Avanza la concertación para la reforma judicial
LA TRANSFORMACIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA EN UN AÑO DE GOBIERNO
Bogotá, 27 jul (CNE). Aunque la coyuntura diaria ha hecho que los asuntos del Congreso y el Referendo contra la Corrupción y la Politiquería sean los que más sobresalgan dentro de las funciones del Ministerio del Interior y Justicia, el tema carcelario, la lucha contra el narcotráfico y la política regional también son temas vitales del resorte de esta cartera.
Así se lo mostró al país el titular del Ministerio, Fernando Londoño Hoyos, quien resaltó la gestión del Congreso durante el último año, al aprobar 100 leyes y reformas constitucionales, sin cuotas burocráticas ni auxilios parlamentarios, que le permitirán a la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez cumplir con los 100 puntos del Manifiesto Democrático.
La reforma política, los cambios a la Fiscalía, las reformas tributaria, pensional y laboral, las leyes de responsabilidad fiscal, de endeudamiento externo, de extinción de dominio y de arrendamientos, fueron algunas de las normas legislativas aprobadas en el Congreso, corporación que nuevamente recibió el calificativo de “admirable” por parte del Ministro.
Para el ministro Londoño, la labor de la bancada uribista, que acompaña las iniciativas del Gobierno en el Congreso, ha sido fundamental. El funcionario también destacó el trabajo de la oposición que “ha hecho lo suyo con toda libertad y sin excesos”.
GOBERNABILIDAD LOCAL
Cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la Presidencia de la República, llegó a la Casa de Nariño en medio de una crisis de gobernabilidad local originada por las amenazas de los grupos armados al margen de la ley, que tenían amenazados a por lo menos 450 alcaldes en todo el país.
En muchos casos, estas amenazas obligaron a los mandatarios locales a salir de sus municipios para despachar desde las cabeceras municipales. Situación similar vivieron los concejales.
Hoy, por lo menos 400 de ellos han podido regresar a sus despachos y retomar las riendas de sus municipios, gracias al aumento de presencia de la Policía Nacional en estas poblaciones y también a la llegada de por lo menos 10 mil soldados campesinos que prestan seguridad en cerca de 600 localidades.
Los alcaldes que aún despachan en el ‘exilio’, podrán regresar a sus municipios a más tardar en el mes de noviembre de 2003, cuando efectivos de la Policía Nacional hagan presencia en todas las cabeceras municipales.
“Señores, la Patria otra vez es nuestra”, dijo Londoño, al resumir el éxito de las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar la gobernabilidad local y permitir el trabajo mancomunado con los gobernadores.
“Agradezco a los gobernadores y destaco la actuación de los alcaldes, que se han empeñado en cumplir con su deber más allá de los límites de cualquier resistencia que no estuviera inspirada en los más altos valores de la Patria y en los más altos valores de la convivencia”, expresó el Ministro del Interior y Justicia.
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Para nadie es un secreto que el narcotráfico está estrechamente vinculado con la actividad de los grupos armados al margen de la ley, y por eso “era indispensable desmontar los combustibles de la hoguera en que ardía la República”.
Un elemento sustancial de la lucha contra el narcotráfico, tal como lo ha propuesto el Gobierno Nacional, tiene que ver con la erradicación de las plantaciones de coca y amapola.
Según el balance presentado por el Ministerio del Interior y Justicia, al comenzar esta administración Colombia tenía 150 mil hectáreas de coca y seis mil más de amapola.
Para acabar con estas plantaciones, la fumigación aérea ha dejado como resultado la erradicación del 38 por ciento de los cultivos ilícitos a 31 de diciembre de 2002, cifra certificada por las Naciones Unidas.
En lo que va corrido del presente año, 75 mil hectáreas de coca y dos mil de amapola han sido erradicadas.
“La afirmación de que Colombia será un país sin droga no es una quimera ni es un anuncio vano. Es una posibilidad política que no vamos a abandonar y una realidad muy pronto realizable”, señaló Londoño.
La erradicación vía fumigación de los cultivos ilícitos, es apenas una de las estrategias emprendidas por el Gobierno para enfrentar el flagelo del narcotráfico.
Una herramienta complementaria es la ley de extinción de dominio, aprobada por el Congreso a finales del año pasado, y que hasta el momento ha producido la expedición de 62 sentencias, con las cuales se ha extinguido el dominio de bienes por un valor cercano a los 250 mil millones de pesos.
Adicionalmente, la extradición de las personas requeridas por la justicia de otros países por delitos de narcotráfico o relacionados con éste, así como la presión militar sobre quienes aprovechan el dinero de la droga, permiten al Gobierno reiterar su meta de acabar pronto con este flagelo.
POLÍTICA CARCELARIA
La política de Seguridad Democrática para devolverle la tranquilidad a los colombianos, ha obligado a la Fuerza Pública a incrementar sus acciones para combatir a los delincuentes y a todos los grupos armados al margen de la ley.
Eso ha hecho que desde que comenzó el Gobierno, la población carcelaria haya aumentado en por lo menos 10 mil personas, pues el 7 de agosto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tenía 50 mil reclusos y hoy la cifra llega a los 60 mil.
“Es una prueba de lo que se ha hecho en la lucha contra la impunidad y por la eficiencia enorme de la Fuerza Pública. Por supuesto esto representa un gran desafío, el desafío de tener cárceles suficientes para albergar a tantos recursos”, expresó Londoño.
Para enfrentar este desafío el Gobierno construyó la Cárcel de Cómbita, en Boyacá, y en los próximos meses entrarán en funcionamiento las de Palogordo (Antioquia) y La Dorada (Caldas). Otras han sido modificadas.
Para atender a la población carcelaria, el Ministro informó que se han mejorado los sistemas de alimentación y salud, y los programas para la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de los reclusos.
LA REINSERCIÓN
Como complemento a la acción ofensiva de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos armados al margen de la ley, existe el programa de reinserción, que manejan el Ministerio del Interior y Justicia y la cartera de Defensa.
En este sentido, el Ministro reportó que en lo que va corrido del actual Gobierno han dejado las armas 1.800 personas. “Eso significaría que en este período se habría logrado una rendición y entrega para la reinserción de grupos que valdrían tanto como el M-19, el PRT, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Frente Francisco Garnica y el Comando Ernesto Rojas, todos sumados. Ese es el programa de paz que se ha hecho sin aspavientos, pero con una eficiencia enorme”, dijo el Ministro.
El Gobierno espera que muchos más colombianos que integran las filas de los grupos armados ilegales se acojan a esta iniciativa, para reconstruirlos moralmente y rehabilitarlos para la convivencia en sociedad.
En el logro de este objetivo, el apoyo del sector privado, de algunas entidades públicas y de la comunidad internacional ha sido fundamental, y constantemente se escucha su disposición para colaborar en esta tarea.
REFORMA A LA JUSTICIA
Uno de los elementos más importantes a cargo de la cartera de Justicia tiene que ver con la reforma a este sector, para que los ciudadanos que lo requieran tengan acceso a ella de manera ágil y eficiente.
“Los ciudadanos colombianos no deben salir mendicantes buscando quién les administrará justicia”, dijo Londoño.
Para aliviar el trabajo de los juzgados, el Gobierno logró en el Congreso la aprobación de una ley que simplificó los procesos ejecutivos, los cuales representaban cerca del 80 por ciento de la labor de los jueces.
También está adelantando un proceso de concertación con las Altas Cortes, para lograr lo que el Ministro llamó una “verdadera revolución judicial”.
Esta reforma permitiría que las Altas Cortes dicten jurisprudencia específica y clara que se constituya en antecedente obligatorio para las decisiones de los tribunales y de los jueces, y en orientación para los ciudadanos.
Adicional a estos cambios, avanza una iniciativa para introducir reformas a las “pequeñas causas”, cuyo texto estará listo en septiembre venidero.
Para reducir la carga laboral de los jueces, Londoño recordó la expedición de una directiva presidencial que obliga a las entidades del Estado a solucionar extrajudicialmente sus pleitos, los cuales ascienden a cinco billones de pesos.
La cartera de Justicia también promoverá la conciliación en todas las circunstancias, pues “esperar que un pleito sea resuelto por un juez puede costarle a la Nación tres o cuatro veces más que obtener un arreglo sin la intermediación judicial”.
La reforma a la justicia también contempla cambios en el sistema de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, para que no siga siendo un órgano investigador y al mismo tiempo el que califica los procesos.
EL REFERENDO
El Referendo contra la Corrupción y la Politiquería es una de las principales propuestas del presidente Uribe, que ha sido manejada por el Ministerio del Interior y Justicia, en lo referente al trámite en el Congreso y a su difusión en diferentes escenarios políticos y académicos.
Con el fallo de la Corte Constitucional y la fijación del 25 de octubre de 2003 como la fecha en la que los colombianos podrán votar esta reforma constitucional, comienza para el Gobierno una campaña de carácter pedagógico para explicar el contenido del Referendo.
“Esperamos que no haya ningún ciudadano que se quede sin comprender y sin entender la enorme significación de este acto sin precedentes, que se cumplirá el 25 de octubre, para cambiar los destinos de la República y para enderezarla por rutas de progreso y de paz”, explicó Londoño.
Dentro de las propuestas del Referendo contra la Corrupción y la Politiquería, se contempla el congelamiento de los gastos de funcionamiento del Estado por dos años, así como de los salarios de los funcionarios públicos que devengan más de dos salarios mínimos mensuales. Igualmente la eliminación de las Contralorías departamentales y municipales, caracterizadas por sus excesivos costos y su ineficiencia.
Según el presidente Uribe, estas medidas son necesarias para aliviar en parte las dificultades económicas por las que atraviesa la Nación. Y por otro lado, algunos de los recursos que el Estado ahorre al aprobarse el Referendo permitirán incrementar la cobertura en educación y salud, y aumentar las inversiones en saneamiento básico “sin derroche clientelista”.
