TELECOM PIDE NULIDAD 15 EN CONTRATOS DE JOINT VENTURE
Nulidad busca restablecer equilibrio económico ordenado por la Ley.
No cambia reglas de juego, ni desconoce derechos.
Bogotá, 7 jul (CNE). La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y tres de sus teleasociadas en liquidación, solicitaron la nulidad de 15 contratos de asociación a riesgo compartido o joint venture.
La solicitud de nulidad se fundamenta en que la Ley 37 de 1993 obliga a que las partes en este tipo de contratos establezcan la proporción en que participarán en las utilidades o pérdidas que genere la gestión conjunta. La Ley no permite garantizar rentabilidades, ni repartir ingresos como se hizo en los contratos que son objeto de las nuevas demandas. Lo anterior, obligaría a las partes a hacer “restituciones mutuas” y a pagar por la infraestructura a las asociadas en condiciones de equilibrio económico.
La tesis expuesta por Telecom pretende demostrar que los acuerdos carecen de validez por violar disposiciones legales como la Ley 37 del 93.
Las demandas fueron presentadas en la Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de que tribunales de arbitramento resuelvan las diferencias jurídicas. Vale la pena recordar que algunas empresas asociadas a través de contratos de joint venture presentaron demandas contra Telecom ante los mismos tribunales.
“Las normas que invocó la empresa son las que estaban vigentes y debieron ser acatadas cuando se firmaron los contratos. No hay cambio de las reglas de juego, ni desconocimiento de los derechos de nadie. Hay diferencias de apreciación con los contratistas y deben ser los árbitros quienes decidan lo que corresponda”, señaló Alfonso Gómez Palacio, presidente de Colombia Telecomunicaciones SA ESP y vocero de Telecom en liquidación y tres de sus teleasociadas para el tema de joint venture.
Telecom en liquidación, así como Telecartagena, Telecaquetá y Teleupar, consideran que esta es una forma legítima de resolver sus controversias con las contratistas, pero mantienen el mejor ánimo para buscar cualquier otra solución que esté acorde con las leyes colombianas.
Antecedentes
Telecom suscribió entre los años 1993 y febrero de 1998 varios contratos a riesgo compartido (15) con seis empresas proveedoras de equipos e infraestructura como Alcatel, Siemens, Nortel, Ericsson, Nec e Itochu.
Los convenios, suscritos bajo el amparo de la Ley 37 de 1993, autorizaban a empresas como Telecom a constituir entre sí o con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones destinadas a desarrollar los objetivos de las empresas de telecomunicaciones.
Los proveedores de equipos e infraestructura realizaron importantes inversiones que permitieron vender a la fecha aproximadamente 1.320.000 líneas. Estas líneas las ha venido operando Telecom desde su instalación y ha realizado el mantenimiento de dicha infraestructura. Igualmente, los asociados han recibido por concepto de ingresos y anticipos aproximadamente US$1.100 millones.
En este tipo de acuerdos los contratistas asociados realizaban importantes inversiones en infraestructura, mientras que Telecom operaba y prestaba los servicios de telecomunicaciones a sus usuarios. Al final del término de los contratos, Telecom debía pagar una suma de dinero con el fin de adquirir la propiedad de la infraestructura. Los contratos suponen que, periódicamente, se comparan los resultados de la asociación con los modelos financieros pactados. Si la comparación implica que el contratista ha obtenido un flujo de caja cuyo valor es inferior al valor previsto en el modelo, Telecom debe pagar la diferencia.
Algunos de los supuestos y las proyecciones que se pactaron en los contratos no se han cumplido. Esto ha significado que Telecom ha tenido que cancelar las diferencias entre los resultados de la asociación y las cifras establecidas en los modelos financieros pactados.
La anterior situación ha llevado a las partes a presentar sus diferencias ante tribunales de arbitramento para dirimir las controversias y esclarecer la disímil interpretación que han tenido sobre los textos de las cláusulas contractuales.
En la actualidad se tienen cuatro (4) tribunales debidamente instalados por demandas presentadas por las asociadas a Telecom y cuyas pretensiones ascienden aproximadamente a la suma de US$370 millones. Con lo sucedido el viernes 4 de julio, Telecom pretende reforzar las tesis jurídicas que ha expuesto hasta la fecha y ha tomado la iniciativa en demandar a las empresas contratistas asociadas para buscar la declaración de nulidad de los acuerdos por parte de los árbitros que sean designados para el efecto, de manera que en el escenario de las restituciones mutuas se cancelen las líneas telefónicas en condiciones de equilibrio económico
