“EL REFERENDO Y LA ECONOMÍA”: EDITORIAL DE EL TIEMPO
Bogotá, 13 oct. (CNE).- El siguiente es el texto del editorial del diario El Tiempo del lunes 13 de octubre de 2003, relativo al referendo contra la corrupción y la politiquería que se votará el próximo sábado 25 de octubre.
“EL REFERENDO Y LA ECONOMÍA
Octubre 13 de 2003
No deja de ser una paradoja que los aspectos más relevantes del Referendo tengan que ver con la economía y, más exactamente, con medidas para aliviar el déficit fiscal. En la versión original que recibió el Congreso, y en la propuesta que hizo Álvaro Uribe durante la campaña, el tema político concentraba el objetivo central: la lucha contra 'la corrupción y la politiquería'.
Pero el nuevo Gobierno, al encontrar un desequilibrio en las finanzas públicas mayor al esperado, sometió el Referendo a una auténtica metamorfosis para procurar tapar el hueco fiscal por esa vía. Entre ellas, una racionalización de las pensiones y la congelación, durante dos años, de los gastos del Estado, acompañadas de otras fórmulas de austeridad, que contribuirían a recortar gastos, como la reducción del Congreso (en cerca de un 20 por ciento) y la supresión de las contralorías departamentales y municipales.
Someter el controvertido paquete fiscal al Congreso resultaba altamente riesgoso por el carácter impopular de algunas de las medidas y el costo político de aprobarlas. De ahí la plena justificación del Referendo. Y más allá de la pertinencia de aprovechar el mecanismo excepcional de la consulta, las medidas son claves para contener la bola de nieve del déficit fiscal, que a su vez genera necesidades mayores de endeudamiento. Y cuando la deuda externa alcanza cerca de un 52 por ciento del PIB empiezan a sonar alarmas sobre una posible 'argentinización' del país. Es decir, cierre del crédito internacional, imposibilidad de honrar los compromisos y un colapso que empobrece a toda la población y golpea, más fuertemente, a los sectores de menores ingresos.
El mayor aporte del Referendo a la sanidad de las finanzas surge del cambio en el régimen de pensiones que se pagan con recursos públicos: la pregunta 8, que le establece un tope al monto máximo -25 salarios mínimos- y que, en forma gradual, desmonta los regímenes especiales (con excepción de los de la Fuerza Pública). Una decisión drástica de disciplina fiscal, pero también de equidad. En la actualidad, el monto del dinero público que se necesita para cubrir este rubro se aproxima a 13 billones de pesos (a partir del 2005), que benefician a unas 980 mil personas. Gasto que no guarda relación con la población que se beneficia: basta comparar con los 6,6 billones que el Estado gasta anualmente en salud y que llega, en el régimen subsidiado, a 11 millones de personas.
La congelación de los gastos del Estado (pregunta 14) es crucial para aliviar las afugias fiscales. Los recurrentes anuncios de ajustes del cinturón oficial se tropiezan siempre con la inflexibilidad del presupuesto, que a su vez se debe a los múltiples compromisos de todo orden que debe atender. Un mandato popular es la vía más expedita para hacer un recorte drástico. Los estudios indican que el ahorro que producirá esta poda alcanza un 0,8 por ciento del PIB, suma nada despreciable. Como es natural, semejante medida es controvertida y ha movilizado a los trabajadores del Estado, a los maestros y a otras organizaciones estatales, a favor del 'No' y la abstención. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha congelación no afecta a quienes ganan menos de dos salarios mínimos: el 71 por ciento del gobierno central (51 por ciento, si se agregan las entidades territoriales y las empresas públicas). Además, está previsto que los ahorros que se generen por esta vía se dedicarán a fondear las pensiones del magisterio.
Finalmente, el cuestionario del Referendo tiene dos preguntas (la 9 y la 13) que reorientarían, de ser aprobadas, recursos públicos para la educación y la salud. En especial, el dinero de las regalías que pagan las compañías explotadoras de recursos naturales como el petróleo, y que no se destinan a los departamentos y municipios productores. Además de liberar dineros para causas tan prioritarias, se le pone la mano a un fondo cuya administración ha sido objeto de críticas y escándalos. La otra fuente de ingresos para estos mismos destinos provendrá de los ahorros causados por la supresión de las contralorías departamentales, distritales y municipales, aunque algunos críticos han planteado inquietudes pertinentes sobre el costo que implicará el acondicionamiento de la Contraloría General de la Nación para asumir sus funciones, y las indemnizaciones a que haya lugar.
De hecho, hay todavía muchos interrogantes. De todas maneras, ante la delicada situación fiscal, el país tiene que buscar instrumentos excepcionales. Se entiende que los que se adoptarían el 25 de octubre no serían suficientes (ya se habla de otra reforma fiscal). Pero sin ellos, la bomba estaría aún más próxima a estallar.
