lucha contra la corrupción.
Está el tema de regalías. El país y la opinión
pública no señalan que tal departamento o tal municipio
han manejado bien regalías. Señalan que se la robaron
en la Jagua de Ibirico. Y nosotros tenemos que enfrentar eso, apreciados
alcaldes y apreciados gobernadores.
Una de las reformas que el Gobierno está proponiendo en
materia de regalías es un ahorro forzoso. Sin despojar a
los departamentos, sin despojar a los municipios dueños
de esas regalías. Que un porcentaje de esas regalías
se ahorre forzosamente. Lo podría administrar, en nombre
de su titular que debe ser la entidad municipal o departamental,
la Financiera Territorial que tiene trayectoria de confianza, y
utilizar esos recursos como banco de desarrollo de segundo piso,
cuyos rendimientos deben acrecentar ese fondo que mantendrá su
titular.
Aquí tienen la experiencia de Infivalle, va bien. Esos
bancos de desarrollo territorial hay que estimularlos en Colombia.
Antioquia, mi departamento, pobre en regalías, totalmente
arrugado en su topografía, apenas con dos lotecitos de tierra
plana, tiene dos ventajas: Empresas Públicas de Medellín
y un banco de desarrollo que se llama el Idea. Lo hicieron ahorrando
y hoy tienen autosuficiencia y le sobran recursos para financiar
al departamento y a todos los municipios. Ya están otorgando
créditos por fuera de Antioquia.
Mi invitación es que esa buena experiencia la hagamos con
un ahorro forzoso en materia de regalías. Y si ese dinero
va a quedar de propiedad del mismo departamento, titular de las
regalías, por qué negarnos a ese ahorro forzoso.
Si miramos a 20 años, ese ahorro forzoso puede ser un factor
de independencia en materia de financiación. Hagámoslo.
Yo le voy a pedir encarecidamente al Congreso de la República
la aprobación de estas reformas, con sentido de urgencia.
Cambiemos de velocidades. Uno de los problemas de nuestra América
Latina es que vamos muy lentos. Nos entusiasmamos mucho en el discurso,
pero vamos lentos en las acciones del Estado. Ojalá estas
acciones, ahora que tenemos más experiencia y que el país
nos lo va a exigir, las podamos incorporar más rápidamente.
Y voy a pedir una gran reflexión de alcaldes y gobernadores
para que nos ayuden en esta reforma.
En fon, apreciados alcaldes visitantes, son tantos los temas,
que preferiría que algunos de ustedes expresaran sus inquietudes,
sus preocupaciones, y con el mayor gusto durante unos minuticos
yo contestaría algunas de esas inquietudes. Les ofrezco
la palabra”.
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