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Por posibles irregularidades

PROCURADURIA SUSPENDE A OCHO DIRECTORES DE CORPORACIONES AUTÓNOMAS

Bogotá, 16 oct (CNE).- Por posibles irregularidades en contratación, mala ejecución de los presupuestos en los tres últimos años y presunta conformación de nóminas paralelas, la Procuraduría General de la Nación suspendió a ocho directores de corporaciones autónomas regionales.

En total, el Ministerio Público abrió investigación contra 12 funcionarios de corporaciones autónomas al considerar que se pudo afectar el erario en más de cinco mil millones de pesos.

Los funcionarios suspendidos son Darío Rafael Londoño Gómez, director de la CAR Cundinamarca; Blanca Miryam López Aragón, subdirectora administrativa y financiera de la misma entidad; Roberto Oyola Bustamante, director general de Carsucre; y Raúl Tajud Jaar, director general de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

Así mismo, Rubén Darío Barco López, director de Corpocaldas; Pedro Nel Moscote Moscote, director de Corporguajira; Alejandro De Lima Bohmer, director general de la Corporación Autónoma del Valle (CVC); Alfredo Nasser Santis, director de Corpomojana; Alirio Rodríguez Rodríguez, director de Corporboyacá; y Jimmy Avendaño Suárez, secretario general de la misma entidad.

Según la Procuraduría, la posible conformación de nóminas paralelas en estas corporaciones estaría menoscabando los derechos laborales irrenunciables de los contratistas bajo el disfraz de unos supuestos acuerdos de voluntades, atentando contra el patrimonio público.

Para el Ministerio Público las posibles conductas irregulares de los servidores investigados se habrían venido presentando de manera reiterativa sin observar ninguna acción correctiva hasta la fecha y, por lo tanto, se justifica la medida preventiva de la suspensión provisional.

Las faltas son consideradas por la Procuraduría como graves a título de dolo, teniendo en cuenta la afectación de la función pública y la evidente y reiterada vulneración de las normas.

La Viceprocuraduría General de la Nación asumió la investigación por las posibles irregularidades en las Corporaciones Autónomas Regionales donde se estarían configurando nóminas paralelas a través de contratos de prestación de servicios, para desempeñar, en forma permanente, actividades propias de los funcionarios de planta.

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