La meta es haber definido negociación antes de diciembre

REVISIÓN A FONDO A CONCESIONES EN LITIGIO

Bogotá, 16 oct. (CNE).- El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, anunció que el Gobierno revisará a fondo todos los procesos de concesión que se encuentran en litigio con empresas del sector privado.

El objetivo es completar al 31 de octubre de este año la revisión de cada uno de los casos que ponen en riesgo recursos por más de 170 mil millones de pesos y anotó que la meta es haber conciliado con las empresas a cargo de las concesiones antes de fin de año.

El nuevo Instituto Nacional de Concesiones (Inco) es el encargado de revisar cada uno de los litigios que por infraestructura enfrentan al Gobierno con las empresas privadas, con el fin de definir el camino a seguir para llegar a la resolución pacífica de las controversias.

Gallego afirmó que la mayoría de problemas están relacionados con las concesiones de primera generación en temas como obras extras, el pago de garantías contingentes, entrega de predios, entre otros.

Las concesiones para la construcción de la Autopista del Café, la vía al Llano y la vía Los Alpes, son las de mayores dificultades y que se encuentran en procesos de concertación.

El funcionario adelantó que el Gobierno examina este esquema de construcción de infraestructura en otros campos como la construcción de cárceles, rellenos sanitarios, acueductos, alcantarillados, líneas de transmisión energética, puertos fluviales, etc.

“En el Estado hay una gama muy grande de participación de los sectores privado en el desarrollo físico del país ante las limitaciones fiscales de la Nación”, dijo.

Para el funcionario, a pesar de 10 años de experiencia y ajustes al sistema, los contratos de concesión necesitan flexibilidad, cláusulas que permitan agilidad de la solución de la controversia cuando se presenta y la protección ante algunos riesgos que terminan en manos de la Nación.

Gallego agregó que en el proceso de revisión, la Dirección Nacional de Planeación y los Ministerio de Hacienda y Transporte, ante la imposibilidad de concertación, retomarían el contrato para reestructurarlo y reasignarlo al sector privado en condiciones satisfactorias de servicios y estructuración financiera.

“Estamos trabajando para definir cuál es el alcance equitativo de esas reclamaciones y que sin necesidad de procesos interminables y costosos se puedan examinar en equidad a cuánto ascienden las pretensiones reales”, puntualizó.