Informe Especial
RÉCORD EN SUBSIDIOS
- Con la meta de construir 400 mil viviendas sociales durante el cuatrienio, el Gobierno del presidente Uribe busca dar un gran paso hacia la disminución del déficit habitacional y la construcción del "país de propietarios". ¿Cómo van las metas de 2003?
Bogotá, 30 oct (SNE). "Este ha sido un año bastante fructífero para nosotros", dice el viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, Josué Gastelbondo, al anunciar que el Gobierno está a punto de marcar un hito en materia de apoyo a la vivienda de interés social: la adjudicación este año de recursos para subsidios por valor de 210 mil millones de pesos, cifra récord en la historia del país.
El viceministro Gastelbondo explica así las cifras: "En el año 2001 hubo 165 mil millones de pesos para subsidios, algunos correspondientes a vigencias ya expiradas. El 2002 registró 135 mil millones. Este año hay 120 mil millones, más la adición que aprobó el Congreso de la República, por 90 mil millones, procedentes de la descapitalización de Findeter. Esto nos permite hablar de 210 mil millones de pesos en subsidios del Gobierno para el 2003, lo cual es supremamente importante y marca un hito en cuanto a montos de adjudicación anual de subsidios en el país".
La meta es que de los 100 mil subsidios previstos para este año, unos 29 mil sean urbanos y los financie directamente el Gobierno. Las 71 mil ayudas restantes serán cubiertas con aportes del Banco Agrario, las Cajas de Compensación Familiar y la Caja Promotora de Vivienda Militar.
Cabe aclarar que los 100 mil subsidios previstos para este año, no incluyen los 94 mil que generará el reciente crédito aprobado por el BID a Colombia, cuyo monto asciende a los 150 millones de dólares y cuyos resultados comenzarán a verse en 2004, cuando empiecen a darse los desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Otro logro encomiable para el Gobierno en esta materia, fue haberle podido cumplir a los hogares con el pago de los subsidios asignados en vigencias de la administración anterior. El Gobierno ha girado unos 130 mil millones de pesos, hasta quedar a paz y salvo con todos los compromisos. "En la actualidad estamos al día con todos los pagos, tanto en subsidios de 2001 como en los de 2002 y 2003", dice Gastelbondo.
SUBSIDIOS EN ESPECIE
Un hecho que contribuirá en gran medida al logro de las metas tiene que ver con una iniciativa que lidera la ministra de Ambiente, Cecilia Rodríguez, quien adelanta un proceso de convocatorias, cuyo fin es que los constructores presenten sus proyectos para edificación de vivienda en lotes que serán entregados a las familias como subsidio en especie.
Este es un proyecto que está muy avanzado. El Invías tiene un primer inventario de 10 lotes que pasarán al Ministerio de Ambiente. La idea es que el Gobierno aporte estos lotes como subsidio en especie, la autoridad local garantice los servicios públicos, y los constructores, tras ser elegidos por concurso, desarrollen allí sus proyectos, con prioridad para los hogares de más bajos ingresos.
"El Invías tiene más de 30 predios. Lo mismo ocurre con otras entidades. Nosotros acabamos de sacar 12 lotes a concurso, en Tunja, Bogotá, Neiva, Cartago, Barranquilla y otros sitios del país. Los constructores tienen 45 días para que preparen sus proyectos. Esta es una política que va dirigida a las familias más pobres, que no tienen con qué poner ni un solo peso. Para eso van los 90 mil millones de la adición presupuestal aprobada por el Congreso", explica la Ministra de Ambiente.
IMPULSO AL MICROCRÉDITO
De acuerdo con el Viceministro de Vivienda, en el tema del microcrédito el Gobierno ha encontrado un difícil cuello de botella, pues existen muchos hogares que han recibido los subsidios y no los han podido cobrar por falta del microcrédito complementario.
En este mismo sentido se ha pronunciado el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente, en un congreso de Fedelonjas celebrado en San Andrés, se refirió a este tema: "Las cajas de compensación me dicen que tienen muchos afiliados que recibieron el subsidio, pero no han podido hacerlo efectivo porque les falta el microcrédito. Y hay otro caso: las cajas dicen que tienen muchos afiliados que están cansados de esperar el subsidio y dicen que solamente con microcrédito son capaces de hacerse a su propia vivienda".
Para el presidente Uribe, "en el largo plazo Colombia debe ponerle más interés al crédito que al subsidio. Desde ahora hay que buscar avenidas para encontrar crédito de vivienda. No veo sostenible una política al infinito basada solo en el subsidio. El objetivo tiene que ser el microcrédito. Eso nos ayuda a dejar los subsidios para el sector pobre de verdad, y a construir mucha vivienda social facilitando el crédito".
Para impulsar el microcrédito, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de instrumentos que incluyen el mejoramiento de los respaldos que ofrece el Fondo Nacional de Garantías a las entidades del sector financiero, así como la creación de un fondo de 50 mil millones de pesos, con recursos de Findeter, para apalancar microcréditos hasta por 800 mil millones de pesos.
Esta medida busca que el sistema cuente con este respaldo estatal, de tal forma que se facilite el acceso a créditos del sistema financiero, a través de bancos hipotecarios, cajas de compensación familiar, fondos de empleados, sector privado especializado en vivienda, cooperativas y fundaciones, cuyo objeto sea el otorgamiento de préstamos a bajo valor.
Hacia este mismo objetivo se dirige también la implementación de la línea de redescuento de Findeter, que busca desarrollar el mercado de microcréditos en Colombia para los hogares de menos recursos. Lo mismo que el diseño y la puesta en marcha de instrumentos para que los créditos originados por las entidades del sector solidario sean titularizables, lo cual genera nuevas fuentes de recursos y le da mayor dinamismo al mercado de títulos representativos de deuda hipotecaria. Para el efecto, el Gobierno otorgará las mismas garantías que ofrece al crédito originado por el sector financiero.
"Nosotros aspiramos a comprar la cartera colocada por las entidades del sector solidario, con miras a poder contar con un ciclo de recursos, tal como sucede en otros países como los Estados Unidos, cuyos modelos vía titularización garantizan una circulación muy alta de dinero en función de la vivienda", explica el viceministro de Vivienda, Josué Gastelbondo.
De acuerdo con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán, otra herramienta relacionada con el tema del crédito para vivienda es el acuerdo logrado con los bancos que permite cobrar la comisión de garantía en cuotas mensuales, tal como se hace con el seguro de terremoto o el seguro de vida del deudor, esquema que estará operando a plenitud antes de que termine el 2003.
"El crecimiento de la garantía de un año a otro ha sido impresionante. El año pasado, a estas alturas, teníamos 60 garantías en todo el país. Hoy hay unas 950, que siguen siendo pocas, pero que son considerables, teniendo en cuenta que todavía no han empezado a operar los cambios. Es un hecho que hoy los bancos utilizan de manera masiva la garantía del Fondo", dice Durán.
TITULACIÓN SIN ANTECEDENTES
Otro punto en el que las metas van bastante bien es el relacionado con los programas de titulación predial. En el transcurso del presente año ya el Gobierno ha entregado seis mil de los 10 mil títulos de propiedad previstos a diciembre 31 de 2003. Los restantes cuatro mil serán recibidos por los beneficiarios en los dos meses que restan del año en curso.
Al respecto la ministra de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial, Cecilia Rodríguez, dice: "El proceso que hemos hecho en titulación no tiene antecedentes en las cifras. Llevamos más que lo que hizo la administración pasada en tres años. Pero sigue siendo muy poquito, frente a la realidad de los predios sin títulos en el país".
La ministra Rodríguez se ha referido a casos como el de Buenaventura y Cartagena, ciudades cuyos cascos urbanos están invadidos en un 50 por ciento. Al solicitar mayores acciones de los alcaldes para prevenir las invasiones, la funcionaria recuerda que la ley sólo permite la titulación para aquellos predios ocupados antes de 1989. La idea del Gobierno es que en el nuevo Código Penal se ajusten las penas contra los urbanizadores piratas, como uno de los mecanismos para enfrentar este problema.
Al declararse "sorprendido por el tamaño de lo que falta por legalizar en Colombia", el presidente Uribe ha indicado sobre este mismo tema que "lo lógico es que el Gobierno busque legalizar aquello que se hizo, por vía pirata, hasta el año 1989, que ya es mucho".
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Otro tema en el que el Gobierno ha avanzado de manera significativa, es el que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial.
En este ámbito la meta es que al terminar el cuatrienio todos los municipios de Colombia tengan completamente definidos sus planes de ordenamiento, algo que hasta ahora ha sido imposible de lograr. "Esto será un hecho. A finales de 2003 tendremos, gracias al apoyo que estamos brindando a las regiones, varios departamentos con planes de ordenamiento territorial en la totalidad de sus municipios", anuncia el viceministro Gastelbondo.
Adicionalmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y todos los sectores relacionados con el tema, trabajan en forma armónica y concertada en la elaboración de una nueva normatividad sobre vivienda, que durante varias décadas ha producido alrededor de tres mil resoluciones, disgregadas, de diferente índole.
La idea es acordar una normatividad sólida, unificada, que facilite los procesos y que asegure, a futuro, el crecimiento sostenido del sector y la posibilidad de disminuir el déficit habitacional en Colombia, con énfasis en los hogares de menores recursos del país.
A lo anterior se suma la puesta en marcha del Banco de Materiales, mecanismo que permitirá que, desde los municipios y las corporaciones populares de vivienda, se negocien altos volúmenes de insumos utilizados en construcción, con precios muy positivos y con mecanismos de transparencia eficaces para la adquisición de los mismos.
AJUSTES AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS
Como bien se sabe, el actual Gobierno aplicó un profundo ajuste al sistema, que incluyó desde el traspaso del programa de vivienda a la cartera de Ambiente y la liquidación del Inurbe, hasta cambios significativos al programa de subsidios familiares de vivienda, especialmente en lo relacionado con la fórmula de calificación, los valores de las viviendas y los montos de las ayudas para las familias más pobres del país.
Cuando el Viceministerio de Vivienda empezó a manejar el programa de subsidios, encontró que el tipo 1 de vivienda de estrato VIS tenía un valor de 30 salarios mínimos, es decir que eran casas con costos inferiores a los 10 millones de pesos.
La idea del presidente Uribe es que las casas para los más pobres no tienen por qué ser "hornos crematorios", donde las personas vivan en condiciones infrahumanas. El Mandatario se propuso dar a los colombianos de escasos recursos una vivienda que, aunque de interés social, cuente con un espacio interior habitable y cómodo, con un entorno público adecuado, con una red de servicios públicos completa, con vías de comunicación, con los andenes y el equipamento requeridos, con la posibilidad de acceso a parques, hospitales y centros educativos.
"La verdad es que las viviendas, como nosotros las queríamos, era imposible alcanzarlas a dichos costos", dice el Viceministro de Vivienda. "Por esto eliminamos el monto que tenía la vivienda tipo uno. Primero, porque los que las estaban construyendo las hacían de muy baja calidad. Y segundo, porque las familías pedían un subsidio para vivienda tipo 1, se les adjudicaba y cuando iban a buscarlas en las capitales del país no las encontraban por ninguna parte. Entonces se quedaban con el subsidio asignado, pero sin casa".
Con el ajuste que hizo el Gobierno en este punto, ahora el tipo 1 de vivienda llega hasta los 16,5 millones de pesos en ciudades con más de 500 mil habitantes y hasta los 13,5 millones de pesos en ciudades con menos de 500 mil habitantes. El tipo 2 de vivienda llega a los 23,5 millones de pesos, que es el equivalente a 70 salarios mínimos. De ahí en adelante los montos de los otros tipos de vivienda del estrato VIS ascienden hasta los 135 salarios mínimos legales vigentes.
Este fue el primer ajuste, que busca brindar una mejor calidad de vida a las familias de escasos recursos y facilitar mayor efectividad en materia de subsidios.
El segundo ajuste tuvo que ver con las modificaciones aplicadas a los valores de dichos subsidios. La intención de esta medida es concentrar los mayores montos de las ayudas, en las viviendas de menor costo y en las familias más pobres del país.
Y por otro lado, el Gobierno también modificó la fórmula de calificación que se venía aplicando como base para seleccionar a las familias merecedoras de los subsidios. Lo que el Gobierno hizo en este sentido fue aplicar un procedimiento que, en esencia, busca promover el ahorro en las familias y que este esfuerzo tenga bastante peso a la hora de elegirlas como beneficiaras del subsidio.
La fórmula permite equilibrar las variables de condición económica de los hogares (50 por ciento) con las variables de esfuerzo familiar (el otro 50 por ciento). Además privilegia a las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, los discapacitados, las personas que viven en zonas de alto riesgo, las víctimas de atentados terroristas y los hogares que no tienen el ahorro en plata sino en lote sin urbanizar o en lote urbanizado.
"Le estamos dando prioridad a la adjudicación de subsidios donde hay ya un lote urbanizado o un lote adquirido, porque esto premia el esfuerzo familiar y porque el subsidio, una vez colocado en estos proyectos, garantiza que se construirá o se mejorará la vivienda", señala al respecto Gastelbondo.
Otro aspecto importante de la fórmula de calificación tiene que ver con la preponderancia que se le está dando a la participación de los municipios pequeños y medianos del país. "Anteriormente la mayoría de los subsidios se concentraba en las grandes capitales. Ahora nosotros hemos redireccionado dicho porcentaje, beneficiando también a las ciudades intermedias y los municipios pequeños".
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
También como parte del balance, el Gobierno decidió liquidar el Inurbe y poner en marcha el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), lo cual ha permitido ejecutar convenios con las cajas de compensación familiar, con Findeter, con el Banco Agrario, hecho que se ha traducido en mayor agilidad en los pagos y en mayor transparencia en materia de adjudicación de los subsidios.
Gastelbondo dice al respecto que el del Inurbe era un modelo que concentraba en sí mismo toda la ruta del subsidio. Es decir que el Inurbe definía desde a qué proyectos de construcción se les daba elegibilidad, hasta a qué familias se les adjudicaba el subsidio. El Inurbe hacía los pagos y también llevaba a cabo la interventoría.
"El problema principal que encontramos allí es que aunque la mayoría de funcionarios del Inurbe trabajaron con honestidad y transparencia, hubo casos de 'carteles' externos a la entidad, que construían viviendas de muy baja calidad y se llevaban todos los subsidios mediante mecanismos de falsificación de documentos".
La Fiscalía ha avanzado en esta materia y ha detectado una cadena de corrupción que direccionaba los subsidios hacia proyectos que no cumplían con las especificaciones de calidad y que incluso, en muchos casos, ni siquiera entregaban las viviendas con los servicios públicos mínimos requeridos.
Esto llevó a cambiar el esquema y ahora cada paso del subsidio se contrata con entidades diversas. El Gobierno creó el Fondo Nacional de Vivienda, una entidad muy pequeña, de 15 funcionarios, sin regionales y sin planta propia, porque estos 15 funcionarios pertenecen al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El nuevo esquema implica que las cajas de compensación atiendan a las familias y definan si son elegibles para recibir el subsidio. En tanto que la atención a los constructores y la elegibilidad de los proyectos recaen sobre Findeter y las entidades financieras.
"Hoy en día estamos bastante ágiles en los pagos de los subsidios. Hemos implementado muchos mecanismos de manejo fiduciario, tenemos interventoría en todos los proyectos y supervisión a todos los interventores. El modelo es muy similar al que se utilizó en el Forec para la reconstrucción del Eje Cafetero, aunque mucho más actualizado y con una dimensión de carácter nacional", precisa el Viceministro de Vivienda.
EL PIB DE EDIFICACIONES SIGUE CRECIENDO
Todos los actores que participan de la vivienda y la construcción han reconocido la importancia de las diversas acciones que ha emprendido el Gobierno para garantizar el crecimiento sostenido del sector, que es considerado por Planeación Nacional como el gran "jalonador" de otros eslabones de la economía, como un generador de empleo por excelencia y como el principal puntal para garantizar, por lo menos en el corto plazo, la reactivación económica del país.
De acuerdo con la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cecilia Rodríguez, hacia mediados del presente año el sector de la vivienda y la construcción ya había generado la no despreciable cifra de 753 mil 460 nuevos empleos, gracias, entre otras razones, al paquete de incentivos económicos y tributarios que el Gobierno logró aprobar en el Congreso de la República y que repercuten directamente en el avance sostenido del PIB de Edificaciones.
Las últimas cifras del Dane sobre el comportamiento del PIB de Edificaciones (que contabiliza las obras nuevas, las obras en proceso y las obras culminadas), indican que el PIB del segundo trimestre de 2003 fue superior en 13,8 por ciento al del primer trimestre del año en curso. En tanto que fue superior en 18,5 por ciento en relación con el mismo período de 2002.
Si se compara el acumulado anual del PIB del primer semestre de 2003 frente a igual período de 2002, se obtiene que, a pesos constantes, el acumulado de este año fue superior en un 20,1 por ciento al acumulado del año anterior. Lo cual refleja el crecimiento sostenido que experimenta el sector de la vivienda y la construcción durante la primera parte de 2003.
Este comportamiento positivo también se observa al analizar el área causada, es decir los metros cuadrados efectivamente construidos, durante el segundo trimestre de 2003. En este período el área causada creció un 22,9 por ciento respecto al primer trimestre de 2003 y en 9,22 por ciento en relación con el mismo período de 2002. El área causada de los apartamentos fue la que más aumentó, con un 31,9 por ciento. El área causada en casas registró un incremento del 17,1 por ciento.
Por otro lado, durante el segundo trimestre de 2003 y frente a igual período de 2002, el metraje licenciado aumentó 26,2 por ciento, resultado que se explica por el comportamiento del destino "vivienda", el cual aportó 12,23 puntos porcentuales a la variación.
Otro resultado importante tuvo que ver con los préstamos entregados por la banca hipotecaria, que presentaron una tasa de crecimiento del 29,5 por ciento, comparando el segundo trimestre de 2003 con igual lapso de 2002. Adicionalmente el índice de crecimiento de los costos de la construcción de vivienda acumuló una variación de 9,63 por ciento, comportamiento que se explica por el incremento de la vivienda multifamiliar (9,86 por ciento) y unifamiliar (9,23 por ciento).
LEY DE ARRENDAMIENTOS
Ahora bien: aunque el segmento de la vivienda social en el PIB no ha presentado durante el primer semestre los índices de aceleración a los que aspira el Gobierno, algunos gremios de la construcción consideran que los resultados serán mayores el próximo año, cuando se vean los frutos de incentivos como el ofrecido a la construcción de vivienda de interés social con opción de compra (contenido en la Ley de Arrendamientos), la entrega de nuevos recursos para subsidios y el empuje a la política de microcrédito.
En efecto, cabe recordar que el artículo 48 de la Ley de Arrendamientos, titulado "Fomento a la inversión", establece que "con el propósito de incentivar la construcción de vivienda de interés social nueva, para arrendar a través de sociedades especializadas reglamentadas para el efecto, serán renta exenta los ingresos por ellas recibidos por concepto de cánones de arrendamiento de cada vivienda durante los diez años siguientes a su construcción".
Según el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Eduardo Jaramillo, "el primer gran resultado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es haber logrado la aprobación de la Ley de Arrendamientos, que puede ser considerada un hito, no sólo por sus efectos equilibrantes en la relación contractual entre arrendador y arrendatario, sino porque se sientan en ella las bases para la estructuración de un nuevo vehículo para la inversión de capital en bienes inmuebles y, consecuentemente con las necesidades habitacionales, crea un estímulo tributario para la inversión en vivienda de interés social para arrendar".
En opinión de Jaramillo, "sin duda en los próximos años se verá la importancia de este logro y su complementariedad con los demás elementos de la política habitacional que se está estructurando".
COBERTURA CONTRA LA INFLACIÓN
Ya en materia de vivienda para los estratos medios, los mejores frutos se están dando por el lado de la cobertura contra la inflación para créditos de vivienda en Unidades de Valor Real (UVR), mecanismo que fue puesto en marcha por el Gobierno a comienzos del año y que, a través del Fogafín, permite que el Estado brinde protección a personas que han tomado este tipo de crédito, frente a posibles aumentos de la inflación por encima de la meta que se haya fijado el Gobierno.
Con la cobertura contra la inflación para créditos en UVR, el Gobierno busca beneficiar a 40 mil usuarios en dos años. A ellos les garantiza que el valor de sus cuotas, durante toda la vigencia del crédito y hasta por 15 años, no subirán de la meta anual de inflación, que para 2002 y 2003 es del 6 por ciento.
El amparo cobija a quienes hayan tomado un crédito que no supere los 130 salarios mínimos legales mensuales (43 millones 160 mil pesos), entre el primero de septiembre de 2002 y el 15 de enero de 2005, con la condición de que el valor de la vivienda nueva para la cual el usuario tomó el crédito, no supere los 323 salarios mínimos mensuales.
De acuerdo con Planeación Nacional, la cobertura le asegura al deudor hipotecario un costo financiero fijo durante la vida del crédito. En el evento en que la inflación observada sea superior a la inflación pactada, el mecanismo cubrirá a los deudores.
Para los establecimientos de crédito tiene la ventaja de reducir el riesgo de no pago de los deudores, debido a que la relación entre la capacidad de pago de los mismos y el costo financiero del crédito, no se ve afectada por incrementos de la inflación superiores a la establecida. Esta situación estimula la oferta de crédito nuevo por parte de la banca.
Según Planeación, con la puesta en marcha de este mecanismo, el Estado lanza un mensaje que "debe interpretarse como un voto de confianza respecto a la estabilidad futura de la inflación. También como un compromiso para cumplir con las metas fiscales por medio de ingresos y/o gastos, pero en ningún caso por medio de emisión".
"El Gobierno puede cubrirse del riesgo de inflación por medio de la deuda pública a tasa fija", concluye Planeación.
Tomando en cuenta las últimas cifras del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), a octubre de 2003 los establecimientos financieros han aprobado 7.583 operaciones de cobertura de inflación para créditos de vivienda en UVR, por valor de 187.420 millones de pesos. El valor promedio de cada operación ha sido de 24,7 millones de pesos.
Cabe destacar el récord del último mes: entre el 23 septiembre y el 22 octubre, los bancos aprobaron 828 coberturas por valor de 20.958 millones de pesos.
LEASING HABITACIONAL
Otro instrumento puesto en marcha por el Gobierno es el leasing habitacional (arrendamiento con opción de compra), a través del cual los hogares pueden adquirir casa propia sin tener que pagar cuota inicial ni impuesto predial.
El leasing habitacional opera como un contrato mediante el cual los bancos y las compañías de financiamiento comercial entregan una vivienda a un locatario, a cambio del pago de un canon periódico por un plazo convenido que debe ser como mínimo de 10 años. Una vez terminado dicho plazo, la vivienda es devuelta al propietario o transferida al locatario si éste decide comprarla y pagar su valor.
Con el leasing habitacional el beneficiario puede programar y pactar con la entidad la realización de abonos extraordinarios en cualquier momento, con el fin de disminuir el valor final de la opción de compra.
De esta forma, el esfuerzo económico que se realiza es al terminar el contrato y no al inicio, como ocurre en el crédito hipotecario tradicional, donde el banco exige el desembolso de una cuota inicial.
Entre las ventajas de este mecanismo se cuenta el hecho de que disminuye la base de retención para asalariados. Por ser de propiedad de la entidad financiera, el beneficiario no paga impuesto predial hasta que ejerza la opción de compra.
El porcentaje de la vivienda que se cancela con el canon mensual y el tiempo de duración del contrato, se acuerdan entre la entidad y el beneficiario. Entre mayor sea el valor del canon mensual, menor será el monto final para ejercer la opción de compra.
Otra ventaja es que los beneficios de las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), se hacen extensivos para esta clase de contratos. Además el locatario puede ceder el contrato y no es necesario elevarlo a escritura pública.
El leasing también permite que el locatario adquiera el inmueble anticipadamente y contempla exención para los ingresos provenientes de contratos suscritos dentro de los 10 años siguientes al 27 de diciembre de 2002.
Un aspecto bien importante del leasing habitacional, que aplica para viviendas nuevas y usadas, es que le da prioridad a los inmuebles dados en dación en pago. Los deudores de créditos hipotecarios que hayan tenido que entregar su vivienda en dación en pago, podrán optar por ella si no ha sido vendida o prometida en venta. Si ya se vendió, la entidad podrá ofrecerles otro inmueble.
UN DRAMA SOCIAL
Para el presidente Uribe, tanto ésta como todas las acciones emprendidas por el Gobierno en materia de vivienda, tienen como objetivo central ofrecer respuestas a un "drama social" que afrontan especialmente las familias de menores recursos del país.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, de unos 50 años para acá se ha venido dando en Colombia un acelerado proceso de urbanización, al igual que ocurre en la mayoría de los países de América Latina.
Basta decir que mientras en 1951 los colombianos que vivían en las grandes ciudades ascendían al 39 por ciento del total de la población, hacia el año 2000 este índice había crecido al tope del 72 por ciento.
Planeación también revela que la tasa de crecimiento de los hogares urbanos del país, es 1,6 veces la tasa de crecimiento de la población colombiana en general.
Cada año, en las ocho principales ciudades capitales de Colombia, aparecen 120 mil nuevos hogares formalmente constituidos. Este hecho genera "una fuerte presión sobre la demanda actual y futura", en materia de construcción de vivienda metropolitana.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el déficit de vivienda urbana en Colombia es de aproximadamente dos millones de unidades habitacionales.
En materia de tenencia de vivienda urbana, Planeación y el Dane coinciden en señalar que el número de hogares no propietarios de vivienda asciende a 3 millones 228 mil. De estos hogares, el 80 por ciento posee ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos (un millón 328 mil pesos mensuales).
Este 80 por ciento equivale a dos millones 600 mil hogares urbanos no propietarios de vivienda y constituye lo que se conoce como el estrato de vivienda de interés social (VIS).
ESTRATO VIS, LA PRIORIDAD
El Estrato VIS es la franja de colombianos que más despierta la sensibilidad del Gobierno.
En el Estrato VIS está el desplazado que llegó a la ciudad, con su mujer y sus hijos, sin más que la muda de ropa que lleva puesta.
Está el adulto mayor que vive en la indigencia, la mujer cabeza de familia que lucha por llevarle el sustento a los hijos, el padre víctima de un atentado terrorista, la familia que mora en una zona de alto riesgo.
Está el que no tiene un puesto de trabajo y el que se las ingenia para que le rindan los 332 mil pesos del salario mínimo mensual. El que gana dos o tres salarios mínimos y cuenta con la posibilidad de financiarle el bachillerato a sus hijos.
Está el de cuatro salarios mínimos, que tiene tienda, que montó carnicería, que vende pan al vecindario, que arregla zapatos, que posee taller de costura, que tapona muebles de sala, pero que no ha podido cumplir con la más acariciada de sus esperanzas: tener casa propia.
Cada uno de los dos millones 600 mil hogares del Estrato VIS recibe un ingreso de 500 mil pesos mensuales en promedio, e invierte en arriendo alrededor de 138 mil pesos mensuales, lo que equivale a casi la tercera parte de sus ingresos.
El Estrato VIS empieza con los hogares que reportan cero ingresos y termina con los que ganan cuatro salarios mínimos mensuales (un millón 328 mil pesos).
100 MIL VIVIENDAS SOCIALES POR AÑO
Fue a estos dos millones 600 mil hogares colombianos que todavía no han podido tener acceso al "país de propietarios", a los que el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tuvo en mente cuando diseñó su programa de gobierno, consignado en el Manifiesto Democrático de 100 puntos.
A ellos les ofreció construir 100 mil viviendas sociales por año, con la ayuda de las cajas de compensación familiar, para que el proceso fuera más transparente.
También les anunció un fuerte impulso al microcrédito inmobiliario y el otorgamiento de estímulos a la construcción de vivienda para dar en arriendo con opción de compra.
A ellos les garantizó que el programa de subsidios premiaría el esfuerzo ahorrativo de las familias pobres y daría privilegio a los discapacitados, los adultos mayores y las mujeres cabeza de familia.
El presidente Uribe entroncó su política de vivienda con dos herramientas para la equidad: el "país de propietarios", que responde a la vocación natural del colombiano que, en vez subalterno, prefiere ser el dueño de su propio proyecto de vida, de su propia casa y de su propia empresa. Y la "calidad de vida urbana", para cambiar el concepto según el cual, "a los pobres el Estado, para salir del paso, les construye unas casas inhumanas, donde son condenados a vivir como en hornos crematorios".
Para el Jefe de Estado, la calidad de vida urbana implica ofrecer incentivos tributarios a los colombianos que aporten inmuebles al proceso de renovación urbana, como mecanismo para recuperar zonas deprimidas y dotarlas con servicios. Significa que "se construyan parques, senderos de bicicletas y edificios que aprovechen la altura y sean asequibles a sectores populares y clases medias".
Con base en estos lineamientos y en el entendido de que el sector de la vivienda y la construcción es altamente generador de empleo, el Gobierno enmarcó su política de vivienda bajo un doble propósito: "Subsidiar a los más pobres y contribuir al crecimiento económico del país".
Para ello, la meta fue financiar 400 mil soluciones de vivienda social en el cuatrienio, titular 22.500 predios urbanos y rurales, garantizar un crecimiento sostenido del PIB de edificaciones del 10 por ciento a lo largo del período y colocar a través del sistema financiero alrededor de 6 billones de pesos en títulos y bonos hipotecarios. Las cifras anteriormente descritas, describen el avance efectivo que han tenido estas metas, a pesar de los problemas que afronta el país en materia de falta de recursos.
CONQUISTA DEL ESPACIO PARA LOS POBRES
Hace pocos días, el pasado 12 de octubre, durante la entrega de 203 subsidios a familias de Manizales, el presidente Uribe reveló los detalles de un proyecto de los constructores, tendiente a comenzar la construcción de edificios de 17 pisos para vivienda de interés social, iniciativa que el Mandatario considera acertada por ser más económica y respetuosa del medio ambiente.
"¿Qué se necesita?", preguntó el Presidente. "En la superficie, espacio público, canchas de deporte, senderos y recreación. Y utilizar bastante espacio aéreo, impulsando los edificios hacia el cielo. Eso nos ayuda porque utiliza mejor el espacio, evita extender los perímetros de las ciudades y evita esa inversión tan elevada para aumentar la cobertura en el área de los servicios públicos".
El presidente Uribe también ve con mucho optimismo el futuro de la renovación urbana en Colombia, gracias a los incentivos otorgados por el Gobierno a quienes aporten inmuebles y a quienes participen como constructores particulares en este proceso.
El Anillo Perimetral de la Ciénaga de la Virgen de Cartagena y los Transmilenios en distintas capitales del país, macro-proyectos que avanzan a buen ritmo, abren inmensas posibilidades para que el tema de la vivienda sea visto bajo una nueva óptica: como articulado al ambiente, al espacio público y al humanismo.
Para el presidente Uribe, es mucho lo que el Gobierno ha hecho en materia de vivienda, pero es poco frente a las necesidades que ha acumulado el país a lo largo de décadas y décadas.
Según él, en esta tarea no sólo tiene que ayudar el Gobierno sino, como quedó consignado en el Acuerdo Marco de Voluntades de Cartagena, todos los sectores implicados en el tema de la vivienda social: Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías, sector financiero, constructores, proveedores de materiales, cajas de compensación, cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, ONG's y corporaciones de vivienda popular.
A todos ellos el presidente Uribe ha urgido para que aumenten las velocidades y cumplan con los compromisos adquiridos en el convenio de Cartagena. "La situación de la Patria no está como para ir al trote sino para ir a todo galope", sostiene el presidente Uribe.
