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25 DE OCTUBRE DE 2003, DÍA DEL REFERENDO
Arauca, 17 jul (CNE). El sábado 25 de octubre de 2003 será el día en el que los colombianos podrán salir a las urnas a votar el referendo contra la corrupción y la politiquería, tras la firma por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez del decreto 2000 del 17 de julio de 2003, que fija la fecha para que se vote la consulta.
El Mandatario firmó el decreto, junto con el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos y teniendo como testigos a los alcaldes de los siete municipios de Arauca, el Gobernador del departamento, Óscar Garrid Muñoz; el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía; la canciller, Carolina Barco; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero; el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano; la ministra de Cultura, María Consuelo Araujo, la ministra de Comunicaciones, Martha Elena Pinto, así como la bancada política de Arauca.
También fue testigo la directora del Plan Colombia, Sandra Suárez, y el comandante del Ejército Nacional, general Carlos Alberto Ospina.
El decreto expedido en Arauca se firmó con un sencillo bolígrafo de pasta con los colores de la bandera de Colombia, en medio del consejo comunal de Gobierno que se realizó en Arauca, al término de los tres días en los que la sede del Ejecutivo se trasladó a esta región de Colombia.
El texto del decreto establece que la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá tomar las medidas necesarias para que los colombianos acudan y decidan libremente si aprueban o no el referendo constitucional.
Tras la firma, el auditorio rompió en aplausos de emoción, respaldado por los funcionarios nacionales, departamentales y municipales que presenciaron el histórico acto.
El referendo contra la corrupción y la politiquería contiene 15 preguntas que proponen medidas para reformar el sistema político colombiano, dar una mejor destinación a los recursos que Colombia obtiene por las regalías del petróleo y optimizar los gastos e inversiones del Gobierno Nacional.
El decreto con la fecha para la votación del referendo contra la corrupción y la politiquería se expidió una semana después de que la Corte Constitucional declarara exequibles 15 de las preguntas aprobadas en la Ley 796 de 2002, que tramitó el Congreso de la República.
Dentro de los puntos que reforman el sistema político, se encuentra la pérdida de los derechos políticos para quienes hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado o corrupción. Esto significa que estas personas no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni celebrar contratos de cualquier índole con el Estado.
Así mismo, establece que las personas elegidas a cargo de elección popular, como Concejos o el Congreso de la República, deberán votar de manera nominal las decisiones que se tomen al interior de estas corporaciones. El referendo también propone la eliminación de las suplencias en estos cargos.
De la misma forma, propone la reducción del Congreso de la República, que pasaría de 268 integrantes a 218. Los asuntos administrativos del Legislativo, de acuerdo con la propuesta del referendo, serán manejados por un ente autónomo y sin la interferencia de los congresistas.
La iniciativa plantea también amplia las causales de pérdida de investidura, como por ejemplo la violación a los topes de financiación de las campañas electorales, la inasistencia injustificada a más de seis sesiones de plenaria o comisión que hayan sido convocadas para votar proyectos de ley y por gestionar auxilios políticos, los cuales también quedan abolidos.
En materia fiscal, el referendo contra la corrupción y la politiquería propone la congelación por dos años de los gastos de funcionamiento del Estado, incluyendo los salarios de los funcionarios públicos que devenguen más de dos salarios mínimos mensuales.
Para los salarios de los altos funcionarios del Estado, como el Presidente de la República, el Fiscal y los magistrados de las altas cortes, la congelación será de cuatro años.
Para optimizar los recursos estatales, el referendo plantea la supresión de las contralorías departamentales, distritales y municipales. Los ahorros que genere esta reducción serán destinados a la ampliación de cupos educativos y la construcción de acueductos en todo el país.
El referendo establece que el 56% de los recursos provenientes por las regalías del petróleo, se empleará en la ampliación de cobertura con calidad en educación preescolar, básica y media. El 36% para agua potable; el 7% para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y el uno por ciento para la recuperación del Río Cauca.
