Bogotá, 18 jun (SP). “El Gobierno Nacional que presido ha tenido un concepto de Estado Comunitario, creciente participación de la opinión ciudadana en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones y en la vigilancia de decisiones.

Nosotros creemos que la mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, que se tiene que traducir en un país que avance a superar la pobreza y a construir equidad, tiene relación directa por el grado de participación de la ciudadanía.

Justamente lo que distingue al Estado de Derecho en el mundo es el grado de participación de la ciudadanía. El estado superior del Estado de Derecho es el Estado de Opinión Pública.

Yo voy a referirme a algunos de los puntos que ustedes han tratado, que he escuchado con toda atención dentro de un esquema que es el esquema que ha venido orientando al Gobierno en estos años.

Antes de presentarlo, quiero recordar unas realidades de nuestro país.

Nosotros tenemos algunos temas que debemos revaluar. Por ejemplo, la relación entre la extensión geográfica y la población. Porque algunos tienen el concepto de que es un país todavía con muy poca población en comparación del área geográfica.

Nosotros tenemos un millón 160 mil kilómetros cuadrados. Tenemos 578 mil kilómetros de selva -más del 51 por ciento de ese territorio-, y nuestra gran contribución al equilibrio ambiental es la preservación de esa selva. Allí hay que hacer un gran esfuerzo.

Tenemos la población densamente concentrada en la montaña andina y en la región caribe con unos problemas inmensos de topografía, de sequías, de inundaciones.

Un país que todavía es muy dependiente de recursos naturales, en muchos de ellos escasos y en otros con restricciones para explotarlos.

Nosotros, tenemos petróleo con reservas probadas hasta el año 2018, 2019. Bolivia tiene 70 teras de reservas probadas de gas, Venezuela tiene casi 300, Colombia tienen seis.

Nuestra minería es muy escasa, no obstante que nos encontramos en el mismo cordón andino de las grandes minerías de la región como Chile, Perú, Bolivia y por supuesto, para bien del medio ambiente, esa minería también ha tenido aquí restricciones que no tuvo en otros países.

Seguridad y prosperidad

El Gobierno Nacional ha venido trabajando en une esquema de construir confianza en Colombia. Era yo candidato a la Presidencia de la República y les preguntaba en estos auditorios universitarios a los estudiantes si querían irse del país, si habían pensado en algún momento irse del país sin tiquete de regreso, y la gran mayoría levantaba la mano diciendo que si.

Eso nos llevó a proponer la construcción de confianza en Colombia como la guía fundamental de la acción de Gobierno.

Lo hemos sustentado en tres pilares: la seguridad con libertades, con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y simultáneamente, el avance hacia la cohesión social.

En un país con 46 millones de habitantes -todas las limitaciones que tenemos-, es necesario, para poder avanzar hacía la cohesión social, crear un marco de prosperidad. No quiere decir crecimiento sin distribución. Un marco de prosperidad con responsabilidad social es muy diferente. Que vaya acompañado simultáneamente de unas políticas sociales que permitan ir superando pobreza y construyendo una tendencia hacia una menor inequidad en la distribución del ingreso.

Nosotros creemos que el marco de prosperidad depende fundamentalmente de dos políticas, de una política de seguridad sostenida con valores democráticos y de una política de inversión con seguridad social, también sostenida. Si no se dan esas dos políticas, no aparecen los recursos para poder avanzar en la política de cohesión social.

A su vez, la política de cohesión social se constituye, en el gran validador, en el gran legitimador de opinión para las políticas de seguridad y de inversión.

Yo no voy a entrar en la discusión de conflicto o no conflicto. Mis compatriotas conocen qué pensamos en el Gobierno sobre el tema.

En América Latina, hubo unos movimientos insurgentes que ganaron alguna legitimidad porque enfrentaban dictaduras. Aquí hemos tenido unos movimientos afectando la democracia, financiados por el narcotráfico, con total desprecio por los Derechos Humanos, por el Derecho Internacional Humanitario.

En Colombia, cuando se hizo el tránsito de las guerrillas partidistas a las guerrillas marxistas, se habló de la necesidad de ampliar la democracia, no obstante que la pretensión era la dictadura del proletariado, y en mejorar las condiciones sociales. El resultado fue todo lo contrario.

Cuatro millones de desplazados, sumando desplazamiento interno y externo; una pobreza que llegó al 60 por ciento, un país sin tasas de inversión, con crecimientos modestísimos de la economía, muy inferiores a las necesidades nacionales; tasas de desempleo que no llegaron, doctor Mario (Gómez, de la Fundación Restrepo Barco), al 14, llegaron al 20. Y en 2002, cuando este Gobierno asumió, oscilaban entre el 16 y el 19, y va en el 14. Ese fue el resultado de esa violencia.

Yo recuerdo que era estudiante universitario de la universidad pública y la guerrilla se comprometía en esa época a que si el país aprobaba la elección popular de alcaldes y gobernadores, como parte de los procesos de ampliación democrática, inmediatamente se hacía la paz.

Después de más de cien años de debate se aprobó la elección popular de alcaldes. Vino la Constitución del 91, aprobó la de gobernadores y esos grupos violentos se convirtieron en los sicarios de unos y otros.

La guerrilla finalmente sembró el paramilitarismo. Una reacción con la misma crueldad y con la misma capacidad de hacer daño a Colombia.

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por la seguridad con valores democráticos.

Este año nuevamente se presenta un descenso en el homicidio, hay 320 casos menos que el año pasado, un 16 por ciento de disminución en todos los crímenes en relación con el año pasado.

Todavía estamos lejos de las metas y hay regiones con inmensas dificultades. Pero yo creo que esta es una política en la cual el país necesita perseverar. Cuatro generaciones sometidas a la violencia. Esto necesita una política de seguridad continuada con ajustes que la mejoren, para garantizar definitivamente, a través de la seguridad, la paz.

Monopolio de la justicia

Y hay unos intangibles bien importantes en esta política. Se han recuperado dos monopolios que el Estado nunca debió perder: el monopolio para combatir a los violentos y el monopolio para ejercer justicia. Se ha superado el paramilitarismo. Este Gobierno lo enfrentó y lo ha desmontado.

Hoy uno ve en el país guerrillas y las bandas criminales emergentes; tienen una alianza mafiosa. En algunas partes del país están unidas y en otras se enfrentan, siempre por el botín del narcotráfico. Pero el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a todos. Yo creo que ese es un paso significativo, de gran importancia.

En muchas regiones de Colombia los fiscales y jueces habían sido reemplazados por los cabecillas del terrorismo guerrillero o paramilitar, que eran los que conocían los pleitos de familia, las dificultades entre vecinos, sus querellas, crímenes mayores, crímenes menores.

Hoy el país ha recuperado el monopolio para ejercer, para administrar justicia en todo el territorio. Las víctimas reclaman, antes el reclamo no pasaba de los funerales por temor o por que lo encontraban inútil. Hoy tenemos 220 mil víctimas registradas.
Reparación

Avanzamos en un proceso de reparación, que reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación es un esfuerzo que anula semillas de odio, que anula posibilidades de venganza.

Hace año y medio expedimos el decreto que empezaremos a aplicar al final de este mes para iniciar lo que se llama el componente pecuniario de la reparación. Y solamente este año vamos a invertir 100 millones de dólares, en un momento de muchas restricciones fiscales, para llegarle con esa compensación -que siempre es parcial- a un grupo entre 10 y 12 mil víctimas.

La versión que el Gobierno Nacional ha aprobado de la Ley de Reparación de Víctimas le cuesta 22 billones de pesos al país en los años que vienen. Aquella que no podemos aprobar costaría 80 billones y además le daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado, que a las víctimas de grupos terroristas.

El Gobierno ha pedido que en el caso de los funcionarios del Estado, siempre haya sentencia ejecutoriada de por medio y que esos procesos se puedan surtir de manera diligente, de manera rápida, que sean procesos con velocidad.

En esta patria nuestra era creciente el número de ciudadanos que no se sentían parte del colectivo, que no reclamaban de las instituciones el servicio de seguridad, que querían resolver las amenazas por sus propios medios. Hoy hay más confianza en las instituciones y más confianza para denunciar, hoy todo sale a la luz pública, en el pasado se tardaba años. Muchos crímenes del pasado apenas se empiezan a conocer, ahora hay toda la confianza para denunciarlos.

El Gobierno periódicamente acude a la televisión, los Altos Mandos, el Ministro de la Defensa, el Presidente de la República, a responder a la comunidad por todas las quejas frente a la política de Seguridad Democrática, por lo que puedan ser las violaciones de Derechos Humanos.

Esta política se ha adelantado con legislación ordinaria, sin Estado de Sitio, sin restricción de libertades. En América Latina muchos justificaron los caminos a la dictadura, en la necesidad de recuperar la seguridad.

Aquí hemos enfrentado un desafío muy superior al que se pudo dar en otras partes de América Latina, con la riqueza del narcotráfico, el poder del terrorismo y lo hemos enfrentado con legislación ordinaria. Lo hemos enfrentado con pleno respeto a las libertades.

Responsabilidad social

El tema de inversión. Para nosotros es fundamental la inversión con responsabilidad social. De otra manera no vemos sostenible una política social que supere pobreza y que construya equidad.

¿Qué ha significado responsabilidad social para este Gobierno? Primero, transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en la asignación de contratos. Toda la contratación nuestra se hace por audiencia pública. Estado Comunitario, Estado de Participación Ciudadana.

Transparencia en la tributación. Hoy el 80 por ciento de los ingresos del Estado se logra a través del programa de modernización de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), se relaciona vía Internet a los contribuyentes con la Administración.

Transparencia en la solución de disputas. Las disputas con los inversionistas que se han conciliado, antes de perfeccionar esos procesos de conciliación han sido publicados ampliamente en su contenido para el control previo de los organismos de control y para el conocimiento previo de la opinión ciudadana.

Hemos hechos grandes esfuerzos con otra expresión de la responsabilidad social, la responsabilidad de los inversionistas frente a las comunidades, especialmente en materias ambientales.

Cuando se han presentado protestas comunitarias contra los inversionistas, como en el caso de La Jagua (Cesar), el Gobierno no ha optado por los extremos que eran de común conocimiento, por el extremo de reprimir a la comunidad o por el extremo de ahuyentar al inversionista. Hemos logrado con paciencia, con diálogo público, acuerdos importantísimos que han vinculado a comunidades, a inversionistas y a Gobierno.

Nosotros creemos que la responsabilidad social es fraternidad laboral. Hoy nos oponemos por igual a las leyes que quieren crearle más obstáculos al empleo, como a los proyectos de ley que quieren disminuir los derechos de los trabajadores.

Fiscalidad e inversión

Creemos que Colombia está en un momento en que debe garantizar estabilidad en la legislación laboral y buscar su aplicación. El Gobierno es el primero que se ha opuesto al desmonte de los parafiscales.

Y esto hay que mirarlo en el conjunto de la tributación. Porque a mí me parece que cuando se habla de los incentivos de inversión, de los pactos de estabilidad, de las zonas francas, también eso hay que relacionarlo con las obligaciones de los empleadores frente a los trabajadores, derechos de los trabajadores que este Gobierno ha venido defendiendo.

En el conjunto de estas reformas nosotros hemos aumentado cargas de los empleadores para poder financiar el Sena, el Fondo Emprender, el aprendizaje, el contrato de aprendizaje. Y hemos aumentado cargas de los empleadores para poder financiar el conjunto de la seguridad social.

Yo creo que para darle el vistazo a la tributación y a la seguridad social, hay que hacerlo en conjunto. Este es un país que tiene unas altas cargas de seguridad social en cabeza de los empleadores, pero que también ha introducido unos estímulos bien importantes para el florecimiento de la inversión.

Nosotros creemos que la crisis internacional tiene que producir una reflexión: el capital no puede ser un factor de especulación, tiene que ser un factor de construcción de riqueza social.

¿Qué ha pasado con la tasa de inversión en Colombia? Estaba en el 12 por ciento. 46 millones de habitantes en esta pobreza, con una tasa de inversión del 12 por ciento. Para ninguna parte íbamos.

Logramos que en estos años pasara al 24, 26, 28. En el primer trimestre de éste año, a pesar de las dificultades de la economía, se sostuvo en el 25. Objetivo: mantenerla no por debajo del 25.

¿Qué ha pasado con la inversión extranjera directa? Era de 500, 700, mil millones de dólares, mil 500. En los últimos años ocho mil 500, seis mil 500. En 2007 nueve mil 28. En 2008 10 mil 564.

A abril de este año, dos mil 900. Mucho menos que lo que dio el año pasado, pero mucho más en cualquiera de los años completos del periodo anterior.

Hasta el año pasado ese crecimiento venía dándose bastante diversificado. 56 por ciento, 54 por ciento en minería e hidrocarburos, 46 por ciento en los otros sectores de la economía.

Este Gobierno ha introducido una serie de reformas importantes, muy difíciles de aclimatar, con mucha oposición. Eso nos ha permitido reducir el déficit fiscal.

Yo recuerdo que cuando fui a asumir, alguien del Banco Mundial me dijo Colombia había perdido la viabilidad financiera. En septiembre de 2002 no había con que pagarle a los soldados ni había con que pagarle a los maestros.

Nosotros hemos reducido el déficit fiscal del Gobierno Nacional central, del seis y medio, el año pasado fue de 2,34. Este año puede subir al 3,7.

El endeudamiento lo hemos bajado del 48 por ciento del PIB, al cual había llegado, al 22. Este año puede estar situado entre el 25, 26 y medio. Crecimiento muy moderado en comparación de la economía internacional.

Es bien importante anotar esto. Desde 2003 le hemos tenido que trasladar una suma cuantiosísima, que nunca se le había trasladado año por año al Seguro Social, para pagar pensiones.

Colombia no ha licuado la obligación pensional. Otros países la licuaron. No ajustaron las pensiones y la inflación deterioró toda la capacidad adquisitiva de los pensionados.

Nosotros este año le tenemos que trasladar. Este año nos cuesta 23 billones, al Gobierno Nacional central, pagar pensiones.

De eso, alrededor de siete billones, lo tenemos que trasladar el Instituto de los Seguros Sociales. Y así y todo se ha presentado esta disminución.

Reforma Administrativa

Tenemos unas reformas muy importantes realizadas y otras por realizar, que avanzan en el Congreso. Me voy a referir, solamente, a una de ellas, a la Reforma Administrativa.

Este Gobierno no comparte los extremos en que se ha vivido en América Latina en décadas. El extremo neoliberal del desmantelamiento del Estado o el extremo de la estatización. Ambos han hecho mucho daño.

Nosotros hemos reformado 437 entidades del Estado sin desmontar el Estado, sin afectar el concepto de intervención del Estado. Al contrario, lo hemos fortalecido.

Por ejemplo, veamos los patrimonios públicos. La reforma de Telecom (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP), la reforma de Ecopetrol. Cuando Telecom era ciento por ciento del Estado tenía valor negativo. Hoy la participación del Estado en el patrimonio de Colombia Telecomunicaciones tiene un alto valor positivo.

Vale mucho más hoy el 88 y medio por ciento de Ecopetrol, porcentaje del cual es propietario el Estado, que el ciento por ciento de antes.

En Telecom no había con que pagarle a los pensionados; estamos al día con los pensionados. No había capacidad de hacer inversión; en este cuatrienio se hacen inversiones del orden de ocho billones y llegándole a los sectores sociales con conectividad. Tiene patrimonio positivo.

Por ejemplo, la reforma de las clínicas del Seguro Social como en la de tantas entidades del Estado, lo que hemos buscado es pasar del desgreño administrativo a la eficiencia social.

Hemos superado allí factores perturbadores, que no permitían llegarle a la comunidad, de excesos sindicales y de politiquería.

La lucha contra el clientelismo, como la lucha social en Colombia, ha sido discurso. Hay que mostrar realidades. En la lucha contra el clientelismo este Gobierno ha hecho esas reformas.

Se sacó adelante la Ley que llevó a la carrera administrativa a otros 120 mil ciudadanos.

Por primera vez se aplica el concurso de maestros, el concurso de notarios.

Nosotros en esa reforma de las clínicas del Seguro Social, por ejemplo en Bogotá hoy ¿quiénes las manejan? Entidades sociales de gran importancia, sometidas a regulaciones y a supervisiones del Estado.

La Universidad del Rosario, una caja de compensación y una fundación internacional religiosa sin ánimo de lucro, especializada en salud.

Y vamos a seguir haciendo la reforma del Estado. Nosotros buscamos, no desmantelar el Estado, sino fortalecerlo en su capacidad de servirle a la comunidad.

Nada ganamos con tener un Estado grandísimo, ineficiente, apropiado por el clientelismo, por excesos sindicales y burocráticos, que no le llega con sus bienes y servicios a la comunidad.

Hoy tenemos muchas menos quejas de la Nueva EPS que de la vieja EPS del Seguro Social. Creemos que por vía de esas reformas hay un mejoramiento.

Para nosotros entonces hay dos puntos muy importantes: la necesidad de un Estado al servicio de la comunidad, no el desmantelamiento del Estado. Y una inversión con responsabilidad social, no un crecimiento con desgreño frente a la equidad social.

Educación

Veamos algunos temas sociales, por ejemplo educación. En este Gobierno hemos pasado del 78 a casi ciento por ciento en cobertura de educación básica.

Porque hay una pregunta. ¿La política social es estructural o es paternalista? ¿Qué es lo que caracteriza una política social estructural? La posibilidad de que esa política social con su persistencia, no solamente ayude a superar pobreza sino a construir equidad.

Que abra las avenidas de la movilidad social que son fundamentales en la democracia. Yo creo que, salvo la política de atención a ancianos indigentes, el resto de nuestra política social es totalmente estructural, no asistencial.

Veamos. Esa política ha permitido pasar del 78 por ciento en cobertura de educación básica y ya en muchas ciudades el ciento por ciento.

Por supuesto, nos ha desbordado en infraestructura. Para decir lo bueno y reconocer lo malo, nos hace mucha falta infraestructura. El crecimiento de las coberturas nos ha desbordado la infraestructura.

En educación media hemos pasado de coberturas del 58 a casi el 80 por ciento.

Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios. Con el nuevo plan de técnicos y tecnólogos del Sena, Plan 250 mil, que ayer formalizamos, Colombia va a llegar en poco a millón 700 mil estudiantes universitarios. Creo que es un gran avance en estos años, reconociendo todo lo que falta.

Financiábamos con el Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior), una de las entidades reformadas, y hoy se necesita allí tarjeta política para un crédito.

Una de las entidades reformadas se maneja a través de las universidades. Financiábamos 60 mil créditos universitarios; estamos manejando 300 mil créditos universitarios con el Icetex.

¿Que falta mucho? Falta mucho. Hemos aprobado la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Tenemos un gran atraso en cobertura para la primera infancia.

Estamos haciendo un gran esfuerzo con las nuevas transferencias para llegar, inicialmente, a 400 mil niños menores de cinco años con cobertura escolar en los sectores más pobres de la población. Este año debemos concluir el año con 300 mil.

El Sena. Hemos defendido esa parafiscalidad y lo hemos reformado, como a (Instituto Colombiano de) Bienestar Familiar. Y estamos en la reforma de las cajas de compensación.

La construcción de capital humano es fundamental en este país para poder mejorar la distribución del ingreso y superar la pobreza.

¿Qué ha pasado en el Sena? Antes atendíamos un millón 100 mil estudiantes por año, en formación vocacional, ahora seis millones. Teníamos 41 mil matriculados en técnicas y tecnológicas; hoy tenemos 295 mil. Y hemos empezado el proceso de otros 250 mil.

Reconocemos que la crisis de la economía en el mundo entero va a destruir muchos empleos, que no van a renacer fortalecidos cuando se supere la crisis.

Los nuevos 250 mil cupos en el Sena están orientados a formar jóvenes colombianos en actividades relacionadas con los nuevos empleos, donde estamos haciendo un gran esfuerzo de concertación con el sector privado para avizorar cuales son los sectores en los cuales Colombia puede tener gran prosperidad.

Que el software, que los biocombustibles, que la industria de medicamentos, que la industria de cosméticos, que el turismo de salud y otras actividades. Hacia allá estamos orientando esta nueva formación vocacional en el Sena.

Meta este año, llegarle a un millón de colombianos, Sena, Internet, con la enseñanza del ingles como segunda lengua. ¿Y cómo hemos avanzado en eso? La mayoría de los profesores son de San Andrés. Se está dictando a través de Internet satelital.

Ahora está en proceso de adjudicación la licitación para tener el cable submarino. Meta: en agosto del año entrante el 80 por ciento de la matricula educativa oficial, debe tener en Colombia conectividad con una banda de buena capacidad.

Política social

En el tema de nutrición el país ha avanzado sustancialmente. Hoy Bienestar Familiar está entregando 14 millones 156 mil porciones alimentarias al día. Hemos sostenido el programa de Madres Comunitarias y lo hemos fortalecido, mejorando a las madres comunitarias la remuneración.

Estamos en el proceso sin demagogias, porque si las laborizamos, cerramos Bienestar Familiar, una discusión con el Congreso. Estamos en el proceso de que puedan tener plenamente seguridad social.

Fuera de eso, estamos construyendo los hogares infantiles y los hogares múltiples y se apoyan con un recurso nuevo de las transferencias.

Entonces yo creo que nos obliga, sobre todo al Gobierno, a que la política social no sea discurso sino de hechos y números que se puedan confrontar con la realidad.

Nosotros hemos incorporado no solamente un gran crecimiento de las transferencias para el sector social, sino unos nuevos recursos. Un nuevo recurso es para la educación de primera infancia, ahora orientado a hogares múltiples y a jardines infantiles.

Un nuevo recurso para gratuidad educativa. Este año, alrededor de 5 millones de niños tienen gratuidad educativa en Colombia gracias a este aporte de las transferencias, que apenas se aplica durante el segundo año.

Hemos avanzado con otros programas, por ejemplo el programa de alimentación para niños menores de 5 años, que no van a los hogares comunitarios. Ya tenemos 1 millón 150 mil niñitos.

Hemos avanzado en restaurantes escolares, Colombia tenía 2 millones 200 mil jóvenes beneficiados en los restaurantes escolares; estamos llegando a 4 millones. Se atendían durante 122 días; este año se atienden durante 156 días.

Y todo eso nos ayuda a disminuir la deserción. En esta crisis, y a diferencia del pasado, hemos logrado evitar esa creciente deserción escolar y esa creciente deserción universitaria.

En política social es inmenso el avance de Familias en Acción y lo vamos a hacer sostenible. Ahora, ese es un subsidio a los sectores más pobres para garantizar todo el ciclo educativo de sus hijos. Es la manera de evitar que los hijos de las familias pobres sean condenados a ser pobres, es la manera de abrir caminos de movilidad en la democracia.

Una característica de nuestra política social: orientada sin politiquería. Nadie ha necesitado un carnet político para acceder a Familias en Acción o para el programa de atención a ancianos o para los restaurantes escolares. Orientada institucionalmente, focalizada a los sectores más pobres de la población.

Creo que la Red Juntos ya está llegando al millón y medio de familias más pobres, para que todas reciban los diferentes elementos de la política social a fin de superar, en una primera etapa, la pobreza absoluta. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que el país pueda hacer sostenible estos programas.

Microcrédito

Uno de los factores de exclusión social más severos es la falta de acceso al crédito institucional.

Banca de Oportunidades. EN nuestro segundo Gobierno, ha entregado ya 3 millones 900 mil créditos. De ellos, 1 millón 190 mil créditos a microempresarios que nunca habían recibido crédito institucional. Microempresarios que dependían de la usura, del mercado negro.

Hacemos un esfuerzo de todos los días, porque creemos que la política social, más que discurso, es compromiso. El compromiso nuestro, doctor Madariaga (Antonio Madariaga, Director de la Corporación ‘Viva la ciudadanía’), es de todos los días para que los sectores microempresariales puedan hacer el tránsito del mercado negro de la usura a la oferta institucional.

Todavía estamos atrasados. Hemos avanzado 20 puntos en bancarización. Hemos pasado del 37 al 57, pero ahí vamos despegando. Confiamos que este año podamos asignar, como parte de la política anticíclica, millón y medio de microcréditos.

Banca de oportunidades es hoy, un programa que va mostrando sus avances y así lo pudimos registrar en la reciente visita del profesor Yunus (Muhammad Yunus) a Colombia.

Tributación

Voy a referirme al tema de la tributación, al tema de las tierras de los indígenas, de nuestros compatriotas de comunidades negras y al tema del impacto de las obras públicas sobre sus asentamientos.

La tributación. A mi lo que me proponían era una reforma estructural y yo preguntaba ¿Qué es eso? Y me decían: ‘una reforma donde haya una tarifa plana y baja para todo el mundo’. El Gobierno no estuvo de acuerdo con ella porque en este país se mantiene la progresividad, contrariamente a los que uno de ustedes afirmó.

Por eso no aceptamos esta reforma estructural, porque eliminaba la progresividad. Y por una segunda razón, porque en un país con tanta necesidad -apreciados compatriotas- de capital humano y de capital físico, no se les puede dar el mismo tratamiento a los que invierten que el tratamiento que se les da a los que no invierten.

Este Gobierno ha introducido una reforma en la concepción tributaria. Darle beneficios a la inversión, darle un tratamiento diferencial a la inversión. Creemos que se necesita.

Entonces, aquí hay unos incentivos que este Gobierno ha introducido para la inversión, nos parece de la mayor importancia. ¿Qué tal eliminarlos ahora? Los procesos de inversión necesitan tiempo para madurar. Colombia era un destino negativo en inversión, hoy el país está de moda.

Pero si nosotros vamos a hacer ahora, a dar un bandazo, y vamos a quitar esos incentivos, entonces la gente va a decir: ‘bueno, Colombia no es seria’. Esos incentivos, los últimos se introdujeron en 2006, van a completar ahora este año en diciembre 3 años.

Mucha gente apenas está preparando los proyectos para invertir en Colombia, hay que dar tiempo. Ahora por supuesto, que hay unos contratos de estabilidad, claro que los hay, si no la gente no invierte. Porque la gente le dice a uno: ‘pero ¿Cómo me llevan a invertir con este atractivo tributario si no me dan la garantía de que lo van a mantener unos años?’. Por eso se aprobaron en una gran discusión pública los contratos de estabilidad a 20 años.

El país tenía 11 zonas francas. Con la nueva legislación este año podemos llegar a las 11 viejas más unas 66 nuevas. Las zonas francas no admiten empleo a través de intermediarios; exigen que el empleo sea a través de contratos a término indefinido, con afiliación a la seguridad social. Nosotros buscamos la mejor calidad en el empleo como consecuencia de estos incentivos tributarios.

Hay que tener en cuenta esto, Colombia tenía 380 mil contribuyentes de renta; vamos a llegar a millón 700. Eso sigue siendo muy poco para los tributaristas, pero desde el punto de vista social hay que tener en cuenta que es una población todavía con mucha pobreza y mucha inequidad.

Yo les ruego mirar el IVA. El IVA colombiano grava el 54 por ciento de los bienes y servicios, deja un 46 por ciento por fuera, donde está ¿qué? -y eso muestra la equidad de la política-: donde están los alimentos básicos, las matrículas y todos los costos educativos, los costos de salud y los servicios públicos.

Eso, que hace parte fundamental de la canasta popular, no está gravado en Colombia. Yo creo que el Gobierno debe insistirle al país que hemos avanzado en una tributación justa, con incentivos.

Ahora, tenemos un problema, un problema con esta crisis de la economía, no tan grave como en otras partes. Porque miren, con esta carga pensional, subir el déficit del Gobierno Nacional Central al 3,7, después de que estaba en el 6 y medio, yo creo que eso es bastante manejable. Pasar en el endeudamiento del 22 al 25 después de que estaba en el 48 por ciento, es bastante manejable.

Sostenibilidad de Seguridad Democrática

Pero el Gobierno es responsable. Por eso el Gobierno le ha comunicado a la opinión pública, con toda la buena fe, con toda la transparencia, los problemas fiscales que se advierten en el horizonte derivados de esta crisis. Nosotros tenemos que garantizarle la sostenibilidad a la seguridad democrática.

Alguien me decía ayer: ‘bueno y ¿por qué a la seguridad democrática? Le dije, porque eso es lo que posibilita la política social.

Si no le garantizamos sostenibilidad ¿dónde va a estar la inversión? Y sin inversión ¿cómo garantizamos la sostenibilidad y el avance de los programas sociales?.

Por eso, desde el martes de la semana entrante buscaremos el mayor nivel de consenso con los contribuyentes para presentar un proyecto el 20 de julio que no afecte los fundamentos de nuestra tributación, que no afecte, por ejemplo, el tratamiento diferente a quien invierte y a quien no invierte, que no afecte la progresividad, pero que dé unos recursos que permitan desde el 2011 financiar lo que será el faltante seguridad democrática, y por ende, garantizar que en los programas sociales no haya que hacer recortes.

¿Por qué desde ya? Porque los gobiernos tiene la responsabilidad de anticiparse a los problemas. Porque el país no puede seguir con el cuento ‘yo no hago esto porque me desgasto, el que venga a atrás que sea el que arree, el que venga atrás’. No, los gobiernos tienen que anticiparse a los problemas.

Vamos a hacer otros ajustes. Por ejemplo en el Frech (Fondo de Reserva para la Estabilidad de la Cartera Hipotecaria). Este Gobierno ha hecho muchísimos ahorros. Uno de ellos, 600 mil millones en el Fondo de Estabilidad de la Cartera Hipotecaria, no lo habíamos tocado.

Ahora para qué lo estamos tocando, para darles garantía de crédito de mejoramiento de vivienda a los sectores populares y para financiar —yo creo que van a ser 50 mil unidades de vivienda de clase media- con subsidios de tasa de interés. Ya llevamos 17 mil, eso nos tiene que ayudar como política anticíclica.

La idea es mantenerle unas fuentes de ingresos al Frech y hacerlo por ley a partir del 20 de julio.

¿En qué está pensado el Gobierno? Que el 50 por ciento de la remuneración de los encajes que recibe el sector financiero vaya a ese fondo para poder subsidiar vivienda de los sectores de clase media y para poder subsidiar y garantizar créditos de mejoramiento de vivienda, en los sectores populares y medios del país.

Este país vendía 60 mil motos al año. En los últimos años,se han vendido 400 mil, 500 mil, 400 mil, este año puede ser de 300 mil. Y a pesar de la reducción este año en comparación con los años anteriores, hay un gran crecimiento todavía en la venta del número de vehículos.

Tenemos un problema grave de accidentalidad. Vamos a ver cómo, con una norma una antievasión, para que todos los vehículos estén registrados y paguen el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) en un registro nacional, se reduce esa evasión y podemos llenar un vacío de financiación en salud.

Y el Gobierno también tiene la voluntad de ajustar ese Soat, ese seguro de accidentes de tránsito.

Salud

Hemos avanzado mucho -y algunos de usted lo reconocían- en cobertura de salud, en mejoramiento de hospitales, a pesar de lo que falta. Y tenemos problemas financieros.

Yo creo que en eso hay unos avances y hay unos problemas que reconozco.
Avances: este país tenía 10 millones 600 mil ciudadanos en el régimen subsidiados de salud; hoy tiene 23 millones de cupos, creados por este Gobierno. Tenía 13 millones de beneficiaron en régimen contributivo; hoy tiene 17 y medio. Ahí va a terminar este año con más de 41 millones de ciudadanos con seguro de salud.

Hemos reformado 250 hospitales, faltan muchos. Sin cerrarlos, en este Gobierno, no se ha cerrado un hospital. Sí que es importante tener en cuenta eso para calificar la política social. Hemos reestructurado muchos, sin cerrar un sólo hospital en este Gobierno.

Ahora ¿qué nos falta? La Corte Constitucional ha dicho -y el Gobierno no solamente respeta, sino que comparte la sentencia- que el país en virtud de la Constitución del 91 necesita llegar a un plan obligatorio de servicios idéntico, en el régimen subsidiado que lo tiene hoy inferior, al régimen contributivo. Vamos a ver cómo podemos llegar. Eso nos costaría hoy dar ese salto 6 billones.

Hoy empieza a pagarse por partes de las gobernaciones, parte de esa sentencia. Por eso, nuestro afán de buscar unos recursos adicionales para la salud, y aplicarlos en el sector descentralizado. Allí tenemos un problema y estamos haciendo todo el esfuerzo para resolver ese problema.

Tierras y comunidades étnicas

Tema de tierras. Este país tiene 117 millones de hectáreas. Hay alrededor de 33 millones de hectáreas tituladas a las comunidades indígenas. Mucho en selvas, sí y está bien. Ellos saben proteger ese recurso. Pero también ahí hay 33 millones de hectáreas utilizables.

Este Gobierno ha venido desatrasando toda la deuda que encontramos en tierras en el Cauca. Ha mejorado muchísimo el diálogo con las comunidades indígenas del Cauca porque han visto nuestra voluntad de cumplir en medio de todas las dificultades.

Hemos logrado grandes avances en zonas como la Sierra Nevada. Yo creo cuando llegué allí la primera reunión con las comunidades indígenas y me decían: ‘Presidente, nosotros no sabemos qué hacer. Un día llegan unos tipos de uniforme y nos dicen que son la guerrilla, al otro día con el mismo uniforme, que son paramilitares, y al siguiente día, en la víspera de su visita, otros con uniforme nos dicen que son soldados’.

¿Qué hicimos? Crear enlaces de confianza. Nos funcionaron muy bien en la Sierra. Ahora estamos trabajando con enlaces de confianza en el Pacífico nariñense y en el Río Baudó, a ver si podemos allí aclimatar la seguridad creándoles las mejor condiciones a las comunidades indígenas.

Nos propusimos devolverles la Sierra Nevada, y cómo hemos avanzado.
Se concertó con ellos construir nueve pueblos en el perímetro inferior para que de ahí hacia los picos de la Sierra ellos pudieran ejercer el dominio, el cuidado. Ya llevamos siete pueblos. Yo creo que allí hay un gran entendimiento y el Gobierno no desmayará en buscar el mejor entendimiento también en el sur del país.

Con franqueza, es que el entendimiento no es hipocresía.

Yo les dije: ‘mire nosotros ratificamos la declaración en Naciones Unidas, pero tenemos que poner cuidado en unos puntos. Las consultas no las podemos volver vinculantes’.

Y este país en la Constitución del 68 declaró que el subsuelo es del Estado. No podemos permitir que lo apropie un sector de la comunidad. Yo creo que el diálogo franco tiene que ayudar a construir consensos. Yo creo que dimos un gran paso. Decir eso públicamente y hacer unos depósitos en Naciones Unidas, con unas reservas.

Con nuestros compatriotas de las comunidades afrodescendientes, afrocolombianos. Tienen 6 millones de hectáreas tituladas. En buena hora lo hizo el país.

Este Gobierno ha recuperado lo de Curvaradó en el sur de Urabá. Allí el enfrentamiento guerrilla-paramilitares despojó a estas comunidades de las tierras. Y también trataron unos y otros de valerse de estas comunidades y reclutarlas. Este Gobierno valerosamente llegó y enfrentó eso.

Hoy todos los títulos que se falsificaron para quitar esas propiedades, han sido recuperados para esas comunidades. Y lo digo mirando a la cara de todos ustedes.

Ahora estamos en el proceso de que esas comunidades ejerzan plenamente la tenencia sobre un dominio que les pertenece, un dominio que se les trató de arrebatar y que este Gobierno les defendió y les recuperó ese dominio.

Hemos orientado mucha política social hacia las zonas donde viven mayoritariamente compatriotas negros: el Pacífico, San Andrés, sectores de Bolívar, del Urabá Antioqueño. Ustedes verán allí un gran crecimiento en educación, en familias en acción, en afiliación al régimen subsidiado de salud, como lo ven también en las comunidades indígenas.

Me gustaría que les preguntaran a las comunidades indígenas del Cauca cómo va la afiliación a esos programas, al programa de salud y al programa de régimen y al programa de Familias en Acción.

Y el Vicepresidente (de la República, Francisco Santos) ha presidido en los últimos 18 meses la mesa con las comunidades afrocolombianas, que nos ha de llevar a un nuevo Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y a unas nuevas leyes para superar todos los factores de discriminación. El Gobierno ha tenido toda la voluntad en esa materia.

Y hacia allá estuvo orientado el Conpes del Pacífico, que está hoy en plena aplicación. Ustedes van a Tumaco encuentran un hospital nuevo en construcción, debe terminarse en diciembre de este año, en la zona por fuera del tsunami; una gran posibilidad de empleo en las nuevas concesiones portuarias, que el puerto estaba en un pleito; la financiación de mil viviendas próximas a construirse y de 100 mil millones para el acueducto.

13 mil 400 Familias en Acción y la financiación a todo el campesinado, que ha tenido allí enormes dificultades por la tragedia invernal y también por la pudrición del cogollo en la palma africana.

Van a Buenaventura, encuentran 3 mil 500 viviendas en construcción, una gran infraestructura portuaria vial en construcción, cerca de 40 mil Familias en Acción, etcétera.

Nosotros estamos desarrollando una política. Falta mucho, uno ve esa pobreza de Tumaco y dice: ‘estos esfuerzos no se ven’. Pero yo creo que allí hay unos esfuerzos bien importantes y le toca a uno contarlos. Y además el Gobierno los valida es en el diálogo con la comunidad. Todas estas cifras se miraron el pasado sábado en un Consejo Comunitario en la ciudad de Tumaco.

Yo no puedo aceptar la afirmación de que en este Gobierno se ha concentrado la tierra. Este Gobierno frenó la apropiación paramilitar y guerrillera de la tierra.
Yo los invito a ustedes a que vayan a los sitios donde se estaba presentando esa gran concentración por compra de paramilitares.

Una de las primeras reformas que este Gobierno introdujo fue la reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Casi trasladamos la carga de prueba a la persona que aparece como dueña y eso ha frenado ese proceso de concentración.

Por eso, después de que se ha hecho ese esfuerzo, lo que se hizo con la Ley de Justicia y Paz, las medidas de autoridad frente a los paramilitares desmovilizados, una de las razones por las cuales se tomó la decisión de extradición fue por esto: porque en concepto del Gobierno no estaban cumpliendo con la entrega de bienes para poder reparar a las víctimas.

Y en enero de 2007 el Gobierno le pidió al Comandante de la Policía, pedí al señor general (Óscar) Naranjo que, en vista que no estaba cumpliendo con al entrega de bienes que entregaba la Ley de Justicia y Paz para reparar a las víctimas, avanzáramos con la extinción de dominio.

Y se ha avanzado con la extinción de dominio frente a propiedades que ellos tenían en cabeza de testaferros. Yo creo que hay una parálisis, bondadosa para el país, de ese proceso de concentración de tierras.

Agro

En el tema de tierras se aprobó la Ley Agro Ingreso Seguro, por tercer año se aplica. Es el segundo año que compramos tierras para los campesinos, pero con proyectos productivos incorporados. ¿Qué ganábamos con entregarles rastrojos, tierras que no tenían potenciales productivos importantes?

Creo que hemos avanzado mucho con los estímulos tributarios y con el crédito. Por ejemplo, el proceso de crecimiento de la palma africana, una de las posibilidades que tiene el país -y les pido que lo miren en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en María La Baja-, ha sido con gran beneficio para la población campesina que se ha integrado con socios industriales.

Y allí han afluido incentivos tributarios, los subsidios del Gobierno y unos créditos bastante favorables.

Hemos avanzado en el tema de investigación con la Ley Agro Ingreso Seguro, estamos avanzando en infraestructura y no caprichosamente. Por ejemplo, el departamento de Nariño se ha ganado la mayor cantidad de proyectos de pequeña irrigación, financiados por la Ley Agro Ingreso Seguro.

Estamos construyendo dos grandes distritos de riego para minifundistas: el distrito del río Ranchería en La Guajira y el del Triángulo del Sur en el Tolima. ¿Saben cuánto valen? Valen casi 800 mil millones; y ahora estamos empezando el de Paicol en el Huila.

Les rogaría a ustedes mirar la política cafetera, una política agropecuaria de gran beneficio social. ¿Por que? Porque el minifundio cafetero se estaba viniendo a menos. Un compatriota con una ladera cafetera en el Tolima, con una hectárea de tierra, que pierda la producción, como la estaba perdiendo, la vende por dos pesos y se va a vivir en los cordones de miseria de Ibagué.

Estamos renovando 60, 90 mil hectáreas por año con un gran componente de financiación del Gobierno Nacional a favor de la permanencia de los sectores campesinos en la producción cafetera y el mejoramiento de sus ingresos.

Una de las cosas que se reclama en el oriente colombiano es que el Gobierno flexibilice las normas para la adquisición de tierras. Ahí hay unas restricciones. Por ejemplo en el Vichada no se puede titular más de cierta extensión, medida en unidad agrícola familiar.

Y muchos inversionistas dicen ‘eso nos impide’. El Gobierno ha dicho ‘creemos que hay que mantener esas norma para evitar tendencias de concentración en la propiedad’.

Ahora, no nos podemos ir al otro extremo. Hay unas regiones de Colombia, uno se pone a ver la finca promedio en un departamento como el Cesar: 80 hectáreas, 60 hectáreas, 50 hectáreas. La verdad es que con esa sequías y con esas inundaciones tener unidades productivas menores es un gran riesgo para la economía, para la propia seguridad de los campesinos, etcétera.

El país también tiene muchas restricciones en esa materia. A mí sorprende cuando veo las cifras de distribución de tierra que no se le asigna atención al concepto de unidad mínima que puede ser productiva. Reparto por reparto fracasó en Colombia, apreciados compatriotas.

Nosotros debemos seguir haciendo todos estos esfuerzos en materia de tierra, sin desincentivar la producción. El país había perdido un millón de hectáreas, nosotros las hemos recuperado, con enormes dificultades como esa pudrición del cogollo en Tumaco.

Reducción de la pobreza

Cuando se habla de pobreza hay que recordar que la encontramos en el 60. Algunos gremios como la Andi están hablando que está en el 37, es muy alta. Y uno de los problemas que yo le veo a la medición de la pobreza es que no se mide el esfuerzo que hace el Estado.

Les aseguro que si a la pobreza medida en ingresos se deflacta con el apoyo que da el Estado, esa pobreza cae en 10, 12 puntos. Es que este país tenía 220 mil Familias en Acción en un programa experimental; hoy tiene este país 2 millones 600 mil Familias en Acción. Se les mejora sustancialmente su ingreso. Y hay unos apoyos del Estado que es muy importante cuantificarlos.

Yo no entiendo que se hable de la necesidad de la intervención del Estado y al mismo tiempo se desconozca el efecto de la intervención del Estado para mitigar pobreza.

Yo los invitaría a que miren la cifra de pobreza también en concordancia con el impacto de los programas del Estado.

Como otros temas que se omiten en la tierra. A mí me gustaría que el Director del (Instituto Geográfico) Agustín Codazzi (Iván Darío Gómez) hablara en este foro, que les contara cuánto valía el catastro rural colombiano en 1990 y cuánto vale hoy. Valía 7 billones, hoy vale 140 billones.

Y me gustaría que les contara cómo ha aumentado la tributación de la tierra, vía avalúo catastral, en este Gobierno.

Este Gobierno está actualizando el 70 por ciento de la ruralidad colombiana, el 70 por ciento de la ruralidad colombiana. Y ustedes saben cuánto significa actualizar el avalúo de un predio. Esos son ingresos ¿para quién? Para los municipios.

Que por la única vía que benefician a la Nación es por un impuesto de patrimonio, porque lo que se paga en un municipio por predial hay que deducirlo ciento por ciento en la declaración de renta frente a la Nación.

Para favorecer a los municipios y por razones de equidad, este Gobierno a través del Agustín Codazzi, ha hecho un esfuerzo enorme en actualización catrastal en la ruralidad colombiana. Nuestra actualización en la parte urbana colombiana va a ser del ciento por ciento y en la ruralidad del 70 por ciento.

Al escucharlos a ustedes cuidadosamente, vi que ese es uno de los puntos que se omite. Me preocupa esto, afirmó alguna de las personas que me antecedió, que las grandes obras de infraestructura que se van a hacer ahora le producen un impacto negativo a comunidades de compatriotas negros, indígenas.

Obras viales

Por Dios, por Dios. Veamos, por ejemplo, la doble calzada Sogamoso-Bogotá- Buenaventura, toda en construcción.

El lunes firmamos el último contrato, el contrato sobre el último tramo, allí de Buga para Buenaventura (Valle del Cauca) un pedacito muy difícil que se llama Cisneros-Loboguerrero, 14 kilómetros. Vale 348 mil millones. ¿Por qué? Porque su mayoría hay que hacerlo en túnel.

¿Cómo va a tener un sitio de geo-referenciación de asentamiento mayoritario que compatriotas negros posibilidades sin esa infraestructura? Gracias a Dios en Buenaventura se ha fortalecido enormemente el viejo puerto y se están construyendo otros tres. Se hizo la vía alterna interna al puerto, 180 mil millones; se ha recuperado el ferrocarril, 150 millones de dólares.

Se están construyendo 3 mil 500 viviendas sociales, a ver si empezamos a hacer una reubicación de ese desastre social que es la aglomeración palafítica. Y se está construyendo la doble calzada. Ese es uno de los macroproyectos del país, ¿Cuál es el daño a estas comunidades? Al contrario, beneficio.

Mis compatriotas del Chocó -uno de los grandes reclamos-: el Chocó es un departamento que tiene la mitad de la extensión de la Costa Pacífica colombiana y su centro, que tiene como eje estructural el Río San Juan, que corre al sur y el Río Atrato, que corre al norte, a pesar de que tiene una distancia promedio de 65 kilómetros con el Pacífico, esta incomunicado con el Pacífico.

Nos pidieron financiar esa vía, la financiamos.

Chocó va a quedar con los siguientes proyectos: la construcción de la vía que falta del centro del Chocó a Nuquí y la pavimentación de la vía que va por Risaralda al Chocó y que va por Antioquia al Chocó. Todo eso está en construcción y en proceso.

¿Qué nos pasó? Las comunidades de la zona entre Las Ánimas (Chocó) y Nuquí (Chocó), por las consultas y aspiraciones que no voy a deslegitimar -que respeto, pero que uno tiene que medir por los costos fiscales-, nos demoraron dos años la iniciación de la vía Las Ánimas-Nuquí, cuando todo el pueblo del Chocó lo pide.

¿Será ese un proyecto que les hace daño a esas comunidades? Yo no creo.

Con alborozo de comunidades populares, el Cauca, el Huila y Nariño, el lunes firmábamos tres contratos en este plano anticíclico: la carretera al norte de Nariño. Esas comunidades viven muy afectadas por el mal estado de esa carretera, la carretera del Macizo Colombiano, pedida por todas las comunidades que habitan el Macizo, y las dos carreteras que comunican el departamento del Cauca con el departamento del Huila.

La Ruta del Libertador que va por Inzá (Cauca) a La Plata (Huila) -el camino acostumbrado por el Libertador-, y la ruta de ecoturismo que viene por Isnos (Huila) a Paletará (Cauca). ¿Cómo van a hacer daño esas carreteras a estas comunidades? Al contrario, cuanto les ayudan esas carreteras a esas comunidades.

Yo pediría también en este foro una revaluación en este concepto, revisarlo, ese concepto que escuché en uno de mis antecesores en el uso de la palabra.

Además estamos orientando que todas estas vías, salvo una, la de San José de Fragua-Florencia-San Vicente del Caguán, se construyan en concreto para generar empleo y garantizar mas duración en un país que tiene tantas dificultades de mantenimiento.

Nosotros hemos creído todo lo contrario, que este plan de obras tiene que ayudarnos muchísimo a reactivar la economía, y a hacer esta Patria nuestra mas competitiva.

Sé todo lo que falta y por eso el Gobierno trabaja con amor a Colombia todos los días. Y me gusta asistir a estos foros que son tan críticos.

Yo tengo un concepto más amplio de la sociedad civil. Yo creo que en este país hemos reducido mucho el concepto de sociedad civil a quienes tienen y ejercen derechos de expresión.

Hoy la sociedad civil en Colombia es mucho más amplia y lo dice alguien que como Senador de la República, Gobernador de Antioquia y Presidente, ha vivido en permanente dialogo con todos los sectores de la Patria.

Yo creo que un concepto de vida comunitaria exige también un concepto más amplio de sociedad civil en un país que tiene 46 millones de habitantes.

Pero la discusión siempre es creativa. Les hablo con entusiasmo pero los escucho con mucho respeto.