|
DISCURSO DEL PRESIDENTE URIBE EN LA ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS Nueva York, 30 sep (CNE).- El siguiente es el discurso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante la 58 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas: "Señor Presidente: Permítame felicitarlo por su elección a la Presidencia de esta Asamblea y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones. Angustiados como estamos por el terrorismo que afecta a tantos países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar hasta dejar atrás dicho flagelo. Colombia reafirma su fe en el multilateralismo, como el sistema más efectivo para garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo humano, económico y social. Las Naciones Unidas son insustituibles, no obstante que por el bien de la humanidad requieren constante actualización de su estructura y procedimientos para aumentar la eficacia contra el terrorismo. Las Naciones Unidas han padecido recientemente el terrorismo con la muerte de Sergio Viera de Melo, infatigable luchador por la convivencia. Nos duele el sacrificio de quienes se sacrifican por extirpar el terror. Y nuestro deber de reciprocidad aumenta por toda la solidaridad de Naciones Unidas con Colombia. Hace un año expuse la política de Seguridad Democrática para liberar a nuestro pueblo del terrorismo. Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin importar su status económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas o creencias religiosas. Esta política es para proteger por igual al líder empresarial o sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición. Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno. En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 400.000 de selva, la ausencia del Estado en muchos lugares ha sido aprovechada por los terroristas. De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de policía. Ya ha llegado a 151 y esperamos tener cobertura en todos dentro de pocas semanas. Sin embargo, hay centenares de cascos urbanos, que sin ser cabeceras municipales, requieren policía. En 439 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina, denominados de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en la localidad donde residen. Los resultados son buenos, y grande la esperanza de contar con ellos, después de su período activo en la fuerza pública, como líderes en el respeto a la ley, y por siempre. Estos esfuerzos, junto con otros emprendidos, tendrán que continuar para que el Estado desaloje al terrorismo. Quiero compartir con usted Señor Presidente y con la Asamblea algunos resultados logrados en los primeros nueve meses del año: En homicidios, se registra un descenso del 22% en relación con el mismo período de 2002, al pasar de 21.253 a 16.531. Los 1.485 secuestros ocurridos representan un descenso del 34,7%, las víctimas de secuestro en retenes ilegales descendieron en un 49% y el número de rescates de secuestrados se incrementó en un 22,8%. Sin embargo: ¿Qué país se puede conformar con 1.485 secuestros en 9 meses? Las masacres y sus víctimas se han reducido en un 35% y en un 41% respectivamente. Podremos cantar victoria cuando estén erradicadas por completo, porque cada una que sucede trae dolor a la Nación entera, como las causadas por las FARC con un carro bomba en el Club El Nogal, con una embarcación bomba en la comunidad rural de Puerto Rico, con un camión bomba en el humilde poblado de Chita, que suman 47 muertos y 233 heridos. Y hace apenas algunas horas en Florencia con 12 muertos y 46 heridos. Se ha presentado una reducción de 120 a 36 sindicalistas asesinados. Varios de los asesinos están en las cárceles, como consecuencia de nuestra determinación contra la impunidad. De 60 maestros asesinados en 2.002, este año se registran 24 casos. Los asesinatos de periodistas han bajado de 9 a 5. La disminución en todos estos crímenes es significativa, pero el problema aún es alarmante. Ningún país se puede conformar con tales circunstancias. Reafirmo nuestro afán democrático de proteger con especial énfasis a maestros, sindicalistas y periodistas. Debo admitir con dolor que el asesinato de indígenas ha pasado de 72 a 75 casos. Las autodefensas son responsables de 33 casos y las diferentes guerrillas del resto. En el primer semestre del 2.003 se presentaron 73.586 casos de desplazamiento. Significa una reducción del 66%. Estamos empezando con éxito el retorno de familias a los lugares de origen. Reafirmo nuestra voluntad de lucha para proteger a los indígenas y frenar el desplazamiento. De los 246 alcaldes que en agosto de 2.002 se encontraban alejados de sus municipios por amenazas, ya 191 han regresado gracias al avance en seguridad. Los avances en la protección de nuestros compatriotas nos animan a continuar con denuedo en ese empeño. Del 7 de agosto del 2002 al 7 de agosto del 2003 se capturaron 2.544 miembros de las autodefensas ilegales, lo que representa un aumento del 146%. El número de dados de baja por la fuerza pública aumentó en un 38.7%. Los guerrilleros capturados han aumentado en un 126.3%, y los dados de baja en un 78%. Por acendrada convicción democrática ratifico nuestro compromiso con los Derechos Humanos. Hemos prolongado la permanencia de la oficina del Alto Comisionado en Bogotá. Compartimos muchas de sus recomendaciones. No dudamos en buscar su aplicación y discutimos en aquellos casos de desacuerdo. Nuestra consigna a los soldados y policías es: eficacia y respeto por los Derechos Humanos. Estimulamos y queremos a nuestra fuerza pública como lo demostramos recientemente con la mejoría introducida al sistema de seguridad social, pero no vacilamos en llevar a la cárcel a quienes violen la ley. El sacrificio de nuestros soldados y policías ha sido inmenso: este año, solamente por minas antipersonales han sido asesinados 109 soldados y 334 han resultado heridos, muchos de ellos definitivamente mutilados. Si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la observación internacional. Respetamos las organizaciones y trabajadores de Derechos Humanos que proceden con seriedad, respetamos sus críticas y sugerencias constructivas. Estas organizaciones son un aporte al mejoramiento de las condiciones democráticas. Por eso compartimos el informe sobre los niños reclutados por los terroristas que ha presentado Human Rights Watch. Reservamos el derecho de disentir frente a informes sesgados, que distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático de seguridad. Como lo registra Naciones Unidas, hemos avanzado sustancialmente en la destrucción de la droga. Se ha erradicado el 70% de los cultivos ilícitos y no desmayaremos hasta desterrar de nuestro medio esa grave plaga. Se ha autorizado la extradición de 94 personas por delitos de narcotráfico. Hemos contratado como guardabosques a 5.400 familias que reciben una compensación económica para evitar la reaparición de la droga allí donde se ha eliminado y para cuidar la recuperación del bosque tropical. La meta es completar 50.000 familias. Para
confiscar el enriquecimiento ilícito se introdujo agilidad
en el procedimiento legal, lo cual ha permitido un aumento en
un año de 5 a 68 sentencias, producidas por la justicia.
El nuestro es un Estado de Derecho. Queremos superar el terrorismo y poder mirar a ustedes a los ojos con la tranquilidad de haberlo hecho con ajuste riguroso a la ley. Para luchar contra la impunidad se ha incorporado el sistema penal acusatorio y el procedimiento oral, que empezarán a practicarse en 2.005. En la actualidad tramitamos una modificación Constitucional para permitir a la fuerza pública proceder con personal especializado, en casos de terrorismo, a efectuar capturas, allanamientos e interceptaciones. Con salvaguardias democráticas para que el fiscal independiente intervenga en el curso de las siguientes horas, la Procuraduría sea informada y también el Congreso, competente para el control político. Las atribuciones propuestas son infinitamente menores a normas vigentes en democracias sin nuestro riesgo terrorista. Este Gobierno encontró aproximadamente 30.000 personas integradas a organizaciones que son terroristas por la naturaleza de sus hechos. Una mirada y una reflexión sobre la cifra imponen la necesidad de persistir en la política de autoridad y de abrir caminos de negociación, previo cese de hostilidades. Agradezco los esfuerzos realizados por el Secretario General en el último año para buscar caminos de paz con las FARC. El Gobierno apoya la gestión de buenos oficios que hasta ahora ha sido infructuosa por falta de voluntad de los terroristas. Este grupo mantiene en cautiverio a centenares de colombianos y a algunos extranjeros, la mayoría en campos de concentración que recuerdan a los nazis. Reitero al Secretario General la disposición de buscar un acuerdo que él sugiera para liberar a los secuestrados, en condiciones razonables ajustadas a las normas jurídicas y que no fortalezcan la violencia. Desde el Gobierno anterior, a través de Cuba por un lado y de varios gobiernos por otro, se ha buscado un proceso de paz con el ELN. Hemos hecho todos los esfuerzos hasta ahora inútiles. A los líderes de esa organización que están en la cárcel se ha dispensado el mejor trato posible. El 30 de Junio, por intermedio de una comisión facilitadora, ofrecí examinar una excarcelación a cambio de que renunciaran a actividades armadas y se dedicaran a ayudar a construir la paz. No tuve respuesta positiva, pero insistiré. El ELN mantiene secuestrados 7 ciudadanos extranjeros. Debería liberarlos bajo su promesa de un cese de delitos durante el actual proceso electoral. También desde el anterior Gobierno, con mediación de la Iglesia Católica, se ha buscado un proceso de paz con las autodefensas ilegales. La condición es la misma: cese de hostilidades. Grupos de estas organizaciones que representan 10.000 personas o más, han expresado la voluntad de desmovilizarse. El Gobierno adelanta ese proceso. En lo corrido de mi administración se han desmovilizado 2.215 miembros de grupos terroristas. De ellos el 70% son de las FARC, el 18% del ELN y el 12% de las Autodefensas. Para reintegrar a la vida civil a los diferentes grupos, Colombia necesita una norma jurídica que, con realismo, defina cómo hacer justicia, reparar a la comunidad y asegurar la paz. El proyecto de alternatividad penal, presentado por el Gobierno a estudio del Congreso, propone encontrar herramientas legales transparentes que permitan avanzar en esa dirección con las autodefensas ilegales, las FARC y el ELN. Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. El proyecto ha generado controversia nacional e internacional. Queremos el mayor consenso posible. Invitamos a examinar diferentes opciones y a lograr con modificaciones el mejor texto final. Para derrotar el terrorismo no tenemos dilemas. Sin embargo, hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes. Para proteger a la comunidad necesitamos perseguir implacablemente a los terroristas y no desaprovechar oportunidades de conseguir acuerdos de paz, siempre que ellos con sus hechos convenzan a Colombia y al mundo de su buena fe y de su ánimo de rectificación. Nuestro problema es una amenaza internacional. Si Colombia no destruye la droga, la droga destruirá la cuenca amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo, este pondrá en dificultades a las democracias de la región. De este modo lo han entendido el Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, y el Grupo de Río que aprobó su proposición para que Naciones Unidas adelante esfuerzos tendientes a la negociación con los terroristas colombianos, o en su defecto se busquen alternativas para superar el problema. Nuestro Estado de Derecho es Social. La pobreza y las desigualdades han sido agudizadas por el terrorismo. Estamos avanzando en medio de la estrechez de los recursos para aplicar las 7 herramientas de equidad: la revolución educativa, la ampliación de la protección social, el impulso a la economía solidaria, el manejo social del campo, de los servicios públicos, la construcción de un país de propietarios y el mejoramiento de la calidad de vida urbana. A manera de ejemplos, algunas cifras: han sido creados 500.000 cupos escolares pero todavía tenemos 1.500.000 niños sin educación básica; el micro crédito ha aumentado en un 50%, pero aún estamos lejos del país de propietarios. La tarea social es ardua, pero con la determinación que nos jalona, venceremos todos los obstáculos para construir una sociedad justa. La seguridad es el primero de los derechos humanos de los pobres que necesitan el éxito de nuestra política para que haya tranquilidad, confianza, inversión, empleo y equidad. En medio de tragedias la democracia colombiana es vigorosa. El 25 de Octubre los ciudadanos decidirán si aceptan o no un Referendo propuesto para derrotar la corrupción y fortalecer la inversión social. Y al día siguiente el pueblo elegirá 30 gobernadores entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398 diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos; de 6.105 listas con 56.590 candidatos se elegirán cerca de 9.000 concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos serán elegidas las juntas administradoras locales. Hoy vivimos una democracia plural y entusiasta a pesar del desafío terrorista. Señor Presidente: Sería una tragedia que el mundo civilizado no uniera sus fuerzas para derrotar el terrorismo y para respaldar a las democracias que luchan contra él. Necesitamos la unión de todos los demócratas para derrotar el terror. Muchas gracias". |
